Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 1 de septiembre de 2022, el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el uso de la aplicación informática Jara, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como ANEXO de la presente resolución.

Mérida, 14 de septiembre de 2022.

Madrid, 1 de septiembre de 2022.

De una parte, la Ministra de Justicia, Doña María Pilar Llop Cuenca, nombrada mediante Real Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Don José M.ª Vergeles Blanca, nombrado mediante Decreto del Presidente 18/2019, de 1 de julio, DOE n.º 126, de 2 de julio, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de la delegación otorgada por Decreto del Presidente 27/2019, de 25 de julio, DOE n.º 160, de 20 de agosto, por el que se delega en el titular de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales la firma de los convenios de colaboración con el Estado, que suscriba la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito de las competencias que dicho departamento tiene atribuidas y autorizado para la suscripción del presente convenio por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 15 de junio del 2022.

I. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de acuerdo con el artículo 149 1. 5ª de la Constitución española.

II. El Ministerio de Justicia tiene asumidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura las competencias en materia de justicia al servicio de la Administración de Justicia.

III. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) son órganos técnicos, cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo.

IV. Las Órdenes JUS/511/2003 y JUS/512/2003, de 26 de febrero, crean respectivamente los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) de Badajoz y Cáceres estableciendo las siguientes funciones:

V. El IMLCF de Badajoz está organizado en tres servicios: Patología Forense, Clínica Médico Forense y Laboratorio Forense; y el IMLCF de Cáceres por dos servicios: Servicio de Patología Forense y Servicio de Clínica Médico Forense.

VI. De acuerdo con el artículo 19 de las órdenes de creación de los IMLCF de Badajoz y Cáceres, el Ministerio de Justicia podrá establecer conciertos con entidades sanitarias públicas y privadas, así como con otras instituciones, dirigidas a la utilización de locales, servicios y medios tecnológicos de interés médico legal para el normal funcionamiento de los IMLCF.

VII. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Servicio Extremeño de Salud (en adelante SES), tiene entre sus funciones la prestación de la asistencia sanitaria, la docencia e investigación, así como la obligación de aportar toda la información que le sea requerida por la autoridad judicial competente que sea necesaria en el proceso de instrucción de un procedimiento judicial.

VIII. Con fecha 12 de septiembre de 2019, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Extremadura firmaron un convenio para el uso de la aplicación informática Jara, cuyo objeto (clausula primera) es la implantación de un punto de acceso al Sistema informático Jara del SES en cada sede de los IMLCF de Cáceres y Badajoz, para la consulta del historial clínico de pacientes incursos en una causa judicial, cuando sea necesario en la emisión de informes solicitados por la autoridad judicial.

IX. Dado que la colaboración establecida en el convenio suscrito, está dando los resultados previstos de forma ágil y satisfactoria, ambas partes acuerdan suscribir un nuevo convenio relativo al acceso a la aplicación informática Jara.

X. El tiempo invertido en la petición y remisión de la información solicitada por la autoridad judicial, a través de los IMLCF, a los centros sanitarios, puede ser minimizado de forma sustancial si existe un punto de acceso en los IMLCF de Badajoz y Cáceres que les permitiera la búsqueda de la información, que supondría, asimismo, una optimización de los recursos necesarios, con un ahorro en tiempo, gestión y papel.

XI. En consideración con lo anterior, las partes estiman conveniente la formalización del presente convenio para la implementación de un punto de acceso en los IMLCF de Badajoz y Cáceres de la aplicación informática Jara del SES.

Por todo ello, formalizan el presente convenio de acuerdo con las siguientes:

Es objeto del presente convenio la implantación de un punto de acceso al sistema informático Jara del SES en cada sede de los IMLCF de Cáceres y Badajoz, para la consulta del historial clínico de pacientes incursos en una causa judicial, cuando sea necesario en la emisión de informes solicitados por la autoridad judicial. Dicho acceso quedará restringido a lo estrictamente necesario para la elaboración de los informes periciales solicitados por la autoridad judicial, así como en la realización de pericias a solicitud de particulares en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en este último supuesto previo consentimiento informado de la víctima (artículo 5 del Real Decreto 1148/2015 de 18 de diciembre).

El SES se compromete a facilitar a la Dirección de los IMLCF de Badajoz y Cáceres el acceso al Sistema informático Jara de su red hospitalaria, para la realización de las consultas que resultaran necesarias con el fin de la elaboración de los informes solicitados por los juzgados, tribunales y fiscalías, así como en la realización de pericias a solicitud de particulares en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en este último supuesto previo consentimiento informado de la víctima (artículo 5 del Real Decreto 1148/2015 de 18 de diciembre).

El acceso al Sistema Jara se limitará a la Dirección del IMLCF o a la persona o personas en las que delegue.

El Ministerio de Justicia se compromete a través de los IMLCF de Badajoz y Cáceres a mantener el deber de secreto y confidencialidad de los datos a los que tengan acceso.

Asimismo, los IMLCF de Badajoz y Cáceres dispondrán de un protocolo de acceso al sistema Jara que garantice el cumplimiento de la normativa de protección de datos referida en la cláusula tercera del presente convenio, debiendo contar especialmente, con el consentimiento de los interesados para acceder al aplicativo, debiendo contemplar los siguientes supuestos:

1. Todos los afectados por el presente convenio vendrán obligados en materia de protección de datos a cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

2. Asimismo, ambas partes habrán de actuar de conformidad con lo preceptuado tanto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica como en la Ley 3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria y Autonomía del paciente.

Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio, se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por el Ministerio de Justicia y otros dos por el SES. La Comisión se reunirá cuando lo determinen las partes.

La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del, título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.

El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, y será objeto de publicación, en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, en el Boletín Oficial del Estado.

2. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.

El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, que deberán realizarse en el plazo improrrogable fijado por la Comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio.

El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de lo previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes de manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula cuarta del convenio.

Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción .

De conformidad con cuanto antecedente, y en ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben electrónicamente el presente convenio.

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