Junta de Extremadura

Vistos los datos e información contenidos en las bases de datos de la aplicación informática de gestión de los expedientes de solicitud de ayudas, presentadas al amparo del Programa II y reguladas en el título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19, así como la propuesta de resolución formulada, en atención a los siguientes

En el supuesto de que la persona trabajadora asalariada afectada por el ERTE, estuviera contratada a jornada parcial, el importe de la subvención concedida será proporcional a la duración de la jornada contratada.

Asimismo, en el supuesto de que el ERTE sea por reducción de jornada y no por suspensión de contrato, el importe de la subvención concedida será igualmente proporcional a dicha reducción.

Por otra parte, se considera, en virtud de las citadas Declaraciones Responsables presentadas y la verificación automatizada de datos realizada, que las personas trabajadoras autónomas y microempresas solicitantes de las ayudas del Programa II relacionadas en el Anexo cumplen lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, en ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Director Gerente del SEXPE, el Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE procede a dictar la siguiente,

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona o entidad beneficiaria, por un importe total de ochenta y nueve mil doscientos quince euros con cuarenta y cinco céntimos (89.215,45 euros), para un total de 80 beneficiarios/as.

En el Programa II, las personas y microempresas beneficiarias están obligadas, una vez finalizada la vigencia de los ERTE y reiniciada la actividad, a mantener todos los contratos de las personas asalariadas que son objeto de la subvención durante, al menos, 1 mes, con independencia del periodo obligatorio de mantenimiento del empleo establecido por la normativa propia reguladora de los citados ERTE.

Además, para los casos de ayudas financiadas por fondos de la UE, las personas y entidades beneficiarias quedarán sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artículo 115.3 (en relación con el ANEXO XII) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo las personas beneficiarias en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.

La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos declarados responsablemente por la persona o entidad beneficiaria y sometidos a las verificaciones y controles posteriores oportunos.

El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones establecidos en la presente resolución y en la normativa reguladora, así como la concurrencia de las causas previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones concedidas y, en su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, con la exigencia del interés de demora legalmente establecido, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se proponga la resolución de la procedencia del reintegro.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 29 de septiembre de 2022.

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