Junta de Extremadura

Visto el expediente iniciado mediante escrito de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaria del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura con anotación de entrada en el Registro Único de Documentos de la Junta de Extremadura (SIREX) el 7 de diciembre de 2021 , por el que se solicita la emisión de informe de legalidad respecto de la modificación-adaptación de los Estatutos del citado colegio, aprobados por su Asamblea General, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2021 –posteriormente objeto de nueva aprobación por su Asamblea General, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2022–, se emite la presente de conformidad con los siguientes:

El citado informe de legalidad fue notificado mediante escrito dirigido por el Servicio de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales (Secretaría General) de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura al Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con anotación de salida en el Registro Único de Documentos de la Junta de Extremadura (SIREX), el 11 de noviembre de 2022.

En el marco de la Constitución Española de 1978, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que establece en su artículo 9.1.11 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas y de lo dispuesto en la legislación básica del Estado en dicha materia, en este procedimiento es directamente aplicable la siguiente normativa legal y reglamentaria:

1º. El Real Decreto 59/1995, de 24 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de Colegios Oficiales o Profesionales.

2º. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

3º. La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, conforme con la modificación practicada por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre.

4º. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

5º. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

6º. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7º. El Decreto 24/2007, de 20 de febrero, por el que se regula el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

8º. El Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

9º. El Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

10º. Los Estatutos del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura publicados en el Diario Oficial de Extremadura, número 8, de 19 de enero de 2006, mediante Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Consejera de Presidencia , conforme con la modificación de los mismos publicada en el Diario Oficial de Extremadura, número 133, de 12 de julio de 2011, mediante Resolución de 27 de junio de 2011, del Consejero de Administración Pública y Hacienda.

11º. Los Estatutos provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, publicados en el Boletín Oficial del Estado, número 2, de 2 de enero de 1999, mediante Orden, de 15 de diciembre de 1998, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura fija el régimen jurídico de los Colegios Profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se circunscriba exclusivamente al territorio de Extremadura, en este sentido, su artículo 1.2, dispone que se regirán por las disposiciones básicas del Estado, por la presente ley, las normas que se dicten en desarrollo de la misma, y por sus Estatutos .

Los Estatutos de las corporaciones colegiales son la norma mediante la que sus colegiados ejercitan de forma autónoma la facultad de autoorganización y funcionamiento para la consecución de sus fines; en este sentido, el artículo 18 de la Ley 11/2002, dispone que Los Colegios Profesionales de Extremadura elaborarán y aprobarán sus estatutos y sus modificaciones de manera autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico ; por su parte, el artículo 19, establece las determinaciones que, como mínimo, han de contener los estatutos colegiales.

La comunicación a la Administración Autonómica, la calificación de legalidad y publicación de los estatutos y sus modificaciones, se regula en los artículos 20 y 21 de la Ley 11/2002; en este sentido y de conformidad con los preceptos citados, los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería competente en materia de colegios profesionales (actualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública) los estatutos y sus modificaciones para su control de legalidad e inscripción en el Registro regulado en el título V de esta ley dentro el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su aprobación (artículo 20.1). Los estatutos y sus modificaciones serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura (artículo 21).

La Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002 (en adelante Ley 4/2020), en su disposición transitoria segunda, dispone:

Las modificaciones de la ley a la que deben adaptarse los Colegios van dirigidas al refuerzo de las garantías de las personas colegiadas, las personas consumidoras y usuarias de los servicios profesionales, a la consecución de transparencia en la información que ofrecen los colegios profesionales y a la supresión de trabas administrativas no justificadas en el trámite de colegiación en estas corporaciones.

La ley también introduce como fin la defensa de los intereses de consumidores y usuarios; mejora y agrupa las funciones y obligaciones de los colegios; el contenido de los estatutos; regula la ventanilla única en los términos de la normativa básica estatal; el visado; la atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios; la prohibición de establecer honorarios salvo lo señalado para las costas y la jura de cuentas; la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso y ejercicio a profesiones colegiadas y los servicios y prestaciones que pueden imponerse a los y las profesionales titulados en situaciones excepcionales. Completa lo anterior la necesidad de que los colegios elaboren una memoria anual que recoja información sobre el modo en que las actividades realizadas redundan en beneficio de la protección del interés público y la oportunidad de que dentro del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de la comunidad que pudiera crearse participen aquellos colegios supraautonómicos que tengan representación en Extremadura.

1. Modificaciones estatutarias introducidas.

2. Elaboración y aprobación del texto estatutario modificado.

3. Control de legalidad, inscripción y publicación del texto modificado.

4. Calificación de legalidad de las modificaciones aprobadas.

1. Competencia de instrucción y tramitación.

2. Competencia de resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer ante este mismo órgano recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el citado Diario Oficial, conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Si se interpone el recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca su desestimación por silencio administrativo.

Mérida, 31 de agosto de 2023.

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones.

Son principios esenciales de su estructura interna y funcionamiento la igualdad de sus miembros, la elección democrática de sus órganos de gobierno, la adopción de los acuerdos por mayoría, su libre actividad dentro del respeto a las leyes.

El ámbito territorial del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura es el correspondiente a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La sede del Colegio radica en la ciudad de Badajoz, teniendo domicilio actual en Avenida Juan Carlos I, n.º 16, 1.º-C 06001 de Badajoz. El domicilio podrá ser modificado, a propuesta de la Junta de Gobierno, mediante acuerdo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de los Estatutos.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y con las facultades y competencias que en el mismo se determinen, podrán establecerse delegaciones dentro del ámbito competencial territorial del Colegio, en zonas que así lo requieran los intereses de los profesionales.

El Colegio se regirá por los presentes Estatutos, por la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, con las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre, además de por las disposiciones legislativas tanto estatales como autonómicas que en el desarrollo de sus competencias se dicten al respecto.

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura se relacionará con la Consejería correspondiente de la Junta de Extremadura que tenga la competencia de Colegios Profesionales.

En todo lo que respecta a los contenidos de su profesión, el Colegio se relacionará con la Consejería de la Junta de Extremadura que tenga asumidas las competencias en materia de sanidad y la que tenga asumidas las competencias en materia de bienestar social, así como cualquier otra que asuma o tenga competencias que afecte a los intereses y contenidos de la profesión de podólogo, con quienes podrá celebrar convenios y acuerdos por los que se regirán las prestaciones de sus colegiados en las relaciones y servicios que los colegiados presten en régimen de colaboración con el sector público.

1. El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura se relacionará con el Consejo General de Colegios de Podólogos, de acuerdo con lo que determine la legislación general del estado. El marco de relación entre ambas corporaciones será por el sistema de acuerdo entre las partes.

2. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá establecer acuerdos de reciprocidad y cooperación con otros Colegios y Asociaciones tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura como fuera de dicho ámbito territorial.

3. El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá establecer con los organismos extranjeros e internacionales las relaciones que, dentro del marco de la legislación vigente, tenga por conveniente.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, y su modificación por Ley 4/2020, de 18 de noviembre, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, asume las funciones reconocidas en la citada norma.

1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja colegial y en particular:

2. También a través de la mencionada ventanilla única, los Colegios ofrecerán a los consumidores y usuarios los siguientes servicios:

El Colegio deberá atender las quejas y reclamaciones presentadas por los colegiados.

También dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, donde se tramitarán y resolverán, en el plazo de un mes, cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios de un podólogo, así como por las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en representación o defensa de sus intereses.

El Colegio, a través de este servicio de atención a los consumidores y usuarios resolverá sobre la queja o reclamación, según proceda, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

La regulación de este ejercicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión, a tal fin elaborarán una Memoria Anual que contendrá como mínimo la siguiente información:

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre del año, y deberá respetar la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

3. A los efectos de que el Consejo General haga pública su Memoria Anual, el Colegio le facilitarán la información necesaria para elaborar su Memoria Anual.

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura considera como su misión y objeto principal la consecución de las siguientes finalidades:

1. Funciones:

2. Obligaciones:

Tienen derecho a incorporarse al Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura quienes tengan el título de grado universitario en podología o titulación homologada de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el estado español.

El acceso y ejercicio a la profesión se regirá por los principios de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual.

Para ejercer legalmente la profesión de podólogo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura será requisito indispensable estar incorporado al Colegio cuando así lo exija la legislación estatal de aplicación y cumplir los requisitos legales y estatutarios exigidos, siendo el territorio de esta comunidad donde radique el domicilio profesional único o principal.

No obstante, aquellos podólogos colegiados en otros colegios de podólogos del territorio español en el que tengan su domicilio profesional principal podrán ejercer la profesión dentro del ámbito territorial del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

No se exigirá la previa incorporación al Colegio en el supuesto de libre prestación ocasional de servicio a aquellos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que están previamente establecidos con carácter permanente en cualquiera de los Estados, de acuerdo, en cada caso, con lo que dispongan las normas comunitarias de aplicación a la profesión.

Las personas que constituyen el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura pueden ser:

El requisito de la colegiación obligatoria no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones públicas de Extremadura para el ejercicio de sus funciones en cuanto que éstas no supongan la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas.

Para el ejercicio privado de su profesión, con independencia del cumplimiento de los demás requisitos y condiciones que establezca la legislación sobre incompatibilidades, dicho personal habrá de cumplir con la obligación de colegiarse, si así fuese exigido por una ley estatal.

No obstante lo dispuesto en el artículo 15 de los presentes Estatutos, también podrá ejercer la profesión todo podólogo que, aunque no colegiado en este Colegio, pertenezca y esté colegiado como ejerciente en cualquier otro de los Colegios de Podólogos del Estado español reconocidos legalmente, dentro de cuyo ámbito territorial tenga su domicilio profesional principal.

En estos supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, corresponde a este Colegio el ejercicio de las competencias de ordenación y potestad disciplinaria en beneficio de consumidores y usuarios. Las sanciones impuestas en base a esta competencia surtirán efectos en todo el territorio español y para ello el Colegio adoptará los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre los diferentes Colegios de Podólogos del estado español.

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura no podrá exigir a los profesionales podólogos colegiados en otros colegios y que ejerzan en este territorio comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan a sus colegiados por la prestación de servicios no cubiertos por la cuota colegial.

Tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura quienes reúnan las condiciones exigidas en el presente Estatuto y, además, lo soliciten expresamente.

No podrá limitarse el número de componentes del Colegio, ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos aspirantes.

Se pondrá a disposición de quienes lo soliciten toda la información necesaria para acceder a la profesión y para su ejercicio, facilitándoles la gestión de los trámites relacionados con la colegiación y el ejercicio profesional.

1. Para la incorporación al Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en calidad de ejerciente, se exige que el candidato además de no estar sometido a ninguna circunstancia determinante de incapacidad para el ejercicio profesional, reúna las siguientes condiciones:

2. El Colegiado en situación de no ejerciente que pretenda su paso a Colegiado con ejercicio deberá formular solicitud dirigida a la Junta de Gobierno, acompañando la documentación necesaria para acreditar los siguientes requisitos:

Para la incorporación al Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en calidad de no ejerciente se exige al candidato, además de no estar sometido a ninguna circunstancia determinante de incapacidad, que reúna los siguientes requisitos:

Solicitar la admisión mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, acompañando la documentación necesaria para acreditar:

Todos los trámites de colegiación, alta o baja en el Colegio podrán realizarse además de personalmente en la sede del Colegio, mediante vía telemática o a distancia, a través de la ventanilla única creada al efecto. En cualquier caso, deberá acreditarse la identidad de quien realiza la actuación, así como la autenticación de la documentación que presente.

Corresponde a la Junta de Gobierno resolver en el plazo de un mes sobre las solicitudes de incorporación al Colegio, todo ello previa las diligencias e informes que proceda, mediante resolución motivada.

Cuando la resolución fuera denegatoria deberá ser notificada al interesado. Esta resolución agota la vía administrativa. Contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación o, recurso contencioso administrativo, sin que se puedan simultanear ambos a la vez.

Son causas de denegación de la solicitud la falta de cualquiera de los requisitos que para la admisión se establecen en los artículos 21 y 22 de los presentes estatutos.

1. Cuando una persona cumpla con los requisitos estatutarios y legales establecidos para ello, y esté ejerciendo la profesión de podólogo sin estar colegiado, cuando la colegiación sea exigida por la legislación estatal, se procederá a su colegiación de oficio para que, velando por la garantía y seguridad de los usuarios, lo ejerza conforme a la legislación estatal.

2. El acuerdo de iniciación de expediente se adoptará por la Junta de Gobierno, pudiendo recabar información de cualquier Administración, conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Se requerirá al interesado a fin de que inste y facilite la documentación necesaria para su colegiación, con la indicación del inicio del expediente y confiriéndole plazo de 15 días para de alegaciones. Pasado este plazo sin recibir contestación, se recabará, a su costa, abonando los gastos a que hubiere lugar, la documentación solicitada a las administraciones públicas pertinentes, conforme al artículo 140 mencionado en el apartado precedente.

4. A la vista de lo alegado o de la documentación presentada, la Junta de Gobierno resolverá sobre su colegiación, notificando la resolución al interesado.

1. La condición de colegiado se perderá por alguna de las causas siguientes:

2. La pérdida de condición por las causas c) y d) será acordada por la Junta de Gobierno en resolución motivada, que deberá ser notificada al interesado.

3. La pérdida de la condición de colegiado no liberará del cumplimiento de las obligaciones vencidas, que podrán exigirse a los interesados o a sus herederos.

4. La condición de colegiado y, cuando resultare procedente de conformidad con la legislación estatal de aplicación, el ejercicio de la profesión, podrán suspenderse en virtud de sanción disciplinaria a que se refiere el artículo 90 de este Estatuto.

La Junta de Gobierno acordará previo expediente informativo el pase a situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurran, y mientras persista, alguna de las causas determinantes de incapacidad o de incompatibilidad para el ejercicio profesional, y ello, sin perjuicio de que, si correspondiera, resuelva lo procedente en vía disciplinaria.

Quienes a petición propia hayan sido dados de baja en este Colegio, no perteneciendo a ningún otro Colegio, abonarán el pago de los derechos de incorporación si el tiempo de la baja excede de tres años; abonarán el setenta y cinco por ciento de esos derechos si la duración de la baja supera los dos años; abonarán el cincuenta por ciento de los derechos de incorporación si el tiempo de baja supera el año; abonarán el veinticinco por ciento de tales derechos si el tiempo de baja no supera el año.

Todo podólogo del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá estar incorporado a cuantos Colegios desee, mediante el cumplimiento de los requisitos y el abono de las cuotas que aquellos tengan establecido.

Del mismo modo, los Podólogos incorporados a otros Colegios podrán hacerlo a este Colegio uniendo a su petición la documentación acreditativa de estar colegiado y al corriente del pago de cuotas en el Colegio de procedencia y cumpliendo las demás formalidades fijadas por la Junta de Gobierno. Los Colegiados provenientes de otros Colegios con los que exista convenio de intercolegiación suscrito con este Colegio cumplirán exclusivamente las formalidades y requisitos que en dichos convenios se establezcan.

El ejercicio de los derechos individuales de asociación y sindicación reconocidos constitucionalmente será compatible en todo caso con la pertenencia al Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura.

Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la podología:

Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las han motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria.

Todos los colegiados incorporados al Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura quedan sujetos al régimen de incompatibilidades establecidas en la legislación estatal y autonómica y, de modo particular, las siguientes:

El podólogo a quien afecte algunas de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior deberá comunicarlo, sin excusa, a la Junta de Gobierno del Colegio, cesando automáticamente en el ejercicio de la profesión.

La infracción de dicho deber de cese en el ejercicio profesional, así como la infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por personas interpuestas, constituirá falta muy grave sancionable en la forma prevista en el artículo 87.1.b) de estos estatutos.

Serán prácticas totalmente prohibidas a los podólogos, las consignadas como tales en legislación estatal y autonómica, así como:

La infracción de las precedentes prohibiciones será perseguible disciplinariamente.

El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún caso el Colegio podrá por sí mismo o por los Estatutos, establecer restricciones al ejercicio profesional en la modalidad de sociedad profesional.

Los podólogos podrán ejercer su profesión individualmente o de forma conjunta con de otros profesionales de la misma o distinta especialidad, siempre que no sean incompatibles por ley.

En el caso de ejercer con otros profesionales colegiados, deberá adoptar la forma de Sociedad Profesional a la que hace referencia la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de sociedades profesionales.

Son derechos de los colegiados todos los que les reconozca o imponga específicamente las leyes de Colegios profesionales, las leyes sectoriales vigentes en cada momento, los reglamentos colegiales y acuerdos de Junta de Gobierno y Asamblea General de este Colegio y, además:

Son deberes de los podólogos como requisito indispensable para ejercer legalmente la profesión:

La publicidad está permitida siempre de acuerdo con la normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Estado y atendiendo a las siguientes restricciones:

1. El podólogo tiene derecho a una retribución económica adecuada por su actuación profesional.

2. El podólogo debe fijar libremente con su paciente la cuantía de sus servicios profesionales y su fijación en hoja de encargo sirve de contrato expreso entre partes.

3. El podólogo tiene derecho a pedir, previamente al inicio de su intervención profesional o durante el tratamiento correspondiente a la misma, entregas a cuenta del importe total a percibir.

Estas entregas a cuenta habrán de ser moderadas y de acuerdo con las previsiones razonables del asunto y podrá condicionar el inicio de las tareas profesionales.

El podólogo tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional de todas las actuaciones que tramite en el ejercicio profesional, así como de sus pacientes, salvo disposición legal contraria. Este secreto se extiende incluso después de haber cesado la prestación de sus servicios. Este secreto comprende las confidencias del cliente y todos hechos, documentos, informes, análisis y demás de los que haya tenido noticia y conocimiento por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Autónoma de Extremadura estará regido por la Junta de Gobierno y la Asamblea General, cuya composición, estructura y régimen de funcionamiento se acomodarán a los principios de democracia y autonomía.

La Asamblea General es el órgano supremo y soberano del Colegio en el que se manifiesta la voluntad colegial en los asuntos propios de su competencia, con arreglo a las disposiciones de estos estatutos, sin más limitaciones que las legalmente establecidas, y sus acuerdos válidamente adoptados son obligatorios incluso para los disidentes o ausentes.

Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se celebren.

No se admitirá el voto por correo, ni por delegación, salvo en los actos electorales, en los que se estará a lo dispuesto pare ellos en estos estatutos.

1. Las Asambleas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince días hábiles, salvo que por razones de urgencia el Presidente entienda que debe reducirse el plazo en las extraordinarias, mediando en todo caso un plazo de ocho días. La convocatoria contendrá el orden del día y la hora y lugar de su celebración, en primera y segunda convocatoria, mediando como mínimo media hora entre ambas, y se insertará también en el tablón de anuncios del Colegio.

2. Sin perjuicio de lo anterior, se informará también a los colegiados por comunicación escrita o telemática dirigida al domicilio o correo electrónico que conste en el Colegio o a través de la ventanilla única, en la que igualmente se insertará el orden del día, y demás aspectos señalados en el párrafo anterior. Esta información podrá realizarse por el Presidente o el Secretario del Colegio y ser acompañada, en caso de convocatoria urgente, por la publicidad adicional que la Junta acuerde en los medios regionales de comunicación. A los colegiados, junto a la convocatoria, se les acompañara toda la documentación necesaria y suficiente, a juicio de la Junta de Gobierno, para que tengan conocimiento preciso de los temas a tratar.

3. En la secretaría del Colegio y en horas de despacho estarán a disposición de los colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Asamblea convocada con la antelación mínima a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

4. Las Asambleas estarán válidamente constituidas en primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los colegiados y en segunda convocatoria con la asistencia de los que estuvieran presentes, salvo en los casos que se requieran mayorías cualificadas.

Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán el día y hora señalados en el lugar que se fije en la convocatoria, que necesariamente ha de ser en el ámbito territorial del Colegio, cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ella, salvo en los casos en que se exija un quórum de asistentes determinado.

1. Las Asambleas Generales serán presididas por el presidente o quien, conforme a estos Estatutos, le sustituya. Será quién dirija los debates y determinará la forma de las votaciones.

2. Los asuntos que hayan de ser tratados por la Asamblea General serán objeto de discusión en la misma mediante la intervención de los asistentes que lo soliciten. Se concederá por el Presidente turnos a favor y en contra de la proposición o asuntos a tratar y, una vez agotados los turnos, se someterá cada asunto a votación.

3. El Presidente o quien presida podrá limitar el tiempo de las intervenciones. También podrá conceder la palabra para dar lugar a cuestiones de orden procedimental, rectificar o fijar posiciones o por alusiones, debiéndose limitar el colegiado interviniente al punto concreto que motive la nueva concesión de palabra, pudiendo el Presidente retirarla a quien exceda de dicha limitación.

4. En el caso de que la sesión de la Asamblea se prolongue por más de tres horas, el Presidente o quien la presida podrá proponer la suspensión de la misma para continuarla el mismo día, o al siguiente hábil, fijando en ambos casos nuevo horario.

1. Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por mayoría simple de votos emitidos, salvo cuando estatutariamente se requiera una mayoría cualificada. En ningún caso el voto será delegable.

2. El voto de los colegiados ejercientes tendrá el doble valor que el de los colegiados no ejercientes.

3. Se entenderá que existe unanimidad en una votación cuando al preguntar el Presidente o quien presida la Asamblea, si se aprueba el asunto sometido a debate, ningún colegiado manifieste lo contrario. En todo caso el Presidente podrá proponer que se celebre la votación.

4. El acta de la Asamblea, redactada por el Secretario, contendrá la relación de asistentes, las circunstancias del lugar y del tiempo en que se ha realizado la misma, la forma y el resultado de las votaciones, si las hubiere, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta será aprobada, si procede, por la Asamblea General en la misma sesión, y de ella será fedatario el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la sesión, o en su defecto, en la siguiente Asamblea General.

Se celebrará dentro del último semestre de cada año con arreglo al siguiente orden del día mínimo:

1º. Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior.

2º. Reseña que hará el Presidente de los acontecimientos más importantes que durante el año anterior hayan tenido lugar en relación al Colegio.

3º. Lectura, discusión y votación de los dictámenes y proposiciones que se consignan en la convocatoria.

4º. Lectura, examen y votación del presupuesto elaborado por la Junta de Gobierno para el siguiente ejercicio.

5º. Lectura, examen y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior.

6º. Ruegos y preguntas.

1. Las Asambleas Generales Extraordinarias se convocarán por la Junta de Gobierno a iniciativa del Presidente, el propio órgano convocante, o del veinte por ciento de los colegiados ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.

2. Solo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea contra Ley, ajena a los fines atribuidos a la Corporación, o de cumplimiento imposible, podrá denegarse la celebración de la Asamblea Extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.

3. Si lo que pretendiesen fuera un voto de censura contra la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros, la petición deberá ser suscrita al menos por el veinte por ciento de los podólogos ejercientes incorporados al Colegio al menos con tres meses de antelación, expresando con claridad las razones en que se funde.

4. La Asamblea General Extraordinaria deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles contados desde la presentación de la solicitud por los colegiados o desde el acuerdo del Presidente o de la Junta de Gobierno.

Las Asambleas Generales extraordinarias son las únicas competentes para autorizar a la Junta de Gobierno la adquisición, gravamen o enajenación de bienes inmuebles de la Corporación, aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros y la modificación de los presentes estatutos. También podrán acordar la formulación de peticiones a los poderes públicos y formular cualquier tipo de proposición conforme a la legalidad vigente.

Para la modificación de estos Estatutos se exigirá un quórum de asistencia de la mitad más uno del censo de colegiados ejercientes, alcanzándose el acuerdo por mayoría simple sobre dicho quórum. De no alcanzarse dicho quórum y después de intentada la válida constitución, la Junta de Gobierno convocará nueva Asamblea General Extraordinaria que podrá adoptar el acuerdo por mayoría simple sin exigencia de quórum especial de asistencia.

La moción de censura a la Junta de Gobierno o a cualquiera de sus miembros solo podrá plantearse en la Asamblea General extraordinaria convocada al efecto, con los requisitos especiales exigidos en el artículo 45.3 de estos Estatutos. La Asamblea quedará constituida cuando asista la mitad más uno del censo de colegiados ejercientes y para que prospere la moción será necesario el voto favorable expresado en forma personal directa y secreta de la mitad más uno de los asistentes.

La Junta de Gobierno se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, quienes en los actos oficiales, los solemnes y cuando hayan de hacer valer su condición, podrán utilizar los atributos propios de sus respectivos cargos.

Son atribuciones de la Junta de Gobierno:

1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez cada dos meses, como mínimo. Con carácter extraordinario se reunirá cuantas veces sea necesario, convocada por el Presidente o a petición de tres miembros de la Junta.

2. Las reuniones serán convocadas por el Presidente, quien fijará el orden del día y ordenará al Secretario la remisión de la convocatoria al menos con siete días de antelación. La convocatoria se podrá realizar verbalmente o por correo electrónico. En caso de urgencia se podrá realizar sin necesidad de plazo de convocatoria. Las reuniones de la Junta se podrán realizar vía telemática.

3. La convocatoria se hará por escrito y comprenderá el orden del día correspondiente. No se podrán tratar asunto o adoptar acuerdos que no figuren en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Junta y sea declarado la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

4. La Junta quedará válidamente constituida con la asistencia de la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, teniendo el Presidente voto de calidad.

5. Sin perjuicio de las sustituciones o delegaciones que determine específicamente la propia Junta, ésta podrá acordar la delegación de la firma del Secretario para cuestiones no sustanciales y de mero trámite en otro miembro de la Junta.

6. El acta de la Junta, redactada por el Secretario, contendrá la relación de asistentes, las circunstancias del lugar y del tiempo en que se ha realizado la misma, la forma y el resultado de las votaciones, si las hubiere, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta será aprobada, si procede, por la Junta en la misma sesión, y de ella será fedatario el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la sesión, o en su defecto, en la siguiente Junta.

No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:

1) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.

2) Los colegiados a quienes se haya impuesto una sanción disciplinaria, ya sea en este Colegio o en cualquier otro donde estuvieran o hubieran estado dados de alta, mientras no estén rehabilitados.

3) Los colegiados que sean miembros de los órganos rectores de otro Colegio profesional.

Corresponderán al Presidente del Colegio:

El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Presidente, asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.

Corresponde al Secretario las funciones siguientes:

Corresponderá al Tesorero:

Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados ejercientes y no ejercientes, con arreglo al procedimiento que se consigna en estos Estatutos, teniendo doble valor el voto de los colegiados ejercientes que el de los colegiados no ejercientes.

El Presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno se proveerán entre colegiados ejercientes, residentes y con ejercicio profesional en la demarcación del Colegio y que posean la condición de elector, a excepción de quienes estén afectados por una sanción administrativa o judicial que comporte la suspensión de actividades en general o la limitación de estos derechos. No podrán optar a ser candidatos aquellos que no estén al día con sus cuotas colegiales. La duración de mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

La renovación de cargos se verificará por candidaturas completas, en la que figuren todos los cargos de la Junta de Gobierno a elegir. Las candidaturas deberán formarse indicando el cargo al que opta cada candidato; sin que ningún candidato pueda presentarse a más de un cargo o candidatura.

Si se produjera alguna vacante antes del vencimiento del período de mandato o alguna de los componentes de la Junta de Gobierno cese por cualquier causa, la propia Junta de Gobierno designará, si procede y con carácter de interinidad, un sustituto hasta que tenga lugar la primera elección reglamentaria.

Si se produjese la vacante de dos o más miembros de la Junta de Gobierno, se convocarán elecciones en un plazo no superior a treinta días naturales.

Para ser elegido Presidente o cualquiera de los otros miembros de la Junta de Gobierno sólo se necesita ser colegiado en este Colegio como ejerciente, con las condiciones establecidas en el artículo anterior y con la obligatoriedad de acreditación de colegiación de un mínimo de cinco años para Presidente y dos años para el resto de cargos.

1. La elección de los cargos de la Junta podrá tener lugar en acto separado de las sesiones de la Asamblea General y podrá celebrarse en cualquier período del año.

2. La convocatoria de las elecciones se hará por la Junta de Gobierno con treinta días naturales de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de la elección.

3. Tendrán derecho de sufragio activo los colegiados incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones.

1º. Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes:

2º. Los colegiados que quisieran formular reclamación contra las listas de electores, habrán de verificarla dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a la exposición de las mismas.

3º. La Junta, al siguiente día de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes.

4º. La exclusión de cualquier candidato deberá ser motivada y se notificará al interesado al siguiente día hábil.

5º. Los recursos que se interpongan serán en un solo efecto salvo que, excepcionalmente, la Junta Electoral acuerde otra cosa en resolución motivada.

1. Para la celebración de la elección se constituirá la mesa en el número y en la forma que establece estos Estatutos y previo acuerdo de la Junta Electoral.

2. Cada mesa electoral estará presidida por el Presidente del Colegio o de la Junta Electoral en caso de que este se presente de nuevo, o por un miembro de la Junta de Gobierno, auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la Junta de Electoral, que actuarán como vocales, de ellos el más moderno como Secretario, salvo que forme parte de la mesa el de la Junta de Gobierno.

Constituida la mesa electoral el Presidente indicará el momento del comienzo de la votación. A la hora prevista para su finalización se cerrarán las puertas, pudiendo votar solamente los colegiados que estuviesen en ese momento en el lugar en el que se realice la votación. La Mesa votará en último lugar.

Los votantes deberán acreditar a quien esté al frente de la mesa electoral, su identidad, comprobándose su inclusión en el censo electoral. El Presidente pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual introducirá la papeleta en la urna correspondiente.

La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y máximo de seis, salvo que la Junta señale en la convocatoria un plazo mayor.

El colegiado que no vote personalmente, lo podrá hacer por correo o mensajería, remitiendo la papeleta en el sobre cerrado que irá dentro de otro que contendrá un folio con la fotocopia de su D.N.I. en vigor y debiendo figurar al pié del mismo la firma en original y manuscrita del votante. El segundo sobre se dirigirá debidamente cerrado al presidente de la mesa y en él constará el nombre del remitente. Los votos por correo se enviarán a la Secretaría del Colegio, dirigidos al Secretario del Colegio y serán recogidos por éste hasta la hora de finalización de la votación.

Acabada la votación personal, la mesa comprobará que los votos recibidos por correo o mensajería hasta la finalización de la votación corresponden a colegiados que no han ejercido el derecho a voto personalmente, anulándolo en caso contrario. A continuación, se abrirán los sobres, se comprobará el cumplimiento de los requisitos y de aquellos que los cumplan se introducirán los sobres que contienen las papeletas en las urnas.

Finalizada totalmente la votación, se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.

Es voto nulo y deberá declararse por la mesa como tal, el emitido en sobre o papeleta diferente al modelo aprobado por la Junta de Gobierno, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta. Serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado nombres de los candidatos, o señalado más de una nombre para cada cargo, así como aquellos en los que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración.

Es voto en blanco, pero válido, y deberá declararse por la mesa como tal, el sobre que no contenga papeleta, o que contenga papeleta donde no se señale a ningún candidato.

Los candidatos o sus interventores podrán examinar las papeletas que se declaren válidas o nulas, y hacer ante la mesa las protestas que estimen convenientes, de lo que se dejará constancia en el acta a la que se unirán las papeletas objeto de protesta con la firma al dorso del candidato o interventor que formule la objeción sobre la consideración de válida total o parcialmente o inválida que la mesa hubiera dado a la misma

Igualmente tendrán derecho a examinar y formular las oportunas protestas respecto de los sobres que han sido declarados inadmisibles y devueltos al señor secretario, los cuales igualmente firmarán y se acompañarán al acta de la sesión que suscribirán los componentes de la mesa y candidatos o interventores presentes en los que podrán consignar los firmantes las reservas u objeciones que consideren oportunas.

Finalizado el escrutinio, la presidencia anunciará el resultado proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieran obtenido para cada cargo el mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio, y de persistir el empate será elegido el de mayor edad.

De la elección y del escrutinio se levantará la correspondiente acta que firmarán los integrantes de la mesa electoral.

Los candidatos proclamados electos tomarán posesión de sus cargos en la siguiente Junta de Gobierno que se convoque y que deberá convocarse en un periodo no superior a 15 días desde la celebración de las elecciones, previo juramento o promesa de cumplir fielmente el cargo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, momento en que cesarán en sus cargos los sustituidos.

Constituida la Junta, en el plazo de un mes deberá comunicarse al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, así como a la Administración que tenga asumidas las competencias en materia de Colegios Profesionales, su nueva composición, identificando a las personal y cargos para los que han sido elegidos así como el período de mandato.

El resultado de la elección será impugnable potestativamente en reposición ante la Junta Electoral o directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin que puedan simultanearse ambos.

La interposición del recurso no suspenderá en ningún caso la proclamación y toma de posesión de los elegidos, salvo decisión judicial que así lo acuerde.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio queden vacantes, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos designará una Junta Provisional que convocará, en el plazo de treinta días naturales, elecciones para la provisión de los cargos vacantes y deberán celebrarse dentro de los treinta días naturales siguientes, contados a partir de la convocatoria.

Si quedasen vacantes la mayoría de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos la completará discrecionalmente en forma también provisional actuándose para su provisión definitiva en la misma forma anteriormente consignada.

Todos los acuerdos de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno, así como las decisiones del Presidente en el ejercicio de su cargo, serán inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo o resolución motivada en contrario.

Las actas de las Asambleas Generales y de Juntas de Gobierno, se transcribirán, separadamente, en dos libros que a tal efecto y con carácter obligatorio se llevarán en el Colegio. Serán firmadas por el Presidente, por el Secretario o por quienes hubieran desempeñado sus funciones en la Asamblea de que se trate.

El Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura podrá crear vínculos de intercolegiación y mutua colaboración con los demás Colegios de Podólogos de España, sin que ello suponga merma de las competencias y personalidad propia e independiente de cada Colegio o de la atribuida en su caso al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.

La actividad de los Colegios Profesionales como Corporaciones de Derecho Público estará sometida al Derecho Administrativo cuando ejerzan funciones administrativas.

Se exceptúan las cuestiones de índole civil y penal, que quedan sometidas al régimen jurídico correspondiente, así como las relaciones con su personal, que se regirán por la legislación laboral.

Los acuerdos de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno de este Colegio, de sus Comisiones permanentes, si las hubiere, y las decisiones del Presidente que deban ser notificados a los colegiados, referidas a cualquier materia, lo serán en el domicilio profesional que tenga comunicado al Colegio o a través de la ventanilla única.

Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los colegiados, lo serán en el domicilio profesional que tengan comunicado al Colegio. La notificación se adecuará a lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, pudiendo realizarse por un empleado del Colegio del Colegio. Si no se pudiese efectuar la notificación de esta forma, se entenderá perfeccionada a los quince días de su exposición en el tablón de anuncios del propio Colegio, que se realizará en la forma prevista por la citada ley. Asimismo, los colegiados podrán recibir las notificaciones a través de la ventanilla única, o mediante correo electrónico.

1. Los actos y resoluciones sujetos a derecho administrativo emanados de la Junta de Gobierno, y los dictados por delegación de aquella podrán ser recurridos potestativamente mediante recurso de reposición ante el órgano que lo dictó o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

2. Los actos y resoluciones sujetos a derecho administrativo de la Asamblea General, los dictados por delegación de aquella, y los actos administrativos del Presidente, podrán ser objeto de recurso potestativo previo de reposición ante el propio órgano que los hubiere dictado, ya sea la Asamblea General o Presidente, quien será igualmente el competente para resolverlo, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo conforme con la legislación reguladora de dicha jurisdicción, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

3. Contra los actos y resoluciones dictados en materias delegadas por la Administración Autonómica cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero competente por razón de la materia. Contra los actos y resoluciones dictados en materias delegadas por la Administración Estatal y Local cabrá interponer recurso ante el órgano que se establezca en el acuerdo delegatorio correspondiente.

Son nulos de pleno derechos o anulables los actos de los órganos corporativos en los casos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los Podólogos están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.

Por el Colegio de Podólogos se ejercitarán de oficio, a petición razonada del Presidente o por denuncia, las acciones legales que fueren procedentes por presuntos delitos de intrusismo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la adopción de cualquier otra medida legal, gubernativa o corporativa que tienda a combatir el intrusismo profesional, que será combatido en todas sus formas, ya se haga directamente o por intermedio de Podólogo, bien proceda de una persona natural o jurídica.

Los Podólogos en su ejercicio profesional están sujetos a responsabilidad civil cuando por impericia o negligencia dañen los intereses del paciente al que asistan; responsabilidad que será exigible, con independencia de las correcciones disciplinarias que pudieran proceder, conforme a la legislación ordinaria y ante los Tribunales de Justicia.

A) FACULTADES DISCIPLINARIAS DEL COLEGIO.

1. Los podólogos, además de las responsabilidades penales y civiles en que pudieran incurrir, están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de deberes u obligaciones profesionales, estatutarias, reglamentarias o deontológicas.

2. El Colegio, por tanto, tiene jurisdicción para sancionar las faltas cometidas por los profesionales, colegiados o provenientes de otros colegios, en el ejercicio de su profesión o actividad colegial.

3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado.

La Junta de Gobierno y el Presidente son competentes para el ejercicio de la facultad disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas:

1. Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta, en cuanto afecten a la profesión.

2. Se declarará previa la formación del expediente seguido por los trámites especificados en estos Estatutos.

3. Las correcciones que se podrán imponer serán las siguientes:

El acuerdo de suspensión o expulsión del Colegio deberá ser tomado por la Junta de Gobierno, mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes.

Las facultades disciplinarias en relación con los miembros de la Junta de Gobierno serán competencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, o en su caso del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales.

B) DE LAS FALTAS Y SANCIONES.

Las faltas que pueden llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.

Tendrán la consideración de faltas muy graves las siguientes:

Son faltas graves las siguientes:

Tendrán la consideración de faltas leves:

1) Por faltas muy graves:

2) Por faltas graves:

3) Por faltas leves:

1. Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno, y en su nombre por el Presidente, sin necesidad de expediente, y con audiencia o descargo del inculpado.

2. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno tras la apertura de expediente disciplinario que se tramitará conforme a lo establecido en el Procedimiento Disciplinario fijado en el presente Estatuto.

3. El acuerdo de imposición de sanciones corresponderá siempre a la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno, en el último trimestre de cada año, convocará a todos los podólogos que lo deseen a formar parte de una lista de donde el año siguiente y por riguroso orden alfabético, se designarán los instructores de los expedientes sancionadores. De no cubrirse esta lista de adscritos al turno de instrucción de expedientes disciplinarios, la Junta de Gobierno, designará al instructor para cada expediente que será elegido mediante sorteo público de una lista en la que figuren todos los podólogos con más de cinco años en el ejercicio de la profesión. En cualquier caso, el instructor no podrá ser miembro de la Junta de Gobierno.

El procedimiento se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno, ya sea por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier colegiado, persona o entidad pública o privada.

La Junta de Gobierno, cuando reciba una denuncia o tenga conocimiento de una supuesta infracción, podrá acordar la instrucción de información reservada antes de decidir la incoación del expediente o si procede que se archiven las actuaciones sin ningún recurso ulterior.

Todas las actuaciones relativas a la tramitación del expediente irán a cargo del instructor, el cual será nombrado por la Junta de Gobierno caso de no existir la lista de instructores indicada en el artículo anterior. La incoación del expediente, así como el nombramiento del instructor se notificará al colegiado sujeto de expediente.

Corresponde al instructor practicar todas las pruebas y actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. A la vista de las actuaciones practicadas se formulará un pliego de cargos donde se expondrán los hechos imputados, o bien la propuesta de sobreseimiento y archivo del expediente.

El pliego de cargos se notificará al interesado y se le concederá un plazo de quince días hábiles para poder contestarlo. En el trámite de descargo el colegiado interesado ha de aportar y, si procede, ha de proponer todas las pruebas de que intente valerse.

Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo y practicada la prueba correspondiente, el instructor formulará propuesta de resolución, que se notificará al interesado para que en el plazo de quince días hábiles pueda alegar todo aquello que considere conveniente para su defensa. Durante este mismo plazo se le notificarán las actuaciones practicadas.

La propuesta de resolución, con toda la actuación, se elevará a la Junta de Gobierno y esta dictará la resolución apropiada.

Las resoluciones sancionadoras contendrán la relación de los hechos probados, la determinación de las faltas constatadas y la calificación de su gravedad. La relación de hechos ha de ser congruente con el pliego de cargos formulado en el expediente. Las mismas se notificarán al interesado con exposición de los recursos que quepan.

La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de seis meses, a partir del momento de incoación de expediente oportuno, plazo que a todos los efectos se entenderá de caducidad.

1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes.

2. Las sanciones se notificarán al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.

La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por cumplimiento de la sanción, fallecimiento del colegiado, prescripción de la falta y por prescripción de la sanción.

La baja en el colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que concluirá el procedimiento y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si el colegiado causara nuevamente alta.

1. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde que la falta se hubiera cometido.

3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación del procedimiento o de la fase de información previa, y el plazo volverá a iniciarse si el procedimiento disciplinario permaneciera paralizado durante más de un mes, por causa no imputable al colegiado inculpado.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora, salvo que en la propia resolución se disponga otra cosa.

3. La prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado caducará desde su cumplimiento efectivo y supletoriamente a los seis meses si hubiera sido por falta leve, a los dos años si hubiera sido por falta grave y a los cuatro años si hubiera sido por falta muy grave.

El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiese quedado cumplida la sanción.

La declaración de caducidad se efectuará de oficio o a solicitud del sancionado, debiendo declararse ésta sin más trámites que la comprobación de la alegación, procediendo a la rehabilitación y cancelación de la nota del expediente personal del colegiado.

Si la sanción hubiera consistido en la expulsión del Colegio, el interesado podrá solicitar de la Junta de Gobierno su rehabilitación una vez transcurridos cinco años. La Junta incoará expediente en el que se practicará la prueba que estime oportuna y, previa audiencia del interesado, podrá conceder o denegar la rehabilitación mediante resolución motivada.

En su caso, la Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, testimonio de la resolución que dicte en el expediente de rehabilitación.

El Colegio tiene plena capacidad patrimonial para la gestión y administración de sus bienes en cumplimiento de sus fines. La actividad económica se realizará de acuerdo con el procedimiento presupuestario.

El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año natural.

Constituyen recursos ordinarios del Colegio:

Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

1. El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de toda garantía. En casos especiales, se acordará su inversión en inmuebles u otros bienes, previo acuerdo de la Asamblea General.

2. Los valores se depositarán en las Entidades que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos de los depósitos se custodiarán en la Caja del Colegio, bajo la personal e inmediata responsabilidad del Tesorero.

3. El Colegio no podrá delegar en otra persona que no sea el Tesorero la administración y cobro de sus fuentes de ingresos, sin perjuicio de las colaboraciones que para ello proceda.

El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que ejercerá a través del Tesorero. El Presidente tendrá las facultades de la intervención, ejercerá las funciones de ordenador de pagos y el Tesorero ejecutará y cuidará de su contabilización.

Los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante el período que medie entre la convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la Asamblea General que haya de examinarlas, y en su caso aprobarlas.

Además, aquel colegiado que esté interesado podrá obtener la información económica que necesite previa solicitud motivada a la Secretaría del Colegio, indicando los extremos concretos de la información que necesite. La solicitud de información globalizada o total de las cuentas solamente tendrá cabida de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

La Junta de Gobierno dentro del año siguiente, presentará a censura de la Asamblea General las cuentas del ejercicio anterior, quien podrá aprobarlas o rechazarlas.

De conformidad con lo establecido en los arts. 19.o) y 36.3 de la Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, las cuentas y presupuestos de gastos e ingresos de cada ejercicio deberán ser fiscalizadas por entidades o personas expertas en temas contables, antes de ser sometidas a la consideración de la Asamblea General.

Corresponde a la Asamblea General del Colegio la concesión de los honores y distinciones que se establezcan para los colegiados y para terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, que hayan prestado servicios, destacado por su trayectoria profesional o realizado trabajos de relevancia a la profesión.

Para los puntos a y b del artículo anterior, a propuesta de la Junta de Gobierno o del veinticinco por ciento de los colegiados, en cuyo caso, deberán presentar escrito dirigido a la Junta de Gobierno en el que se justifique documentalmente la solicitud, se someterá a la decisión de la primera Asamblea General.

Para el punto c) queda facultada la Junta de Gobierno para su concesión, que los otorgará por el mero transcurso del tiempo indicado o por jubilación.

El cambio de denominación, la fusión, absorción, segregación y disolución del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura será acordada, a propuesta de la Junta de Gobierno o de colegiados que representen el 75 por ciento del censo colegial, en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto que se considerará válidamente constituida con la asistencia del 75 por ciento del censo colegial, y donde, para los cuatro últimos supuestos, se requerirá el voto a favor de la propuesta de al menos el 75 por ciento de los asistentes. La fusión y absorción con otro colegio de distinta profesión se realizará por Ley, de conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 11/2002, de Colegios Profesionales.

En caso de disolución, la propuesta contendrá necesariamente la forma de distribución o de la liquidación, en su caso, del Patrimonio del Colegio. En este último supuesto la Asamblea General designará a una comisión liquidadora compuesta por los miembros de la Junta de Gobierno y otros tantos elegidos de entre esa Asamblea.

La comisión liquidadora adoptará sus acuerdos por mayoría, y actuarán de conformidad con las normas de liquidación establecidas para estos supuestos en la Ley.

La disolución del Colegio deberá ser aprobada por Decreto.

Los procesos de fusión y la absorción de Colegios de la misma profesión también deberán aprobarse por Decreto.

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

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