Junta de Extremadura

Visto el expediente para la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz de una superficie forestal ubicada en el término de Valle de Matamoros, propiedad de dicho municipio, se dicta la presente Resolución, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos:

En ejecución del citado acuerdo, con fecha 18 de junio de 2021, la Alcaldesa de la localidad presentó ante el órgano forestal autonómico la solicitud para la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Monte Egido Público , propiedad del municipio.

En contestación a esas peticiones, los citados órganos remitieron sendos informes reflejando las circunstancias de interés para sus respectivas esferas competenciales de los terrenos cuya catalogación se solicitó, sin que ninguno de ellos formulase objeción alguna a la declaración de su utilidad pública.

En este documento, tras una detallada descripción de los antecedentes históricos del terreno, su estado legal (pertenencia, datos registrales y catastrales, límites, cabida, enclavados, servidumbres existentes, etc) y su estado natural (características generales, posición geográfica y orografía, hidrografía, geología y suelos, clima, vegetación, áreas protegidas y especies catalogadas, etc), el técnico concluye que cumple con varios de los condicionantes establecidos en el artículo 13 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para la declaración de su utilidad pública y su consecuente inclusión en el Catálogo de Montes de dicha naturaleza.

El técnico forestal incorpora a su memoria croquis sobre ortofotos y fotografías de la zona, y se refiere a un contrato para la repoblación forestal (COREFEX) de 21 de julio de 2001, aún vigente, firmado por el titular de la entonces Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la Alcaldesa de Valle de Matamoros, referido a la finca denominada Egido Público y Mata de Arriba , con una superficie de 146,47 hectáreas.

Por otro lado, en el Diario Oficial de Extremadura n.º 241, de 17 de diciembre de 2021, se publicó el Anuncio de 1 de diciembre de 2021 relativo a la apertura de un periodo de información pública en el procedimiento para la declaración de utilidad pública e inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del monte Egido Público , sito en el término municipal de Valle de Matamoros (Badajoz), y propiedad del municipio de Valle de Matamoros , acordada por el Director General de Política Forestal, con el objeto de que cualquier persona física o jurídica pudiera examinar el expediente y formular alegaciones en el plazo de 20 días desde el siguiente a su publicación.

Asimismo, a petición del Director General, con objeto de darle la mayor difusión posible, para conocimiento general, y especialmente de las personas cuyos derechos pudieran verse afectados por el resultado del procedimiento, según consta en una diligencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Matamoros, el anuncio de apertura de información pública estuvo expuesto al público en el tablón de edictos de la entidad desde el día 29 de diciembre de 2021 hasta el día 26 de enero de 2022.

Finalmente, con respecto a estas actuaciones, con fecha 29 de marzo de 2022 el Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, unidad administrativa adscrita a la mencionada Dirección General en la que se instruía el procedimiento de declaración de utilidad pública y catalogación, certificó que durante el trámite de audiencia el Ayuntamiento de Valle de Matamoros declaró su conformidad a la declaración de utilidad pública del monte Egido Público , que los integrantes de la Sociedad Local de Cazadores interesada no formularon alegaciones, que en cumplimiento de lo contenido en el anuncio de apertura de información pública el expediente se mantuvo a disposición del público en las oficinas del Servicio durante todo el periodo de dicho trámite, y que no se presentaron observaciones o alegaciones dentro del mismo.

A estos antecedentes les son de aplicación los siguientes

En este caso, de la documentación incorporada al expediente resulta sin lugar a dudas que la superficie de 34,1186 ha, que conforma el monte Egido Público del término de Valle de Matamoros es de propiedad municipal y, por lo tanto, susceptible de ser declarada de utilidad pública si se cumple el resto de requisitos previstos para ello en la normativa aplicable.

En relación con este último apartado, el artículo 235 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (en lo sucesivo, LAEx) se refiere a esa norma de la Ley estatal en cuanto a las circunstancias que permitirán la calificación de utilidad pública de un monte; es decir, la normativa autonómica contempla como supuestos para la declaración de la utilidad pública de un monte los mismos que los establecidos por la estatal, a la que se remite expresamente, sin incluir ningún otro.

Con respecto a los concretos terrenos forestales objeto de este acto, de los dictámenes técnicos que obran en el expediente resulta que si se declarase su utilidad pública y, por lo tanto, quedasen sometidos al régimen jurídico aplicable al demanio forestal y pasaran a ser administrados y gestionados por el órgano forestal autonómico, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (LAEx), podrían acometerse actuaciones que, considerando sus características y las de la zona en la que se integran, tuvieran por objeto la conservación y la mejora de la vegetación existente, con la finalidad de contribuir de una manera muy notable a la lucha contra la erosión y al fomento de la sujeción del suelo, lo que sería fundamental para la protección de la población y de la vía de comunicación de acceso a la misma, y por tanto de gran utilidad para el término de Valle de Matamoros y la sociedad extremeña en general.

En consecuencia, teniendo en cuenta esas características, se concluye que en los terrenos que conformarían el monte Egido Público se aprecia el supuesto previsto en el apartado a) del artículo 13 LM, por lo que según esa norma procedería declarar su utilidad pública e incluirlos en el Catálogo.

La discrepancia existente entre estas dos normas ha de resolverse a favor de la contenida en la Ley de Montes, pues según se establece en la disposición final segunda del citado cuerpo normativo, su artículo 16 tiene carácter básico, al haberse dictado, entre otros, al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, por lo que ese precepto, con sus posteriores modificaciones, es de general aplicación y, en consecuencia, en este caso debe imperar sobre la normativa autonómica con la que presenta diferencias; por lo tanto, la competencia para adoptar el acuerdo de inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública le corresponde al máximo órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma que, en el caso de Extremadura, es el Consejo de Gobierno de la Junta, de conformidad con el artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía y los artículos 19 y 24 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En este caso, como ha quedado acreditado, con fecha 15 de junio de 2022 el Consejo de Gobierno resolvió declarar la utilidad pública y la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz del monte Egido Público , propiedad del municipio de Valle de Matamoros.

En el presente caso, tras recibirse la solicitud del Ayuntamiento de Valle de Matamoros para que algunas parcelas de terreno forestal de su propiedad fueran declaradas de utilidad pública, se inició un procedimiento, en el que se acordó un trámite de audiencia tanto a la Administración propietaria como a la Sociedad Local de Cazadores, titular de otros derechos que podrían verse implicados por la declaración de utilidad pública.

Igualmente, el expediente fue sometido a información pública, para lo cual se publicó el oportuno anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, que también se mantuvo expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de la localidad citada y en las dependencias administrativas del órgano forestal autonómico, finalizando los plazos concedidos sin que se formulasen objeciones ni alegaciones.

Además, y aunque no lo requiera la normativa aplicable, se realizaron consultas a otros órganos de esta Administración con competencias en materias concurrentes con la forestal sobre los terrenos cuya utilidad pública pretendía declararse; concretamente, se solicitó informe sobre el asunto a los Servicios de Caza, Pesca y Acuicultura y de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, sin que desde esos órganos se manifestase reserva alguna en relación con tal declaración.

Finalmente, la Intervención General y la Abogacía General de la Junta de Extremadura evacuaron sendos informes mostrando la conformidad de tales órganos con la declaración de la utilidad pública del monte.

Por otra parte, el artículo 16.3 LM exige que el acuerdo del máximo órgano de gobierno de la comunidad autónoma para, en su caso, declarar la utilidad pública de un monte, se adopte a propuesta de su respectivo órgano forestal , y en este caso, una vez completado el expediente, el titular de la Dirección General de Política Forestal dictó un acto, proponiendo a esta Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio que sometiese a la consideración del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la decisión sobre la declaración de utilidad pública e inclusión en el correspondiente catálogo del monte Egido Público , lo que finalmente se formalizó, culminando el proceso con el acuerdo favorable al respecto del máximo órgano de gobierno autonómico.

Por lo tanto, según resulta de la aplicación conjunta de lo expuesto en este apartado y en el anterior, la declaración de la utilidad pública del monte tantas veces citado y su posterior inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública fue acordada por el órgano competente, tras la instrucción del oportuno procedimiento, en el que se siguieron los trámites contemplados al efecto por la normativa aplicable: sometimiento a información pública y audiencia de la entidad propietaria y de los titulares de otros derechos que pudieran resultar afectados, y propuesta previa en ese sentido del órgano forestal autonómico.

Por lo que se refiere a la competencia para la llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura le corresponde a la Dirección General competente en materia forestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 231.4.a) LAEx, que en la actualidad es la Dirección General de Política Forestal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.4 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 5 del Decreto164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto.

En consecuencia, en virtud de todo lo anterior, el titular de la Dirección General de Política Forestal, a través de la unidad administrativa correspondiente, deberá realizar las actuaciones necesarias para incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz el denominado Egido Público , para dar efecto al acuerdo adoptado en ese sentido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Con respecto al régimen jurídico de los montes demaniales, el artículo 14 LM preceptúa que serán inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad , y en idénticos términos se expresa el artículo 234 LAEx.

De esta forma, el monte Egido Público , propiedad del municipio de Valle de Matamoros, declarado de utilidad pública por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adquirirá la condición de bien de dominio público e ingresará en el demanio forestal y, por lo tanto, quedará sujeto al régimen de usos regulado en el artículo 15 LM, así como al resto del tratamiento propio de los bienes integrantes del dominio público forestal que resulta de su naturaleza, y que se recoge en los artículos 16 y siguientes de la LM, y en los artículos 234 y siguientes de la LAEx.

El contrato, al haberse pactado con una duración de 30 años, continúa siendo válido, incluso con la vigencia de la legislación actual, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera LM y en el artículo 284 LAEx, pero por aplicación del artículo 285.2 LAEX, al haber autorizado el Consejo de Gobierno la declaración de la utilidad pública y la catalogación del monte, el contrato quedará rescindido con efectos desde la fecha en la que se produzca la incorporación del monte al catálogo, suprimiéndose la participación en los aprovechamientos de la Administración autonómica con competencias en materia forestal, y quedará condonada la deuda , que en dicha fecha pudiese arrojar el estado de cuentas a favor de la Hacienda extremeña, por los trabajos realizados en cumplimiento del contrato, y desaparecerá el derecho de la Administración autonómica sobre el vuelo creado en ejecución de lo convenido.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente,

Para ello, dispongo que desde la Dirección General de Política Forestal de esta Consejería se inscriba en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz el monte, con los siguientes datos:

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.d) de la Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con los artículos 10, 14, 46.1 y relacionados de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante lo anterior, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, advirtiéndose que, en este último caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 3 de agosto de 2022.

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