Junta de Extremadura

A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes,

El plazo a que hace referencia el apartado -g- de la resolución de concesión de la autorización ambiental unificada, constituye un elemento accidental del acto administrativo: una condición. La condición es la cláusula por la que se subordina el comienzo o la cesación de los efectos de un acto al cumplimiento de un suceso fortuito o incierto. En el primer caso se habla de condición suspensiva y en el segundo de condición resolutoria.

En el presente caso, estaríamos ante una pérdida de vigencia del acto administrativo por incumplimiento de condiciones: en los supuestos de revocación por incumplimiento de obligaciones esenciales del título administrativo, basta el acto declarativo que aprecie adecuadamente dicho incumplimiento después de un procedimiento que permita la defensa del titular a través del correspondiente trámite de audiencia. Se trata de un modo de control de una actividad intervenida , en cuanto que ciertos incumplimientos del particular llevan consigo la caducidad o revocación del título de que disfrutan.

Estableció la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 8 de octubre de 2001: (...) Sexto.- ( ) Y, así, ha de considerarse que se trata de un modo de control (el más enérgico de todos los que dispone la Administración) de una actividad intervenida , en cuanto que ciertos incumplimientos del particular llevan consigo la caducidad o revocación del título de que disfrutan. Manifestaciones de esta consecuencia son, como señala la STS de 24 de abril de 2000, no sólo la “caducidad-sanción de las concesiones de bienes de dominio público y de servicios públicos, sino también la “caducidades-sanción” de autorizaciones administrativas (…) estas llamadas “sanciones rescisorias” se inscriben no tanto en el ámbito del poder sancionador como en el de la propia relación bilateral con el aditamento de la disponibilidad de la autotutela que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración, a diferencia de lo que ocurre en la revocación de licencias o autorizaciones que afectan a derechos previos de los particulares, cuyo ejercicio posibilitan tales actos administrativos, que entran en el ámbito de los actos sancionatorios propiamente dichos (Cfr. STS 26 de marzo de 2001).

Resulta especialmente significativa, a estos efectos, la distinción entre autorizaciones por operación y autorizaciones de funcionamiento ( ). Estas responden al esquema de los actos-condición y son, pues, títulos jurídicos que colocan al autorizado en una situación objetiva, definida abstractamente por las normas aplicables constitutivas de un status complejo.

La revocación del título administrativo habilitante aparece, en consecuencia, como una condición resolutoria incorporada al mismo; de tal manera que en caso de verificarse el presupuesto de la condición consistente en el incumplimiento ( ) de sus obligaciones por parte del sujeto titular de la autorización, sobreviene la consecuencia jurídica de la extinción del acto administrativo por el que se otorgó el título (...) .

Declarar la pérdida de vigencia de la resolución de 7 de octubre de 2013, por la que se otorgó autorización ambiental unificada para la implantación de un centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso, promovido por Joaquín Rivero Melara, a ejecutar en el término municipal de Villar del Rey, provincia de Badajoz, por incumplimiento de las prescripciones recogidas en la misma respecto a los plazos para proceder a llevar a efecto el plan de ejecución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Notifíquese a Don Joaquín Rivero Melara, al Ayuntamiento de Villar del Rey y a los órganos que hubieran emitido informes vinculantes en el curso de la tramitación del procedimiento de autorización ambiental unificada la presente resolución, dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 40, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 14 de junio de 2022.

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