Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 25 de enero de 2023, el Protocolo entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Alburquerque, Aljucén, Badajoz, Castilblanco, Don Álvaro, Don Benito, Fuenlabrada de los Montes, Guareña, Herrera del Duque, La Codosera, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Mérida, Montijo, Navalvillar de Pela, Puebla de Obando, Pueblonuevo del Guadiana, Rena, Santa Amalia, Talavera La Real, Valdetorres, Villar de Rena, Villar del Rey, Albalá, Alcollarín, Alcuéscar, Almoharín, Arroyo de la Luz, Cabañas del Castillo, Campolugar, Cañamero, Casas de Don Antonio, Castañar de Ibor, Conquista de la Sierra, Coria, Fresnedoso de Ibor, Garciaz, Hervás, La Granja, Logrosán, Madrigalejo, Miajadas, Millanes, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Navezuelas, Pasaron de la Vera, Pinofranqueado, Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Valdefuentes, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez, por el que se establece el mecanismo de Ayudas a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Barrio en Extremadura en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como ANEXO de la presente resolución.

Mérida, 6 de febrero de 2023.

Mérida, 25 de enero de 2023.

De una parte, Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 22/2019, de 2 de agosto (DOE n.º 126, de 2 de julio), quien actúa en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda (DOE n.º 214, de 6 de noviembre).

Y de otra parte, D. Manuel Gutiérrez Regalado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alburquerque, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. José Antonio Carmona González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljucén, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Ignacio Gragera Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Badajoz, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Mª Ángeles Merino Bermejo, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Castilblanco, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Esteban Cortés Almendro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Don Álvaro, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. José Luis Quintana Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Don Benito, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Ismael Higuera Clemente, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Abel González Ramiro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guareña, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Saturnino Alcázar Vaquerizo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Herrera del Duque, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Joaquín Tejero Barroso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Codosera, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Emiliano Cortés Rueda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Nava de Santiago, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Luis Pilo Cayetano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Roca de la Sierra, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mérida, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Manuel Gómez Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montijo, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Francisco Javier Fernández Cano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Juan Manuel Iglesias Carrillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puebla de Obando, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Pedro Pablo González Merino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Desirée Vázquez Becerra, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Rena, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Raquel Castaño Peña, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Amalia, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Talavera la Real, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Tomás Álvarez Núñez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdetorres, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Nereo Manuel Ramírez Durán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villar de Rena, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Moisés García Vadillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villar del Rey, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Juan Rodríguez Bote, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albalá, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Julián Calzas Escribano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcollarín, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Dionisio Vasco Juez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcuéscar, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Antonia Molina Márquez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Almoharín, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Carlos Caro Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Jesús Fernández Hormeño, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabañas del Castillo, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Josefa Blanco Fragoso, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Campo Lugar, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. David Peña Morano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cañamero, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. José Vidal Martín Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casas de Don Antonio, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Jesús González Santacruz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castañar de Ibor, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Juan Manuel Cadenas Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Conquista de la Sierra, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. José Manuel García Ballestero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coria, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Casto San Román Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Concepción García Ávila, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Garciaz, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Patricia Valle Corriols, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Hervás, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Óscar Manuel Martín Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Granja, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Juan Carlos Hernández Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Logrosán, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Sergio Rey Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigalejo, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Antonio Díaz Alías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Miajadas, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. María Teresa Sierra Delgado, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Millanes, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Isabel Sánchez Torremocha, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Montánchez, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, Dª. Raquel Medina Nuevo, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Carlos Javier Ríos Peromingo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navezuelas, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Samuel Martín García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pasarón de la Vera, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. José Luis Azabal Hernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pinofranqueado, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Juan Rodríguez Navarro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Diego Antonio Valhondo Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre de Santa María, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Álvaro Arias Rubio, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdefuentes, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Jesús Puertas Pastor, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zarza de Granadilla, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

De otra parte, D. Ángel Luis Pérez Bermejo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zarza de Montánchez, en ejercicio de las competencias, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con facultades para este acto.

Los reunidos se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar el presente protocolo en nombre y representación de las respectivas Administraciones que representan y, a tal efecto,

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda tiene atribuidas las competencias en materia de vivienda, por el artículo 3 del Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, a través de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, ejerce las competencias en materia de arquitectura, con especial incidencia en la calidad edificatoria, eficiencia, control técnico de la edificación e impulso de nuevas tipologías de construcción, así como la adaptación de las viviendas a las personas con movilidad reducida, la regeneración, rehabilitación y renovación urbana y su desarrollo normativo, a fin de hacer posible la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda por parte de los ciudadanos en condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Por otro lado, la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura regula en el artículo 15 las competencias propias de los municipios, y recoge entre otras:

1. Los municipios podrán ejercer las siguientes competencias propias, que se despliegan sobre las siguientes áreas de actuación municipal:

2. Planificación, fomento, programación y gestión de viviendas.

En este contexto, el nuevo instrumento de recuperación Next Generation EU permitirá contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica, aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo y a España, movilizar un gran volumen de inversión, aprobándose en este contexto el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España el 7 de octubre de 2020.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de abril de 2021, ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que se concentra en proyectos que se pondrán en marcha en el periodo 2021-2024 para maximizar su impacto sobre la recuperación y transformación rápida de la economía.

El Plan está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), que se materializan en 10 políticas palanca y 30 componentes, que deben recoger el conjunto de acciones públicas y privadas para acelerar el logro de los objetivos generales recogidos en el mismo.

Dentro de la política palanca 1, «Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura», el componente 2 se denomina «Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», que tiene como objetivos principales el impulso a la rehabilitación del parque edificado en España, así como el incremento del parque de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, contribuyendo a la activación de este sector y a la generación de empleo y actividad en el corto plazo. Como objetivo específico, busca conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales, que permitan adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).

Una de las inversiones incluidas en el componente 2 es la inversión C02.101 «Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales», que consistirá en operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de gran escala, en barrios o zonas delimitadas en función de su nivel de renta y que tendrá especial incidencia en colectivos vulnerables, incluidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, regula el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que es la hoja de ruta para la implementación del instrumento de recuperación Next Generation EU en España.

En el momento actual de crisis sanitaria, donde la vivienda se ha constituido como uno de los pilares de protección de la sociedad, ahora más que nunca la rehabilitación, la recuperación de nuestro parque edificado como garantía de sobrevivencia, cobra un mayor sentido. Si dentro de este frágil sistema sustentado en el pilar de la vivienda como garantía de bienestar, se introducen las últimas inundaciones ocurridas en muchas poblaciones de Extremadura durante el martes 13 de diciembre de 2022, tenemos que concluir que debemos de dar, si cabe, una mayor respuesta para rehabilitar esas viviendas objeto de las inclemencias meteorológicas.

Por supuesto que el objeto del programa es el mismo: la rehabilitación de nuestras viviendas para poder garantizar no solo una descarbonización de nuestro parque edificado, sino poder volver a dotar de una vivienda digna a sus propietarios, en condiciones óptimas tanto de habitabilidad, como de seguridad y de eficiencia energética.

Este real decreto establece el mecanismo de concesión directa de las ayudas de estos programas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, basado en la colaboración que estas pueden desarrollar en la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias, por lo que son las responsables de los procedimientos de concesión de ayudas.

Asimismo, el Real Decreto establece las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones que, a su amparo, otorguen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El Real Decreto articula y regula los siguientes programas de ayuda, que se encuadran específicamente en dos de las inversiones del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales» y la inversión C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes»:

En particular, los programas 1 a 5 se encuadran en la inversión C02.I01 y el programa 6 se corresponde con la inversión C02.I02.

En lo que se refiere al programa 1, es objeto de este programa la ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiando la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño.

Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de éstas al agente o gestor de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el artículo 8.3 del real decreto 853/2021, de 5 de octubre.

Los destinatarios últimos o, en su caso, el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el importe de esta, como el coste de las obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y en su caso locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.

El potencial de este programa se multiplica exponencialmente como instrumento de difusión, si se circunscribe al ámbito específico de actuación de los Ayuntamientos que lo suscriben.

Durante mucho tiempo hemos vivido de espaldas a los centros de nuestras ciudades y pueblos, sacando de los mismos tanto elementos dotacionales como nuestras propias viviendas, con el consiguiente vacío de la vida en nuestros cascos, tanto en elementos dotacionales como en viviendas.

Se pretende, recuperar estos entornos mediante el impulso definitivo que el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia viene a materializar. Actuaciones integrales de regeneración urbana y rural, y de rehabilitación integral energética que sirvan de punto de inflexión y de polo de atracción para el resto de actuaciones vinculadas dentro del Marco de la Agenda Urbana Española.

Es por ello que este protocolo ha de venir a reforzar la necesidad de actuaciones conjuntas de rehabilitación y de regeneración urbana. Actuaciones en el interior de nuestras ciudades y pueblos que vuelvan a dinamizar el interior de los mismos.

A esa obligación latente existente en nuestros municipios, hay que sumarle la necesidad sobrevenida, como consecuencia de las inundaciones de los últimos días que han venido a acelerar la degradación y obsolescencia tanto en las viviendas como en el entorno urbano más próximo.

En esas circunstancias, es necesario abordar estas actuaciones mediante una fórmula diferente a la establecida en el Decreto 71/2022, de 8 de junio, por el que se desarrollan las bases reguladoras del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en Extremadura en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se aprueba la primera convocatoria. La respuesta rápida debe pasar por una modificación en los pagos para este caso excepcional en aquellos municipios que se hayan visto afectados por la crecida de los cauces como consecuencia de las lluvias del mes de diciembre de 2022, así como una simplificación en el acceso a la vulnerabilidad sobrevenida tras las inundaciones.

Es por ello que, la articulación de una concesión directa sin convocatoria se plantea como una solución para paliar los daños producidos en un plazo más inmediato modificando las condiciones del abono de los anticipos previstos en el Decreto 71/2022, de 8 de junio, para aquellos municipios en los que se den estas circunstancias. De esa forma, las actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas delimitadas en el ERRP se podrán iniciar en un menor plazo, dando la Administración una respuesta rápida y eficaz a la necesidad existente que se ha acentuado de manera súbita con las últimas lluvias. Las actuaciones del entorno urbano también podrán proyectarse para evitar, en lo futuro, que se vuelvan a producir los daños en las viviendas actuando sobre la red de saneamiento municipal, instalando cámara de descarga de tormentas o soluciones similares.

Asimismo, el apartado b) del mismo artículo 32.1 prevé la posibilidad de la concesión directa cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las corporaciones locales y a la comunidad autónoma.

Ambos apartados permiten instrumentar la concesión de las subvenciones mediante resolución a los municipios que son parte en este protocolo y que así lo soliciten.

En virtud de lo anterior y con base en las competencias y funciones respectivas que tienen atribuidas, ambas partes se reconocen capacidad suficiente para la suscripción del presente Protocolo, que se regirá por las siguientes,

El protocolo tiene por objeto establecer un mecanismo de cooperación para conceder una ayuda para financiar la realización de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, donde se justifique la afectación de las mismas por las inundaciones, así como la urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro un único ámbito de actuación denominado Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), en este caso discontinuo, delimitado por los Ayuntamientos de Alburquerque, Aljucén, Badajoz, Castilblanco, Don Álvaro, Don Benito, Fuenlabrada de los Montes, Guareña, Herrera del Duque, La Codosera, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Mérida, Montijo, Navalvillar de Pela, Puebla de Obando, Pueblo Nuevo del Guadiana, Rena, Santa Amalia, Talavera la Real, Valdetorres Villar de Rena, Villar del Rey, Albalá, Alcollarín, Alcuéscar, Almoharín, Arroyo de la Luz, Cabañas del Castillo, Campolugar, Cañamero, Casas de Don Antonio, Castañar de Ibor, Conquista de la Sierra, Coria, Fresnedoso de Ibor, Garciaz, Hervás, La Granja, Logrosán, Madrigalejo, Miajadas, Millanes, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Navezuelas, Pasaron de la Vera, Pinofranqueado, Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Valdefuentes, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez, así como impulsar las oficinas de rehabilitación asociadas, dentro del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, incluidas en el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2021).

Para el reconocimiento de la ayuda recogida en este protocolo, el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) deberá cumplir y acreditar los siguientes requisitos:

Los edificios objeto de actuación, dentro del ERRP delimitado, deben cumplir los siguientes requisitos:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 del Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre, se constituirá una comisión bilateral en la que participará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, debiendo esta última de acreditar la conformidad de todos los municipios afectados.

2. En el acuerdo de Comisión Bilateral de Seguimiento se fijarán las anualidades correspondientes a la aportación del Ministerio, así como del resto de administraciones, instituciones o agentes participantes. El acuerdo contendrá también, en su caso, a título informativo, la administración o administraciones, organismos y entidades dependientes de ellas que vayan a responsabilizarse de la ejecución de la actuación, así como la necesidad de que las ayudas, o parte de estas, sean concedidas de forma directa en favor suyo, sin perjuicio de las fórmulas que se establezcan para la participación del agente o gestor de la rehabilitación a que se refiere el apartado segundo del artículo 13 del Real Decreto 853/2021.

3. Para este Protocolo, en su momento se establecerá un Acuerdo Bilateral con el Ministerio correspondiente que permite sobrepasar los límites ordinarios de ayuda, a causa de los importantes daños sufridos en las viviendas, que precisarán únicamente para estas viviendas de ayudas más elevadas.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, es beneficiaria directa de la ayuda en los términos del artículo 6.1 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

Cada uno de los Ayuntamientos que suscriben este Protocolo, asumen en el momento de la solicitud de la ayuda, la responsabilidad de ejecución integral del ámbito del ERRP en lo que afecta a su término municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 853/2021.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 6.1 del citado Real Decreto 853/2021, los Ayuntamientos que soliciten la ayuda, tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención, a efectos de las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los Ayuntamientos acreditarán, no encontrarse incursos en prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de la letra e) del referido artículo, relativa a la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, como consecuencia de la naturaleza y objetivos de las subvenciones reguladas en el marco de este programa.

En el mismo sentido el artículo 12.2 de la citada Ley 6/2011.

Los Ayuntamientos que en su momento sean beneficiarios de la ayuda, podrán otorgar a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación el consentimiento expreso para que pueda acreditar de oficio, previamente al pago, el cumplimiento de la obligación de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda autonómica

Los Ayuntamientos, como beneficiarios y destinatarios últimos de la ayuda, podrán ceder el cobro de éstas al agente o gestor de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el artículo 8.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

Los beneficiarios o, en su caso, el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el importe de esta, como el coste de las obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y en su caso locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.

Se entenderá por agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, o entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas, mediante mecanismos de cesión de derecho de cobro o similares, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o mejora que puedan ser objeto de financiación en el marco de actuación de este Protocolo.

La actuación de estos agentes y gestores exigirá que aporten un documento que acredite el acuerdo con la propiedad, comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, que les faculte y autorice a actuar como tales.

La participación del agente o gestor de la rehabilitación no exime al destinatario último de cumplir todas las obligaciones que le incumben, sin perjuicio de la responsabilidad que, además, pueda exigirse a dicho agente o gestor.

El ente gestor, en su caso, distribuirá las subvenciones entre las actuaciones a realizar a través, en su caso, de la oficina de rehabilitación y quedarán sujetos a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la aplicación de estas, así como a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a este Protocolo y demás obligaciones concordantes, a efectos de distribuir las ayudas entre las actuaciones a realizar.

Las entidades gestoras de los ERRPs fomentarán la adjudicación de los proyectos de arquitectura y/o urbanización conforme al procedimiento establecido en los artículos 183 a 187 de la Ley de Contratos de Sector Público; en todo caso la calidad arquitectónica y del espacio urbano deberá ser criterio principal de valoración en la adjudicación de los proyectos de urbanización, así como en los de rehabilitación en el caso de que la redacción del proyecto sea adjudicada por una entidad o administración pública.

1. Con carácter general dentro de este Protocolo, las actuaciones subvencionables se ubicarán en las localidades adheridas al mismo, cuyo Ayuntamiento lo solicite y acredite que los daños sufridos en las viviendas han sido ocasionados por la borrasca Efraín.

Las actuaciones subvencionables en el marco de este Protocolo son:

2. Entre las actuaciones que pueden ser objeto de las ayudas descritas en el presente Protocolo, se incluirán aquellos gastos necesarios para el desarrollo del conjunto de actuaciones anteriores, incluyendo los de la gestión inherente al desarrollo de las actuaciones y los gastos asociados, los de honorarios de los profesionales intervinientes, los de redacción de los proyectos y dirección de obra, certificados e informes técnicos, los derivados de la tramitación administrativa, actuaciones de realojo temporal de ocupantes, acompañamiento social y otras similares, vinculadas a las actuaciones de desarrollo del ERRP.

No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

1. La concesión de la ayuda a los Ayuntamientos parte de este Protocolo, se hará de forma directa, previa solicitud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y en los artículos 22.4 c) y 32.1 b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, al concurrir razones de interés social y económico que dificultan su convocatoria pública, tal y como pone de manifiesto el real decreto.

Los objetivos del real decreto son, entre otros, impulsar la actividad de rehabilitación como pieza clave en la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario y la lucha contra la pobreza energética. Se pretende financiar la realización de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados por el Ayuntamiento renovando y mejorando viviendas y entornos residenciales en aras a la reducción del consumo de energía y de las emisiones.

Para la consecución de dichos objetivos, la actuación tanto de cada uno de los Ayuntamientos, como entidades locales es determinante para atender la necesidad específica y pionera en el casco de sus ciudades, tanto de rehabilitar integralmente las viviendas que allí se encuentren, como de regenerar el espacio urbano inmediato.

El potencial de este programa se multiplica exponencialmente como instrumento de difusión, si se circunscribe al ámbito específico de actuación del ERRP del conjunto de Ayuntamientos que forman parte de este Protocolo. Además, es necesario una rápida respuesta desde la Administración para poder resolver la degradación sobrevenida en sus viviendas por causas meteorológicas adversas.

2. Los plazos previstos para cada uno de los hitos previstos en el presente Protocolo son los siguientes:

1. Cada uno de los Ayuntamientos parte en este Protocolo, que en su caso soliciten la ayuda, en el plazo máximo de un mes desde la suscripción del presente protocolo, deberán constatar de forma fehaciente el listado de viviendas dañadas a causa de la borrasca, con la finalidad de delimitar el ERRP conjunto.

Asimismo, deberá aportar, con carácter preceptivo, al momento previo a la aprobación del ERRP en comisión bilateral con el Ministerio, la siguiente documentación en lo relativo al ámbito de su término municipal, sin perjuicio del refundido que realice la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación:

2. La suscripción del presente Protocolo, implica, para aquellos Ayuntamientos que soliciten la ayuda, la autorización a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, encargado de la instrucción y pago de las ayudas, para que puedan proceder a recabar los informes o certificados necesarios en orden a la justificación de los extremos requeridos en la solicitud.

3. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no será necesaria la presentación de la documentación que hayan sido aportada anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos.

1. La cuantía total de la ayuda que percibirán los Ayuntamientos, para la financiación de los gastos derivados de la realización de las actuaciones subvencionables, es de 4.000.000,00 euros (cuatro millones de euros) de acuerdo con el siguiente reparto por anualidad:

2. El crédito destinado al pago de la ayuda es el consignado en la aplicación presupuestaria 160030000 G/261A/76000, código de proyecto de gasto 20220121 y código Fondos MR01C02I01 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La ayuda se financiará con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la colaboración del Gobierno de España.

4. La cuantía máxima de la ayuda se determinará atendiendo al coste total de las actuaciones a desarrollar que se calcularán con el siguiente desglose:

5. Para la determinación de las cuantías máximas de ayuda indicadas en los apartados anteriores, podrán considerarse todos los costes debidamente acreditados que correspondan a actuaciones subvencionables. No se podrán incluir los impuestos, tasas o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

6. La cuantía máxima de ayudas que corresponderá a cada uno de los Ayuntamientos se determinará una vez presentada por cada uno de los Ayuntamientos la relación de inmuebles dañados como consecuencia de la borrasca Efraín, de acuerdo con la letra a) del apartado 1 de la cláusula décima.

1. Los Ayuntamientos que soliciten la ayuda, quedarían obligados a:

2. En caso de su existencia, para el cobro de las ayudas, se deberá proceder a la retirada de escudos, placas y otros objetos que contengan simbología de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura, salvo que concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura.

3. Incluir de forma visible, la participación de la Unión Europea, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (acompañado de la leyenda Gobierno de España ), la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos parte en el Protocolo y que hayan sido beneficiarios de las ayudas, en los carteles descriptivos exteriores de la promoción y en las placas conmemorativas permanentes, que en su caso se instalaran.

1. Los Ayuntamientos que suscriben el protocolo y que, en su caso, soliciten la ayuda, deberán acreditar, con carácter previo a la percepción de la misma el cumplimiento de los requisitos establecidos en el real decreto 853/2021 de 5 de octubre y en el presente protocolo.

2. El abono de las ayudas que corresponda a cada actuación se realizará, respetando las anualidades aprobadas, por la Consejería Movilidad, Transporte y Vivienda, de la siguiente manera:

3. Los pagos anticipados referidos en el apartado anterior estarán exonerados de la constitución de garantías de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Real Decreto 853/2021.

4. Una vez cumplido el plazo previsto en la delimitación del ERRP aprobado por la Comisión Bilateral de Seguimiento y sus posibles prórrogas, y no se hubiesen cumplido los requisitos que se describen a continuación, la cuantía de la subvención será la resultante de la aplicación de los criterios del programa sobre las viviendas efectivamente finalizadas, debiendo devolverse los recursos que en concepto de anticipo o abonos a cuenta se hubiesen entregado que correspondan a actuaciones no finalizadas en dicho plazo. Los requisitos a considerar son los siguientes:

5. En el supuesto de que el coste de la actuación sea inferior al coste inicial previsto en la resolución de concesión, se recalculará el importe de la subvención, pudiendo ésta ser modificada si de la aplicación de la misma, resulta un importe de ayuda inferior al inicialmente previsto. El importe de la ayuda no se incrementará aun cuando el coste de la actuación supere el inicialmente previsto.

6. Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable finalmente obtenido por comparación entre los certificados de eficiencia energética de los edificios antes y después de la actuación, realizados ambos con el mismo programa reconocido de certificación, resultará inferior al estimado inicialmente en el proyecto, la cuantía de la subvención se ajustará al nivel de ahorro realmente obtenido según lo dispuesto en las siguientes tablas:

Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable finalmente obtenido fuera inferior al 30 %, o no se cumplieran las exigencias relativas a la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración establecidos o cualquier otra exigencia de las establecidas en este Protocolo, la ayuda sería revocada.

7. El importe de la subvención a conceder no podrá ser de una cuantía tal que, aislada o conjuntamente con otra subvención pública, compatible con la prevista en este Protocolo, puedan recibir los destinatarios últimos de estas ayudas, supere el coste previsto de la actuación. En el caso de que se diera esta circunstancia, se reducirá el importe de la ayuda concedida.

8. Para el cobro de las ayudas, con carácter general, el destinatario último de la ayuda o en su caso, el agente gestor de la rehabilitación deberá:

9. En ningún caso podrán realizarse pagos a los perceptores de las ayudas cuando se haya solicitado la declaración de concurso, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declarados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la legislación concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan sido declarados en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueran rehabilitados.

10. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la Junta de Extremadura que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.

1. La documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento de la realización del objeto de la ayuda será:

2. La presentación de la documentación por la entidad beneficiaria deberá realizarse a través del Registro Electrónico General situado en la sede electrónica en

Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de estas subvenciones, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para la gestión de las mismas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal efecto.

La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará mediante la comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura, entendiéndose practicadas las notificaciones desde el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

3. La justificación del gasto se realizará de acuerdo con los certificados de los justificantes de la inversión realizada, según modelo publicado en la web de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda que al menos una vez al año y con anterioridad al 1 de noviembre, deberán ser presentados por el destinatario último ante la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación para su revisión y, en su caso, tramitación de los pagos y libramientos que correspondan.

4. En dicha justificación, se indicarán los costes de los trabajos realizados y todos aquellos comprendidos en la Cláusula Sexta. El IVA (o impuesto indirecto equivalente) cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. No serán subvencionables los costes de licencias, tasas, impuestos o tributos.

5. Las obras promovidas por las administraciones públicas y otras empresas, entidades y organismos sujetas a derecho público deberán realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública y los justificantes de dichas obras haber sido aprobadas municipalmente, en su caso.

6. En la liquidación final de la ayuda, una vez aportados los justificantes de la inversión de la actuación facturas de la obra realmente ejecutada, se reajustará al importe de la subvención en el supuesto de que el coste de la obra sea inferior al inicialmente previsto.

1. Procederá la revocación y en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento o los Ayuntamientos correspondientes, de la ayuda y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa incoación del correspondiente procedimiento de revocación y reintegro, que se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que se pueda incurrir.

Cualquier comunicación o notificación que se realice durante el procedimiento de revocación y reintegro por parte del órgano gestor al destinatario último de las ayudas, se realizará por medios electrónicos conforme a lo previsto para las notificaciones electrónicas en el artículo 43 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las alegaciones del interesado a dicho procedimiento deberán realizarse a través del Registro Electrónico General situado en la sede electrónica en

2. Además de las causas de reintegro establecidas con carácter general en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, serán causa de reintegro las siguientes:

3. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presente artículo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación y la concesión de un plazo de 15 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona interesada y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo señalado para el requerimiento y se declare a la persona interesada decaída en el derecho al trámite.

4. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda podrá exigir la presentación de cualesquiera otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles en el marco del PRTR, así como el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del plan, incluyendo la posibilidad de tener que sumar nuevos elementos de monitorización por parte de las instituciones europeas, e informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.

5. El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de solo una parte de la actuación comprometida dará lugar al ajuste y pago parcial de la ayuda otorgada, siempre que no procediera la revocación de la ayuda por incumplimiento de otras obligaciones esenciales o requisitos establecidos en el presente protocolo, y sin perjuicio de la obligación de reintegro proporcional que correspondiera, en su caso.

Excepcionalmente, la comisión bilateral de seguimiento, en función del grado de desarrollo del proyecto, podrá autorizar una prórroga en los plazos establecidos para la ejecución y justificación de las actuaciones.

1. Las subvenciones este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con otros instrumentos de la Unión.

En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados con el desarrollo de este programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

2. En el caso de edificios, los beneficiarios últimos de las ayudas no podrán obtener la financiación correspondiente del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios.

3. Este programa será compatible con el Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas , siempre y cuando quede acreditado que no se subvenciona el mismo coste.

1. Las ayudas concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la ayuda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

2. Los destinatarios últimos de las ayudas están sujetos a las obligaciones de información, comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 y la normativa europea y nacional que lo desarrolle, que correspondan al programa objeto del presente protocolo, así como las que se establezcan a este respecto en la resolución de transferencia de crédito y acuerdos de las comisiones bilaterales que se suscriban en cada caso y las resoluciones de concesión de la ayuda.

3. Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://www.mitma.es), así como lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

4. Estas medidas de identificación y publicidad se adoptarán sin perjuicio de las establecidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y que puedan resultar de aplicación.

Se creará una Comisión de Seguimiento, integrada inicialmente por los siguientes miembros:

Constituida la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma y de forma consensuada, se determinarán su composición definitiva y sus normas de funcionamiento, con respeto a lo dispuesto para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sin perjuicio de lo que determinen sus normas de funcionamiento, corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes competencias:

El presente Protocolo extiende su vigencia desde la fecha de firma hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrá prorrogarse, siempre que exista crédito adecuado y suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El presente Protocolo tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley 11/2002, de 12 de diciembre, Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y Ley 6/2011, de 23 de marzo.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que puedan surgir entre las partes, con motivo de la aplicación del presente protocolo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

FÍRMESE POR EL SOLICITANTE INDICANDO NOMBRE, APELLIDOS Y DNI

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