Junta de Extremadura

Visto el expediente iniciado mediante escrito, de 17 de enero de 2022, del Secretario del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura con anotación de entrada en el Registro Único de Documentos de la Junta de Extremadura (SIREX), el 18 de enero de 2022 , por el que se solicita la emisión de informe de legalidad respecto de la modificación-adaptación de los Estatutos del citado colegio, aprobados por su Asamblea General, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2021 –posteriormente objeto de nueva aprobación por su Asamblea General, en sesión extraordinaria celebrada el 17 de marzo de 2023–, se emite la presente de conformidad con los siguientes:

El citado informe de legalidad fue notificado mediante escrito dirigido por el Servicio de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales (Secretaría General) de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura, con anotación de salida en el Registro Único de Documentos de la Junta de Extremadura (SIREX), el 14 de febrero de 2023.

En el marco de la Constitución Española de 1978, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que establece en su artículo 9.1.11 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas y de lo dispuesto en la legislación básica del Estado en dicha materia, en este procedimiento es directamente aplicable la siguiente normativa legal y reglamentaria:

La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura fija el régimen jurídico de los Colegios Profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se circunscriba exclusivamente al territorio de Extremadura, en este sentido, su artículo 1.2, dispone que se regirán por las disposiciones básicas del Estado, por la presente ley, las normas que se dicten en desarrollo de la misma, y por sus Estatutos .

Los Estatutos de las corporaciones colegiales son la norma mediante la que sus colegiados ejercitan de forma autónoma la facultad de autoorganización y funcionamiento para la consecución de sus fines; en este sentido, el artículo 18 de la Ley 11/2002, dispone que Los Colegios Profesionales de Extremadura elaborarán y aprobarán sus estatutos y sus modificaciones de manera autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico ; por su parte, el artículo 19, establece las determinaciones que, como mínimo, han de contener los estatutos colegiales.

La comunicación a la Administración Autonómica, la calificación de legalidad y publicación de los estatutos y sus modificaciones, se regula en los artículos 20 y 21 de la Ley 11/2002; en este sentido y de conformidad con los preceptos citados, los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería competente en materia de colegios profesionales (actualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública) los estatutos y sus modificaciones para su control de legalidad e inscripción en el Registro regulado en el Título V de esta Ley dentro el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su aprobación (artículo 20.1). Los estatutos y sus modificaciones serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura (artículo 21).

La Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002 (en adelante Ley 4/2020), en su disposición transitoria segunda, dispone:

Las modificaciones de la ley a la que deben adaptarse los Colegios van dirigidas al refuerzo de las garantías de las personas colegiadas, las personas consumidoras y usuarias de los servicios profesionales, a la consecución de transparencia en la información que ofrecen los colegios profesionales y a la supresión de trabas administrativas no justificadas en el trámite de colegiación en estas corporaciones.

La ley también introduce como fin la defensa de los intereses de consumidores y usuarios; mejora y agrupa las funciones y obligaciones de los colegios; el contenido de los estatutos; regula la ventanilla única en los términos de la normativa básica estatal; el visado; la atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios; la prohibición de establecer honorarios salvo lo señalado para las costas y la jura de cuentas; la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso y ejercicio a profesiones colegiadas y los servicios y prestaciones que pueden imponerse a los y las profesionales titulados en situaciones excepcionales. Completa lo anterior la necesidad de que los colegios elaboren una memoria anual que recoja información sobre el modo en que las actividades realizadas redundan en beneficio de la protección del interés público y la oportunidad de que dentro del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de la comunidad que pudiera crearse participen aquellos colegios supraautonómicos que tengan representación en Extremadura.

1. Modificaciones estatutarias introducidas.

Al margen de las puntuales modificaciones de oportunidad y autoorganización introducidas, las modificaciones practicadas sobre los estatutos del Colegio pretenden fundamentalmente una adaptación del citado texto estatutario a las modificaciones practicadas en la Ley 11/2002, por la Ley 4/2020, lo que aconseja la procedencia de realizar un estudio global del Estatuto modificado, para así analizar, con carácter general, el grado de adaptación del texto a los cambios introducidos en la legislación autonómica sobre Colegios Profesionales y proceder, en su caso, a la publicación integral y consolidada de los nuevos Estatutos del Colegio.

2. Elaboración y aprobación del texto estatutario modificado.

En lo concerniente al procedimiento de elaboración y aprobación del texto modificado de los Estatutos del Colegio, de conformidad con la certificación de 17 de marzo de 2023 y el informe de 19 de septiembre de 2023, referidos en los antecedentes de hecho sexto y octavo, dicho texto ha sido elaborado por el propio Colegio y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 11/2002, sus Estatutos aprobados por su Asamblea General, en sesión extraordinaria celebrada el 17 de marzo de 2023; de igual manera, en atención a lo dispuesto en el artículo sexto punto 4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la modificación-adaptación estatutaria colegial ha sido también informada favorablemente por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, de conformidad con la certificación, de 8 de mayo de 2023, referida en el antecedente de hecho sexto.

3. Control de legalidad, inscripción y publicación del texto modificado.

El texto aprobado, junto con las certificaciones anteriormente referidas, ha sido remitido a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales actualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública , a los efectos de control de legalidad y, en su caso, inscripción en el Registro y publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme preceptúan los artículos 20 y 21 de la Ley 11/2002, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2020.

4. Calificación de legalidad de las modificaciones aprobadas.

El estudio y calificación de legalidad de los Estatutos del Colegio, se realiza sobre la sistemática de analizar la adecuación del texto modificado tanto al contenido mínimo estatutario que dispone la Ley 11/2002, como a las modificaciones introducidas a dicha ley por la Ley 4/2020, para así proceder, en su caso, a la publicación integral y consolidada de los nuevos Estatutos del Colegio.

1. Competencia de instrucción y tramitación.

La competencia para la instrucción y tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura, número 140, de 21 de julio de 2023) en relación con el Decreto 232/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Diario Oficial de Extremadura, extraordinario número 3, de 16 de septiembre de 2023), en el que se atribuye en su artículo 2.1 a la mencionada Secretaría General, entre otras, las funciones y servicios asumidos por la Junta de Extremadura en materia de Colegios Profesionales.

2. Competencia de resolución.

La competencia para resolver las solicitudes de inscripción corresponde a quien ostenta la titularidad de la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales, competencias que han sido atribuidas a la actual Consejería de Hacienda y Administración Pública en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE número 140, de 21-07-2023) en relación con el Decreto 232/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (DOE, extraordinario número 3, de 16-09-2023).

Por todo ello, vista la propuesta de resolución, de 20 de septiembre de 2023, emitida por la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, el previo informe favorable de legalidad emitido, el 19 de septiembre de 2023, así como los antecedentes de hecho, la normativa aplicable y los fundamentos de derecho que anteceden, en uso de las competencias atribuidas a la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer ante este mismo órgano recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el citado diario oficial, conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Si se interpone el recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca su desestimación por silencio administrativo.

Mérida, 21 de septiembre de 2023.

El Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, tiene el tratamiento de Ilustre y su Presidente de Ilustrísimo Señor.

El ámbito territorial del Colegio comprende las Provincias de Badajoz y Cáceres.

La sede social radica en Badajoz, avenida José María Alcaraz y Alenda n.º 47, 2.º A y 2º. B, Código Postal 06011, sin perjuicio de la facultad de la Junta General de Colegiados para trasladarla.

La Junta de Gobierno podrá establecer cuantas delegaciones estime oportunas dentro del ámbito territorial de su jurisdicción para el mejor cumplimiento de los fines colegiales.

El Colegio se rige por los Estatutos Generales de la Profesión, por los presentes Estatutos, los Reglamentos y Normas de Régimen Interior y los acuerdos de sus órganos de gobierno en sus respectivas competencias.

En lo no previsto especialmente, serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Colegios Profesionales de ámbito estatal o autonómico y demás disposiciones legales, de general y particular aplicación.

Son fines esenciales del Colegio, dentro de su ámbito territorial:

Todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por razón de la relación funcionarial.

1. Para el cumplimiento de sus fines, los colegios profesionales ejercerán las funciones que les vienen atribuidas por la legislación básica del Estado y, en todo caso, las siguientes:

2. Asimismo, el Colegio cumplirá las siguientes obligaciones:

3. La organización colegial deberá respetar en su actuación los principios democráticos de buen gobierno corporativo, transparencia y colaboración con las entidades públicas, colegiados y consumidores y usuarios.

4. En sus actuaciones, el colegio fomentará la igualdad efectiva de mujeres y hombres removiendo cualquier obstáculo que pueda dificultar la consecución de este objetivo, y propiciarán en su gestión el desarrollo de prácticas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y el uso del lenguaje inclusivo.

Asimismo, promoverán la composición equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos y cargos de responsabilidad y la igualdad de trato y oportunidad en el acceso, formación, promoción y condiciones de trabajo de su personal, así como medidas de conciliación.

5. Ventanilla única:

Los estatutos serán elaborados por la Junta de Gobierno y posteriormente sometidos a la consideración de los colegiados, y una vez aprobados en Junta General Extraordinaria, convocada al efecto, será solicitada la aprobación oficial que legalmente corresponda.

El Colegio se relacionará con la Administración autonómica de Extremadura a través de la Consejería de la Junta de Extremadura que tenga la competencia de Colegios Profesionales, en sus aspectos corporativos e institucionales. En lo relativo a los contenidos de la profesión, se relacionarán con la Consejería o Consejerías competentes por razón de la profesión, que será determinada, en caso de duda, por la Consejería que tenga la competencia de Colegios Profesionales.

En su relación con el Consejo General de la profesión, se estará a lo que dispongan sus normas respectivas.

1. Para la fusión, absorción y disolución del Colegio se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley de Colegios y de Consejos Profesionales de Extremadura.

2. La fusión con otro Colegio o la absorción por otro requerirá el acuerdo adoptado por la Junta General, acuerdo que debe ser aprobado por las 2/3 partes de los colegiados ejercientes y no ejercientes, tanto para el supuesto que dichas operaciones sean para Colegios de la misma profesión o de distinta profesión.

3. La segregación de parte del Colegio precisará los siguientes requisitos:

4. En el caso de disolución del Colegio por alguna de las causas establecidas, la Junta de Gobierno actuará como comisión liquidadora. Los bienes remanentes si los hubiera, se adjudicarán al organismo que lo sustituya o a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro relacionadas con la profesión de Administradores de Fincas. En todo caso, el acuerdo de disolución tendrá que ser adoptado en Junta General por mayoría cualificada de dos tercios.

5. El cambio de denominación del colegio deberá promoverse por acuerdo de su Junta General adoptado por mayoría absoluta, o bien mediante petición firmada por más del 50% de los colegiados pertenecientes al mismo. El acuerdo o, en su caso, la petición, serán remitidos a la Administración Pública competente.

En todos estos procesos, la forma de aprobación necesaria será mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, salvo el de fusión o absorción de Colegios pertenecientes a distinta profesión que requerirá una Ley de la Asamblea de Extremadura.

1. El Administrador de Fincas es un profesional libre e independiente, a quién corresponde la administración de inmuebles propiedad de terceros.

2. Son Administradores de Fincas ejercientes las personas físicas, incorporadas al Colegio Territorial correspondiente que, con despacho profesional abierto al efecto, se dedican mediante la percepción de honorarios, a la administración y asesoramiento de bienes inmuebles propiedad de terceros, bien sean rústicos o urbanos, en régimen de explotación directa, arrendamiento, aprovechamiento por turnos, propiedad horizontal o cualquier otro; así como a la administración de cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios para la construcción de viviendas, urbanizaciones con sus servicios, instalaciones y anejos comunes, y entidades colaboradoras de la gestión urbanística, aludidas en la Ley del Suelo; y, en general, cuantos cometidos guarden relación con la administración de bienes inmuebles.

3. Son Administradores de Fincas no ejercientes, las personas físicas que, incorporadas al Colegio Territorial correspondiente, no tienen actividad profesional.

1. El ejercicio profesional comprende todas las funciones conducentes al gobierno y conservación de los bienes encomendados y a la obtención del rendimiento adecuado; en el desarrollo de estas funciones, el Administrador está facultado para realizar cuantos actos de administración y gestión sean necesarios, con observancia de las normas legales aplicables, la costumbre y la prudencia, sin otras limitaciones que las expresamente recibidas del titular de los bienes.

2. Los servicios profesionales del Administrador de Fincas pueden prestarse de manera regular, respecto a los bienes inmuebles cuya administración tenga encomendadas, o por encargo de servicios y asesoramientos concretos o determinados, solicitados por propietarios de fincas no administradas.

3. El ejercicio profesional se realizará en régimen de libre competencia y sujeto en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.

1. Los Administradores de Fincas pueden ser ejercientes y no ejercientes, éstos últimos, no podrán utilizar en sus escritos el título de Administrador de Fincas ; caso de hacerlo, serán considerados como ejercientes, con todas las obligaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que proceda por competencia desleal.

2. El Colegio podrá otorgar distinciones honoríficas a colegiados y personas o entidades, que se hubieran distinguido en el ejercicio profesional, o en la prestación de servicios muy significativos en beneficio de la profesión o del Colegio, o hubieran dedicado singular esfuerzo y apoyo, a la mejora, promoción y desarrollo del sector de la propiedad inmobiliaria y de su legislación reguladora.

Al efecto las distinciones que de todo tipo pueda conceder el Colegio están reguladas en los presentes Estatutos.

1. Cuando la colegiación fuere exigida por una ley estatal para ejercer la profesión de Administrador de Fincas en el ámbito territorial del Colegio de Extremadura, bastará la incorporación en cualquier Colegio de Administradores de Fincas, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado, sin que pueda exigirse por los Colegios en cuyo ámbito territorial no radique dicho domicilio habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquéllas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los Estatutos Generales o, en su caso, los autonómicos puedan establecer la obligación de los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación de comunicar a los Colegios distintos a los de su inscripción la actuación en su ámbito territorial.

Si bien será requisito necesario la comunicación individual del Administrador y por escrito, que pretenda actuar dentro del ámbito territorial de este Colegio a la Secretaría del mismo.

2. Para incorporarse, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

3. La condición señalada en el apartado a) del número anterior, podrá dispensarse a los nacionales de otros países cuando los tratados correspondientes les autoricen legalmente a establecerse en el territorio español y reconozcan el derecho recíproco de los Administradores españoles, o en los casos que legalmente quede establecido.

4. No obstante, el requisito de la colegiación obligatoria no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones públicas de Extremadura para el ejercicio de sus funciones en cuanto que éstas no supongan la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas.

5. Para el ejercicio privado de su profesión, con independencia del cumplimiento de los demás requisitos y condiciones que establezca la legislación sobre incompatibilidades, dicho personal habrá de cumplir con la obligación de colegiarse, si así fuese exigido por una ley estatal.

1. No podrá negarse la incorporación al Colegio a quienes reúnan los requisitos exigibles para ello en estos Estatutos, ni tampoco podrá limitarse el número de los colegiados.

2. Es competencia de la Junta de Gobierno la decisión sobre las solicitudes de incorporación, que obligatoriamente deberá adoptar en el plazo de cuarenta días desde la fecha de entrada de la solicitud.

Las resoluciones que denieguen o suspendan la incorporación deberán estar fundamentadas debiéndose notificar a los solicitantes, que podrán interponer recurso contra ellas conforme a lo establecido en estos Estatutos y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. La condición de colegiado se perderá:

2. La baja por la causa b), c) y d) será tramitada, según el régimen sancionador estipulado en estos Estatutos.

3. Cuando la baja se funde en la causa c), los afectados podrán reincorporarse abonando lo adeudado hasta su baja y cuanto correspondiera a una nueva incorporación.

Todos los colegiados tendrán los siguientes derechos:

Todos los miembros del Colegio sean o no ejercientes, tendrán como obligación:

La publicidad del ejercicio de la profesión estará sometida al cumplimiento de las normas legales sobre la materia.

En todo lo relativo a asociación de Administradores, se estará a lo dispuesto en el Estatuto General de la Profesión, y en su defecto a la norma colegial existente.

Corresponde al Colegio, mediante acuerdo adoptado en Asamblea General de Colegiados, establecer las normas sobre venia y entrega de documentación en supuestos de cese en la Administración de Fincas que se reglamentará.

Corresponde al Colegio, mediante acuerdo adoptado en Asamblea General de Colegiados, la aprobación y modificación del Reglamento de Régimen Interno o cualquier otra norma tendente a regular las relaciones de los colegiados con los órganos colegiales, los otros colegiados o los clientes.

Cuando la colegiación fuere obligatoria en virtud de ley estatal, no se exigirá la previa incorporación al Colegio en el supuesto de libre prestación ocasional de servicios a aquellos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea que estén previamente establecidos con carácter permanente en cualquiera de los menciona- dos Estados, de acuerdo, en cada caso, con lo que dispongan las normas comunitarias de aplicación a las profesiones afectadas, todo ello sin perjuicio de la obligación de notificar su actuación al Colegio correspondiente mediante la aportación de la documentación exigible, según lo establecido en aquellas normas y demás disposiciones de aplicación.

El Colegio estará regido por una Junta de Gobierno, constituida por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero, un Contador-Censor, y cinco vocales.

Los cargos que desempeñen los colegiados en la Junta de Gobierno serán honoríficos. No obstante, la Junta General de Colegiados determinará los que deben tener asignados gastos de representación.

Corresponde a la Junta de Gobierno, en general, asumir, promover y realizar todas las funciones atribuidas al Colegio, excepto las que son competencia de la Junta General, así como ejecutar los acuerdos de ésta, y en particular, deberá:

1. La Junta de Gobierno se reunirá a instancia del Presidente cuando la importancia de los asuntos lo requiera, y al menos con carácter ordinario, una vez trimestralmente.

También deberá reunirse cuando lo soliciten una cuarta parte de sus miembros, en cuyo caso deberá celebrarse en el plazo máximo de 15 días.

2. La convocatoria será cursada por el Secretario, previa orden del Presidente, o de los convocantes, en su caso, con cinco días de antelación cuando menos, salvo que la urgencia de los asuntos a tratar requiera un plazo más breve. La convocatoria, que será por escrito, contendrá el orden del día, no pudiéndose adoptar acuerdos sobre cuestiones no incluidas en el mismo, salvo las urgentes, sobrevenidas con posterioridad a la convocatoria, o las que fueren aceptadas unánimemente por los asistentes.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, correspondiendo al Presidente el voto de calidad, en caso de empate.

4. De las reuniones se levantará acta, que será extendida en el libro correspondiente, y firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

5. A criterio del Presidente del Colegio, la Junta de Gobierno se podrá acordar que la celebración de las Reuniones de la Junta de Gobierno se celebren por video conferencia o telemáticamente comunicando previamente el canal o vía de realizarlo.

6. Quedará prohibido el adoptar acuerdos no incluidos en el Orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Junta de Gobierno, y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

7. Sin perjuicio de la ejecutividad de los acuerdos adoptados las actas serán aprobadas en la Junta de Gobierno siguiente.

El Presidente ostenta la representación del Colegio en todas sus relaciones con la Administración, Autoridades, Corporaciones, Tribunales y particulares; le corresponde la dirección del Colegio, supervisando el buen funcionamiento de sus servicios y podrá adoptar acuerdos urgentes, dando cuenta posteriormente a la Junta de Gobierno, y promoverá y coordinará las tareas encaminadas al mejor cumplimiento y obtención de los fines colegiales.

Además, tendrá las siguientes facultades:

El Vicepresidente realizará las funciones que le encomiende el Presidente, y le sustituirá, en casos temporales de ausencia o enfermedad.

Corresponde al Secretario:

En los supuestos de ausencia o enfermedad del Secretario, le sustituirá el Vicesecretario, quién de forma permanente auxiliará al Secretario, y bajo su dirección, colaborará con el mismo en sus funciones.

Tendrá las siguientes funciones:

Corresponde al mismo:

Los Vocales, cuyos cargos estarán numerados, desempeñarán los trabajos que expresamente les encomiende la Junta de Gobierno, y colaborarán de modo permanente con la misma.

En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero o Contador-Censor, sustituirán a éstos por el orden de su número.

1. La moción de censura a la Junta de Gobierno, al Presidente o a alguno de sus miembros, únicamente podrá plantearse en Junta General Extraordinaria convocada al efecto.

2. Tendrán legitimación para plantear mociones de censura a cargos elegidos en proceso electoral:

3. La Junta de Gobierno una vez recibida la solicitud de moción cumpliendo las condiciones exigidas, en la primera sesión que se celebre, convocará Junta General Extraordinaria, con ese punto.

4. La aprobación de una moción de censura, requerirá que la votación obtenga en primera convocatoria el voto favorable de 2/3 del censo colegial de residentes, en segunda convocatoria de los dos tercios de los asistentes, siempre que el número de votos favorables sea superior al 25% del censo colegial de residentes. No admitiendo en este caso el voto por delegación.

5. La aprobación de una moción de censura contra un miembro de la Junta de Gobierno, implicará el cese del cargo de la persona afectada, considerándose desde ese momento como titular del órgano aquella persona propuesta en la moción, la duración del mandato de estos nuevos cargos será solamente por el tiempo que reste del mandato a los cargos cesados por la moción.

6. De no prosperar la moción, no podrá plantearse otra a la misma persona o Junta de Gobierno, en su caso, y por los mismos motivos, en el plazo de un año, a contar desde el momento en que haya sido votada.

7. La aprobación de la moción de censura contra la Junta de Gobierno implicará el cese del cargo de la Junta, considerándose desde ese momento como titulares de los órganos aquellas personas propuestas en la moción, la duración del mandato de estos nuevos cargos será solamente por el tiempo que reste del mandato a los cargos cesados por la moción.

8. La Junta de Gobierno en pleno, alguno de sus miembros o el Presidente podrán someterse a una moción de confianza cuando concurrieran circunstancias de especial relevancia que lo hicieran aconsejable para asegurar la estabilidad de su mandato o para la ratificación de su gestión. Cuya formulación, tramitación y efectos se ajustarán para lo previsto para la moción de censura. Salvo que para su aprobación bastará con la mitad más uno de los presentes en la Junta General. No admitiéndose el voto por delegación. La no aprobación supondrá que se reprueba la gestión de la Junta de Gobierno, del Presidente o del miembro que se somete a la confianza.

1. La elección de todos los cargos de la Junta de Gobierno se efectuará por todos los colegiados a través de sufragio universal, libre, directo y secreto y sin que se admita el voto delegado.

2. El derecho de voto podrá ejercitarse por correo, en la forma que determine la Junta de Gobierno, siempre que garantice la autenticidad y el secreto del voto.

3. El voto de los colegiados ejercientes tendrá doble valor que el de los no ejercientes.

1. Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y Contador-Censor, se proveerán entre colegiados ejercientes. Los de Vocales podrán ser provistos tanto entre colegiados ejercientes como no ejercientes, sin que éstos últimos pueden exceder del 50%.

2. No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno los colegiados que hubieran sido condenados por sentencia firme que lleve consigo la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, ni quienes sufran sanciones disciplinarias del Colegio, salvo que hubieren sido rehabilitados.

El tiempo de mandato será de cuatro años, no podrán ser elegibles para el cargo en el que cesaron quienes hayan desempeñado consecutivamente ese mismo cargo en la Junta de Gobierno de este Colegio en las dos legislaturas inmediatamente anteriores a la elección. Al finalizar cada período de mandato, se procederá a la elección de la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno.

En esta propuesta, no podrán ser elegidos para el mismo cargo aquel que lo haya desempeñado durante dos periodos consecutivos.

Para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y Contador-Censor, se exigirá una antigüedad en el ejercicio de la profesión de cinco años, y para los vocales de dos años, salvo lo no ejercientes, que deberán contar con más de cinco años de incorporación al Colegio.

Cuando quedare vacante la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo General estatal, convocará las elecciones, y si, una vez celebradas, quedara vacante alguno de los cargos, el Consejo General actuante los completaría mediante sorteo entre los colegiados.

El proceso electoral será el siguiente:

1. Se expondrá en el tablón de anuncios del Colegio la convocatoria de elecciones, y se remitirá a todos los colegiados sin perjuicio de informar a los electores, si así lo acuerda la Junta de Gobierno, mediante anuncio en prensa o por correo, y en la misma habrá de indicarse:

2. Asimismo, se expondrán en el tablón de anuncios listas separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto.

Los candidatos deberán presentar sus solicitudes con cuarenta días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de elecciones.

Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para uno solo, sin que se permita a ningún colegiado ser candidato a más de un cargo.

Los candidatos tendrán derecho a obtener los datos relativos a la identidad y dirección de los colegiados.

Las candidaturas serán expuestas en el tablón de anuncios del Colegio y dentro de los cinco días de exposición, podrá presentarse reclamaciones contra las listas de electores y candidatos que serán resueltas por la Junta de Gobierno dentro de los tres días siguientes, notificándose su resolución a los interesados en el plazo de dos días inmediatos posteriores.

Finalizado el plazo de reclamaciones, la Junta proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales y electos a quienes no tengan oponentes, publicándolo en el tablón de anuncios, pudiéndolo también notificar a los interesados.

Todos los plazos indicados en el proceso electoral serán computados por días hábiles.

La elección podrá celebrarse durante la Junta General de colegiados ordinaria, aunque la Junta de Gobierno podrá convocarla como acto separado de dicha Junta, y el plazo para su desarrollo no podrá ser inferior a dos horas.

El Colegio editará las papeletas de votación, distinguiendo con colores distintos las de colegiados ejercientes y no ejercientes. Los candidatos podrán confeccionar papeletas iguales a las del Colegio.

En el local donde se celebre la elección deberá haber papeletas suficientes, con los nombres de los candidatos en blanco.

La Mesa estará constituida por el Presidente de la Junta, que será quien la presida, y si este fuese candidato le suplirá el miembro de la Junta de Gobierno de mayor edad, y por dos miembros más de la propia Junta, elegidos por esta, actuando el más joven como Secretario y el otro como vocal, sin que ninguno de ellos puedan a su vez ser candidatos.

En el supuesto de que todos los miembros de la Junta sean candidatos, la Mesa se constituirá entre los colegiados de mayor y menor edad que no sean candidatos.

Los candidatos podrán designar el número de interventores que deseen.

Declarada iniciada la votación, los votantes deberán acreditar su personalidad, comprobándose su inclusión en las listas, pronunciándose en alta voz su nombre y señalando que vota, introduciendo el Presidente la papeleta, doblada o dentro de un sobre, en la urna.

Finalizada la votación, se procederá al escrutinio, leyéndose todas las papeletas.

1. Serán declarados nulos totalmente los votos que contengan tachaduras o raspaduras, o simples menciones ajenas al contenido de la votación.

2. Cuando para un mismo cargo se pusiera más de un nombre, se declarará parcialmente nulo el voto en cuanto a los cargos donde concurra aquella circunstancia.

Serán válidas las papeletas que no indiquen candidatos para todos los cargos.

Terminado el escrutinio, se anunciará su resultado, proclamando electos los candidatos que hubieran obtenido mayor número de votos para cada cargo. Los casos de empate se resolverán en beneficio del colegiado más antiguo.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en su cargo por alguna de las siguientes causas:

1. Quienes hubieren desempeñado cargos en la Junta de Gobierno por más de diez años, tendrán derecho a formar parte de la Junta Honoraria del Colegio, que sólo tendrá funciones consultivas, no vinculantes, en las cuestiones que le plantee la Junta de Gobierno.

2. Será presidida por el miembro que hubiere ostentado el mayor cargo jerárquico en los órganos colegiales y, en caso de igualdad, por el de mayor antigüedad colegial.

Quien ostente la presidencia, tendrá derecho a asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno, con voz y sin voto.

3. El Colegio y sus órganos de gobierno dispensarán a los miembros de la Junta Honoraria respeto y consideración, haciéndose partícipes en todos los actos sociales y solicitando su parecer en aquellas cuestiones que considere apropiadas.

La Junta General de colegiados es el órgano soberano del Colegio.

Todos los colegiados tienen derecho de asistencia con voz y voto, a las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias, teniendo el voto de los ejercientes doble valor que el de los no ejercientes.

Las Juntas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias.

La citación para la Junta General Ordinaria se hará, cuando menos, con quince días de antelación, y para las Extraordinarias con la que sea suficiente para que pueda llegar a conocimiento de los colegiados.

La convocatoria, con el orden del día, se remitirá a los colegiados y se colocará en el tablón de anuncios del Colegio, pudiendo, de así acordarlo la Junta de Gobierno, publicarse la convocatoria, además, en un periódico de Extremadura de tirada regional.

En las convocatorias de reunión de las Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, se hará constar la fecha y hora para la primera y, en su caso, la segunda convocatoria, estableciéndose que de no poder celebrarse en primera convocatoria, por falta de quórum (presencia de la mitad más uno del censo colegial), podrá celebrarse en segunda, transcurrida media hora desde la prevista para la celebración en primera convocatoria, no siendo precisa para la segunda, quórum especial alguno para la adopción de acuerdos.

1. La Junta General Ordinaria se reunirá obligatoriamente una vez al año, dentro de los seis primeros meses. En el orden del día podrán incluirse toda clase de asuntos que estime convenientes la Junta de Gobierno, y necesariamente los puntos relativos a la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, los presupuestos del año corriente y la gestión de la Junta de Gobierno, así como un apartado para ruegos, preguntas y proposiciones.

Sin perjuicio de la fiscalización interna de las cuentas realizada por la Junta General de Colegiados, en el primer semestre de cada año se fiscalizarán externamente las cuentas del ejercicio anterior. De conformidad con lo establecido en los artículos 19.o) y 36.3 de la Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura las cuentas y presupuestos de gastos e ingresos de cada ejercicio deberán ser fiscalizadas por entidades o personas expertas en temas contables, antes de ser sometidos a la consideración de la Asamblea General.

2. La convocatoria que será por escrito, contendrá el orden del día, no pudiéndose acordar acuerdos sobre cuestiones no incluidas en el mismo, salvo las urgentes, sobrevenidas con posterioridad a la convocatoria, a juicio de la Junta de Gobierno.

Las Juntas Generales Extraordinarias serán celebradas a petición del Presidente, de la Junta de Gobierno o a solicitud del 10% de los colegiados ejercientes, con indicación de las cuestiones a tratar.

La Junta deberá celebrarse en el plazo de treinta días desde que fuere solicitada, sin que en la misma puedan tratarse más asuntos que los indicados en la convocatoria, que necesariamente deberá guardar relación con los fines directos del Colegio.

1. Las Juntas Generales Extraordinarias serán competentes para proponer la aprobación o modificación de los Estatutos y aprobar los reglamentos y otras normas de régimen interior, adquisición, venta y gravamen de bienes inmuebles; presupuestos y derramas extraordinarias; cuantía de las fianzas colegiales; normas de régimen interior, incluso económicas, que juzgue beneficiosas para la mejor marcha del Colegio y fijar los gas- tos de representación, asignaciones y retribuciones de quienes haya determinado, que deben ser económicamente compensados; peticiones a los poderes públicos y cualquier otra cuestión que por su importancia y urgencia así lo requiera.

2. Cuando los asuntos enunciados en el número anterior coincidan al tiempo de celebrarse la Junta General Ordinaria, podrán incluirse en el orden del día de la misma, excepto la propuesta de aprobación o modificación de Estatutos, que precisarán acuerdo en Junta General Extraordinaria.

1. De la celebración de las Juntas Generales:

2. De las votaciones:

Forma en que se realizarán las votaciones. Las votaciones se harán de los siguientes modos:

3. Voto por Representación:

Se llevarán obligatoriamente dos libros de actas, uno para las Juntas Generales y otro para las Juntas de Gobierno.

Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, o por quienes les hubieren sustituido en sus funciones.

Para la modificación o reforma de los Estatutos del Colegio se requerirá, en primera convocatoria, de Junta General Extraordinaria convocada al efecto, el voto favorable de las dos terceras partes del censo colegial y en segunda convocatoria de las dos terceras partes de los asistentes, admitiéndose en este supuesto el voto por delegación.

La Junta Generales Extraordinaria, para la modificación o reforma de los Estatutos serán celebradas a petición del Presidente, de la Junta de Gobierno o a solicitud del 10% de los colegiados ejercientes.

Los Administradores de Fincas estarán sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas en que incurran en su ejercicio profesional, y a la civil cuando por dolo o negligencia causen daños en los bienes o intereses cuya administración tenga encomendada, viniendo obligados en este caso a indemnizar los perjuicios ocasionados.

1. La potestad disciplinaria se ejerce por la Junta de Gobierno del Colegio y por la Junta de Presidentes del Consejo General de los Colegios Oficiales de Administradores de Fincas, cuando se incoe expediente a algún miembro de la Junta de Gobierno.

2. Las infracciones podrán ser leves, graves y muy graves.

La imposición de cualquier sanción disciplinaria a los colegiados exige la previa formación y tramitación del correspondiente expediente sancionador que ha de ajustarse a las siguientes reglas:

La incoación del expediente puede producirse de oficio, por decisión de la Junta de Presidentes del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, por la Junta de Gobierno del Colegio, o en virtud de denuncia formulada por cualquier órgano corporativo, colegiado o entidad, o persona pública o privada. Simultáneamente a la incoación ha de procederse a la designación de un Instructor y, en su caso un Secretario, lo que se notificará al colegiado sujeto a expediente.

En la tramitación de los expedientes sancionadores serán de aplicación las normas estatales o autonómicas reguladoras del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.

La responsabilidad disciplinaria se exigirá, en todo caso, previa la formación de expediente sancionador, que habrá de seguirse por los trámites establecidos en la legislación general administrativa en lo que tiene de aplicación, y siempre con aplicación del principio de audiencia, la debida separación entre el trámite de instrucción y trámite sancionador y de las garantías de defensa del expedientado. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar actuaciones previas que constituirán expediente informativo y que tendrán un secretario y un Instructor, con objeto de determinar, con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

En la tramitación de los expedientes disciplinarios se tendrán en cuenta los siguientes principios:

Para la calificación de la gravedad de las infracciones se valorarán, en todo caso, las circunstancias siguientes:

1. Las sanciones que pueden ser impuestas, según la gravedad de la infracción o infracciones, son las siguientes:

2. Las sanciones previstas en el apartado anterior se imponen a las siguientes infracciones:

1. Las infracciones y sanciones prescriben:

2. Las sanciones se cancelan:

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor

La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos.

La única causa de expulsión que permitiría la reincorporación al Colegio sería la contemplada en el apartado g) de las infracciones calificadas como muy graves, cuyos sancionados podrán reincorporarse, abonando lo adeudado hasta su baja y cuanto correspondiera a una nueva incorporación.

Con el fin de premiar la labor realizada en favor de la Administración de Fincas y promover un sentimiento de reconocimiento a los Colegiados que ejercen esta actividad, así como a terceros, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura establece las Menciones Honoríficas:

Con la mención a la Trayectoria Profesional se pretende reconocer la labor de un Administrador de Fincas cuya actividad a lo largo de su vida y de su carrera profesional, haya resultado notoria, por su contribución a elevar el reconocimiento social de la profesión o por sus logros dentro de algunas de las especialidades de la Administración de Fincas.

Con la mención a los 25 años de Ejercicio de la profesión se pretende reconocer la labor de los profesionales Administradores de Fincas a lo largo de 25 años de ejercicio de la profesión.

Con la mención al Administrador del año, se pretende reconocer la labor realizada, en el año anterior, por un Administrador de Fincas que haya desarrollado su actividad con éxito notorio y con ello haya podido contribuir a elevar al reconocimiento social de la profesión.

Con la mención a terceros se pretende reconocer la labor desarrollada por personas o entidades, que se hubieran distinguido en la prestación de servicios muy significativos en beneficio de la profesión o el Colegio, o hubieran dedicado singular esfuerzo y apoyo, a la mejora, promoción y desarrollo del sector de la propiedad inmobiliaria y de su legislación reguladora.

Como reconocimiento a la antigüedad en el ejercicio profesional, se otorgará a los Administradores de Fincas que cumplan 25 años inscritos en el Colegio, insignias conmemorativas que se entregarán en un acto posterior a la celebración de la Asamblea General de Colegiados.

Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den alguno de los siguientes supuestos:

Estarán constituidos por:

Serán los procedentes de:

El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno

Lo dispuesto en estos Estatutos se entiende sin perjuicio de lo que pudiera establecer sobre esta materia la Junta de Extremadura, en uso de sus legítimas competencias, al amparo de la Ley 4/2020, de 18 de noviembre por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

Todos los preceptos de los presentes Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura, que utilizan la forma del masculino genérico, se entienden aplicables a personas de ambos sexos.

Se autoriza expresamente a la Presidenta para que, en nombre y representación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura, y una vez aprobados en Asamblea General los presentes Estatutos, haga entrega de los mismos en la Consejería competente de la Junta de Extremadura para su aprobación.

Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

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