Junta de Extremadura

El artículo 33.2 de la Constitución española determina que será la ley la que delimite el derecho y al mismo tiempo la función social de la propiedad en España. En su virtud, todos los montes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplen una clara función social y, por tanto, están sujetos al citado mandato constitucional.

Asimismo, el artículo 45.2 de la Carta Magna impone al conjunto de los poderes públicos a velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida, defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo normativo y ejecución en materia de montes y aprovechamientos forestales.

La figura del monte protector en España tiene su origen en las negativas consecuencias ecológicas producidas tras la desamortización que ocasionaron la corta de arbolado o venta masiva de grandes superficies de monte.

Fue, la Ley de Conservación de Montes y de Repoblación Forestal, de 24 de junio de 1908 y el Real Decreto, de 8 de octubre de 1909, que la desarrolló, los que consideraron de interés general y de utilidad pública los montes y los terrenos que debieran repoblarse forestalmente cualquiera que sea su dueño y siempre que concurriesen determinadas circunstancias. Y de igual modo, el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, al establecer que, además de los montes declarados de utilidad pública, tendrían la consideración de interés general los protectores, entendiéndose por tales aquellos que, siendo de particulares, reuniesen unas determinadas características que les permitiesen ostentar tal condición.

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, determina que podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad privada que cumplan con alguna de las condiciones que para los montes públicos establece dicho texto, así como aquellos otros supuestos que determine la Comunidad Autónoma en su legislación, otorgando a dichas Administraciones, a instancia de las personas propietarias y, en el ámbito de sus respectivos territorios, la competencia para su declaración.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, atribuye a la Consejería con competencias en materia forestal y, a propuesta del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, la declaración y pérdida de la condición de monte protector de los montes o terrenos forestales de titularidad privada siempre y cuando se den los requisitos y circunstancias previstos normativamente, previo expediente en el que deben ser oídos necesariamente las propietarias y titulares de derechos reales de dichos montes, así como los Ayuntamientos de las entidades locales donde estos se ubiquen.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, Extremadura cuenta con un total de 2.872.238,00 hectáreas de superficie forestal. Mediante la aplicación de la figura de declaración del monte protector se podrá llevar a cabo una mejor protección de las masas forestales de Extremadura, pues del total de la superficie forestal extremeña, un 90% (2.610.099 hectáreas) son de titularidad privada y tan solo 262.139 hectáreas lo son de carácter público. De igual modo, si la gestión de dichos montes se llevara a cabo a través de los contratos de gestión previstos en la norma, dicha superficie aumentaría de forma ostensible, dado que actualmente la Administración forestal gestiona tan solo el 7% de la superficie forestal extremeña (223.856 hectáreas).

Por otra parte, teniendo en cuenta que entre las referidas comarcas forestales se encuentran aquellas que presentan un mayor riesgo de despoblación en Extremadura, los referidos contratos de gestión de montes protectores permitirán, al mismo tiempo, luchar contra el abandono de dichos terrenos además de fijar la población al territorio, dado que su puesta en marcha conllevará un incremento del número de inversiones públicas a ejecutar en las mismas.

El decreto tiene por objeto establecer el desarrollo del régimen jurídico aplicable a los montes protectores declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con el régimen jurídico previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, de su gestión y registro y, por objetivo, la conservación de aquellos montes extremeños de titularidad privada cuya protección sea considerada preferente, preservando aquellos valores fundamentales de los montes como instrumentos de mitigación de la desertificación, del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En coherencia con lo expuesto, serán declarados de manera prioritaria como montes protectores todos aquellos que por sus condiciones resulten ser esenciales para la protección del suelo, los que contribuyan a la regulación del régimen hidrológico y los que favorezcan la conservación de la diversidad biológica en Extremadura.

De igual modo, en aras a garantizar una mayor seguridad jurídica, la presente disposición, se propone regular el Registro de Montes Protectores de Extremadura, creado por Ley 6/2015, de 23 de marzo, Agraria de Extremadura, derogando la regulación hasta ahora contenida en el capítulo VI del Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por la que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura.

Este decreto, además, propone en una disposición final la modificación del artículo 3 del Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por la que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los registros de cooperativas, empresas e industrias forestales y de montes protectores de Extremadura, excluyendo de su ámbito de aplicación los aprovechamientos forestales que se efectúen en montes declarados protectores, siendo su régimen jurídico el previsto en el presente decreto.

El decreto se instrumenta en 27 artículos, estructurados en cinco capítulos reguladores de las disposiciones generales, de la declaración, procedimiento, desclasificación, inclusiones y exclusiones en un monte protector, de los montes protectores y su gestión, del Registro y del régimen sancionador de los Montes Protectores de Extremadura, respectivamente. Asimismo, dispone de dos disposiciones transitorias, una derogatoria, dos finales y un Anexo de solicitud del Plan Técnico de Aprovechamientos Forestales.

De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 40 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, en la elaboración de la norma se ha contado con la participación activa de las potenciales personas interesadas, mediante la toma en consideración de buena parte de las sugerencias y alegaciones que, tras su publicación, han sido trasladadas a través de la correspondiente participación ciudadana y audiencia pública, junto con el resto de las consideraciones llevadas a cabo por el Consejo Asesor Forestal de Extremadura, en su condición de órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración forestal, integrando por aquellos órganos y colectivos directamente interesados en el diseño de la política forestal de la Comunidad Autónoma, además del resto de observaciones efectuadas en aplicación de la previsión contenida en el artículo 68 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Este decreto se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

De igual modo, el decreto cumple con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De lo señalado con anterioridad se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia; del principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible en aras a la consecución de los objetivos propuestos. Respecto al principio de eficiencia, queda garantizado toda vez que las cargas administrativas establecidas son las imprescindibles y en ningún caso innecesarias, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 90 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, oída la Comisión Jurídica de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 22 de junio de 2022,

1. Constituye el objeto del presente decreto el desarrollo del régimen jurídico aplicable a los montes protectores declarados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del procedimiento administrativo para la declaración, modificación o pérdida de la condición de monte protector, de la gestión y del Registro de Montes Protectores de Extremadura.

2. El ámbito de aplicación de este decreto está constituido por los montes situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura que sean declarados protectores.

1. A los efectos del artículo anterior, podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad privada que, solicitada por sus titulares, reúnan alguna de las siguientes características:

2. Serán considerados titulares las personas propietarias, titulares de derechos reales o poseedores de los terrenos objeto de declaración.

1. Cualquier titular del monte, de forma individual o colectiva, podrá instar a la declaración de un monte protector mediante solicitud a la Administración competente en materia de montes.

2. Las solicitudes para la declaración de un monte protector, serán dirigidas a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de montes, debiendo contener además de los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes:

3. La correspondiente solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesario la aportación de aquellos datos o documentos determinados en este decreto que hayan sido aportados anteriormente por la persona interesada a cualquier Administración pública. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos.

5. La solicitud de declaración podrá presentarse en el Registro de la Consejería competente para su declaración, o bien en las oficinas del Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura establecido por Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, así como en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de la normativa que resulte aplicable a efectos de la presentación telemática de solicitudes dirigidas a la Administración forestal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos necesarios exigibles, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

1. Las solicitudes de declaración presentadas por las personas titulares de montes o de terrenos forestales de titularidad privada que cumplan alguna de las condiciones previstas en el artículo 2 de este decreto, se resolverán previa instrucción del procedimiento establecido en este capítulo.

2. Tras el estudio de la documentación obrante en el expediente, se elaborará por el Servicio con competencias en materia de montes, un informe técnico en el que se indicarán las condiciones y características de los terrenos objeto de la solicitud.

1. Con carácter previo a dictarse la propuesta de declaración de un monte protector se llevará a cabo un trámite de audiencia, en todo caso, a todas las personas propietarias o titulares de derechos reales, así como a los Ayuntamientos de las entidades locales donde radiquen los terrenos objeto de declaración. Igualmente, se efectuarán consultas a todas aquellas Administraciones, organismos u asociaciones que pudieran resultar afectadas por la declaración que se adopte.

2. Una vez vistas las alegaciones y consideraciones expuestas, el Servicio con competencias en materia de montes, elaborará un informe de declaración acerca de la viabilidad de la solicitud formulada que servirá de fundamentación a la propuesta que se dicte.

3. El expediente de declaración será sometido a un trámite de información pública mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en los tablones de anuncios de los municipios donde radiquen los terrenos a declarar, por un plazo no inferior a 20 días hábiles.

1. A la vista de todo lo actuado, la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, elaborará la correspondiente propuesta de declaración de monte protector.

2. La propuesta de declaración incluirá la delimitación de los terrenos objeto de declaración, quienes ostentan la titularidad, las razones que la motivan y sentido de los informes recabados o bien proponer de forma motivada la no declaración de los mismos. La propuesta de declaración de un monte protector propondrá igualmente, su inclusión en el Registro de Montes Protectores de Extremadura.

1. La declaración de un monte protector se llevará a cabo mediante resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de montes teniendo en cuenta la propuesta de declaración emitida por la Dirección General competente. Dicha resolución dispondrá la inscripción del monte en el Registro de Montes Protectores de Extremadura.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses contados a partir de la fecha de registro de la solicitud en el órgano competente para su resolución. Transcurrido dicho plazo, se entenderá desestimada dicha solicitud.

3. La resolución de declaración de un monte protector será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y notificada a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40, 42 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente a dicha resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de montes, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

1. La resolución de declaración de un monte protector será inmediatamente ejecutiva salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

2. La declaración de un monte protector producirá los siguientes efectos:

3. La declaración de un monte protector conllevará el asiento en el Registro de Montes Protectores de Extremadura de conformidad con las disposiciones previstas en este decreto.

1. La desclasificación total de un monte protector declarado, se llevará a cabo mediante resolución motivada de la titular de la Consejería con competencias en materia de montes, teniendo en cuenta la propuesta de desclasificación emitida por la Dirección General competente, produciendo efectos desde el momento de su emisión, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

2. El procedimiento de desclasificación se iniciará a solicitud de alguna o algunas de las personas titulares, siguiendo el mismo procedimiento que para su declaración.

3. La desclasificación de un monte protector conllevará la extinción del contrato de gestión, en su caso formalizado e igualmente, implicará la cancelación simultánea de los asientos en el Registro de Montes Protectores de Extremadura, así como su comunicación al Registro Nacional de Montes Protectores.

4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente a dicha resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de montes, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugnado directamente, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

1. La desclasificación de un monte protector podrá ser iniciada de oficio cuando en el monte hubieran desaparecido las causas que motivaron su declaración de acuerdo con el procedimiento previsto en los apartados siguientes.

2. El procedimiento de desclasificación se iniciará de oficio mediante el correspondiente informe técnico del Servicio con competencias en materia de montes, acerca de la pérdida de las condiciones y requisitos que motivaron su declaración y que servirá de fundamentación a la propuesta que se dicte.

3. Con carácter previo a dictarse la propuesta de desclasificación de un monte protector, se llevará a cabo un trámite de audiencia, en todo caso, a las personas titulares del monte, así como a los Ayuntamientos de las entidades locales donde radiquen los terrenos objeto de desclasificación.

4. Una vez vistas las alegaciones y consideraciones expuestas, se elaborará un informe por parte del Servicio con competencia en materia de montes. Dicho informe servirá de base para elaborar la correspondiente propuesta de desclasificación por parte del órgano forestal.

5. El expediente de desclasificación será sometido a un trámite de información pública mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en los tablones de anuncios de los municipios donde radiquen los terrenos a desclasificar, por un plazo no inferior a 20 días hábiles.

6. La desclasificación de un monte protector declarado se llevará a cabo mediante resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de montes teniendo en cuenta la propuesta de desclasificación emitida por la Dirección General competente, produciendo efecto desde el momento de emisión de la resolución, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. Dicha resolución dispondrá la cancelación de la inscripción del monte en el Registro de Montes Protectores de Extremadura.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente a dicha resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de montes, en el plazo de un mes con­ta­do desde el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugna­do directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

1. La inclusión o exclusión de una parte de la superficie declarada de un monte protector, podrá ser instada por el titular de dicho monte mediante la formulación de la correspondiente solicitud.

2. El órgano forestal de la Comunidad Autónoma podrá instar a la exclusión parcial de parte de la superficie declarada de un monte protector. 

3. La persona titular de la Consejería con competencia en materia de montes, podrá autorizar mediante resolución, la inclusión o exclusión de una parte de la superficie declarada de un monte protector, siempre que ello suponga una mejor definición de la superficie declarada o una mejora para su gestión y conservación y siguiendo el mismo procedimiento previsto para su declaración y desclasificación. 

4. La exclusión de la referida superficie conllevará la desclasificación de la parte afectada por la exclusión junto con los efectos de la declaración.  

5. La inclusión de nueva superficie conllevará su clasificación.

6. Será igualmente de aplicación, a las exclusiones previstas en este artículo, lo previsto en el artículo 11.5 de este decreto, cuando las mismas sean imputables al titular del monte declarado.

1. La gestión forestal de los montes declarados protectores corresponderá a las personas titulares individuales o agrupadas, de conformidad con lo previsto en el 3.3. c), salvo contrato de gestión concertado entre quienes ostenten la titularidad y la Consejería con competencias en materia de montes.

2. La gestión de los montes protectores se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes finalidades:

3. Todos los montes declarados protectores deberán estar ordenados, debiendo contar con el preceptivo instrumento de gestión forestal, plan dasocrático o instrumento de gestión forestal equivalente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253.3 de la Ley 6/2015, de 23 de marzo, Agraria de Extremadura y disposición transitoria segunda de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y restante normativa de desarrollo.

4. Los montes protectores deberán ser gestionados de forma sostenible, convergiendo los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales, deportivas y culturales, con la finalidad de conservar el medio natural y, al mismo tiempo, generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y asentamiento de la población al territorio, especialmente en el mundo rural. Igualmente, se promoverá la certificación forestal y la cadena de custodia de los productos forestales de dichos montes.

1. Los aprovechamientos forestales en los montes protectores corresponden a sus titulares, que deberán aprovecharlos de acuerdo con el criterio de persistencia y conservación de los mismos, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura.

2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura, cuando no exista un plan técnico de aprovechamiento aprobado, tan solo podrán ser realizados los siguientes aprovechamientos:

1. El contrato de gestión de un monte protector es el pacto concertado entre la Junta de Extremadura y el titular de un monte que se encuentre en el Registro de Montes Protectores de Extremadura, en virtud del cual, y durante el tiempo de su vigencia, la persona titular cede la gestión del monte a la Administración autonómica con competencias en materia de montes, habilitando a ésta a realizar a su cargo, las actuaciones forestales necesarias que garanticen una adecuada gestión sostenible, incluyendo la dirección y gestión técnica y administrativa de los trabajos y aprovechamientos derivados del contrato. Este contrato no supondrá contraprestación económica para ninguna de las partes intervinientes.

2. Podrán celebrar estos contratos las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada titulares de los montes. En representación de la Administración autonómica, la firma de los contratos corresponderá al titular de la Consejería con competencias en materia de montes.

3. Quienes ostenten la titularidad designarán a un representante único, que será la persona interlocutora con la administración forestal durante la vigencia del contrato.

El contenido y régimen jurídico de los contratos de gestión pública para montes protectores, se efectuará de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y su normativa de desarrollo y la básica en materia de montes, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para todas aquellas actuaciones que, derivadas de su gestión, estén incluidas dentro de su ámbito de aplicación.

1. Los contratos de gestión de montes protectores, dispondrán, al menos, del siguiente contenido mínimo:

2. Podrán establecerse modelos tipo de contratos de gestión pública para la gestión de los montes declarados protectores.

1. Sin perjuicio de las restantes obligaciones contenidas en los contratos celebrados para la gestión de los montes protectores de Extremadura, son obligaciones y derechos contractuales de la Administración forestal las siguientes:

2. La Administración gestora asumirá la ejecución de aquellos trabajos y aprovechamientos forestales no previstos en el instrumento de gestión forestal que deban acometerse como consecuencia de circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad de las personas titulares de los montes protectores.

3. El contrato de gestión suscrito deberá garantizar a la Administración forestal, el derecho a la gestión del monte y al desempeño, dentro de las disponibilidades presupuestarias de ésta, de las actuaciones forestales necesarias que permitan lograr la adecuada conservación del mismo. De igual modo, la Administración forestal asumirá la dirección técnica y administrativa de los trabajos y guardería forestal, así como la autorización, a titulares o terceras personas, de las actuaciones compatibles con los valores del monte y su gestión.

1. Sin perjuicio de las restantes obligaciones contenidas en los contratos celebrados para la gestión de los montes protectores de Extremadura, son obligaciones y derechos contractuales de las propietarias titulares de los terrenos incluidos en el monte protector las relacionadas en el siguiente apartado.

2. Son obligaciones:

3. Las personas titulares de los terrenos incluidos en el monte protector tendrán los siguientes derechos:

1. El plazo de duración de un contrato de gestión de un monte protector será el que pacten expresamente ambas partes en cada caso, atendiendo a la especie forestal que constituya el aprovechamiento principal, y, nunca inferior, a diez años.

2. Una vez transcurrido el plazo de duración previsto, el contrato será prorrogado automáticamente y por el mismo periodo de tiempo, salvo que, durante los últimos seis meses de vigencia del contrato, cualquiera de las dos partes comunique a la otra parte de forma fehaciente su voluntad de finalización.

1. Serán considerados incumplimientos contractuales por parte de los titulares del monte:

2. Los incumplimientos del apartado anterior tendrán los siguientes efectos:

3. Advertido alguno de los incumplimientos señalados, el servicio con competencias en materia forestal, elevará un informe al órgano forestal de la Comunidad Autónoma en el que figurará la descripción del incumplimiento y, en su caso, la propuesta de la suspensión del contrato.

4. Serán considerados incumplimientos por la Administración forestal:

5. Advertido alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, las personas titulares del monte podrán instar al órgano forestal a su subsanación. Transcurrido un año desde la fecha del requerimiento sin que éstos hayan sido objeto de subsanación por la Administración, los titulares podrán instar a la suspensión del contrato de gestión debiendo seguirse el procedimiento previsto en el apartado 3.

1. Los contratos celebrados para la gestión de los montes protectores se extinguirán por su cumplimiento, por expiración del plazo de duración previsto en el mismo, salvo prórroga, por su resolución o bien por su desclasificación.

2. Son causas de resolución del contrato de gestión forestal de montes protectores, apreciadas de oficio o a instancia de parte, además de las previstas en el artículo 1.291 del Código Civil, las siguientes:

3. Una vez extinguido el contrato de gestión, las infraestructuras y equipamiento de prevención y lucha contra los incendios forestales mantendrán sus servidumbres a favor de la Administración competente en materia de incendios forestales, debiendo quedar reflejada esta obligación dentro del contenido del contrato que se celebre.

4. En los supuestos descritos en el apartado segundo de este artículo, salvo en el supuesto previsto en el apartado a), la extinción se producirá mediante orden de la titular de la Consejería competente en materia de montes, una vez hayan sido abonados a la Administración forestal, los gastos en que ésta hubiese incurrido para la ejecución del contrato junto con el interés legal anual, sin perjuicio de la posibilidad de reducir del saldo deudor aquellos beneficios que apreciados y cuantificados mediante informe por la Administración han repercutido de forma directa o indirecta en la Administración o del interés social o general asociado durante la vigencia del contrato.

5. La extinción del contrato de gestión, por expiración del plazo establecido, salvo prórroga, así como por el cumplimiento de sus objetivos, se llevará a cabo en los términos que determinen ambas partes en el contrato de gestión.

1. Todos los montes declarados protectores de Extremadura, deberán ser objeto de inscripción en el Registro de Montes Protectores de Extremadura.

2. Los montes declarados protectores se inscribirán de oficio por la Administración forestal; también se realizarán de oficio las modificaciones del registro, e igualmente su cancelación.

3. Cada monte protector dispondrá de una identificación única y alfanumérica que será asignada en la resolución que le otorga su carácter. Esta identificación se hará conforme a lo siguiente y estará separada por guiones.

4. No obstante, lo previsto en el apartado segundo, las personas titulares de los montes protectores podrán solicitar en cualquier momento la modificación de los datos del registro que consideren erróneos.

La inscripción en dicho registro, permitirá la desagregación por sexos de las titulares, además de la inclusión de indicadores de género que permitan medir la evolución de roles de género, tales como la titularidad o propiedad de los montes objeto de declaración.

El registro de Montes Protectores de Extremadura contendrá los siguientes datos:

1. El registro de Montes Protectores de Extremadura, contendrá la denominación del monte, su cabida y localización (con inclusión de las parcelas catastrales que lo conforman).

2. Los datos de las personas titulares de los terrenos y sus representantes, así como su desagregación por sexos.

3. Las cargas, gravámenes, servidumbres y otros derechos reales que pesen sobre el monte.

4. En su caso, la existencia de un contrato de gestión con la administración forestal de la comunidad autónoma.

El registro será único para toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, estructurándose la información contenida en el mismo en las siguientes divisiones:

1. La Comunidad Autónoma dará traslado al Ministerio competente de las inscripciones que se practiquen, así como de las resoluciones administrativas y sentencias judiciales firmes que conlleven modificaciones en el registro.

2. Las personas titulares de los montes protectores comunicarán anualmente las modificaciones que puedan haberse producido con respecto a los datos de la titularidad.

Los incumplimientos de este decreto serán sancionables por el órgano forestal, atendiendo al régimen previsto para las infracciones y sanciones y su clasificación, en el título VII de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en el capítulo VII del título IX de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

Todos aquellos procedimientos de declaración iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto se tramitarán de conformidad con la normativa vigente en el momento de la solicitud.

1. En los montes declarados protectores, en tanto no se disponga de un instrumento de gestión forestal vigente, previamente a cualquier aprovechamiento, las personas titulares de dichos montes, deberán presentar un Plan Técnico de Aprovechamiento elaborado por personal técnico con titulación forestal universitaria y ser aprobado, con carácter previo al aprovechamiento, por la Administración forestal.

2. Los planes de aprovechamiento deberán ser presentados por las personas titulares del monte y tendrán la vigencia de un año desde su aprobación. No obstante, podrán ser objeto de prórroga, durante un año, y de modificación, durante su vigencia, mediante solicitud formulada por las titulares del monte y aprobadas por el órgano forestal.

3. Cuando las actividades recogidas en el Plan Técnico de aprovechamiento del monte protector se realicen en terrenos incluidos en alguna de las áreas protegidas declaradas en Extremadura serán necesarios los informes y autorizaciones exigidos en los instrumentos de planificación y gestión de cada Área Protegida y en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura y en su normativa de desarrollo. Serán, asimismo, necesarios las autorizaciones o informes exigidos en el resto de la legislación ambiental y en la legislación sectorial aplicable.

4. Cuando el monte protector cuente con un Plan Técnico de aprovechamiento aprobado y vigente, eximirá al titular de la solicitud de autorización para la realización de los aprovechamientos previstos en el mismo, así como del pago de la tasa, en su caso, exigible.

Se deroga el capítulo VI del Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura, y de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este decreto.

Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de montes para dictar cuantas disposiciones y actos resulten necesarios para el desarrollo y mejor ejecución de lo preceptuado en esta norma.

Se modifica el artículo 3 del Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por la que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los registros de cooperativas, empresas e industrias forestales y de montes protectores de Extremadura, excluyendo de su ámbito de aplicación los aprovechamientos forestales que se efectúen en montes declarados protectores, siendo su régimen jurídico el previsto en el presente decreto.

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 22 de junio de 2022.

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