Junta de Extremadura

Dicha normativa es la recogida, principalmente, en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero (BOE de 12 de marzo de 1962), por el que se aprueba el Reglamento de Montes, y en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre (BOE de 22 de noviembre de 2003), de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, normativa a la que remiten la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 70/2010, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Procedimientos en materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo establecido en artículos 239 y siguientes de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

Aunque se ha tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento administrativo de deslinde, no se ha considerado, estudiado y valorado la documentación aportada por el interesado, Campo Los Egidos, SL, al no haber sido recibida por el órgano competente para ello por incidencias en las comunicaciones electrónicas internas.

Como interesado, se considera a la persona que ostenta una determinada posición jurídica en un procedimiento administrativo concreto y a la que le está permitido intervenir en un concreto momento administrativo por su relación con el objeto de éste. Según el artículo 4.1 LPA 39/2015, interesados son los titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos que promueven el procedimiento administrativo, los que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el mismo y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento.

En cuanto a los derechos de los interesados, decir que son el conjunto de facultades que la LPA 39/2015, atribuye a favor de los interesados en un procedimiento administrativo y que estos pueden exigir a la Administración en cuanto que titulares de esa posición jurídica en la tramitación de un procedimiento y se regulan en el artículo 53, que establece ya los derechos del interesado, como parte en el procedimiento administrativo. En su apartado 1, letra e) de la LPA 39/2015, establece que los interesados en un procedimiento administrativo, además de los derechos previstos en esta Ley, tienen derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento ( )

En el expediente que nos ocupa, y de acuerdo con el procedimiento administrativo de deslinde regulado en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su reglamento (Decreto 485/1962, de 22 de febrero) y atendiendo al carácter contradictorio en el que se inspira, es indudable la exigencia de que intervengan en él todos aquellos posibles interesados, por ello, se faculta a los mismos a interponer reclamaciones sobre la práctica del apeo o sobre la propiedad de las parcelas que hubieren sido atribuidas al monte al realizar aquella operación. Esta situación se ha visto impedida, de forma inconsciente, ya que el órgano competente no tuvo conocimiento de esas alegaciones y a consecuencia de ello, certificó la ausencia de las mismas y procedió a su resolución sin entrar a valorar su contenido.

En cumplimiento de la legislación administrativa y forestal, esta Dirección General expresa su conformidad, y en el ejercicio de las competencias o funciones que le corresponden según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero , del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en particular de las que en materia de montes de gestión pública confiere el artículo 13 y siguientes del Decreto 87/2019, de 2 de agosto (DOE núm. 150, de 5 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Frente a este acto, que agota la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 102.1 de la mencionada Ley 1/2002, de 28 de febrero, y lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados en el procedimiento puedan interponer o ejercitar cualquier otro recurso o acción que estimen procedente.

Mérida, 13 de octubre de 2022.

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