Junta de Extremadura

Habiéndose aprobado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie forestal afectada por el incendio originado el día 10 de agosto de 2022 en varios municipios de Sierra de Gata y la utilidad pública de los trabajos a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo del mismo,

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 21 de septiembre de 2022, por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie forestal afectada por el incendio originado el día 10 de agosto de 2022 en varios municipios de Sierra de Gata y la utilidad pública de los trabajos a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella.

Mérida, 4 de octubre de 2022.

Con fecha 10 de agosto de 2022 se originó un incendio forestal que afectó a una superficie de 1.008,82 hectáreas en los términos municipales de Gata (238,26 ha), Santibáñez el Alto (250,71 ha), Torre de Don Miguel (348,25 ha) y Villasbuenas de Gata (171,60 ha). El incendio se dio por controlado el 12 del mismo mes y actualmente ya está extinguido.

Ante la grave situación creada por este desastre natural, debe actuarse de manera inmediata en la zona, con el objeto de paliar, en la medida de lo posible, algunos de los perjudiciales efectos causados sobre el medio natural y, por extensión, a los intereses generales, teniendo en cuenta que una parte importante del terreno se encuentra en zonas con alto riesgo de erosión, lo que supondrá que tras las primeras lluvias del otoño se producirá un importante aporte de cenizas y arrastres a los cursos de agua, como consecuencia de la pérdida de cobertura arbórea, así como daños en las pistas forestales, pasos de agua y otras infraestructuras de naturaleza forestal, y a los hábitats prioritarios afectados.

Por ello, es prioritario proceder urgentemente a la retirada de la madera quemada para evitar la producción de otras consecuencias adversas de carácter fitosanitario, como la propagación de enfermedades y plagas, y para que se puedan realizar el resto de actuaciones previstas y favorecer la regeneración de la cubierta vegetal.

La valoración de daños forestales, entendida como la pérdida del valor económico forestal y medioambiental ocasionado por el incendio (diferencia entre valor antes y después del siniestro), asciende a 8.054.898,93 €.

Teniendo en cuenta estas premisas, se considerarán los siguientes

Para estos casos, el artículo 274.1 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (en lo sucesivo, LAEx), prevé que Son zonas de actuación urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o desastre natural. En particular, podrán ser declarados como tales los siguientes terrenos forestales:

Indudablemente, en este supuesto nos encontramos ante la situación descrita en el apartado b) de la norma reproducida, por lo que procede la declaración de la actuación urgente en la zona devastada por el incendio, con los requisitos y efectos determinados en los siguientes epígrafes de ese precepto, que a continuación se irán analizando.

En este caso, el titular de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, órgano competente en la materia, conforme a lo establecido en los artículos 13.4 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 5 Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería mencionada y se modifica el Decreto 87/2019, con fecha 17 de agosto de 2022 ha redactado una propuesta para la declaración de la actuación urgente en la zona afectada por el incendio de Sierra de Gata en la provincia de Cáceres, que se fundamenta en la grave situación en que han quedado los terrenos, y en la urgencia con que ha de actuarse en el ámbito forestal para paliar algunos de los efectos negativos que, para los intereses generales, ha originado el referido incendio , considerando que debido a su gran magnitud, los daños ocasionados sobre la flora y fauna de la zona afectada han sido de gran importancia, teniendo en cuenta el alto valor ecológico y natural de aquella, y que “los efectos negativos del incendio sobre el ecosistema pueden ser aún mayores si no se llevan a cabo actuaciones de emergencia encaminadas principalmente a minimizar los procesos erosivos producidos por las lluvias de otoño e invierno, que debido a la pérdida de la cubierta vegetal junto con la escorrentía de lluvia producirá el arrastre del suelo y nutrientes”, así como a la necesaria actuación para recuperar importantes áreas de hábitat que han resultado dañados por este incendio.

A esta propuesta, el Director General de Política Forestal incorpora un Plan de Actuación en el que describe los daños ocurridos y su cuantificación, los efectos del incendio sobre la vegetación, los trabajos a realizar para corregir las lamentables consecuencias del fuego y la prioridad que debe dárseles a cada una de esas actuaciones.

Por todo lo anterior, queda acreditado que la propuesta para la declaración de la ZAU Sierra de Gata ha sido formulada por el órgano competente, y con los requisitos previstos en la norma aplicable.

En el presente caso, como se viene insistiendo, ha de intervenirse con urgencia sobre los terrenos forestales para reducir en todo lo posible las consecuencias del incendio negativas para el medio natural, y evitar la producción de daños mayores, principalmente los derivados de los procesos erosivos, circunstancias en las que se aprecia un claro y destacado interés general, consistente en que con las medidas proyectadas se pretende corregir, o al menos paliar, los perjudiciales efectos que para el mantenimiento de los ecosistemas ha ocasionado el incendio forestal.

Por otro lado, el 20% de la superficie afectada por el incendio, según detalla el Director General de Política Forestal, solamente 202,62 hectáreas están incluidas en terrenos integrantes del demanio público forestal (Monte de Utilidad Pública n.º CC-013 (Egido Helechoso), Monte de Utilidad Pública n.º CC-014 (Sierra), Monte de Utilidad Pública n.º CC-026 (Sierras de Dehesa Piedra y Llanos de Doña Pascua)). De esta forma, el total de las 1.008,82 ha son terrenos de propiedad pública y privada según la siguiente distribución:

En el Plan de Actuación de la Dirección General de Política Forestal se contempla que, por su naturaleza y especialización, y al cumplirse los tres requisitos del artículo 274.5.c) LAEx, los trabajos forestales de restauración deberían ejecutarse por la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, con cargo a sus propios fondos, para lo que es imprescindible ocupar los terrenos, independientemente de su titularidad.

Con respecto a los montes demaniales y patrimoniales, gestionados por el órgano forestal autonómico conforme a lo establecido en el artículo 231 LAEx, no hay duda de que el personal encargado de realizar las intervenciones promovidas por dicho órgano estará facultado para acceder y permanecer en sus terrenos; por su parte, con respecto a la propiedad del Estado, son ellos los encargados de la ejecución, y con respecto al resto de terrenos públicos y privados, debe considerarse que del artículo 33.2 de la Constitución resulta que el interés general y la función social de los trabajos que deben realizarse delimitará el contenido de los derechos de propiedad privada sobre los terrenos, por lo que estos podrán ser ocupados para llevar a cabo las actuaciones descritas como necesarias para reparar los efectos del incendio.

En resumen, de lo dicho en este apartado se infiere que, por su notable interés general, los trabajos de restauración de las superficies forestales asoladas por el incendio ocurrido en las Sierra de Gata que se describen en el Plan de Actuación elaborado por el órgano competente, para cuya ejecución debe ocuparse terrenos tanto de dominio público como patrimoniales y de titularidad particular, deben ser declarados de utilidad pública; por lo tanto, la competencia para la declaración de la ZAU Sierra de Gata le corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

En relación con los montes afectados por el incendio que vienen siendo gestionados por la Dirección General de Política Forestal, conforme al citado artículo 231 LAEx, no hay dudas de que los trabajos de recuperación debe ser realizados por ese órgano; y en relación con el resto de terrenos, el Director General de Política Forestal propone que, salvo determinadas actuaciones del ámbito de competencia del Estado o de la Consejería de Transición Ecológica, en los términos que más adelante se detallarán, por su entidad, y por su ámbito de competencia, las medidas de restauración sean acometidas por la Administración forestal.

Para decidir si es admisible dicha propuesta deben analizarse los requisitos que a esos efectos recogen los apartados 4 y 5 del artículo 274 LAEx, que se acaban de reproducir, partiendo del concepto de obra de emergencia , definido por el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), que determina que la tramitación de emergencia de los contratos tendrá lugar “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional ”, y en este caso ya hemos reiterado que es imprescindible intervenir con la mayor celeridad posible para realizar los trabajos requeridos para minimizar las negativas consecuencias medioambientales, sobrevenidas por el incendio ocurrido, en los términos contemplados en el Plan de Actuación redactado por el órgano competente, por lo que sin ninguna duda nos encontramos ante un caso de “emergencia”, conforme a la legislación contractual.

Asimismo, ya se ha apuntado que, por sus características, los propietarios públicos municipales y los particulares titulares de los terrenos, ni disponen de los medios ni de las competencias profesionales requeridos para realizar las tareas para su restauración forestal, que, además, no solo beneficiarán a esas personas, sino que, primordialmente, son de interés general, teniendo en cuenta su finalidad repetidamente descrita; por otro lado, se ha comprobado que existe dotación en los presupuestos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio con cargo a la que llevar a cabo las intervenciones contempladas en el referido Plan de Actuación, a través de fondos europeos cuyo objetivo es la restauración tras desastres naturales o de los fondos MRR-Next Generation del componente 4 intervención 3 destinados a la restauración forestal.

Considerando lo expuesto, es procedente que la responsabilidad por la ejecución de los trabajos para combatir los efectos del incendio la asuma la Consejería competente en materia de montes, con cargo a sus fondos propios, en el caso de los montes que ya viene gestionando, porque lo ordena así el artículo 274.4 LAEx, y en el caso del resto de terrenos forestales, porque ha quedado acreditado que se dan los requisitos exigidos para ello por el artículo 274.5.

Luego, ese precepto continúa estableciendo la prohibición de cambiar el uso forestal de los terrenos afectados por el fuego al menos durante 30 años, salvo en unos supuestos excepcionales que regula, que en ningún caso serán aplicables a los montes catalogados, y finalmente, dispone en su apartado 2 que El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano .

Esta disposición se completa con lo previsto en el artículo 276 LAEx, que después de referirse a las obligaciones de la Administración forestal y de los titulares de terrenos incendiados en relación con la restauración forestal de aquellos, dispone que quedará prohibido el pastoreo por un plazo mínimo de un año salvo que por el órgano forestal competente se acuerde el levantamiento de dicha prohibición. En pastizales y terrenos agroforestales, en especial en los adehesados no se aplicará esta prohibición salvo que por el órgano competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de la Comunidad Autónoma se determine expresamente cuando exista grave riesgo para la regeneración del arbolado .

De estas dos normas, la estatal y la autonómica, resultan dos aspectos: por una parte, deben adoptarse las medidas necesarias para la retirada de la madera quemada, que en este caso, se considera conveniente que, en primer lugar, pueda ser realizada por las personas titulares de los predios, por si pudieran obtener algún aprovechamiento de ella, pero que si no es eliminada en un tiempo prudencial, será eliminada por la Administración forestal, para que puedan realizarse el resto de trabajos que se contemplan en el Plan de Actuación, y accesoriamente evitar el riesgo de plagas y enfermedades forestales asociadas a la madera muerta como puede ser el caso del nematodo del pino. A estos efectos, a este acuerdo se incorpora un ANEXO en el que se recoge un listado de las parcelas catastrales incendiadas, y su publicación surtirá los mismos efectos que la notificación a las personas interesadas de la potestad que se les reconoce, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Por otra parte, en cuanto al acotado al pastoreo de las superficies que deben regenerarse, ambos preceptos permiten que el órgano forestal lo levante, y en este supuesto, según el Plan de Actuación elaborado por el Director General de Política Forestal, podrá seguir el pastoreo de la carga ganadera que actualmente está pastando en estos terrenos, de forma que cualquier modificación de ubicación o carga necesitará de autorización expresa.

En virtud de todo lo anterior, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, este Consejo de Gobierno,

Esta declaración de utilidad pública debe entenderse sin perjuicio de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que deban ser emitidos en aplicación de la legislación vigente como consecuencia de las actuaciones proyectadas.

En el caso de que la madera no sea retirada en el citado plazo de tres meses, la Administración incluirá su extracción entre los trabajos para la ejecución del Plan de Actuación, sin contrapartida para el titular de los terrenos que no la haya sacado.

De la misma forma, se autoriza que los Ayuntamientos titulares de montes afectados puedan proceder a la contratación de emergencia del aprovechamiento de la madera, en un plazo de tres meses a contar desde la publicación de este acuerdo, prorrogable en otros tres si el contrato no pudiera ejecutarse por causas ajenas al contratista, y en todo caso antes de que se inicien los trabajos incluidos en el plan de actuación en la zona concreta del aprovechamiento.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de la interposición de otros recursos que las personas o entidades interesadas estimen procedentes .

1. Justificación.

2. Evaluación, cuantificación y clasificación de los daños producidos.

2.1. Efectos sobre la vegetación.

2.2. Superficie afectada incluida en Montes de Utilidad Pública.

2.3. Superficie afectada incluida en la Red Natura 2000.

3. Zonificación de áreas afectadas.

3.1. Especie principal afectada: Se ha zonificado dependiendo si se trata de superficie de pinar o no como especie principal, para delimitar las actuaciones de emergencia de apear y sacar la madera quemada, o en su caso astillar.

3.2. Gestión del monte: Según sean montes catalogados de Utilidad Pública gestionados por la Dirección General de Política Forestal, o por el contrario sean montes gestionados por su titular, ya sean montes privados o montes públicos patrimoniales propiedad de los municipios y gestionados por los Ayuntamientos.

3.3. Pendiente del terreno: Se ha diferenciado si la zona de actuación de pinar tiene una elevada pendiente o no (mayor del 30 %, entre el 20 y el 30%, y menor del 20%) que dificulte o no la ejecución de los trabajos, así como el rendimiento de los trabajos y su precio unitario. Se observa que aproximadamente el 75% del incendio corresponde a menos del 20% de pendiente, lo cual se limitará levemente la ejecución de los trabajos con maquinaria.

4. Avance de programación y priorización de los trabajos.

4.1. Construcción de cordones de defensa o fajinas.

4.2. Construcción de albarradas.

4.3. Construcción de diques de mampostería.

4.4. Formación de caballones y fajas subsoladas

4.5. Helimulching.

4.6. Astillado de material leñoso tras el incendio.

4.7. Corta de arbolado, saca y tratamiento de restos.

4.8. Construcción de accesos para los trabajos de restauración. Mejora de pistas forestales y recuperación de otras infraestructuras dañadas por el incendio.

1. Término de Gata.

2. Término de Santibáñez el Alto.

3. Término de Villasbuenas de Gata.

4. Término de Torre de Don Miguel.

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