Junta de Extremadura

Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura (DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2010), tiene por objeto la ordenación y promoción de la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de conocimiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo un marco regulador unitario y sistemático de la actuación de los poderes públicos de Extremadura en el marco y desarrollo de la normativa básica estatal en la materia.

Entre otros extremos, la citada Ley regula: el Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología en el que se integran como agentes: entidades, instituciones, organismos y personas que intervienen en la generación, promoción, desarrollo y aprovechamiento de las actividades de I+D+i; los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como instrumento de planificación, gestión y ejecución de la Junta de Extremadura en materia de I+D+i, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la I+D+i empresarial con objeto de incrementar el grado tecnológico de los procesos productivos y la competitividad y el fomento de la I+D+i estableciendo la obligación de la Junta de Extremadura de contemplar en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura las dotaciones específicas necesarias para el desarrollo de actividades que favorezcan y fortalezcan la I+D+i empresarial en el ámbito del Modelo Regional de Innovación, e impulsar la participación activa del tejido productivo en el desarrollo de la I+D+i empresarial y en la implementación de la innovación como clave para estimular la productividad y la competitividad de las empresas extremeñas.

El Decreto autonómico 154/2022, de 21 de diciembre (DOE núm. 246, de 27 de diciembre), aprueba el VII Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (en adelante VII PRI), que en línea con lo expuesto más arriba y de acuerdo con lo dispuesto en su exposición de motivos, tiene entre sus objetivos, el de dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura respecto a la elaboración de un Plan Estratégico previo al establecimiento de bases reguladoras de éstas. Por ello, los diversos programas del VII Plan Regional de I+D+I recogen las actuaciones proyectadas de acuerdo con el contenido que exige citado artículo para la elaboración de los Planes Estratégicos de subvención estableciendo en su contenido cuestiones relativas a: los objetivos y efectos, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y las fuentes de financiación, así como los indicadores de evaluación y seguimiento relacionados.

El Decreto autonómico 154/2022, de 21 de diciembre (DOE núm. 246, de 27 de diciembre), aprueba el VII Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (en adelante VII PRI), que en línea con lo expuesto más arriba y de acuerdo con lo dispuesto en su exposición de motivos, tiene entre sus objetivos, el de dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura respecto a la elaboración de un Plan Estratégico previo al establecimiento de bases reguladoras de éstas. Por ello, los diversos programas del VII Plan Regional de I+D+I recogen las actuaciones proyectadas de acuerdo con el contenido que exige citado artículo para la elaboración de los Planes Estratégicos de subvención estableciendo en su contenido cuestiones relativas a: los objetivos y efectos, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y las fuentes de financiación, así como los indicadores de evaluación y seguimiento relacionados.

En este contexto, el VII PRI recoge el Programa/16 titulado: Investigación industrial, desarrollo experimental e Innovación en las áreas estratégicas cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental, especialmente aquella que tenga alto potencial para convertirse en innovación empresarial, realizados por las empresas de Extremadura y para ello se apoyarán iniciativas de investigación industrial y de desarrollo experimental realizadas por una empresa, así como los proyectos realizados, en régimen de colaboración, entre empresas y centros de investigación públicos o privados. Entre las actuaciones que conforman este Programa están contempladas la actuación 1 Financiación de proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación y la actuación 2 “Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, por parte de empresas de alta capacidad tecnológica (EBT, START-UP y SPIN-OFF)”. que se corresponden con las Modalidades de ayuda que constituyen el objeto de este decreto, relativas a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pymes (Modalidad I), los realizado por pymes de base tecnológica (Modalidad II) y los realizados por pymes startup (Modalidad III).

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo último de este decreto es dar cumplimiento a la obligación que se imponen los poderes públicos con la aprobación del VII Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en la medida en que contribuye a la materialización de uno de sus Programas.

Finalmente, este decreto se encuentra plenamente alineado con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura, para el período de programación 2021-2027; que actúa como condición habilitante necesaria para la aplicación del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y concreto del Objetivo Político 1 Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora inteligente y una competitividad TIC regional y el Objetivo Específico 1.1 El desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas .

El presente decreto consta de 39 artículos, una disposición adicional única y tres disposiciones finales y una disposición derogatoria. Los artículos están agrupados en dos capítulos, el primero referido a las disposiciones comunes a las tres modalidades de ayuda que se prevén y el segundo capítulo, separado a su vez en tres secciones, que recoge las singularidades correspondientes a cada una de dichas modalidades de ayuda.

Por su parte, la disposición adicional única incorpora la primera convocatoria dedicada a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pymes de base tecnológica (EBT) y pymes Startup; haciendo uso de la facultad que ofrece el artículo 24 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El artículo 40 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, (DOE núm. 146, de 27 de julio) establece que, como regla general, el plazo máximo de notificación de la resolución en todos los procedimientos de competencia de los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica será de tres meses, computados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal. Excepcionalmente, podrá establecerse de forma motivada un plazo superior. En este sentido, el presente decreto se acoge a la excepcionalidad que permite el precepto citado, en la medida en que existen circunstancias que justifican la pretendida excepcionalidad.

La I+D es un ámbito altamente complejo, tanto por su extensión, como por su constante y rápida evolución y variabilidad; por esta razón los proyectos que pretendan concurrir a las convocatorias que se aprueben al amparo de este decreto deben incorporar una memoria científico-técnica que justifique su viabilidad y calidad científica y técnica. En este contexto, se hace necesario otorgar a las pymes que soliciten la ayuda un plazo razonable para que puedan elaborar una memoria con calidad técnica suficiente para superar los estándares de exigencia mínimos que se requieren en estos procesos.

Los proyectos que concurren a la convocatoria son evaluados por entidades externas formadas por personal investigador experto, con el objeto de garantizar que los mismos incorporan efectivamente la calidad técnica e innovación a la que se refiere el párrafo anterior. Esta evaluación externa, que generalmente se encomienda a entidades públicas como la Agencia Estatal de Investigación, consume unos tiempos en la tramitación de los procedimientos de subvención que resulta incompatible con el plazo de tres meses que se establece, como norma general, en la citada Ley 4/2022, de 27 de julio.

En definitiva, el establecimiento de un plazo de tres meses para resolver los procedimientos y notificar la resolución puede avocar al fracaso de la medida, cualquiera que sea la solución que se adopte para su implantación. Por una parte, la limitación del plazo para presentar solicitud podría suponer un perjuicio evidente para las pymes interesadas, en la medida en que los proyectos no puedan alcanzar, por falta de tiempo en su elaboración, la suficiente calidad y solvencia científica y tecnológica como para conseguir la puntuación mínima exigible que permita acceder a la subvención en un proceso altamente competitivo como es el que se desarrolla para otorgar estas ayudas. Por otra parte, la opción de ganar tiempo en la tramitación de los procesos mediante la eliminación el trámite de evaluación de proyectos por expertos externos, que es garantía de la idoneidad y la eficacia de este programa de ayudas; supondría la desaparición del objeto de esta actuación de fomento y asimismo, podría resultar muy perjudicial para la sociedad en general, que en definitiva es la destinataria última de los efectos, resultados y retos tecnológicos que pretenden solucionarse con el fomento de la investigación científica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre) y no obstante lo ya indicado más arriba respecto del objeto y su necesidad, este decreto se enmarca en el ámbito de las políticas públicas de fomento a la investigación y desarrollo aprobadas por la Junta de Extremadura; respeta el marco legislativo vigente, tanto a nivel estatal como autonómico, en materia de subvenciones públicas y asimismo en relación con la normativa comunitaria relativa a Ayudas de Estado, el Reglamento UE 2021/1060 del Parlamento y del Consejo, de 24 de junio de Disposiciones Comunes a los distintos Fondos y el Reglamento UE 2021/1058 del Parlamento y del Consejo de 24 de junio, el relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión; establece la tramitación electrónica de los procedimientos y efectúa una importante labor de simplificación respecto de documentación y trámites que deben realizar las pymes que deseen concurrir a las distintas convocatorias de ayuda.

Este decreto se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, lo previsto en este decreto se ajusta al principio de necesidad y eficacia, en tanto se justifica por el interés general al que atienden tanto la existencia de un tejido empresarial desarrollado y competitivo y capaz de general empleo cualificado, como la consecución de determinados retos para la sociedad, que en definitiva es el objetivo que se persigue con los resultados de la investigación que mediante esta norma se fomenta. Además, el decreto resulta ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos fines.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, ya que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, respetando igualmente el principio de seguridad jurídica al adaptarse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, facilitando su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas a las que afecta. En aplicación del principio de eficiencia, esta iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Además, el presente decreto cumple el principio de transparencia, al posibilitar el acceso sencillo, universal y actualizado a la regulación de las ayudas para la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por empresas en Extremadura, y durante su elaboración se ha posibilitado que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la misma. Con carácter previo a la elaboración del decreto se ha sustanciado, de forma unificada en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 del Decreto-ley autonómico 3/2021, de 3 de marzo, los trámites de consulta, audiencia e información pública para recabar la opinión y sugerencias de las entidades o ciudadanos que pudieran estar interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 90.2) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Co­munidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 24 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de mayo de 2023.

1. El objeto de este decreto es establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental que se ejecuten por pequeñas y medianas empresas (en adelante pymes), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como aprobar la primera convocatoria relativa a proyectos realizados por pymes de base tecnológica y startup.

2. Se establecen tres modalidades de ayuda:

Serán beneficiarias las pymes que, cumpliendo los requisitos establecidos en este decreto, realicen proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental, en un centro de trabajo radicado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Con carácter general, las pymes deberán cumplir los siguientes requisitos:

2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados b), c), e) y f) del apartado primero este artículo; podrá realizarse mediante una declaración responsable con arreglo a los modelos que a tal efecto se establezcan en este decreto.

1. Las ayudas deben tener efecto incentivador. Esta condición se entenderá cumplida cuando la empresa haya presentado la solicitud de ayuda antes de comenzar a desarrollar el proyecto.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todas las facturas, justificantes de pago y compromisos en firme correspondientes a costes del proyecto deberán tener fecha posterior a la de solicitud de la ayuda.

1. Los proyectos que concurran a la convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:

2. En la ejecución de los proyectos subvencionados no se realizarán actuaciones que puedan perjudicar significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 dando cumplimiento a la Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo . Asimismo, las entidades beneficiarias cuidarán especialmente porque no se produzcan en la ejecución del proyecto situaciones de discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

1. Tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos que resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto para el que fueron concedidos y se ejecuten durante el plazo que se establezca en la resolución de concesión de las ayudas. Estarán incluidos, entre otros costes necesarios, los siguientes: contratación de personal, adquisición de equipamiento científico-tecnológico, material fungible, investigación contractual, servicios de técnicas analíticas, costes derivados del uso de patentes y modelos de utilidad de fuentes externas, costes de consultoría de I+D, costes indirectos (7%), costes de auditoría para la calificación de empresa como EBT, para la emisión de certificado de viabilidad económica-financiera y por cumplimiento de los requisitos de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, así como para la justificación del proyecto y los costes de gestión de proyectos.

2. Los costes subvencionables no podrán superar los precios del mercado. En la memoria económica que se presente junto con la justificación del proyecto, se expondrá el procedimiento que hayan utilizado para determinar el precio de mercado cuando se trate de gastos por importe superior a 3.000 €.

3. No obstante lo anterior y de acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, LSCAEX; cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, la beneficiaria acreditará el precio de mercado mediante la presentación de, al menos, tres ofertas de diferentes proveedores obtenidas con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. Excepcionalmente no será exigible esta obligación cuando por las especiales características del bien o el servicio no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.

4. No se admitirán, ni se tendrán en cuenta para el cálculo de la inversión subvencionable a los efectos de la resolución de concesión, la parte de los costes presupuestados en el proyecto que excedan de los importes máximos previstos en este decreto para cada concepto de coste subvencionable.

5. Se considerará gasto realizado imputable al proyecto, el que haya sido facturado y pagado tras la solicitud de la subvención y antes de la finalización del plazo concedido para la justificación del proyecto.

1. Los costes de personal se establecerán por el sistema de reembolso de gastos efectivamente realizados, se calculará de acuerdo con los salarios percibidos por el personal que participa en el proyecto, según su convenio colectivo o tabla salarial oficial que le sea de aplicación para la categoría de personal investigador o de personal auxiliar.

2. Tendrán la consideración de costes de personal, hasta un importe máximo de 40€/h para el personal investigador y 20€/h para el personal auxiliar, las retribuciones salariales establecidas en el convenio colectivo o tabla de revisión salarial y las cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa.

3. Sólo se financiará como personal investigador a las personas trabajadoras de la empresa, entre quienes se incluye al personal socio y directivo, que tengan una titulación universitaria de grado medio o superior adecuada a las funciones a realizar en el proyecto. Estarán encuadrados en grupos de cotización 1 o 2 de la Seguridad Social, salvo que estén encuadrados en un régimen de Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia.

4. Quienes no estén en posesión de titulación universitaria podrán participar como personal auxiliar cuando las funciones a realizar estén relacionadas con su categoría profesional.

5. El número de horas imputables por costes de personal y las condiciones en las que puedan participar el personal de la empresa, según su categoría de personal investigador o auxiliar, se establecerá en cada una de las modalidades de ayuda.

1. Costes de instrumental y equipos. Se imputarán en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto. Si no se utilizan exclusivamente para el proyecto, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de I+D. Los bienes de equipo e instrumental que sean inscribibles en un registro público deberán mantenerse en la empresa durante al menos cinco años, mientras que los no inscribibles se mantendrán al menos dos años.

2. Costes de material fungible directamente aplicable al proyecto de I+D e imprescindible para el desarrollo de este y que no sean reutilizables para su comercialización u otros usos, con un importe máximo del 20% de la inversión subvencionable. Quedarán excluidos de este concepto, los siguientes:

3. Costes de investigación contractual, conocimientos, modelos de utilidad y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas, así como los costes de consultoría de I+D y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto en condiciones de plena competencia.

4. Costes de gestión asociados a la realización y justificación del proyecto. Se entienden como tal los derivados de consultoría de I+D para preparación, seguimiento del proyecto y su justificación, que podrán ser externalizados o en su caso, imputados a personal de la empresa solicitante conforme las retribuciones salariales establecidas en el convenio colectivo o tabla de revisión salarial y las cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa, con un importe máximo de 20€/h. Este coste estará limitado a un total de 8.000€ por proyecto.

5. Costes de auditoría para calificación de pyme como empresa de base tecnológica, para la emisión de informe acreditativo de solvencia económica-financiera y del cumplimiento de los plazos de pago a proveedores a los que se refiere el artículo 3.1.g y h), el artículo 34.2.a) y para la emisión de informes exigidos en las justificaciones parcial y final. Tendrán un coste máximo de 7.000€ por proyecto.

6. Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la actuación pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa. Los costes indirectos serán como máximo del 7% de los costes directos subvencionables del proyecto.

7. No se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), excepto cuando este coste no sea recuperable por las entidades; extremo que deberá ser acreditado fehacientemente por parte de los beneficiarios, tanto en el momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.

8. No serán admisibles y por tanto no serán imputables al proyecto:

1. La ayuda tendrá la forma de subvención.

2. La determinación de la cuantía de la subvención se calculará aplicando a la inversión subvencionable el porcentaje de intensidad de ayuda que corresponda, según la condición de pequeña o mediana empresa de la beneficiaria y la categoría del proyecto, según su nivel de madurez tecnológica. El importe así obtenido, será redondeado a la unidad de euro más próxima a los efectos de calcular la cuantía final de la subvención.

3. Los porcentajes de intensidad de ayuda aplicable a la inversión subvencionable serán los siguientes:

4. A los efectos de determinar la intensidad de ayuda se aplicará, a todo el proyecto, el porcentaje correspondiente a investigación industrial o a desarrollo experimental según prevalezca, una u otra categoría, a criterio de los expertos encargados de realizar la evaluación científico-técnica de los proyectos.

5. El abono de la subvención se realizará en dos pagos. Salvo que concurra el supuesto de suspensión del inicio de ejecución del proyecto al que se refiere el artículo 18.2 de este decreto, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo, la cuantía y periodicidad de los pagos será la siguiente:

6. No será exigible la presentación de garantías para percibir el anticipo de la subvención.

1. Las ayudas reguladas en este decreto se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica. Las convocatorias de ayuda podrán estar referidas a una o varias de las modalidades a las que se refiere el artículo 1 de este decreto y/o a una o varias de las áreas temáticas de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura 2021-2027 (RIS3 2021-2027, en adelante).

2. Los procedimientos de concesión de las ayudas previstas en este decreto se iniciarán mediante resolución de convocatoria dictada por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de Ciencia y Tecnología, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) junto al extracto previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, indicando los créditos disponibles.

1. La solicitud de la ayuda, de acuerdo con el modelo que se ponga a disposición de las pymes interesadas, se presentará junto con la documentación que se indica a continuación:

2. La presentación de los documentos que preceptivamente deben constar en el procedimiento se acomodará a las exigencias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, podrán recabarse de oficio, además de los documentos indicados en el apartado g) del apartado 1 este artículo, cuando dicha actuación sea expresamente autorizada por el titular de los datos; los que se relacionan en los apartados b), c) (cuando se trate de resoluciones sobre proyectos concedidos en esta Comunidad Autónoma), i) y j) (solo cuando estén inscritas en un Registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura); cuando no exista oposición manifestada por quien sea titular de los datos.

3. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

4. Con el objeto de garantizar la igualdad de todas las propuestas presentadas a la convocatoria, el contenido de la memoria técnica del proyecto, el presupuesto y los datos aportados en el formulario de solicitud no podrán ser modificados o mejorados en un momento posterior al plazo de finalización de la solicitud, salvo cuando así fuera requerido para ello por el órgano gestor.

5. En cada convocatoria, una misma pyme sólo podrá formular solicitud para realizar un proyecto. En caso de que presente varias solicitudes para proyectos en una o varias modalidades recogidas en la misma convocatoria, solo se admitirá la que haya formulado en primer lugar. El resto de solicitudes no serán admitidas a trámite.

6. Toda la información de la ayuda estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites de la Junta de Extremadura https://www.juntaex.es dentro del correspondiente trámite.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Las solicitudes, que estarán dirigidas a la Secretaría General con competencias en Ciencia y Tecnología, deberán presentarse de forma electrónica de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. A los efectos de intervención electrónica en los procedimientos administrativos, los interesados deberán disponer, para la autenticación y para la firma electrónica, de DNI electrónico o de certificado electrónico en vigor. Si no dispone de ellos, las direcciones electrónicas donde podrían obtenerlos:

1. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos o no se acompañen los documentos exigidos y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 16.4 a los efectos de la puntuación del proyecto, se requerirá a la pyme interesada para que en el plazo máximo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en virtud de lo establecido en el artículo 21 del mismo texto legal.

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que no sean realizadas a través del Punto de Acceso General Electrónico (www.juntaex.es).

3. Todas las comunicaciones que se realicen con las pymes interesadas a lo largo del procedimiento se tramitarán de forma electrónica mediante su comparecencia en el Punto de Acceso General Electrónico (www.juntaex.es). Las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de esta. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

4. La resolución que se dicte en el procedimiento se notificará por medios electrónicos a la pyme beneficiaria mediante comparecencia, en el Punto de Acceso General Electrónico (www.juntaex.es), de su representación legal o de quien tenga atribuida su representación electrónica, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio del órgano directivo con competencia en materia de ayudas a la investigación científica empresarial, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Durante el trámite de audiencia posterior a la evaluación científica y económica de los proyectos y a la vista del resultado del informe emitido por los expertos externos, no se admitirán alegaciones que pretendan modificar los proyectos con el objeto de: subsanar defectos, ampliar o mejorar su contenido o presentar documentos que debieron ser apartados en el momento de formular la solicitud de la ayuda.

1. Para la evaluación de las solicitudes y la selección de los beneficiarios de las ayudas se constituirá una Comisión de Valoración cuyo informe tendrá carácter vinculante para la propuesta de resolución. Se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El nombramiento de sus miembros se realizará en cada convocatoria.

2. La Comisión de Valoración, a la vista de los informes emitidos por los expertos sobre la valoración de los criterios del artículo 16; será la encargada de evaluar los proyectos estableciendo la prelación entre las solicitudes. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes considere necesarios para la correcta valoración de las memorias científicas del proyecto. Su composición se determinará en cada convocatoria.

3. Esta Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes miembros:

4. En el acta que elabore la Comisión de Valoración o mediante documento independiente, deberá recogerse la declaración o manifestación efectuada por parte de todos los miembros de la misma, en el sentido de que no concurre ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DOUE 30/07/2018).

1. La valoración total del proyecto se hará en base a una puntuación máxima de 100 puntos. La valoración se realizará por expertos de organismos públicos o privados de investigación, Agencia Estatal de Investigación (AEI), o cualquier otra entidad de naturaleza público o privada que dispongan de las capacitaciones profesionales necesarias para realizar la tarea de evaluación de los proyectos.

2. Cuando la evaluación sea realizada por entidades públicas distintas de la Agencia Estatal de Investigación, podrán participar como entidades colaboradoras mediante la suscripción de convenios en los que se regulen las obligaciones de la entidad y en su caso la compensación económica que pudiera proceder.

3. Los criterios de evaluación de las solicitudes y los umbrales establecidos, en su caso, son los siguientes:

4. La evaluación se realizará, exclusivamente, sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. En consecuencia, los documentos probatorios de la puntuación que pretendan obtener en los criterios del apartado 3.d) de este artículo, a los que se refiere el apartado 11.1.c) de este decreto, sólo se tendrán en consideración cuando hayan sido aportadas correctamente por la pyme junto con la solicitud.

1. De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, será competente para la concesión de las subvenciones reguladas en este decreto la persona titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de Ciencia y Tecnología. La propuesta de resolución, que no podrá apartarse el informe vinculante de la comisión de valoración, será emitida por la persona titular del órgano instructor.

2. La resolución emitida indicará la pyme a la que se concede o se deniega la subvención, con expresión del nombre o razón social, su número de identificación fiscal; la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea; el porcentaje de cofinanciación; la puntuación obtenida; la cuantía de la subvención; plazo de ejecución para la realización del proyecto y las condiciones a las que se encuentra sometida la beneficiaria.

3. Los efectos de la resolución por la que se conceda la ayuda quedarán demorados hasta el momento en que la beneficiaria presente la documentación a la que se refiere el artículo 9.5a). Transcurridos dos meses desde la fecha de notificación de la concesión sin que se hayan presentado dichos documentos, o en su caso, si el resultado del informe de auditor fuera desfavorable, se dictará nueva resolución por la que se revoque el derecho a la subvención concedida, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Cuando el crédito aprobado con la convocatoria sea insuficiente para financiar todos los proyectos con informe favorable sobre evaluación científico-técnica y cumplimiento de requisitos; respecto de aquellos proyectos a los que no alcance el crédito aprobado, se dictará resolución denegatoria fundamentada en esa circunstancia, en la que se hará constar que pasarán a formar parte de la relación de suplentes indicándose la puntuación obtenida y lugar que ocupa en dicha relación.

5. Si alguna pyme beneficiaria renunciara a la subvención, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de subvención a favor de los proyectos referidos en el apartado anterior siguiendo el orden establecido en la relación de suplentes de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; siempre y cuando dicha renuncia se produzca en el mismo ejercicio económico en el que se concedió la subvención renunciada y se haya liberado crédito suficiente para atender por su orden, al menos, una de las solicitudes suplentes. La resolución por la que se conceda la subvención al solicitante suplente se notificará de forma individual a la beneficiaria de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ésta deberá presentar la documentación que no hubiera aportado anteriormente por no tener la condición de beneficiaria.

6. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es). Si transcurrido el plazo máximo el órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, las interesadas estarán legitimados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

1. La ejecución de los proyectos se ajustará a las condiciones, prescripciones y plazos, que se establezcan en la resolución de concesión.

2. El plazo para la ejecución del proyecto coincidirá, salvo imposibilidad motivada por causa justificada, con el número de meses que se haya previsto en la memoria del proyecto. Se considerará iniciada la ejecución desde la fecha en que se realice el primer gasto o pago que se impute al proyecto. La ejecución deberá iniciarse en los dos meses siguientes al de la notificación de la resolución de concesión, salvo que ya estuviera iniciado con anterioridad o cuando se acuerde la suspensión de su inicio.

3. Podrán admitirse cambios sobre el proyecto inicialmente aprobado en la resolución individual de concesión cuando se justifique su necesidad o conveniencia y siempre que con ello no contravenga alguna disposición de este decreto, no entren en contradicción con los objetivos y contenidos planteados en el proyecto inicialmente aprobado, no perjudiquen a terceros interesados, ni supongan pérdida de la puntuación obtenida en el proceso de concurrencia hasta el extremo de situarse por debajo del último proyecto seleccionado en los casos en que el crédito de la convocatoria haya resultado insuficiente para atender a todas los proyectos informados favorablemente. Una vez autorizadas conforme a lo dispuesto en los dos apartados siguientes, las modificaciones producirán efectos desde el momento en que se hayan efectuado.

4. La pyme beneficiaria tendrá la obligación de solicitar autorización para realizar los cambios que afecten a las siguientes cuestiones:

5. La pyme beneficiaria tendrá la obligación de comunicar, cuando se produzca el hecho que la motiva o bien junto con la documentación correspondiente a la liquidación parcial o final del expediente; las modificaciones que consistan en:

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 excepto para la prórroga y 5 anteriores, de acuerdo con el artículo 86.1 del RD 887/2006, de 21 de julio, (BOE núm. 176, de 25/07/2006), a pesar del incumplimiento de las pymes beneficiarias en cuanto a solicitar autorización para efectuar determinados cambios en el proyecto conforme a lo establecido en este artículo, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada con modificaciones no autorizadas previamente, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder por este incumplimiento, de acuerdo con la 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

7. Será competente el mismo órgano que concedió la subvención, para resolver sobre las modificaciones a las que se refiere el apartado 4 de este artículo y, asimismo, cuando proceda denegar la modificación comunicada de acuerdo con lo indicado en apartado 5.

8. Una vez concedida la subvención e iniciada la ejecución del proyecto no afectará a la subvención, salvo en lo relativo a la intensidad de ayuda aplicable, en su caso; el hecho de que la pyme beneficiaria pueda sufrir variación en su denominación social, en cuanto a su personalidad jurídica o como consecuencia modificaciones estructurales como la fusión por absorción, escisión o transmisión de rama de actividad, y siempre que por dichas modificaciones no pierda la categoría de pyme.

9. Los cambios que sean admitidos sobre el proyecto que se aprobó en la resolución de concesión no conllevarán, en ningún caso, el derecho de la pyme beneficiaria a percibir un importe de subvención superior al que se concedió inicialmente.

1. Durante la realización del proyecto, la pyme beneficiaria deberá presentar una justificación parcial sobre su ejecución.

2. La documentación exigida para cumplir el trámite de justificación parcial, dirigida al órgano administrativo con competencia en materia de ciencia y tecnología, deberá presentarse de forma telemática a través del Registro Electrónico General, del Punto de Acceso General Electrónico (www.juntaex.es), o bien mediante cualquiera de los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; todo ello en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1. Una vez finalizado el proyecto, la beneficiaria deberá presentar a través de cualquiera de los medios a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, la solicitud de liquidación acompañada de la documentación necesaria para realizar su justificación final. Las condiciones, documentación y forma de realizar este trámite, se establecen a continuación:

2. Toda la documentación original justificativa de los gastos realizados deberá indicar el porcentaje de imputación del gasto al proyecto subvencionado y la financiación mediante Fondos FEDER.

3. Todo gasto imputado al proyecto se abonará necesariamente a través de entidad financiera.

4. La inversión que debe realizar y justificar la pyme beneficiaria para que se considere que ha cumplido con las obligaciones de la subvención, será la que se haya indicado en la resolución de concesión o en la resolución que en su caso la modifique, aunque dicha inversión sea superior a la inversión subvencionable que se haya tenido en consideración para calcular la subvención.

5. En los supuestos en los que el órgano gestor de la ayuda no pueda valorar el resultado del proyecto debido a su especial complejidad técnica, podrá solicitar informe a expertos en la materia con el objeto de determinar si se ha ejecutado conforme a lo planteado inicialmente y aprobado en la resolución de concesión de la ayuda.

1. Son obligaciones de la pyme beneficiaria:

2. La rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas u órgano de control externo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención.

1. La pyme beneficiaria tendrá, asimismo, las siguientes obligaciones en relación con la financiación del Fondo FEDER:

2. Siempre que sea posible, los resultados de la investigación de las actuaciones financiadas incluyendo tanto los resultados difundidos a través de publicaciones científicas como los datos generados en la investigación, deberán estar disponibles en acceso abierto, con las excepciones siguientes:

1. La pyme beneficiaria deberá responder de las obligaciones de reintegro o de las sanciones que se puedan imponer como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos en los términos establecidos en los artículos 46.1 y 74.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2. Cuando la pyme beneficiaria tenga la forma jurídica de comunidad de bienes o de otro tipo de agrupación de personas físicas sin personalidad jurídica, cada uno de sus miembros responderá solidariamente de las obligaciones derivadas de incumplimientos, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

1. Tendrán la consideración de incumplimiento total y por tanto serán causa de revocación de la subvención concedida y reintegro de todas las cantidades abonadas, las siguientes:

2. Tendrán la consideración de incumplimiento parcial, con la consecuencia que a continuación se indican para cada una de las causas previstas, las siguientes:

1. Procederá la incoación de un procedimiento de revocación de la ayuda y en su caso el reintegro de la parte de subvención que haya percibido la pyme beneficiara, cuando concurran las causas de incumplimiento que se indican en el artículo anterior. El procedimiento de reintegro, cuando proceda, se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El reintegro parcial o total de las cantidades percibidas provocará la exigencia del interés de demora correspondiente, que será exigible desde el momento de pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano concedente y garantizándose en su tramitación el derecho de la interesada a la audiencia previa.

4. Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración, el órgano concedente de la ayuda calculará y exigirá posteriormente el interés de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura sin el incremento del 25% de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

5. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

1. Toda subcontratación que se realice en el proyecto deberá formalizarse mediante contrato celebrado por escrito y estará sujeta a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, LSCAEX, además del resto de requisitos contenidos en este artículo. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en caso de que en ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley. El contrato deberá detallar: el objeto de la subcontratación, las actividades o parte del proyecto a realizar por el subcontratista, medios que pretende incorporar, coste de los elementos que incorpora.

2. Con el objeto de asegurar que la subcontratación se realiza con transparencia y a precios de mercado, las subcontrataciones que la beneficiaria realice con entidades vinculadas, independientemente del importe del servicio, así como para las que supongan un importe superior al establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, se deberán adjuntar, al menos, las tres ofertas de diferentes proveedores solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, según lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, LSCAEX.

3. En los casos en que la subcontratación de actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención concedida y dicho importe sea superior a 60.000 euros, y en el de subcontratación con personas o entidades vinculadas con la pyme beneficiaria (artículos 33.3 y 37.3.d) LSCAEX, respectivamente), la beneficiaria deberá remitir al órgano instructor una solicitud de autorización de la subcontratación con anterioridad a la firma del contrato y a la ejecución de los trabajos. No obstante lo anterior, cuando la subcontratación esté prevista en la solicitud de la ayuda y se presenten los documentos a los que se refieren el artículo 11.1.ñ); la resolución por la que se conceda la ayuda dispondrá lo que corresponda, respecto a la subcontratación prevista.

4. La solicitud de autorización, cumplimentada conforme al modelo que se recoge en el anexo X, y que deberá contener: el borrador del contrato, información suficiente que acredite su necesidad, condiciones del subcontratista y aquella otra información y documentación que pueda ser requerida por el órgano gestor, podrá ser remitida desde el momento de la notificación de la resolución de concesión y con carácter previo al inicio previsto para la actividad a subcontratar. Cuando el proyecto se haya iniciado antes de que se notifique la resolución de concesión, dicha solicitud de autorización deberá presentarse, en todo caso, antes de que se inicien las tareas objeto de subcontratación.

5. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

6. El órgano competente para la concesión de estas ayudas será competente para autorizar, en su caso, la subcontratación solicitada.

7. Los subcontratistas no podrán subcontratar ninguno de los trabajos que hayan sido contratados.

8. Los subcontratistas deberán reunir los mismos criterios de solvencia técnica requeridos a los beneficiarios.

9. Las beneficiarias preverán mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH).

10. Los subcontratistas deberán aportar la siguiente información:

1. Estas ayudas tendrán la consideración de Ayudas de Estado y por lo tanto se concederán con sujeción plena a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) Núm. 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

2. En la concesión y gestión de estas ayudas será de aplicación lo dispuesto en Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados; y asimismo el Reglamento (UE) 2021/1058 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

3. Será de aplicación, asimismo, lo dispuesto por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020 (BOE núm. 315 de 30 de diciembre), según la redacción dada a la misma mediante Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, (BOE núm. 37, de 12 de febrero); o las normas sobre elegibilidad de gastos que puedan sustituirlas o modificarlas.

1. Las resoluciones de concesión se realizarán previa tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto.

2. La financiación de las líneas de las ayudas que se regulan en el presente decreto se realizará con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura correspondiente al periodo de programación (2021-2027), dentro del Objetivo Político 1: Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones , Objetivo Específico: Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional. El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEDER es de un 85%.

3. En las convocatorias que se aprueben en relación con estas ayudas se determinará la cuantía convocada con imputación al código de proyecto de gasto 20230002 financiación de proyectos de I+D realizados por empresas de Extremadura , para las ayudas convocadas en la modalidad I y al proyecto de gasto 20230003 Proyectos de I+D+I realizados por empresas de base tecnológica EBT y startup para las ayudas convocadas en las modalidades II y III. Dicha cuantía podrá aumentarse hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial o hasta la cuantía que corresponda, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de estas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria de conformidad con el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Cuando se convoquen simultáneamente ayudas para varias de las modalidades recogidas en este decreto, los créditos asignados a cada una se distribuirán conforme se establezca en la convocatoria. No obstante, si en una de las modalidades no hubiese suficientes proyectos susceptibles de ser financiados como para agotar el presupuesto previamente asignado, el excedente podrá incrementar cualquiera de las otras modalidades de ayuda, dando prioridad a la modalidad con mayor número de solicitudes que cumplan los requisitos para ser financiadas.

1. Tanto las convocatorias como su extracto, serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura en la dirección web http://doe.juntaex.es. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias) dará traslado al DOE del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Asimismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de este decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura. Dicho portal se encuentra a disposición de los interesados en la sede corporativa: http://gobiernoabierto.juntaex.es/

4. Los beneficiarios que acepten la ayuda, aceptan figurar en una lista pública conforme dispone el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021. Igualmente están obligados a difundir el papel financiador del FEDER y de la Junta de Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en el anexo IX del Reglamento UE Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

1. La obtención de estas ayudas será incompatible con cualquiera otra ayuda pública otorgada para el mismo fin y con cualquier otra que, a pesar de tener distinta finalidad, subvencione los mismos gastos sufragados con cargo a este decreto.

2. No serán incompatibles con estas ayudas, las que conceda el Estado al amparo de la Ley Ley 28/2022, de 7 de diciembre, de Fomento del ecosistema de empresas emergentes; en la medida en que no financien los mismos gastos que sean considerados elegibles en los proyectos de I+D que reciban subvención con cargo a este decreto y sus convocatorias.

El objeto de esta modalidad de ayuda es financiar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pymes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Además de los requisitos generales del proyecto a los que se refiere el artículo 5, deberán cumplirse los siguientes:

1. Se exigirá un mínimo de un titulado universitario por pyme beneficiaria, que preste sus servicios con una categoría de titulado universitario de grado, licenciatura o diplomatura y dedicado a las tareas de investigación en el proyecto subvencionable.

2. Podrá acordarse la subcontratación de parte del proyecto, hasta el máximo del 50% de la inversión subvencionable, con una o varias empresas y /o centros de I+D.

3. El importe mínimo de la inversión proyectada para esta modalidad de ayudas será de 25.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido. El importe máximo de inversión subvencionable será de 250.000 euros (IVA excluido).

4. El proyecto tendrá un período de ejecución máxima de 24 meses, a realizar en los 26 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. No obstante, podrán admitirse gastos desde el día posterior a la presentación de solicitud de la ayuda, para el supuesto de proyectos iniciados con anterioridad a la resolución de concesión. En este último supuesto, los proyectos se ejecutarán en el plazo máximo de 24 meses desde su inicio.

El número de horas de trabajo de personal que la beneficiaria puede imputar a un proyecto anualmente, se indican a continuación. En el caso de proyectos con duración distinta a un año, esta imputación se hará proporcionalmente a su duración.

1. Horas de trabajo dedicadas al proyecto por parte de personal investigador:

2. Horas de trabajo dedicadas al proyecto por parte de personal auxiliar:

1. El objeto de esta modalidad de ayuda es financiar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pymes de base tecnológica, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Tendrá la consideración de pyme de base tecnológica aquella que, operando en sectores industriales y con capacidad para generar nuevas tecnologías cumple los siguientes requisitos:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán también la condición de beneficiarias las pymes que hayan sido calificadas como empresas innovadoras emergentes en la categoría de empresas de base tecnológica, al amparo de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de empresas emergentes. Las pymes a las que se refiere este apartado estarán exentas de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2 de este artículo.

Además de los requisitos generales del proyecto a los que se refiere el artículo 5, deberán cumplirse los siguientes:

1. Se exigirá un mínimo de un titulado universitario por pyme beneficiaria, que preste sus servicios con una categoría de titulado universitario de grado, licenciatura o diplomatura y dedicado a las tareas de investigación del proyecto subvencionable.

2. Deberán aportar, adicionalmente a la documentación recogida en el artículo 11:

3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 34.2.a) para tener la consideración de empresa de base tecnológica, se realizará mediante un informe de auditor inscrito en el ROAC. Este documento se aportará, una vez notificada la resolución de concesión, junto con los documentos referidos en el artículo 9.5.a) de este decreto.

4. Podrá acordarse la subcontratación de parte del proyecto, hasta el máximo del 40% de la inversión subvencionable, con una o varias empresas y /o centros de I+D.

5. El importe mínimo de la inversión proyectada para esta modalidad de ayudas será de 25.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido. El importe máximo de inversión subvencionable será de 250.000 euros (IVA excluido).

6. El proyecto tendrá un período de ejecución máxima de 24 meses, a realizar en los 26 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. No obstante, podrán admitirse gastos desde el día posterior a la presentación de solicitud de la ayuda, para el supuesto de proyectos iniciados con anterioridad a la resolución de concesión. En este último supuesto, los proyectos se ejecutarán en el plazo máximo de 24 meses desde su inicio.

El número de horas de trabajo de personal que la beneficiaria puede imputar a un proyecto anualmente, se indican a continuación. En el caso de proyectos con duración distinta a un año, esta imputación se hará proporcionalmente a su duración.

1. Horas de trabajo dedicadas al proyecto por parte de personal investigador:

2. Horas de trabajo dedicadas al proyecto por parte de personal auxiliar:

1. El objeto de esta modalidad de ayuda es financiar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental realizados por pymes startups, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Tendrá la consideración de startup: toda pyme emergente; que no tenga más de 48 meses de actividad computados desde la fecha de constitución según el apartado 17) del anexo I hasta la fecha de solicitud de estas ayudas; cuyo modelo de negocio se apoye en la tecnología y el conocimiento, asociados a la innovación y al desarrollo de tecnologías; que buscan arrancar, emprender o crear un nuevo negocio de acelerado crecimiento en base al desarrollo de una idea que sirva para generar un producto nuevo o mejorar de forma ostensible uno ya existente en el mercado, bajo condiciones de alto riesgo tecnológico.

3. Tendrán también la condición de beneficiarias, excepto las startup de estudiantes que estarán excluidas de estas ayudas, las pymes que hayan sido calificadas como empresas innovadoras emergentes en la categoría de startup, al amparo de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de empresas emergentes. Las pymes a las que se refiere este apartado estarán exentas de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2 de este artículo.

Además de los requisitos generales del proyecto a los que se refiere el artículo 5, deberán cumplirse los siguientes:

1. La pyme beneficiada deberá implicar en el proyecto, al menos, a un investigador. No obstante, cuando no dispongan en plantilla, ni pretenda contratar a personal investigador, será necesaria la subcontratación de una universidad y/o centro de investigación, para la realización del proyecto.

2. Podrá acordarse la subcontratación de parte del proyecto, hasta el máximo del 65% de la inversión subvencionable, con una o varias empresas y /o centros de I+D.

3. El importe mínimo de la inversión proyectada para esta modalidad de ayudas será de 15.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido. El importe máximo de inversión subvencionable será de 85.000 euros (IVA excluido).

4. El proyecto tendrá un período de ejecución máxima de 24 meses, a realizar en los 26 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. No obstante, podrán admitirse gastos desde el día posterior a la presentación de solicitud de la ayuda, para el supuesto de proyectos iniciados con anterioridad a la resolución de concesión. En este último supuesto, los proyectos se ejecutarán en el plazo máximo de 24 meses desde su inicio.

5. Cuando se trate de pymes startups a las que se refiere el apartado tercero del artículo anterior, deberán aportar copia certificada del documento administrativo por el que hayan sido calificadas como empresas emergentes al amparo de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre.

El número de horas de trabajo de personal que la beneficiaria puede imputar a un proyecto anualmente se indican a continuación. En el caso de proyectos con duración distinta a un año, esta imputación se hará proporcionalmente a su duración.

1. Horas de trabajo dedicadas al proyecto por parte de personal investigador:

2. Horas de trabajo dedicadas al proyecto por parte de personal auxiliar:

1. Objeto.

2. Ámbito material de los proyectos.

3. Beneficiarias.

4. Características de los proyectos.

5. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

6. Plazo de presentación de solicitudes.

7. Forma de presentación de solicitud y el resto de los documentos exigidos.

8. Documentación.

9. Ordenación e instrucción del procedimiento. Órgano competente para la resolución.

10. Composición de la Comisión de Valoración.

11. Criterios de valoración.

12. Cuantía de la subvención y forma de pago y garantías.

13. Justificación.

14. Financiación.

15. Medio de notificación de las resoluciones y otras actuaciones que se realicen en el procedimiento.

16. Eficacia y recursos.

Con la entrada en vigor del presente decreto, queda derogada expresamente la Orden de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 211, de 30 de octubre), sin perjuicio de que los procedimientos que se hayan iniciado a su amparo continúen rigiéndose por lo dispuesto en dicha Orden.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería que en cada momento ejerza las competencias sobre la materia de ciencia y tecnología, para dictar resoluciones o adoptar las medidas que resulten necesarias para la ejecución de lo previsto en este decreto.

Se faculta asimismo al Secretario General de la Consejería con competencia en materia de ciencia y tecnología, para modificar mediante la correspondiente resolución de convocatoria, los importes máximos del coste por hora de trabajo abonables al personal investigador y al personal auxiliar que participen en el proyecto, a los que se refiere el artículo 7.2 de este decreto.

En todo aquello no regulado expresamente por este decreto será de aplicación la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de cada ejercicio, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones legales estatales con carácter supletorio y las disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se dicten con posterioridad.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 24 de mayo de 2023.

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