Advertidos errores en la Resolución de 11 de agosto de 2026, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 159, de 18 de agosto de 2026, se procede a su corrección en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11 de mayo de 2026 se emite por la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana Acuerdo de inicio del procedimiento de mejora en la precisión geométrica de la línea límite intermunicipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, dado que tanto los mojones como los trazados entre ellos se encuentran definitivamente determinados en el acta de deslinde de 6 de diciembre de 1966. Dicho acuerdo es notificado a los Ayuntamientos intervinientes.

Segundo. Posteriormente, se dicta Resolución de 11 de agosto de 2026, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla (DOE n.º 159, de 18 de agosto).

Tercero. Con posterioridad a la publicación de la citada Resolución de 11 de agosto de 2026, se ha advertido error material en el listado de coordenadas de la línea límite entre Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, en el tramo comprendido entre los mojones 1.º-M3T y 2.º-M3T, consistente en la inclusión indebida de los puntos P0301_M1_M2 a P0305_M1_M2, correspondientes al eje del río Alagón a su paso por el tramo embalsado. Dichos puntos, aun perteneciendo al listado de la línea Mohedas de Granadilla Zarza de Granadilla, interfieren con la línea límite colindante entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Guijo de Granadilla. En consecuencia, y al objeto de subsanar dicho error, se procede a su subsanación, a fin de depurar el listado de coordenadas de la línea Mohedas de Granadilla Zarza de Granadilla con la exclusión de los citados puntos P0301_M1_M2 a P0305_M1_M2, ambos inclusive.

Dichas coordenadas fueron consignadas erróneamente en el acuerdo de inicio y con posterioridad a la Resolución de 11 de agosto de 2026. El error es objetivamente constatable, porque la aplicación de esas coordenadas produce una zona de intrusión en la línea mejorada en precisión entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Guijo de Granadilla. La voluntad administrativa siempre fue determinar el eje del Río Alagón y, por un error en la consignación de estas cinco coordenadas, su representación cartográfica produce una geometría manifiestamente incongruente con la propia delimitación objeto del propio expediente. La presente corrección no modifica el trazado del eje del río Alagón, sino que simplifica su recorrido, eliminando los puntos redundantes que daban lugar a la incongruencia descrita.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ejercerá las competencias en materia de infraestructuras viarias, transporte, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y accesibilidad universal, según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 11/2026, de 29 de abril por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crean las Vicepresidencias. Correspondiendo la competencia para la corrección de la Resolución de 11 de agosto de 2026, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, al mismo órgano que la dictó.

Segundo. El artículo 8.2 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite, dispone que Las actuaciones de mejora en precisión se iniciarán por el órgano directivo autonómico con competencias en materia de ordenación del territorio, por propia iniciativa en aquellos casos en que se observen divergencias entre la geometría representada de la línea límite y lo acordado en el acta de deslinde o título jurídico, o a petición de cualquiera de los Ayuntamientos interesados .

El artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, antes citado, literalmente establece: El citado órgano directivo, previo informe de mejora en precisión o informe de verificación, formulará propuesta de resolución, la cual será notificada a las entidades interesadas, otorgándoles un plazo de un mes hábiles para formular alegaciones, tras el cual, se elevará todo el expediente al titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, para que en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, resuelva mediante resolución (...) .

Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual, las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Igualmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud del cual, los órganos competentes para instruir o decidir en los procedimientos administrativos podrán, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos que se hayan producido.

Tercero. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.

El Tribunal Supremo tiene clara doctrina reiterada y consolidada en relación al establecimiento de los requisitos necesarios para que tales errores se califiquen como tal, definiendo el error material o de hecho por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos;

2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);

6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un fraus legis constitutivo de desviación de poder); y,

7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo .

En base a ello, se concluye que el error advertido en las coordenadas consignadas reviste la naturaleza de error material, al tratarse de una inexactitud objetiva y manifiesta cuya constatación no requiere efectuar una nueva valoración jurídica o técnica sobre el trazado de la línea límite. En efecto, se reitera que la representación resultante de las coordenadas erróneas provoca una zona de intrusión en otras geometrías de líneas límite entre municipios ya resueltas, evidenciando de forma patente la equivocación producida. Su corrección se limita, por tanto, a adecuar las coordenadas a la delimitación que inequívocamente resulta del expediente, sin alterar el sentido ni el contenido sustantivo de la decisión adoptada, por lo que resulta susceptible de rectificación al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En consecuencia, con los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, esta Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

RESUELVE:

Primero. Rectificar el error material advertido en el Acuerdo de Inicio de fecha 11 de mayo de 2026 y en la Resolución de 11 de agosto de 2026, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla eliminando los puntos del P0301_M1_M2 a P0305_M1_M2, de forma que el listado subsanado quede de la siguiente forma:

Segundo. Notificar expresamente la presente resolución de corrección de errores a las personas interesadas en el procedimiento, para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero. Disponer la publicación de la presente resolución de corrección de errores en el Diario Oficial de Extremadura, para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, también cabrá interponer contra dicha resolución, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la misma o al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante, en el caso de haberse interpuesto recurso de reposición, no podrá interponerse el citado recurso contencioso-administrativo hasta que aquél haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.