Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 17 de mayo de 2023, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Universidad de Extremadura para un estudio del impacto económico de la agricultura eficiente en las zonas rurales como medida eficaz ante el reto demográfico, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 30 de mayo de 2023.

REF: 2335999FR002

Mérida, 17 de mayo de 2023.

De una parte, María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería, Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, cargo que ostenta en virtud de nombramiento realizado por el Decreto 71/2019, de 16 de julio, (DOE n.º 137 de 17 de julio de 2019), actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se delegan determinadas competencias, así como la firma de resoluciones y actos, en la Secretaría General de esta Consejería (DOE núm. 144, de 26 de julio).

De otra parte, Pedro María Fernández Salguero, Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, en representación de la misma, nombrado por el Decreto 166/2022, de 30 de diciembre, (DOE n.º 9, de 13/01/2023), en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 93.h) del Decreto 65/2003 de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura, modificado por Decreto 190/2010, de 1 de octubre, y previa aprobación del Convenio, por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión del 21 de marzo de 2023.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal para establecer el presente convenio de colaboración, y a tales efectos,

En concreto, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, a través de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, conforme a lo estipulado en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Adminis­tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 164/2019, de 29 de octubre, tiene entre otras funciones, las relativas al diseño, elaboración y coordinación de proyectos y Programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comu­nitarias en materias de desarrollo rural, como es el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Sus Estatutos establecen entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo social, eco­nómico y cultural, y el mejor conocimiento en todos sus aspectos de la Comunidad Autónoma de Extremadura; así como el establecimiento de relaciones y convenios de colaboración con todo tipo de entidades públicas y privadas. En este marco, ambas partes consideran necesa­rio, por su relevancia y especificidades, la realización de un estudio que analice el impacto económico de la agricultura eficiente en las zonas rurales como medida eficaz ante el reto demográfico.

Ante este fenómeno demográfico y territorial que viene desarrollándose en la región, de forma compartida con el resto de España y de los países más desarrollados, la Junta de Extremadura ha asumido el compromiso responsable de incluir en su agenda pública la variable demográfica y territorial, a través de iniciativas transversales que, con la ineludible colaboración de otras administraciones e instituciones, revierta dicho cambio demográfico y territorial con sus consecuencias económicas y sociales.

Como punto de partida de esa acción de gobierno en mayo de 2018 se elaboró el Informe de Posición ante el desafío demográfico y territorial, que pretende ser una herramienta de tra­bajo para impulsar la reflexión y el debate entre instituciones y agentes sociales y, por tanto, está abierto a nuevos desarrollos, al tiempo que ofrece una exposición de los principales ejes de actuación, con los que la Junta de Extremadura pretende dar respuesta a este fenómeno demográfico y territorial.

En este sentido la Ley 3/2022, de 17 de marzo, (DOE, n.º 55,21 de marzo de 2022), de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, persigue como objetivos estratégicos entre otros, el frenar los procesos de despoblación del medio rural, así como el establecimiento de condiciones que puedan favorecer el retorno de quienes quieren regresar a la región, y el refuerzo de la conexión con el talento de aquellas personas que desean colaborar con el desarrollo de Extremadura desde el exterior de la misma.

A su vez, dicha ley, también fomenta la agricultura, la ganadería y la silvicultura como ejes vertebrales del mundo rural sin perjuicio de ampliar la base económica del medio rural con la diversificación productiva de las agroindustrias y de la artesanía alimentaria para desarrollar políticas transformadoras.

La agricultura, sector primario en el contexto de la economía, es el motor que incide en el resto de los sectores económicos, consumidora de bienes y servicios para desarrollar su propia actividad y obtener sus productos, que bien manipulados o después de sufrir alguna transformación en la industria agroalimentaria se sitúan en los mercados para el consumo en alimentación. Es consumidora de productos elaborados en el sector industrial y suministradora de producciones que a través de la industria agroalimentaria intervienen en el sector comercio para abastecer las necesidades alimenticias de las poblaciones.

La actividad agraria es indispensable para el sostenimiento de los pueblos, la cual debe producir a un nivel de precios asumibles por todas las capas sociales de la población al ser una actividad suministradora de los productos de primera necesidad, por lo que su incidencia es de vital importancia desde una perspectiva social y económica. En la cuenta contable de las economías de los distintos países el sector agrario es algo que no puede obviarse, debiendo incidir según el nivel de industrialización del mismo, de un 3% a un 6% en aquellos países más desarrollados, y porcentajes más superiores en los menos.

En el ámbito mundial los gobiernos de los países industrializados están preocupados por mantener un sector poblacional agrario que mantenga un equilibrio en la producción de bienes de primera necesidad a un precio asumible por las capas sociales menos favorecidas económicamente, fomentando a la vez que el nivel de renta de los agricultores se vaya aproximando lo más posible a los sectores industria, comercio, servicios, etc.

Extremadura es la región española donde mayor importancia tiene el sector agrario, La superficie de riego en Extremadura se sitúa en 290.586 hectáreas, 176.139 de ellas incorporan el riego localizado, suponiendo el 60,6% del total, 7 puntos más que la media estatal, que se sitúa en el 53%. Estos datos aparecen recogidos en la publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la encuesta sobre superficie y rendimiento de cultivo en el 2021.

El resto de agricultura de regadío en la región extremeña se completa con 74.614 hectáreas regadas por gravedad, 23.366 por aspersión y 16.467 por riego automotriz. Con relación a 2020, el riego localizado se ha incrementado en 13.753 hectáreas en la geografía extremeña, lo que supone un incremento del 3%. Mientras en el mismo periodo el riego por gravedad se ha reducido en la región un 9%, alcanzando el 25%.

Estos datos son fruto del esfuerzo por la modernización realizado por la Administración, comunidades de regantes y profesionales del sector agrario, que realizan importantes inversiones en seguir profundizando en la modernización de infraestructuras y explotaciones. La eficiencia en el uso del agua y la eficiencia de energía constituyen las piedras angulares de la política de regadío de la Junta de Extremadura que, a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, redobla esfuerzos en optimizar recursos de forma sostenible.

El término eficiencia en el uso de agua (o productividad hídrica) se refiere a la relación entre el rendimiento de un cultivo y el consumo total de agua. La gestión sostenible de los suelos y el agua es una prioridad estratégica para Europa, así como un factor esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La política de desarrollo rural tiene que desempeñar un papel importante para hacer que la eficiencia en el uso de los recursos sea una realidad a través de los programas de desarrollo rural (PDR).

Utilizando información de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), y concretamente, la rama de actividad Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en la economía de Extremadura y en España. Y de modo específico, recurriendo al Valor Añadido Bruto a precios básicos (VABpb) sectorial y, para el conjunto de la economía, empleando el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm), en ambos casos en términos nominales (a precios corrientes). Extremadura en términos de % VABpb sobre el PIB se sitúa en niveles próximos al 9,5%, (en línea con Castilla la Mancha), estando para el caso de España los valores medios situados en cifras próximas al 3,2%.

En cambio, a la hora de disponer de una medida de la importancia del sector agrario en Extremadura, se utilizan las cifras de empleo (en número de personas) para dar cuenta de la importancia relativa del sector en términos de estructura ocupacional. Suponiendo para el caso regional cifras próximas al 12%, muy superior a las medias nacionales que se encuentran próximas al 4%.

Desde el punto de vista social, el mantenimiento y aumento de zonas de regadíos en Extremadura repercute indiscutiblemente en la creación y mantenimiento de empleos, y como instrumento eficaz para conseguir fijación de población al medio rural. La producción de las zonas de regadíos es el pilar principal de muchas economías rurales, garantiza la sostenibilidad, empleo y desarrollo económico, al mismo tiempo que es crítica para la generación de actividad en el sector agroindustrial, el principal motor del sector exterior y las exportaciones en el caso de la economía regional.

Las dinámicas socioeconómicas en las áreas rurales (despoblamiento, envejecimiento de la población y falta de relevo generacional, entre otros aspectos) se encuentran en la actualidad en una situación delicada. Ante esta situación, el sistema agroalimentario debe trabajar en el incremento de la competitividad, en la diversidad productiva y en los cambios del modelo productivo para adaptarse a la realidad del siglo XXI y poder así hacer frente a los problemas a los que se enfrenta el territorio en el seno del reto demográfico.

Un gran número de jóvenes se pueden acercar a esta agricultura, al ser producciones sostenibles, sobre todo si mejoran las perspectivas comerciales, representando una alternativa a las habituales y consiguiendo la fijación de la población dedicada a la acti­vidad agraria en el medio rural.

En este contexto, la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, en el artículo 22, gestión sostenible del regadío, dice tal que así: la Junta de Extremadura fomentará la implantación del regadío como motor para el desarrollo económico de las zonas rurales, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad hídrica de la zona, y ejemplo de agricultura productiva, sostenible, generadora de empleo y de valor añadido, que mejora su eficiencia y responde a una planificación sostenible desde el punto de vista social, territorial y ambiental, y de fijación y vertebración de la población en el territorio, haciendo partícipes de esos objetivos a las comunidades de regantes como instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos .

Es por ello que se considera imprescindible disponer de un estudio que analice el impacto económico de la agricultura eficiente en las zonas rurales como medida eficaz ante el reto demográfico.

Por todo ello, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utiliza­ción conjunta de medios y servicios, así como la colaboración interadministrativa, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguien­tes:

El objetivo del presente convenio es fijar el ámbito de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Universidad de Extremadura para el estudio de impacto económico de la agricultura eficiente en las zonas rurales como medida eficaz ante el reto demográfico.

Serán objeto de estudio diferentes variables para el conocimiento del estudio del impacto económico:

1. Definición del ámbito de estudio: agricultura eficiente y población.

2. Estudio del impacto directo socio-económico de la agricultura eficiente en Extremadura.

3. Estudio de impactos indirectos e inducidos.

4. Situación de población según zonas agrarias y tendencias futuras.

5. Contribución de la agricultura eficiente al reto demográfico.

La Universidad de Extremadura y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, se comprometen a ejecutar todas las actuaciones contempladas en el presente convenio en los términos siguientes:

1) Ambas partes aportarán los medios necesarios para el desarrollo del convenio.

2) La Universidad de Extremadura mediante medios propios o mediante suscripción con terceros, llevará a cabo las siguientes acciones:

3) La Junta de Extremadura se compromete a las siguientes actuaciones:

4) Una vez recibida la aportación por parte de la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la finalidad objeto del presente convenio.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a aportar a la Universidad de Extremadura la cantidad de treinta cinco mil doscientos once euros (35.211,00Euros), para sufragar los gastos que lleva implícita la realización del objeto del convenio, atendiendo a lo estipulado en el Anexo I y a la cláusula sexta.

La aportación económica será financiada con cargo al proyecto de gasto 20160171 Renovación de poblaciones en las zonas rurales . Aplicación Presupuestaria 120030000 G/314A/64100 FR14070801 y es elegible por Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural a través de la PRIORIDAD 6. Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales . Medida 7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. Submedida 7.8.1. “Renovación de poblaciones en las zonas rurales”, con una tasa de cofinanciación del 80%.

La vigencia del presente convenio se extenderá durante 2 meses desde la fecha de la firma del último de sus firmantes, será salvo que las partes prorroguen la duración del mismo a través de acuerdo expreso y forma­lizado en documento escrito, que deberán adjuntar a este convenio.

El período máximo de la posible prórroga del mismo será de 2 meses y se deberá acordar antes de la fecha en que finalice su vigencia.

Según se establece según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El seguimiento del convenio se realizará conjuntamente por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Universidad de Extremadura, que llevarán la co­dirección de los trabajos, colaborando mutuamente para la consecución de los mismos.

Para facilitar el control y seguimiento del desarrollo de este convenio, se constituirá a los 15 días siguientes a su firma, una Comisión de Seguimiento, integrada por 2 representantes de cada parte firmante.

Los miembros de la Comisión de Seguimiento serán designados, respectivamente, por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Universidad de Extremadura. La Presidencia y la Secretaría de la misma será ejercida por las personas designadas por la referida Consejería.

La Comisión de Seguimiento será la encargada de garantizar su cumplimiento, dirigir los trabajos derivados de este convenio, resolver las controversias que pudieran surgir en su difusión y propuestas de futuras líneas de trabajo. Asimismo, le corresponde planificar las tareas desarrolladas al grupo de trabajo y, realizar el análisis y evaluación posterior de sus resultados. Igualmente, la Comisión podrá emitir informes, dictámenes y propuestas para el logro del cumplimiento de los objetivos de este convenio.

La Comisión ajustará su régimen de organización y funcionamiento al previsto para los órga­nos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La justificación de la realización del objeto del convenio deberá presentarse por la Universidad de Extremadura ante la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural dentro del periodo de vigencia del mismo, y exigirá la presentación de una Memoria de las actuaciones realiza­das, en formato digital.

La Consejería aportará el 50% del total del importe del convenio a la firma del mismo y el resto una vez comprobada la documentación justificativa del cumplimiento del objeto del convenio, que exigirá además la previa justificación de los gastos y pagos realizados.

Una vez comprobada la documentación justificativa del cumplimiento del objeto del convenio, y prestada la conformidad de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula anterior, se procederá a realizar el último pago correspondiente al 50% de la cantidad a aportar por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que exigirá además la previa justificación de los gastos y pagos realizados para la ejecución del convenio, mediante certificación expedida por el Gerente de la Universidad de Extremadura o el funcionario en quien delegue en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de vencimiento del periodo de vigencia del mismo.

En cualquier caso, la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad que no haya sido justificada por la Universidad de Extremadura en la forma antes señalada.

El presente convenio se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 80%, por lo que la Universidad de Extremadura se compromete cumplir con las directrices en publicidad del carácter público de la contratación, teniendo en cuenta las exigencias de los Reglamentos (CE) N.º 1305/2013 y N.º 808/2014, y su posterior modificación según el Reglamento de ejecución (UE) 2016/669 de la Comisión de 28 de abril de 2016, relativos a la ayuda al Desarrollo Rural a través del FEADER. Incluye la estrategia y las medidas de Información y Publicidad a desarrollar en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, así como su organización e implementación operativa.

Se incluirá el logo de los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de Extremadura), con el lema Europa invierte en las zonas rurales y se hará referencia al fondo europeo y a la Unión Europa en todos los documentos oficiales, así como en los documentos del convenio o relacionados con el gasto y en las facturas.

La Universidad facilitará en plazo y forma al Órgano Gestor toda la información que se solicite, en aplicación de la normativa comunitaria en materia de información y comunicación, así como en cumplimiento de la correspondiente Estrategia de Comunicación.

Además, todas las comunicaciones referidas a las actuaciones que se realicen a consecuencia de la aplicación de este convenio, bien sea a terceros/ medios de comunicación o cualquier otro medio de difusión pública, publicaciones/ inserciones en presa, comunicaciones electró­nicas, dirigidas a una multiplicidad de personas o cualquier otro procedimiento que posibilite !a difusión de tales actividades/ deberá hacerse constar de manera explícita y destacada/ la colaboración de las instituciones que suscriben el presente convenio.

En su caso, la propiedad intelectual de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta colaboración será compartida por los firmantes del convenio.

La suscripción del convenio supone la aceptación por parte de la Universidad la inclusión en la lista pública de operaciones. Y su publicación en las Páginas WEB de los organismos firmantes.

Cada parte conservará los derechos de propiedad de los conocimientos que tuviera antes de iniciar esta colaboración. Asimismo, aquellos que, siendo propiedad de terceros, hubieran sido cedidos para el uso a una de las partes, continuarán siendo propiedad de sus titulares y no podrán ser usados fuera del ámbito de colaboración de este convenio.

La propiedad intelectual de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta colaboración co­rresponderá a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo acuerdo.

Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciar el presente convenio comunicándolo por escrito a la otra parte, con dos meses de antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado.

Las causas de resolución del presente convenio son las siguientes:

Las partes firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE del 6 de diciembre de 2018), así como de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE del 14 de diciembre de 1999) en la parte no derogada y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo (BOE del 19 de diciembre de 2007).

Se adjunta como anexo al presente convenio las pautas a seguir relativas al tratamiento de la seguridad de la información y protección de datos personales.

Los contratos celebrados por la Universidad de Extremadura con terceros en ejecución de las actuaciones objeto de este convenio serán de su exclusiva responsabilidad, efectuándose a su riesgo y ventura.

Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral o profesional alguna entre la Jun­ta de Extremadura, y las personas designadas por la Universidad de Extremadura para llevar a cabo la ejecución de las actividades incluidas en el mismo.

El presente convenio Para un estudio del impacto económico de la agricultura eficiente en las zonas rurales como medida eficaz ante el reto demográfico , tiene carácter administrativo y se suscribe al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estando expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviem­bre, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho texto legal, le son aplicables sus principios para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en la aplicación del referido convenio.

Las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, reso­lución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio Para un estudio del impacto económico de la agricultura eficiente en las zonas rurales como medida eficaz ante el reto demográfico serán resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta. En caso contrario, será el or­den jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para resolver las citadas contro­versias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, suscriben, avalan y firman el presente convenio electrónicamente.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio es la Responsable del tratamiento con las funciones, derechos y obligaciones que le son propias (en adelante Responsable).

La otra Administración Pública, organismo o entidad de derecho público o privado firmante del convenio que acceda a datos de carácter personal que resulten necesarios para el cumplimiento del mismo, por cuenta del responsable del tratamiento, asume las responsabilidad establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y en sus normas de desarrollo, en su condición de Encargado del tratamiento (en adelante Encargado) (artículo 28 del RGPD).

Los equipos informáticos utilizados por el personal del encargado, y que serán proporcionados por ésta para el cumplimiento del objeto del convenio, deben estar actualizados y optimizados a las actividades del perfil correspondiente para la satisfacción del citado convenio.

Estos equipos informáticos estarán sometidos a las políticas y normativas establecidas en la Junta de Extremadura, por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, según corresponda.

Las licencias de software necesarias para la realización del convenio, serán propiedad del encargado, no permitiéndose la instalación de licencias nominales, propiedad de la Junta de Extremadura, en los equipos propiedad del encargado del tratamiento.

Por tanto, deben cumplirse las siguientes condiciones en los equipos informáticos aportados por el encargado del tratamiento.

Cuando los equipos informáticos estén conectados a la red corporativa de la Junta de Extremadura:

El encargado del tratamiento vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del convenio, así como sobre los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del convenio y conforme a la Política de Seguridad del responsable en los términos en que resulte aplicable. Esta obligación se mantendrá incluso después de la finalización del convenio.

El deber de confidencialidad sobre la información del responsable será extensible a todo el personal del encargado o colaborador que participe en la ejecución del convenio.

Todo el personal del encargado protegerá, en la medida de sus posibilidades, la información propiedad del responsable y los sistemas de información a los que tenga acceso con el fin de evitar revelación, alteración o uso indebido de la información.

El acceso y posesión de información del responsable por parte del encargado es estrictamente temporal y vinculado a la ejecución del convenio, sin que ello confiera derecho alguno de posesión, de titularidad de copia o de transmisión sobre dicha información.

El encargado, una vez finalizadas las tareas que han originado el acceso a la información, deberá devolver los soportes y documentación que pudiera habérsele facilitado.

El encargado no puede transmitir, enviar, compartir o poner a disposición de otras entidades información propiedad del responsable, a no ser que de manera previa haya sido expresamente autorizado para hacerlo, independientemente del medio o formato de la información y de su contenido.

A) base normativa.

B) obligaciones derivadas del convenio.

C) medidas de seguridad mínimas a aplicar por el encargado.

D) Propiedad industrial e intelectual.

E) devolución de activos.

F) Auditoría.

G) Cumplimiento con la política de seguridad de la información de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

H) Prestación de los servicios en las instalaciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

I) Transmisión de información por parte del encargado a otras entidades.

J) Protección del equipamiento informático.

K) seguridad en las instalaciones del encargado.

En aquellas instalaciones, donde se almacene o procese información del responsable, el encargado del tratamiento deberá implementar medidas de seguridad física, ambiental y de control de acceso, y todo su personal deberá participar activamente en la implantación y cumplimiento de estas medidas.

Firma la presente cláusula electrónicamente.

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