Junta de Extremadura

El artículo 45 de la Constitución Española establece que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, atribuyéndose a los poderes públicos la función de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

El Gobierno de España declaró el pasado 21 de enero de 2020 la emergencia climática y ambiental, en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Esta declaración insta a invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático.

A raíz de esta Declaración de Emergencia Climática, se remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que garantizaba la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. Así mismo, el proyecto de ley establecía que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático. El PNACC define los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y prioriza la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas.

El 21 de mayo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y que responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y europeo y presenta una oportunidad desde el punto de vista económico y de modernización de nuestro país, así como desde el punto de vista social, facilitando la distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización.

La ley pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas. Es el marco institucional para facilitar de manera predecible la progresiva adecuación de la realidad del país a las exigencias que regulan la acción climática y garantizar la coordinación de las políticas sectoriales, asegurando coherencia entre ellas y sinergias para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática.

Numerosos estudios, incluidos los propios del Grupo Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre el Cambio Climático (IPPC), coinciden en señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático que inciden directa o indirectamente sobre un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas.

En este contexto, los Planes de Impulso al Medio Ambiente, PIMA, han supuesto en España, a través de diversas convocatorias, la puesta en marcha de acciones de lucha contra el cambio climático, que integran a su vez, la política de cambio climático con las políticas de calidad ambiental.

La lucha contra el cambio climático se articula a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o incremento de las absorciones (mitigación) y de la adaptación a los impactos que éste está provocando y se prevé sucedan. Ambos tipos de respuesta están estrechamente vinculados, siendo necesaria la puesta en marcha de medidas en ambos ámbitos.

La evaluación de impactos, la disminución de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático son objetivos prioritarios para España. La situación de emergencia sanitaria y climática en la que nos encontramos hace evidente la necesidad de dirigir esfuerzos hacia la población más vulnerable y trabajar de forma coordinada con todas las administraciones y en especial en el ámbito local, con la colaboración de las Comunidades Autónomas.

El objetivo del PIMA Cambio Climático es fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, potenciando las sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación en la lucha frente al cambio climático.

En este contexto, han sido puestos en marcha diferentes estrategias, planes y acciones de lucha contra el cambio climático en el territorio nacional que integran la política de cambio climático con las políticas de calidad ambiental.

El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que contempla la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia ambiental, que se celebró el pasado 21 de septiembre de 2020. Y en concreto se aprobó el reparto de fondos sobre las ayudas para la implementación de las actuaciones correspondientes al PIMA Cambio climático.

El desarrollo de los proyectos del PIMA Cambio Climático se ubicará en las entidades locales y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes. Los beneficiarios podrán ser las entidades locales menores y los municipios.

En el caso de actuaciones para diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones, el Plan se dirige a municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes.

Las limitaciones de población de la convocatoria están conforme marca la publicación de la Convocatoria del Ministerio, publicadas en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, tras su reforma por Ley Orgánica 1/2011, 28 de enero, establece en su artículo 7, que entre los principios a que han de ajustar su actuación los poderes públicos extremeños se encuentra el perseguir un modelo de desarrollo sostenible, cuidando de la preservación y mejora de la calidad medioambiental de la región.

En aras de sentar las bases en materia de cambio climático en la región, Extremadura, con un marco natural de gran riqueza, no es ajena al reto que se plantea y es consciente de la responsabilidad que tiene para con las generaciones futuras, por ello el gobierno regional lleva años desarrollando políticas activas en la lucha contra el fenómeno del Cambio Climático.

Como primer paso desarrolló la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-2012, documento marco que ha marcado el inicio de la senda del desarrollo de las políticas regionales. Al mismo tiempo, desarrolló la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura, documento que constituye un elemento básico de coordinación de todas las acciones que conforman el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura que supone un compromiso de la sociedad extremeña para alcanzar un modelo de desarrollo a largo plazo que afronte con garantías los retos de una economía globalizada y sostenible, integrando las dimensiones ambiental, económica y social de la sostenibilidad, entre los que se encuentran los retos relativos al Cambio Climático.

Con objeto de continuar e intensificar las políticas regionales en materia de Cambio Climático el 7 de enero de 2014 se aprobó en Consejo de Gobierno la presente Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2013-2020, que establece el marco de actuaciones en materia de cambio climático en la región.

Adicionalmente, el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2030(PEIEC) es el instrumento de planificación de aplicación al territorio extremeño, que tiene como objetivo avanzar en los procesos de mitigación, adaptación, investigación y activación social para afrontar el cambio climático en Extremadura, en términos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), penetración de energías renovables y de eficiencia energética, que permitan el desarrollo económico y social de la región, al tiempo que se minimizan los impactos en el cambio climático y en la naturaleza asociándolos al sistema energético extremeño. Es elaborado por la Comunidad Autónoma de Extremadura como compromiso en la ruta hacia la sostenibilidad que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), asumiendo como propios todos sus objetivos.

La Junta de Extremadura consciente de la importancia de esta materia, así como de las limitaciones que en muchas ocasiones tiene la implementación de ciertas medidas y mejoras para los municipios en materia de cambio climático, establece una serie de líneas de ayudas, tendentes a facilitar la evaluación de impactos, la disminución de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Estas ayudas, además, están destinadas a su licitación pública por parte de las entidades beneficiarias, garantizando la pública concurrencia, con el fin de fomentar el empleo a través de empresas locales.

Con el objetivo de coordinar la actuación administrativa de las Administraciones Públicas implicadas, y bajo los principios de eficacia y eficiencia, la Comunidad Autónoma de Extremadura, de un lado y las entidades locales de otro, deberán prestarse la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus funciones, dando cumplimiento al artículo 55.d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en concreto, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, mediante la presente orden, establece las bases reguladoras de las subvenciones a entidades locales, municipios, entidades que agrupen municipios y las diputaciones, para desarrollar actuaciones en materia de cambio climático.

Atendiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), y conforme al artículo 129, la presente orden se redacta bajo los principios de buena regulación, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en los artículos 36 f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, a municipios y entidades locales menores, con tamaño inferior a 100.000 habitantes, para llevar a cabo la puesta en marcha de acciones en materia de cambio climático, que integran a su vez, la política de cambio climático con las políticas de calidad ambiental.

2. La finalidad de estas ayudas es, facilitar el desarrollo de los objetivos establecidos en diversos instrumentos normativos y de planificación con la finalidad de conseguir:

1. Las subvenciones públicas recogidas en la presente orden se articulan a través de las siguientes líneas de ayudas:

2. A efectos de esta orden, se considera zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

1. Serán gastos subvencionables:

2. No serán gastos e inversiones subvencionables:

1. En el caso de actuaciones relativas a la Línea 1, aplicación de actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos, serán entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente orden los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, municipios y entidades locales menores, con una población inferior a 100.000 habitantes, según los datos de población que se determinen en la correspondiente convocatoria.

2. En el caso de actuaciones relativas a la Línea 2, diseño e implementación de zonas de bajas emisiones, serán entidades beneficiarias los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes, según los datos del último censo del INE disponible.

Las entidades beneficiarias quedan sometidas a las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la presente orden.

1. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria o entidad colaboradora, las personas o entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado será consultada o recabada de oficio por la Administración siempre que exista autorización expresa de la entidad beneficiaria. La justificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica será consultada o recabada de oficio por la Administración salvo que conste la oposición expresa de la entidad beneficiaria.

Si la consulta de oficio no pudiera realizarse por no estar habilitados los mecanismos de transmisión de datos entre administraciones en el momento de la consulta, podrá solicitarse a la entidad beneficiaria la aportación de certificación de estar al corriente de dichas obligaciones, que podrá realizarse mediante declaración responsable.

La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actuación subvencionada. Todo ello sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes. La subvención será incompatible con los Proyectos Clima, promovidos a través del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el artículo 12 de estas bases, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2. Los municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán optar a más de una línea de ayuda, siempre que éstas sean compatibles entre sí, debiendo presentar una solicitud por cada línea de ayuda.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria correspondiente, en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Las solicitudes se presentarán de forma electrónica a través del Registro Electrónico General, de la SEDE electrónica de la Junta de Extremadura,

3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación en formato electrónico con firma electrónica verificable:

La documentación anexa a la solicitud que por tamaño de transmisión de los archivos, no pueda enviarse a través del Registro Electrónico General la SEDE, se remitirá a través del sistema de transferencia de grandes archivos de la Junta de Extremadura (SEGAX), solici­tando su subida, una vez realizado el registro electrónico de la solicitud, a través del correo electrónico exp.sostenibilidad@juntaex.es . A efectos del cómputo del plazo de la documentación enviada por este medio, será la que la misma plataforma SEGAX registra.

Si la solicitud presentada por la entidad solicitante no reuniera los requisitos establecidos, se requerirá a la misma para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictándose la resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General con competencias en materia de cambio climático.

2. Durante la instrucción del procedimiento se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en base a los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución, que deberá expresar la entidad solicitante o la relación de entidades solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, debidamente motivada.

5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

6. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de las entidades beneficiarias frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mientras la misma no se haya hecho firme mediante la notificación de la correspondiente resolución de concesión.

1. La Comisión de Valoración, será la encargada de la evaluación de las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en estas bases y en cada convocatoria, estará compuesta por las siguientes personas que forman parte de la Administración:

2. Previa a la constitución de la Comisión de Valoración, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, el nombramiento de las personas que la conformarán, http://doe.juntaex.es.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir informe vinculante en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, que deberá ser elevado al órgano instructor, para que formule la preceptiva propuesta de resolución que en ningún caso podrá apartarse del sentido del Informe.

4. La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre órganos colegiados. Así mismo, cumplirá lo establecido en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, sobre representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.

5. Todos los integrantes de la Comisión de Valoración, deberán cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de interés.

Para la evaluación de las solicitudes presentadas, se utilizarán los criterios que se indican a continuación para cada línea de ayuda, según el orden de importancia establecido:

Las solicitudes para las actuaciones de diseño e implementación de zonas de bajas emisiones se puntuarán según los criterios establecidos hasta un máximo de 100 puntos. No se considerarán como subvencionables solicitudes que hayan obtenido menos de 40 puntos.

1. Será el órgano competente para la resolución del procedimiento, la Secretaría General de la Consejería con competencias en lucha contra el cambio climático. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentación de solicitudes, conforme al artículo 40.1 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa (DOE de 29 de julio). La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento contendrá la entidad solicitante y/o relación de entidades solicitantes a los que se concede la subvención, la actividad subvencionada, las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria y las menciones de identificación y publicidad, debiendo hacerse constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, la cantidad de la ayuda otorgada e indicándose las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas.

3. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la comunidad autónoma de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, la entidad beneficiaria, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención.

4. Las resoluciones del procedimiento de concesión no agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si el acto no fuera expreso, la entidad interesada podrá interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

1. Línea 1. Ayudas para aplicación de actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos.

2. Línea 2. Diseño e implementación de zonas de bajas emisiones en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes.

3. El crédito máximo establecido para cada línea de subvención podrá ser redistribuido a la otra línea, si en alguna de ellas, las solicitudes beneficiarias de la ayuda, no resultan suficientes para agotar los fondos disponibles.

1. La licitación, adjudicación y ejecución de las obras y servicios por parte de las Entidades Locales beneficiarias se realizará ajustándose a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de contratos del Sector Público, así como a lo previsto en materia de contratación en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. El plazo máximo de finalización de las inversiones subvencionables será 18 meses desde la fecha de resolución de concesión de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables de esta orden. De forma extraordinaria y justificada la ejecución podrá ampliarse hasta dos meses previa solicitud al órgano competente, siempre y cuando dicha ampliación de plazo no supere la fecha del 27 de octubre de 2024.

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en particular:

2. En los cinco años posteriores al pago final de la ayuda, las entidades beneficiarias de las ayudas no podrán realizar ningún tipo de actuación que suponga o implique:

1. Las entidades beneficiarias de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables de esta orden deberán justificar la ejecución de estas mediante, la presentación a la Dirección General con competencias en cambio climático del informe justificativo final sobre las actuaciones concretas financiadas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de finalización la ejecución de la actuación.

2. El contenido del informe será:

3. La justificación se presentará de forma telemática en el registro de la sede electrónica de la Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf)

4. El pago de las subvenciones concedidas se realizará:

5. A efectos de declarar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución individual de concesión, será preceptivo un informe elaborado por personal técnico de la Dirección General con competencias en materia de cambio climático de la Junta de Extremadura, que acredite tales extremos, y ello tras la realización de las comprobaciones que se consideren oportunas a efectos de comprobar también lo establecido en el artículo 18.2 de la presente Orden.

6. Las disposiciones de crédito se basarán en los calendarios establecidos de acuerdo con la resolución individual de concesión de la ayuda y se formularán para los ejercicios que procedan.

1. La Dirección General con competencias en materia de cambio climático de la Junta de Extremadura, vigilará la adecuada aplicación de las ayudas concedidas y el cumplimiento por las Entidades Locales beneficiarias de las obligaciones establecidas en la presente orden, en la resolución de convocatoria y en la resolución individual de concesión. A estos fines, el órgano directivo podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que estime necesarias, pudiendo solicitar a las Entidades Locales beneficiarias la información que considere oportuna, debiendo aquellas dar cumplimiento al requerimiento de información formulado, en un plazo no superior a diez días, a contar desde el siguiente día al de recepción de aquel. La oposición a la realización de estas verificaciones determinará el inicio del procedimiento de revocación de la subvención y, en su caso, al reintegro de la misma, según lo regulado en los artículos 19 y 20 de esta orden.

2. Las entidades beneficiarias quedan obligados a aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión.

1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, procederá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención o, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurran algunas de las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta orden, en las resoluciones de convocatoria y en las resoluciones individuales de concesión de las ayudas.

2. Será de aplicación el principio de proporcionalidad en la determinación de la cantidad a reintegrar por la Entidad Local beneficiaria, cuando el cumplimiento por aquella de las condiciones u obligaciones impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede acreditada una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. En tales supuestos, el reintegro se efectuará atendiendo al grado y características del incumplimiento en que haya incurrido la entidad beneficiaria.

3. Cuando el porcentaje de ejecución de las obras, servicios o suministros sea inferior al 100%, siendo proporcionalmente funcional el objeto de la subvención, se procederá de la siguiente forma:

4. La demora en la justificación total de los gastos y pagos efectivamente realizados y acreditados, implicará la aplicación de los siguientes criterios de graduación en la determinación de la cantidad a reintegrar:

1. El procedimiento para declarar la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades percibidas, será el siguiente:

2. Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades ya percibidas, más el interés de demora. La liquidación de los intereses se realizará en la misma resolución en la que se acuerde la procedencia del reintegro, con indicación expresa de la fecha de inicio y finalización del cómputo de intereses y del porcentaje del interés de demora aplicable.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de revocación y reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

4. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

5. Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración, el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá posteriormente el interés de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura sin el incremento del 25%, de acuerdo con lo previsto en este artículo y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria.

1. Las ayudas objeto de la presente orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura con fondos procedentes de Transferencia del Estado para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA Cambio Climático, financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2020.

2. De conformidad con el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los créditos presupuestarios a los que se imputan las ayudas y la cuantía total de las mismas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la que corresponda, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas, sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

1. Las medidas de identificación, información y publicidad a adoptar por las entidades beneficiarias de las ayudas se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

2. Junto a la resolución individual de concesión, la persona titular de la Dirección General comunicará a la entidad beneficiarias las medidas a adoptar en aras al cumplimiento de las normas de información y publicidad indicadas, así como los medios y características de los carteles o distintivo adhesivo en su caso, lugares donde deberán colocar estos para que sean visibles y la permanencia de los mismos.

3. La convocatoria y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. Asimismo, serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.

4. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.

La normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de la entidad beneficiaria y procedimiento de concesión será el establecido en la presente orden, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la legislación básica estatal. Estas ayudas están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por estas bases reguladoras.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 18 de octubre de 2022.

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