Junta de Extremadura

Contra la desestimación por silencio negativo de la solicitud de abono de factura 42/2021, efectuada por Hidrocaex, SL, relativa al contrato de obras Actuaciones para garantizar la potabilidad del agua en la Mancomunidad de Los Molinos , la interesada presentó recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con n.º 605/2023.

Mediante la sentencia n.º 219/2023, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha de 4 de mayo de 2023, se estima el recurso contencioso-administrativo n.º 605/2023, contra la desestimación por silencio negativo de la solicitud de abono de la factura, la cual se anula, condenándose a la Junta de Extremadura al pago de un importe de 196.992,04 euros, así como a la cantidad de 24.480,99 euros de intereses de demora, más los que se devenguen.

Contra la mencionada sentencia, que tiene el carácter de firme, no cabe interponer recurso alguno, por lo que procede su ejecución.

El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece que corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado .

Asimismo, el artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales (DOE núm. 58, de 30 de julio), establece que la ejecución de resoluciones recaídas en recursos contenciosos administrativos en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderá al órgano que dictó el acto o disposición origen del proceso.

Por su parte, el artículo 9.1 del citado decreto establece que el titular del órgano competente realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial, dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

El apartado 3 del mismo artículo establece que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el DOE que contenga al menos los datos del demandante y demandado, el número de autos y el contenido del fallo, con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial .

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; artículo 8 y siguientes del Decreto 59/1991, de 23 de julio, que regula la tramitación administrativa de la ejecución de resoluciones judiciales; la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 233/2023, de 12 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de 2 de agosto de 2023, de la Consejera, por la que se delegan determinadas competencias, así como la firma de resoluciones y actos en la Secretaría General y demás órganos administrativos de la Consejería;

Proceder a la ejecución de la sentencia firme n.º 219/2023, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el procedimiento ordinario n.º 605/2023, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva determina:

Estimar el recurso interpuesto por el procurador D. Antonio Roncero Águila en nombre y representación de la mercantil Hidrocaex, SL, con la asistencia letrada de D. Rosa Gutiérrez Conde contra la desestimación por silencio negativo de la solicitud de abono de la factura 42/2021, por importe de 196.992,04 (IVA incluido), condenando a la Administración a su abono así como la cantidad de 24.480,99 euros de intereses de demora calculados a la fecha de presentación de la demanda, más lo que se hayan devengado desde entonces, así como al abono de las costas, con el límite establecido .

Mérida, 24 de noviembre de 2023.

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