Junta de Extremadura

La Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura (DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2010), tiene por objeto la ordenación y promoción de la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de conocimiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo un marco regulador unitario y sistemático de la actuación de los poderes públicos de Extremadura en el marco y desarrollo de la normativa básica estatal en la materia.

Entre otros extremos, la citada ley regula: el Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología en el que se integran como agentes entidades, instituciones, organismos y personas que intervienen en la generación, promoción, desarrollo y aprovechamiento de las actividades de I+D+i; los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como instrumento de planificación, gestión y ejecución de la Junta de Extremadura en materia de I +D+i, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la I+D+i empresarial con objeto de incrementar el grado tecnológico de los procesos productivos y la competitividad y el fomento de la I+D+i estableciendo la obligación de la Junta de Extremadura de contemplar en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura las dotaciones específicas necesarias para el desarrollo de actividades que favorezcan y fortalezcan la I+D+i empresarial en el ámbito del Modelo Regional de Innovación, e impulsar la participación activa del tejido productivo en el desarrollo de la I+D+i empresarial y en la implementación de la innovación como clave para estimular la productividad y la competitividad de las empresas extremeñas.

El informe de la OCDE Mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre la ciencia y la empresa en España de octubre de 2021, pone de manifiesto que España tiene, en términos relativos, una escasa tradición histórica de colaboración entre la investigación y la empresa. El análisis de los datos disponibles que describen distintas facetas de la transferencia de conocimiento pone en evidencia problemas estructurales. Las carreras de los titulares de doctorado están orientadas sobre todo a la Universidad y los hospitales, sin que haya una presencia significativa en el ámbito de las empresas. Las empresas no son un instrumento financiador de la I+D de las Universidades por lo que pierden capacidad de intervenir en su actividad y tampoco priorizan el gasto en I+D+i entre sus planes de inversión y crecimiento. No existe una adecuada alineación entre los intereses de los investigadores públicos y los intereses de las empresas y esa situación perjudica en gran medida la transferencia de conocimiento entre la ciencia y la empresa.

En este sentido, el VI Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en su apartado relativo a la Adecuación de la Oferta Científica y Tecnológica de I+D+i a los sectores empresariales, ya recogía entre sus objetivos que fomentará la adecuación de la oferta de I+D+i a las necesidades del tejido productivo mediante actuaciones diversas y el desarrollo de instrumentos de participación público-privada que faciliten las relaciones entre los centros científico-tecnológicos y las empresas, impulsando la transferencia de conocimiento y la alineación de la investigación con los retos empresariales. Estas actuaciones e instrumentos contribuirán a identificar las necesidades de las empresas y trasladarlas a los centros en forma de proyectos colaborativos, fomentarán una activa participación del tejido empresarial y abordarán cuestiones como la contratación de servicios de apoyo a la innovación, la incorporación de tecnología avanzada o la contratación de personal altamente cualificado en las empresas . Asimismo el documento de trabajo correspondiente al VII Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (en adelante el VII PRI), que se encuentra en las últimas fases de su tramitación, recoge un programa específico de colaboración público-privada cuyo objeto es precisamente el de impulsar la transferencia de conocimiento mediante la colaboración y cooperación entre los organismos de investigación y las empresas, facilitando el acercamiento de los grupos de investigación de los entes públicos, especialmente la Universidad de Extremadura, al tejido empresarial, desarrollando proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental intensivos en conocimiento que favorezcan el despliegue de un modelo de crecimiento económico basado en la ciencia y tecnología, atractivo para la captación de inversiones, capaz de atraer y retener personal de investigación altamente formado y que favorezca las actividades empresariales en investigación con el objeto de potenciar su competitividad y productividad.

Por tanto, la presente norma que fomenta la intervención público-privada en la ejecución de la actividad investigadora, trata de ser un instrumento adecuado para paliar alguno de los déficits detectados en el ámbito de la investigación e innovación, facilitando los canales de comunicación y colaboración entre los distintos agentes públicos y privados del SECTI, con el objeto de resolver problemas que afectan a las empresas, pero también a la sociedad en general.

Este decreto se encuentra plenamente alineado con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura, para el período de programación 2021-2027, que actúa como condición favorecedora necesaria para la aplicación del Objetivo Político 1 Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora inteligente y una competitividad TIC regional y el Objetivo Específico 1.1 El desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas . Por su parte, el VII PRI está asimismo, en línea con la Estrategia.

Asimismo, haciendo uso de la facultad que ofrece el artículo 24 del Decreto ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el decreto incorpora la primera convocatoria dedicada a proyectos de investigación industrial y/o desarrollo experimental realizados en régimen de colaboración público-privada en el ámbito temático de almacenamiento energético. Esta convocatoria, que está dedicada a la investigación sobre una materia de máxima relevancia en el momento actual, atiende también a una obligación que asumió la Junta de Extremadura cuando suscribió, con fecha 20 de diciembre de 2021, el Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y de FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, para la realización de actuaciones tendentes a la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El artículo 40 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, (DOE núm. 146, de 27 de julio) establece que, como regla general, el plazo máximo de notificación de la resolución en todos los procedimientos de competencia de los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica será de tres meses, computados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal. Excepcionalmente, podrá establecerse de forma motivada un plazo superior. En este sentido, el presente decreto se acoge a la excepcionalidad que permite el precepto citado, puesto que concurren circunstancias que justifican la pretendida excepcionalidad.

Los proyectos que concurren a cada convocatoria deben incorporar una memoria científico-técnica que justifique su viabilidad y calidad científica y técnica. El ámbito propio de la I+D es un campo altamente complejo por su extensión, evolución y variabilidad. Por ello, se hace necesario otorgar a las agrupaciones público-privadas beneficiarias un plazo relativamente amplio, de al menos un mes para que puedan elaborar una memoria con calidad técnica suficiente. En este plazo, también deberán conformarse las agrupaciones y diseñar el acuerdo/convenio que formalice su constitución.

Por otra parte, los proyectos que concurren a la convocatoria son evaluados por entidades externas formadas por personal investigador experto, con el objeto de garantizar que los mismos incorporan efectivamente la calidad e innovación que se requiere de este tipo de ayudas. Esta evaluación externa, que con frecuencia se encomienda a entidades públicas como la Agencia Estatal de Investigación, consume unos tiempos en la tramitación de los procedimientos incompatibles con el plazo de tres meses que se establece, como norma general, en la citada Ley 4/2022, de 27 de julio.

Por todo lo anterior, el establecimiento de un plazo de tres meses para resolver los procedimientos y notificar la resolución que conllevaría necesariamente la limitación del plazo para presentar solicitud, supondría un perjuicio evidente para las agrupaciones interesadas en la medida en que los proyectos no contengan, por falta de tiempo en su elaboración, suficiente solvencia científica y tecnológica como para conseguir la puntuación mínima exigible que permita acceder a la subvención en un proceso altamente competitivo. Por otra parte, la necesidad de reducir los tiempos de tramitación que provocara la necesaria obligación de eliminar el trámite de verificación externa por expertos sobre la calidad científica de los proyectos que es garantía de su validez y de eficacia de este programa de ayudas, podría resultar muy perjudicial para la sociedad en general, que en definitiva es la destinataria última de los efectos, resultados y retos tecnológicos que pretenden solucionarse con el fomento de la investigación científica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre) y no obstante lo ya indicado más arriba respecto del objeto y su necesidad, este Decreto se enmarca en el ámbito de las políticas públicas de fomento a la investigación y desarrollo aprobadas por la Junta de Extremadura; respeta el marco legislativo vigente tanto a nivel estatal como autonómico en materia de subvenciones públicas y asimismo en relación con la normativa comunitaria relativa a ayudas de Estado así como la normativa correspondiente al Reglamento UE 2021/1060 del Parlamento y del Consejo, de 24 de junio de Disposiciones Comunes a los distintos Fondos y el Reglamento UE 2021/1058 del Parlamento y del Consejo de 24 de junio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión; establece la tramitación electrónica de los procedimientos y efectúa una importante labor de simplificación respecto de documentación y trámites que deben realizar las entidades que deseen concurrir a las distintas convocatorias de ayuda.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 90.2) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Co­munidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 24 del Decreto Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 7 de diciembre de 2022,

El objeto de este decreto es establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental que se ejecuten en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en régimen de colaboración público-privada entre empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante agentes públicos del SECTI).

1. Serán beneficiarias las agrupaciones sin personalidad jurídica conformadas por al menos una empresa y/o un centro tecnológico privado y un agente público del SECTI, que tendrán también la condición de beneficiarios de la subvención.

2. A los efectos del presente decreto, los centros tecnológicos privados estarán asimilados a las empresas y les serán de aplicación idénticas condiciones en cuanto a requisitos, obligaciones, intensidad de ayuda, categoría de empresa y cualquier otro que no sea incompatible con su naturaleza jurídica. En consecuencia, toda referencia del decreto a las empresas, se entenderá también realizada respecto de los centros tecnológicos privados.

3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 21 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo) (en adelante LSCAEX), deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponden a la agrupación. La Agrupación, no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la citada ley.

1. La agrupación y las entidades que la conforman deberán cumplir los siguientes:

2. Las empresas y los centros tecnológicos privados deberán cumplir, también, los siguientes requisitos:

3. Los agentes públicos del SECTI deberán cumplir, asimismo, los siguientes requisitos:

4. La justificación de no estar incursas en las prohibiciones a las que se refiere el apartado 1e) así como el requisito de que las empresas no se encuentran en crisis del apartado 2d), ambos de este artículo; podrán realizarse mediante una declaración responsable con arreglo a los modelos que a tal efecto se establezcan en este decreto.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado se oponga a ello, la Administración podrá consultar o recabar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración Pública. Por lo que se refiere a los certificados acreditativos de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda estatal y de no tener deudas con la Hacienda autonómica, por parte de las empresas beneficiarias, las personas investigadoras referidas en el apartado 2c) y los agentes públicos del SECTI, la Administración podrá recabar directamente esa información a través de redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación, cuando las entidades y/o personas titulares de dicha información hayan prestado su consentimiento expreso.

1. Las ayudas deben tener efecto incentivador. Esta condición se entenderá cumplida en los siguientes casos:

2. Todas las facturas y compromisos en firme correspondientes a costes del proyecto deberán tener fecha posterior a la de solicitud de la ayuda.

1. Los proyectos que concurran a la convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:

2. En la ejecución de los proyectos subvencionados no se realizarán actuaciones que puedan perjudicar significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 dando cumplimiento a la Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo . Asimismo, las entidades que conforman la agrupación beneficiaria cuidarán especialmente porque no se produzcan en la ejecución del proyecto situaciones de discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

1. Tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos que resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto para el que fueron concedidos y se ejecuten durante el plazo que se establezca en la resolución de concesión de las ayudas; incluyendo: contratación de personal, adquisición de equipamiento científico-tecnológico, material fungible, investigación contractual, servicios de técnicas analíticas, costes derivados del uso de patentes y modelos de utilidad de fuentes externas, costes de promoción, transferencia y difusión de los resultados (incluyendo viaje y alojamientos), costes de consultoría de I+D, costes indirectos (7%) y costes de auditoría para la justificación del proyecto.

2. Los costes subvencionables no podrán superar los precios del mercado. Cada agrupación deberá acreditar, en la fase de liquidación, el procedimiento que hayan utilizado para determinar el precio de mercado cuando se trate de gastos por importe superior a 3.000€.

3. De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo LSCAEX, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario, conforme a lo establecido en los artículos 19.2 d) vii) y 20.1 b) ix), deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien; salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.

4. No se admitirán ni se tendrán en cuenta para el cálculo de la inversión subvencionable a los efectos de la resolución de concesión, la parte de los costes presupuestados en el proyecto que excedan de los importes máximos previstos en este Decreto para cada concepto de coste subvencionable.

5. El importe de la subvención que corresponda a los agentes públicos del SECTI se determinará con relación a los costes marginales definidos en el apartado 18) del ANEXO I de este decreto, pudiendo financiarse en su integridad.

6. El importe de la subvención que corresponda a las empresas se determinará en relación a los costes totales, a la que se refiere el apartado 19) del ANEXO I.

7. Se considerará gasto realizado durante la realización del proyecto el que haya sido facturado y pagado tras la solicitud de la subvención y antes de la finalización del plazo de su ejecución. No obstante lo anterior, el abono de las nóminas del personal correspondientes al último mes podrán pagarse durante el mes siguiente al de finalización del proyecto; los pagos relativos a costes de Seguridad Social del último mes se admitirán siempre que se abonen en período voluntario establecido en las normas de Seguridad Social y los costes del informe de auditoría relativo a la justificación de los gastos imputados al proyecto se admitirán siempre que el abono y en su caso la facturación, se realicen antes de que finalice el período de justificación.

1. Los costes de personal se establecerán por el sistema de reembolso de gastos efectivamente realizados, se calculará por cada entidad integrante de la agrupación de acuerdo con los salarios percibidos por su personal según su convenio colectivo o tabla salarial oficial que le sea de aplicación para la categoría de personal investigador o de personal auxiliar.

2. Solo se financiará como personal investigador aquel que tenga una titulación universitaria de grado medio o superior y como auxiliares de investigación al personal que acredite estar en posesión de una titulación de técnico, técnico especialista o técnico superior en una especialidad de formación profesional acorde con el objeto de proyecto y las actividades a desarrollar en el proyecto. El personal investigador, salvo que estén encuadrados en un régimen de Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia, estarán encuadrados en grupos de cotización 1 o 2 de la Seguridad Social. El personal auxiliar estará encuadrado en un grupo de cotización 3 o 4. La empresa que ostente el liderazgo del proyecto podrá imputar al mismo un gestor del proyecto, que deberá tener titulación universitaria o titulación técnica y podrá ser personal de su plantilla o incorporado como personal de nueva contratación.

3. Las empresas que forman parte de la agrupación podrán imputar anualmente al proyecto el número de horas de personal que se indican a continuación. En el caso de proyectos con duración distinta a un año, esta imputación se hará proporcionalmente a su duración

4. Los agentes públicos del SECTI podrán imputar al proyecto la totalidad de la jornada laboral del personal investigador contratado para la ejecución del proyecto.

1. Costes de instrumental y equipos. Se imputarán en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto. Si no se utilizan exclusivamente para el proyecto, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de I+D. Los bienes de equipo e instrumental que sean inscribibles en un registro público deberán mantenerse en la empresa durante al menos cinco años, mientras que los no inscribibles se mantendrá al menos dos años.

2. Costes de material fungible directamente aplicable al proyecto de I+D e imprescindible para el desarrollo de este y que no sean reutilizables para su comercialización. No será subvencionable:

3. Costes de investigación contractual, conocimientos, modelos de utilidad y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas, así como los costes de consultoría de I+D y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto en condiciones de plena competencia, siempre que no superen el 25% de la inversión subvencionable.

4. Costes de gestión asociados a la realización y justificación del proyecto. Se entienden como tal los derivados de consultoría de I+D para preparación del proyecto y su justificación, que podrán ser externalizados o imputados a personal de la agrupación solicitante, y los de auditoría de las actividades de investigación exigidos en las justificaciones parcial y final. Este coste estará limitado a un total de 20.000 € por proyecto.

5. Costes financieros. Solo podrán imputarse por esta categoría el importe de las comisiones y gastos derivados del aval bancario, préstamo o seguro de caución concertado como instrumento de garantía contratada específicamente para el proyecto subvencionado, conforme a lo indicado en el artículo 3.2 e).

6. Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la actuación pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa. Los costes indirectos serán como máximo del 7% de los costes directos subvencionables del proyecto.

7. No se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), excepto cuando este coste no sea recuperable por las entidades; extremo que deberá ser acreditado fehacientemente por parte de los beneficiarios, tanto en el momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.

8. No serán admisibles y por tanto no serán imputables al proyecto: los gastos facturados por una empresa asociada o vinculada a las beneficiarias de la ayuda.

1. La ayuda tendrá la forma de subvención tanto para las empresas como para los agentes públicos del SECTI de la Comunidad Autónoma. Su importe, que tendrá como destinataria a la agrupación solicitante, se determinará en conjunto sobre la totalidad del proyecto, sin perjuicio de que en la resolución de concesión se indique, de forma desagregada, la parte de subvención que corresponda a cada una de las entidades que conforman la agrupación beneficiaria y los conceptos sobre los que se ha calculado.

2. La determinación de la cuantía de la subvención se calcula aplicando a la inversión subvencionable el porcentaje de intensidad de ayuda que corresponda según la naturaleza de cada entidad que forma parte de la agrupación beneficiaria. El importe así obtenido, será redondeado a la unidad de euro más próxima a los efectos de calcular la cuantía final de la subvención.

3. La inversión subvencionable para calcular el porcentaje de subvención correspondiente a los Agentes públicos del SECTI se determinará por el sistema de costes marginales. Por lo tanto, se tendrán en cuenta todos los costes que se originen exclusiva y directamente por el desarrollo de las actividades correspondientes a la ejecución del proyecto incluyendo: a) los costes de personal contratado para la ejecución del proyecto, b) los de amortización correspondiente al periodo de utilización en el proyecto del inmovilizado material adquirido con fondos propios y c) los costes de adquisición de fungibles y de material inventariable. No se incluirán en la inversión subvencionable, sin perjuicio de su consideración como costes justificados en el proyecto: a) los costes del personal propio que ya tenían en plantilla estas entidades antes de la solicitud de la ayuda y b) los de amortización del inmovilizado material adquirido con fondos públicos. En cuanto a la intensidad de ayuda, se aplicará el 100% de intensidad.

4. La inversión subvencionable para calcular el importe de subvención correspondiente a las empresas y entidades privadas se determinará por el sistema de costes totales. Por lo tanto, se tendrán en cuenta todos aquellos costes que se originen exclusiva y directamente por el desarrollo de las actividades correspondientes a la realización de las actuaciones solicitadas incluyendo: a) los costes de adquisición de material inventariable, b) la parte proporcional de los costes de personal tanto el propio de plantilla como el de nueva contratación c) los de amortización del inmovilizado material y otros gastos, siempre que estén claramente asignados al desarrollo de la actuación. En cuanto a la intensidad de ayuda, se aplicarán los siguientes porcentajes en función de la naturaleza del proyecto, predominantemente investigación industrial o predominantemente desarrollo experimental y la categoría de cada una de las empresas que forman parte de la agrupación:

5. El abono de la subvención se realizará mediante dos pagos. La parte de subvención correspondiente a empresas le será abonada a la empresa líder de la agrupación, que a su vez deberá distribuir entre las empresas participantes y en el plazo de cinco días desde la recepción del abono de la subvención la parte que corresponda a cada una de ellas. En cuanto a la parte de subvención que corresponda a los agentes públicos del SECTI, cada uno recibirá directamente el importe que le corresponda en función de su participación y compromisos adquiridos.

6. Los pagos de la subvención se realizarán, salvo que concurra el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 18.3 en cuyo caso se estará a lo dispuesto en mismo, en la cuantía y período siguientes:

7. Los agentes públicos del SECTI no deberán presentar garantías por los importes anticipados de la ayuda que reciban.

1. Las ayudas reguladas en este decreto se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica.

2. Los procedimientos de concesión de las ayudas previstas en este decreto se iniciarán mediante resolución de convocatoria dictada por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de ciencia, y será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) junto al extracto previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, indicando los créditos disponibles.

1. La solicitud de la ayuda, de acuerdo con el modelo que se ponga a disposición de las agrupaciones interesadas, se presentará por la empresa que lidere la agrupación junto con la documentación que se indica a continuación:

2. La presentación de los documentos que preceptivamente deben constar en el procedimiento se acomodará a las exigencias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, podrán recabarse de oficio además de los documentos indicados en el apartado g) de este artículo, los que se relacionan en los apartados b) (solo los Títulos), i) (solo cuando estén inscritas en un Registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura), cuando no exista oposición manifestada por quien sea titular de los datos.

3. Cuando alguno de los documentos exigidos por la norma estuvieran ya en poder de cualquier órgano de esta Administración por haber sido aportados en otro procedimiento y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el punto 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, instando al órgano gestor a que requiera dichos documentos a través de sus redes corporativas o consulta a plataformas de intermediación de datos, siempre que se haga constar la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados.

Si la Administración Pública no pudiera recabar electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, requerirá a la interesada la presentación de los documentos referidos en el apartado 1 de este artículo, a los que no haya podido acceder.

4. Con el objeto de garantizar la igualdad de todas las propuestas presentadas a la convocatoria, el contenido de la memoria técnica del proyecto, el presupuesto y los datos aportados en el formulario de solicitud no podrán ser modificados o mejorados en un momento posterior al plazo de finalización de la solicitud, salvo cuando así fuera requerido para ello por el órgano gestor.

5. Toda la información de la ayuda estará disponible en el en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites de la Junta de Extremadura https://www.juntaex.es dentro del correspondiente trámite.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que comenzará a computarse a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura,

3. A los efectos de intervención electrónica en los procedimientos administrativos, los interesados deberán disponer, para la autenticación y para la firma electrónica, de DNI electrónico o de certificado electrónico en vigor. Si no dispone de ellos, las direcciones electrónicas donde podrían obtenerlos:

1. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos o no se acompañen los documentos exigidos, se requerirá a la agrupación interesada, a través de la empresa que la lidera, para que en el plazo máximo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en virtud de lo establecido en el artículo 21 del mismo texto legal.

2. Igualmente, se requerirá a las agrupaciones interesadas que no presenten la solicitud a través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura para que subsanen el error mediante su presentación de forma electrónica. La solicitud se considerará válidamente presentada en la fecha en que haya sido realizada la subsanación.

3. Todas las comunicaciones que se realicen con las agrupaciones interesadas a lo largo del procedimiento se tramitarán por procedimientos electrónicos, mediante su comparecencia en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio del órgano directivo con competencia en materia de ayudas a la investigación científica empresarial, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Durante el trámite de audiencia posterior a la evaluación científica y económica de los proyectos y a la vista del resultado del informe emitido por los expertos externos, no se admitirán alegaciones que pretendan modificar los proyectos con el objeto de: subsanar defectos, ampliar o mejorar su contenido o presentar documentos que debieron ser apartados con anterioridad.

1. Para la evaluación de las solicitudes y la selección de los beneficiarios de las ayudas se constituirá una Comisión de Valoración cuyo informe tendrá carácter vinculante para la propuesta de resolución. Se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El nombramiento de sus miembros se realizará en cada convocatoria.

2. La Comisión de Valoración, a la vista de los informes emitidos por los expertos sobre la valoración de los criterios del artículo 16; será la encargada de evaluar los proyectos estableciendo la prelación entre las solicitudes. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes considere necesarios para la correcta valoración de las memorias científicas del proyecto. Su composición se determinará en cada convocatoria.

3. Esta Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes miembros:

4. En el acta que elabore la Comisión de Valoración deberá recogerse la declaración o manifestación efectuada por parte de todos los miembros de la misma, en el sentido de que no concurre ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DOUE 30/07/2018).

1. La valoración total del proyecto se hará en base a una puntuación máxima de 100 puntos. La valoración se realizará por expertos de organismos públicos o privados de investigación, Agencia Estatal de Investigación (AEI), o cualquier otra entidad de naturaleza público o privada que dispongan de las capacitaciones profesionales necesarias para realizar la tarea de evaluación de los proyectos.

2. Cuando la evaluación sea realizada por entidades públicas distintas de la Agencia Estatal de Investigación, podrán participar como entidades colaboradoras mediante la suscripción de convenios en los que se regulen las obligaciones de la entidad y en su caso la compensación económica que pudiera proceder.

3. Los criterios de evaluación de las solicitudes y los umbrales establecidos, en su caso, son los siguientes:

4. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación de la propuesta.

1. De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, será competente para la concesión de las subvenciones reguladas en este decreto la persona titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de ciencia, o la persona titular del órgano directivo en el que se delegue el ejercicio de dicha competencia. La propuesta de resolución, que no podrá apartarse el informe vinculante de la Comisión de Valoración, será emitida por la persona titular del órgano instructor.

2. La resolución que se dicte en el procedimiento se notificará por medios electrónicos a la empresa que lidera la agrupación mediante comparecencia en la sede electrónica de la Junta de Extremadura del representante legal de la empresa líder de la agrupación o de quien tenga atribuida su representación electrónica, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También se remitirá, por ese mismo medio, copia de la resolución al resto de entidades que forman la agrupación beneficiaria.

3. En aquellas solicitudes en las que cumpliéndose con las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiaria no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, se dictará resolución denegatoria en la que se hará constar que pasarán a formar parte de la relación de suplentes indicándose la puntuación obtenida y lugar que ocupa en dicha relación.

4. Si alguna agrupación renunciara a la subvención, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de una nueva subvención siguiendo el orden establecido en la relación de suplentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; siempre y cuando dicha renuncia se produzca en el mismo año en el que se concedió y se haya liberado crédito suficiente para atender por su orden, al menos, una de las solicitudes suplentes. La resolución por la que se conceda la subvención al solicitante suplente se notificará de forma individual a la beneficiaria de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ésta deberá presentar la documentación que no hubiera aportado anteriormente por no tener la condición de beneficiaria.

5. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es). Si transcurrido el plazo máximo el órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, las interesadas estarán legitimados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

1. Los proyectos tendrán una duración máxima de 24 meses, pudiendo llegar hasta 30 meses si se solicita prórroga antes de su finalización y sin que la prórroga que se conceda pueda ser superior a la mitad del plazo concedido inicialmente para la ejecución del proyecto. La duración máxima de 24 meses podrá reducirse, de forma excepcional y por causa justificada, en la convocatoria.

2. La ejecución de los proyectos se ajustará a las condiciones, prescripciones y plazos que se establezcan en la resolución de concesión.

3. El plazo para la ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión y coincidirá, siempre que sea posible, con el que se haya previsto en la memoria. Se considerará iniciada la ejecución desde la fecha en que se realice el primer gasto que se impute al proyecto. La ejecución de los proyectos deberá iniciarse como máximo en los dos meses siguientes al de la notificación de la resolución de concesión salvo que ya estuviera iniciado con anterioridad o cuando se acuerde la suspensión de su inicio.

4. Podrán admitirse cambios sobre el proyecto inicialmente aprobado en la resolución individual de concesión cuando se justifique su necesidad o conveniencia para su ejecución y siempre que con ello no contravenga alguna disposición de este decreto, no entren en contradicción con los objetivos y contenidos planteados en el proyecto inicialmente aprobado, no perjudiquen a terceros interesados, ni supongan pérdida de la puntuación obtenida en el proceso de concurrencia hasta el extremo de situarse por debajo del último proyecto seleccionado cuando el crédito aprobado con la convocatoria no haya sido suficiente para atender a todas las solicitudes que hayan concurrido.

5. Las modificaciones que consistan en permutas de proveedores para un producto, equipo o servicio de carácter idéntico o similar y las que consistan en permutas entre el personal investigador o auxiliar cuando los perfiles profesionales se consideren aptos para realizar las tareas que tienen encomendadas en el proyecto podrán ser comunicadas cuando se produzcan o bien junto con la documentación correspondiente a la liquidación parcial o final del expediente. Estas modificaciones se entenderán admitidas por el centro gestor sin necesidad de que se emita acuerdo expreso, salvo cuando proceda su denegación por considerar que no existe identidad entre los perfiles que se sustituyen o adecuación entre el perfil del nuevo personal y las tareas del personal a quien se pretende sustituir.

6. Una vez concedida la subvención e iniciada la ejecución del proyecto no afectará a la concesión el hecho de que alguna de las entidades que conforman la agrupación beneficiaria puedan sufrir variación en su denominación social, en cuanto a su personalidad jurídica o como consecuencia de operaciones de fusión por absorción, escisión o transmisión de rama de actividad. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad no sea una empresa integrante de la agrupación, será necesario que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición para ser beneficiaria de la subvención. La nueva empresa tendrá que subrogarse mediante escritura pública en los derechos y obligaciones que correspondían a la anterior empresa en la agrupación beneficiaria. En idénticas condiciones se mantendrá la agrupación si se produjera la modificación de la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades Agentes del Sector Público.

7. Los cambios que sean admitidos sobre el proyecto que se aprobó en la resolución de concesión no conllevarán, en ningún caso, el derecho de la agrupación a percibir un importe de subvención superior al que se concedió inicialmente.

1. Durante la realización del proyecto, la agrupación beneficiaria deberá presentar una justificación parcial sobre su ejecución.

2. La documentación exigida para cumplir el trámite de justificación parcial, dirigida a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, deberá presentarse, de forma telemática, a través del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de Extremadura https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf, así como a través de cualquiera de los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las condiciones, documentación y forma de realizar esta justificación se establecen a continuación:

1. Una vez finalizado el proyecto, la agrupación beneficiaria deberá presentar, a través de cualquiera de los medios a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, la solicitud de liquidación acompañada de la documentación necesaria para realizar su justificación final. Las condiciones, documentación y forma de realizar este trámite, se establecen a continuación:

2. Toda la documentación original justificativa de los gastos realizados deberá indicar el porcentaje de imputación del gasto al proyecto subvencionado y la financiación mediante Fondos FEDER.

3. Todo gasto imputado al proyecto se abonará necesariamente a través de entidad financiera.

4. La inversión que debe realizar y justificar cada entidad de la agrupación beneficiaria para que se considere que ha cumplido con las obligaciones de la ayuda será la que se haya indicado en la resolución de concesión o en la resolución que en su caso la modifique, aunque dicha inversión sea superior a la inversión subvencionable que se haya tenido en consideración para calcular la subvención.

5. En los supuestos en los que el órgano gestor de la ayuda no pueda valorar el resultado del proyecto debido a su especial complejidad técnica, podrá solicitar informe a expertos en la materia con el objeto de determinar si se ha ejecutado conforme a lo planteado inicialmente y aprobado en la resolución de concesión de la ayuda.

1. Son obligaciones del beneficiario:

2. La rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas u órgano de control externo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención.

1. La agrupación beneficiaria tendrá asimismo las siguientes obligaciones en relación con la financiación del Fondo FEDER:

2. Siempre que sea posible, los resultados de la investigación de las actuaciones financiadas incluyendo tanto los resultados difundidos a través de publicaciones científicas como los datos generados en la investigación, deberán estar disponibles en acceso abierto, con las excepciones siguientes:

3. De acuerdo con lo establecido en el ANEXO I de este decreto sobre agentes públicos del SECTI, cuando estas entidades lleven a cabo actividades económicas y no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de sus actividades deberán contabilizarse por separado.

1. La agrupación beneficiaria deberá responder de las obligaciones de reintegro o de las sanciones que se puedan imponer como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos en los términos establecidos en los artículos 46.1 y 74.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2. Las empresas y entidades agentes del SECTI que conforman la agrupación, responderán solidariamente de las obligaciones derivadas de incumplimientos, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

1. Tendrán la consideración de incumplimiento total y por tanto serán causa de revocación y reintegro las siguientes:

2. Salvo que su concurrencia afecte a la finalidad y destino de la ayuda concedida, tendrán la consideración de incumplimiento parcial con la consecuencia que a continuación se indican, los siguientes:

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 176, de 25/07/2006), no obstante el incumplimiento por parte de las agrupaciones beneficiarias en cuanto a solicitar autorización para efectuar determinados cambios en el proyecto conforme a lo establecido en el artículo 18, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada con modificaciones no autorizadas previamente siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder por este incumplimiento, de acuerdo con la 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Procederá la incoación de un procedimiento de revocación de la ayuda y en su caso el reintegro de la parte de subvención que haya percibido la agrupación beneficiara cuando concurran las causas de incumplimiento que se indican en el artículo anterior. El procedimiento de reintegro, cuando proceda, se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El reintegro parcial o total de las cantidades percibidas provocará la exigencia del interés de demora correspondiente, que será exigible desde el momento de pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente de las mismas, garantizándose en su tramitación el derecho de la interesada a la audiencia previa.

4. Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración, el órgano concedente de la ayuda calculará y exigirá posteriormente el interés de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, sin el incremento del 25% de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

5. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

1. Toda subcontratación que se realice en el proyecto deberá formalizarse mediante contrato celebrado por escrito y estará sujeta a lo establecido en el artículo 33 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, LSCAEX, además del resto de requisitos contenidos en este artículo. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en caso de que en ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.

2. Los beneficiarios podrán subcontratar parte de la ejecución del proyecto. Esta subcontratación no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del importe de la inversión subvencionable.

3. Para asegurar que la subcontratación se realiza con transparencia y a precios de mercado, para las subcontrataciones que el beneficiario realice con entidades vinculadas, independientemente del importe del servicio, así como para las que supongan un importe superior al establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, se deberán adjuntar, al menos, las tres ofertas de diferentes proveedores solicitadas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, según lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, LSCAEX.

4. En los casos recogidos en el artículo 33.3 y el 33.7.d) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el beneficiario deberá remitir al órgano instructor una solicitud de autorización previa de la subcontratación con anterioridad a la firma del contrato y a la ejecución de los trabajos. A estos efectos, se entiende por importe de la subvención, la suma de la subvención concedida.

5. La solicitud de autorización podrá ser remitida desde el momento de la notificación de la resolución de concesión y con carácter previo al inicio previsto para la actividad a subcontratar.

6. La solicitud de autorización necesariamente deberá incluir la documentación referida en el apartado 3 anterior, así como el borrador del contrato. A los efectos de la autorización, en la convocatoria se podrá requerir documentación adicional.

7. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

8. El órgano competente para la concesión de estas ayudas, será competente asimismo para autorizar, en su caso, la subcontratación solicitada.

9. Los subcontratistas no podrán subcontratar ninguno de los trabajos que hayan sido contratados.

10. Los subcontratistas deberán reunir los mismos criterios de solvencia técnica requeridos a los beneficiarios.

11. Asimismo, los beneficiarios preverán mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH).

12. En el caso de subcontratación se establecen las siguientes obligaciones en relación con la identificación de contratistas o subcontratistas, de acuerdo con el artículo 8.2 de la Orden HFP 1030/2021:

1. Las ayudas destinadas a las empresas que conforman la agrupación beneficiaria tendrán la consideración de Ayudas de Estado y por lo tanto se concederán con sujeción plena a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) Núm. 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), no se aplicará lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por lo tanto, no tendrán la consideración de ayudas de Estado las ayudas previstas en este decreto que se otorguen a los agentes públicos del SECTI según la definición del apartado 1) del ANEXO I cuando no realicen actividades económicas. Los agentes públicos del SECTI que, además de actividades no económicas, realicen también actividades económicas, deberán consignar por separado la financiación, los costes y los ingresos respectivos.

Cuando el agente público del SECTI realice casi exclusivamente actividades no económicas, podrán quedar excluidos en su totalidad del ámbito de aplicación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siempre que sus actividades económicas sean puramente accesorias; es decir, que correspondan a una actividad que esté relacionada directamente con su funcionamiento o sea necesaria para el funcionamiento del organismo de investigación o esté estrechamente vinculada a su principal uso no económico, y tenga un alcance limitado.

Se considerará que esto se produce cuando las actividades económicas consumen exactamente los mismos insumos (como material, equipamiento, mano de obra y capital fijo) que las actividades no económicas y la capacidad asignada cada año a dichas actividades económicas no supera el 20 % de la capacidad anual total de la entidad de que se trate.

En aplicación de lo anterior, la parte de subvención que reciban las entidades agentes públicos del SECTI no tendrán la consideración de ayudas de Estado.

3. En la concesión y gestión de estas ayudas será de aplicación lo dispuesto en Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados; y asimismo el Reglamento (UE) 2021/1058 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

1. Las resoluciones de concesión se realizarán previa tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto.

2. La financiación de las líneas de las ayudas que se regulan en el presente decreto se realizará, siempre que ello sea posible, con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura correspondiente al periodo de programación (2021-2027), dentro del Objetivo Político 1: Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones , Objetivo Específico: Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional. El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEDER es de un 85%.

3. En las convocatorias que puedan aprobarse en relación con estas ayudas, se determinará la cuantía convocada, con imputación al código de proyecto de gasto 20220016 Proyectos de I+D+I en colaboración en sectores estratégicos . Dicha cuantía podrá aumentarse hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial o hasta la cuantía que corresponda, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de estas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria de conformidad con el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Tanto la convocatoria como su extracto serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura en la dirección web http://doe.juntaex.es. La Base de Datos Nacional de Subvenciones dará traslado al DOE del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La convocatoria y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/index) en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Asimismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de este Decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura. Dicho portal se encuentra a disposición de los interesados en la sede corporativa: http://gobiernoabierto.juntaex.es/

4. Los beneficiarios que acepten la ayuda, aceptan figurar en una lista pública conforme dispone el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021. Igualmente están obligados a difundir el papel financiador del FEDER y de la Junta de Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en el Anexo IX del Reglamento UE Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

La obtención de estas ayudas será incompatible con cualquiera otra ayuda pública otorgada para el mismo fin y con cualquier otra que, a pesar de tener distinta finalidad, subvencione los mismos gastos sufragados con cargo a este decreto. No obstante ello, no afectará a la compatibilidad el hecho de que los agentes públicos del SECTI, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 6.5, declaren gastos que hayan sido financiados con fondos públicos a los solos efectos del cumplimiento de la obligación de justificar el importe de inversión que se haya establecido en la resolución de concesión.

1. Objeto.

2. Ámbito material de los proyectos que concurran a la convocatoria.

3. Beneficiarios.

4. Características de los proyectos.

5. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

6. Plazo de presentación de solicitudes.

7. Forma de presentación de solicitud y el resto de documentos exigidos.

8. Documentación.

9. Ordenación e instrucción del procedimiento. Órgano competente para la resolución.

10. Composición de la Comisión de Valoración.

11. Criterios de valoración.

12. Justificación.

13. Financiación.

14. Medio de notificación de las resoluciones y otras actuaciones que se realicen en el procedimiento.

15. Eficacia y recursos.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería que en cada momento ejerza las competencias sobre la materia de ciencia, para dictar resoluciones o adoptar las medidas que resulten necesarias para la ejecución de lo previsto en este decreto.

En todo aquello no regulado expresamente por este Decreto será de aplicación la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de cada ejercicio, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones legales estatales con carácter supletorio y las disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se dicten con posterioridad.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 7 de diciembre de 2022.

A efecto de este decreto se entenderá por:

1) Agente público del SECTI. Las entidades, instituciones y organismos públicos de Extremadura, de acuerdo con el artículo 23 de Ley 10/2010, de 16 de noviembre, con personalidad jurídica y legalmente constituidas, que tengan capacidad para desarrollar investigación y desarrollos tecnológicos, con personal investigador y equipamiento científico propio que intervengan en la generación de conocimiento, promoción, desarrollo y/o aprovechamiento de las actividades de I+D+i.

2) Las condiciones que deben cumplir los agentes públicos del SECTI son las siguientes:

3) Se definen como actividades económicas a aquellas actividades que consisten en la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado.

4) Actividades no económicas de los organismos de investigación o centros de investigación. Se considera que las siguientes actividades suelen ser de naturaleza no económica:

5) Empresas y centros tecnológicos privados.

6) Pequeñas y medianas empresas (Pyme). La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR.

7) Pequeña empresa. En la categoría de las Pyme, se define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones EUR.

8) Microempresa. En la categoría de las Pyme, se define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.

9) Gran empresa. Es aquella no contemplada en la definición de Pyme.

10) Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los importes financieros.

11) Investigación industrial: la investigación planificada o estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto cuando sea necesario para la investigación industrial , en particular, para la validación de tecnología genérica.

12) Desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios.

13) Nivel de Madurez Tecnológica (Technology Readiness Level-TRL): niveles internacionalmente usados en el sector industrial para delimitar el grado de madurez de una tecnología. Los niveles TRL 2, 3 y 4 se corresponden con la investigación industrial, mientras los niveles TRL 5, 6, 7 con el desarrollo experimental. Se establece la siguiente clasificación:

14) Estudio de viabilidad: evaluación y análisis del potencial de un proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y débiles, sus oportunidades y amenazas, así como determinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo y en última instancia sus perspectivas de éxito.

15) Inversión proyectada: inversión planificada presupuestada en el proyecto por la agrupación solicitante.

16) Inversión subvencionable: la parte de inversión proyectada que se corresponde con los costes subvencionables.

17) Inversión a justificar: Coste del proyecto recogido en la resolución de concesión y que determina el cumplimiento total de la obligación de gasto que asume la entidad beneficiaria con la concesión de la ayuda.

18) Costes marginales. Aquellos costes que se originen exclusiva y directamente por el desarrollo de las actividades correspondientes a la realización de las actuaciones solicitadas incluyendo los costes de adquisición de material inventariable, con excepción de los costes del personal propio y de los de amortización del inmovilizado material adquirido con fondos públicos.

19) Costes totales. Aquellos costes que, además de los anteriores, incluyan la parte proporcional de los costes de personal propio y de los de amortización del inmovilizado material y otros gastos; siempre que estén claramente asignados al desarrollo de la actuación.

20) Personal Investigador: Personal con titulación universitaria adecuada a los trabajos de I+D a realizar en el proyecto. A estos efectos se considera personal investigador cuando cumplan el requisito de titulación a los siguientes colectivos:

21) Personal investigador de nueva contratación: Personal que se haya incorporado a la empresa con posterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.

22) Contratación de personal investigador destinado al proyecto: Se considera que la contratación de personal descrito en el apartado anterior está destinada al proyecto cuando dedica al mismo más de 2/3 de su jornada laboral.

23) Personal auxiliar: personal de la empresa o del centro de investigación que acrediten estar en posesión de una titulación de técnico, técnico especialista o técnico superior en una especialidad de formación profesional acorde con el objeto de proyecto y las actividades a desarrollar en el mismo y que no desempeñe puestos de directivo o administración en las empresas.

24). Colaboración efectiva. Existirá colaboración efectiva cuando participen en la agrupación más de una empresa y al menos una tenga la condición de Pyme. También existirá cuando, con independencia del número de empresas, la entidad Agente Público del SECTI asuma como mínimo el 10% de los costes subvencionables de la agrupación y tenga derecho a publicar los resultados de su propia investigación.

25) Empresa en crisis. Una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

26) Coste/hora financiable para el personal de empresas privadas. Se determinará para cada trabajador que impute horas de trabajo al proyecto, con el límite máximo de 40 €/hora, dividendo el importe de las retribuciones salariales establecidas en el convenio colectivo o tabla de revisión salarial y las cuotas sociales a cargo de la empresa, entre el número de horas/año que conformen su jornada laboral ordinaria en la empresa, según el convenio colectivo que le sea de aplicación.

27) Coste /hora financiable para el personal de las entidades Agentes públicos del SECTI. Se determinará para cada personal investigador que impute horas al proyecto, con el límite máximo de 40 €/hora, dividendo el importe de las percepciones salariales en cómputo anual establecidas en el convenio colectivo, o en su caso previstas en el contrato de trabajo, de aplicación para un puesto de grupo A subgrupos A1 o A2 o equivalente y las cuotas sociales a cargo de la entidad también en cómputo anual, entre el número de horas/año que conformen su jornada ordinaria en la entidad según el convenio colectivo.

28) A efectos de la subcontratación prevista en el artículo 26 del decreto, el concepto de vinculación se regula según lo establecido en las siguientes normativas:

29) Innovación en materia de procesos. La aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos); no se incluyen los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados;

30) Innovación en materia de productos. Introducción en el mercado de un bien o un servicio nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus capacidades, facilidad de uso, componentes o sistemas.

Condiciones específicas en materia de medio ambiente.

1. En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, los beneficiarios no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Por tanto, los proyectos que se subvencionen tendrán contribuir sustancialmente, o no causar ningún perjuicio significativo a uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 de dicho Reglamento.

2. El representante de cada una de las entidades que conforman la agrupación y asimismo el representante legal de las empresas o entidades que pudieran participar como subcontratistas de alguna parte del proyecto, deberán suscribir una declaración responsable relativa a su obligación de no causar daño significativo al medio ambiente, con el siguiente contenido:

D/D.ª ___________________________________________________________, con DNI/NIE n.º _________________ en representación en calidad de _____________, de la empresa/ entidad Agente Público del SECTI,____________________________ con NIF n.º _________, y domicilio fiscal en ___________________________________ que participa como entidad beneficiaria de la agrupación/ subcontratista en la ejecución del proyecto de I+D cuyo título es: ______________________________________________________________________________,

DECLARA, respecto del principio DNSH y los seis objetivos medioambientales, según lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, que las actuaciones que se van a realizar para la ejecución del proyecto de I+D citado,

Medidas a implementar:

Medidas a implementar:

Medidas a implementar:

Medidas a implementar:

Medidas a implementar:

Medidas a implementar:

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