Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 3 de enero de 2023, el Convenio de Colaboración entre la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura para la realización de estudios destinados a la conservación de humedales y la mejora de la conectividad en Extremadura financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea NEXT-GenerationEU. N.º expediente: MR 2218003MR001, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como ANEXO de la presente resolución.

Mérida, 17 de febrero de 2023.

Mérida, 3 de enero de 2023.

De una parte, Dña. Consuelo Cerrato Caldera, Secretaria General para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en virtud del Decreto 76/2019, de 16 de julio, por el que se dispone su nombramiento, y facultado para este acto por Resolución de la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de fecha 20 de noviembre de 2019, (D.O.E. n.º 228, de 26 de noviembre de 2019) dictada conforme a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El presente convenio ha sido autorizado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión del día 30 de diciembre 2022.

Y de otra, la Universidad de Extremadura, con CIF Q0618001B y sede en Badajoz, Avda. de Elvas, s/n, y en Cáceres, Plaza de los Caldereros, 1, y en su nombre y representación el Rector, D. Antonio Hidalgo García, nombrado por Decreto 2/2019, de 8 de enero (DOE n.º 6, de 10 de enero de 2019), con poderes suficientes, para la celebración de este acto, en virtud de lo establecido en el artículo 93 de los Estatutos de la citada Universidad, poderes que no le han sido derogados ni modificados.

Intervienen ambos en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos que respectivamente desempeñan, reconociéndose legitimación para la suscripción del presente Convenio de Colaboración y, al efecto,

El PRTR nacional, que sigue las pautas marcadas por la Unión Europea, así como las lí­neas de la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, identifica la estrategia de la política española entre los años 2021 y 2023, fundamentándose sobre cuatro transformaciones fundamentales: la transición ecológica, la digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, para propiciar un crecimiento sostenible e inclusivo en nuestra sociedad. Este Plan engloba diez llama­das políticas-palanca y, entre ellas, la referente a la Infraestructuras y ecosistemas resilientes y dentro de esta política-palanca, se incluyen las líneas de inversión 2 Conservación de la Biodiversidad terrestre y marina e I3 “Restauración de ecosistemas e infraestructura verde” que forman parte de la Componente n.º 4 “Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad”. Este componente tiene como objetivo alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos.

En las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente celebradas el 9 de julio de 2021 y 15 de diciembre de 2021 se aprobó la distribución territorial de créditos relativos a las Inversiones 2 y 3 de esta componente 4. La dotación presupuestaria de la Inversión 2 es de 82.000.000 € y la Inversión 3 de 200.000.000 €, a distribuir entre las 17 Comunidades Autónomas de España.

En los acuerdos adoptados en las mencionadas Conferencias Sectoriales se estableció el criterio objetivo para la distribución territorial de los fondos a favor de las comunidades autónomas, así como las condiciones de gestión de los fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria. El criterio de reparto para ambas inversiones es el coeficiente de territorialización. Respecto a este coeficiente, a Extremadura le corresponde un total de 7.905.943 € de la Inversión 2 y 18.261.297 € de la Inversión 3.

Como ANEXO al Acuerdo de 15 de diciembre de 2021 se concretan los proyectos que ejecutarán las Comunidades Autónomas con cargo a estos fondos. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se destacan los siguientes proyectos que se destinan, parcialmente, a financiar los convenios de colaboración:

Por una parte, el proyecto conservación y recuperación de humedales, contribuye a alcanzar el objetivo 69 Actuaciones de conservación de la biodiversidad . Este indicador consiste en alcanzar al menos 50.000 hectáreas cubiertas por actuaciones efectivas de conservación de la biodiversidad para el mes de junio del año 2026. La fracción de este indicador que corresponde a las iniciativas de la Componente 4, inversión 2 a desarrollar por las comunidades autónomas, se ha calculado de manera proporcional al importe económico asignado. De esta forma, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la asignación de crédito prevista en las citadas Conferencias Sectoriales, debe alcanzar un total de 1.630 hectáreas cubiertas por actuaciones efectivas de conservación de la biodiversidad.

Por otra parte, el proyecto restauración de ecosistemas, mejora de hábitats y conectividad en áreas protegidas contribuye a alcanzar el objetivo 71 Actuaciones de restauración de ecosistemas . Este indicador consiste en alcanzar al menos 30.000 hectáreas cubiertas por actuaciones finalizadas de restauración de ecosistemas en territorios o ecosistemas degradados mediante la eliminación de elementos artificiales, la mejora del suelo y la morfología y el reverdecimiento y la naturalización para el mes de diciembre de 2024. De igual forma que para la Inversión 2, la fracción de este indicador que corresponde a las iniciativas de la Componente 4, inversión 3 a desarrollar por las comunidades autónomas, se ha calculado de manera proporcional al importe económico asignado. De esta forma, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la asignación de crédito prevista en las citadas Conferencias Sectoriales, debe alcanzar un total de 1.627 hectáreas cubiertas por este tipo de actuaciones.

Con la entrada en vigor del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establecen como condiciones de obligado cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la de respetar el principio de no causar un daño significativo al medioambiente (DNSH, por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm), así como las condiciones específicas vinculadas a dicho principio detalladas en los documentos oficiales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, requieren el establecimiento de condicionados que incluyan una mención explícita a la obligatoriedad de respetar el principio DNSH; así como el resto de los principios de obligado cumplimiento vinculados a la ejecución de este Plan. Según el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, uno de esos principios es el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés. A tal efecto, con fecha de 24 de marzo de 2022 se publica en DOE el Decreto 20/2022, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Plan de medidas contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se regula la estructura organizativa para su puesta en funcionamiento (http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plan-antifraude).

Las medidas que se adopten en virtud del referido Real Decreto tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario en el territorio español y tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.

Por su parte, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, tiene asumidas las competencias en materia de conservación de la naturaleza conforme se establece en el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 233, de 3 de diciembre de 2021).

Conforme se establece en el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, (DOE núm. 214 de 6 de noviembre de 2019), modificado por el Decreto 20/2021, de 31 de marzo (DOE núm. 68 de 13 de abril de 2021), entre los órganos directivos que constituyen la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad se encuentra la Dirección General de Sostenibilidad, la cual llevará a cabo la promoción, ejecución y control en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Asimismo, es competente en la programación y propuesta de actuaciones en relación con las áreas naturales protegidas y la biodiversidad. Para el cumplimiento de sus funciones, la DGS contará entre sus órganos administrativos con el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

Entre los objetivos perseguidos por esta Ley se encuentra el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad de los paisajes. Por ello, su artículo 57 establece que el mantenimiento y la preservación de la diversidad biológica del patrimonio natural y del patrimonio genético común se llevarán a cabo en el marco del establecimiento de figuras tanto de protección de hábitats naturales como de conservación, mantenimiento y recuperación de especies animales y vegetales. En este sentido, y entre otros, se considera como objetivo fundamental o criterio de protección dar preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural de cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas complementarias fuera del mismo.

Conforme se establece en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, la elaboración y el mantenimiento permanentemente actualizado del Inventario nacional de zonas húmedas corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la actual Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, con la información suministrada por las comunidades autónomas. Deben inscribirse en el Inventario nacional de zonas húmedas los espacios que reúnan las características establecidas en el ANEXO I del citado Real Decreto y, en su caso, aquellos que tengan expresamente atribuida la condición de zona húmeda en virtud de una norma específica de protección.

Con todo ello, resulta indispensable el mantenimiento y actualización de esta base de datos específica en la que se sustente dicho registro y que permita gestionar el Inventario en los términos señalados en el Real Decreto 435/2004, esto es, entendiendo esta gestión como la facilitación de los procesos de inclusión de humedales, la modificación de los datos existentes en los humedales del inventario, la inclusión de una cartografía digital de calidad y, muy particularmente, la necesidad de satisfacer las solicitudes de información y posibilitar la consulta pública permanente de dicho Inventario Español de Zonas Húmedas.

Entre los fines de la Universidad de Extremadura se encuentran la creación, el desarrollo y transmisión crítica de la ciencia, de la técnica y tecnología, de las ciencias humanas y sociales; la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; la difusión del conocimiento y de la cultura mediante la extensión universitaria y la formación permanente; el apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor conocimiento en todos sus aspectos de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la cooperación para el desarrollo, y el intercambio científico, técnico y artístico con otras instituciones y entidades tanto españolas como extranjeras; y la conservación, incremento y difusión de su patrimonio artístico, científico, técnico, documental e inmobiliario.

Para el cumplimiento de sus fines la Universidad de Extremadura, en el ejercicio de su autonomía, dispondrá necesariamente, y sin otras limitaciones que las que le sean impuestas por las leyes, de competencias entre las que se encuentran: la creación, modificación y supresión de estructuras que actúen como soporte de la investigación; el establecimiento de relaciones de cooperación con otras entidades e instituciones académicas, culturales o científicas españolas y de cualquier otra parte del mundo, teniendo en cuenta la especial relevancia en Extremadura de los vínculos con Portugal y la Comunidad Iberoamericana; el establecimiento de relaciones y convenios de colaboración con cualesquiera otras entidades públicas o privadas; así como cualesquiera otras competencias necesarias para el adecuado cumplimiento de sus fines que no hayan sido reservadas al Estado o a la Comunidad Autónoma de Extremadura en la legislación vigente.

Por cuanto antecede, es voluntad de las partes suscribir un Convenio que defina la colaboración entre las mismas a los fines que a continuación se describen, a cuyo efecto, otorgan el presente documento en virtud de las siguientes,

El presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre las partes firmantes con la finalidad de ejecutar las actuaciones consistentes en estudios destinados a la conservación de humedales y la mejora de la conectividad en Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A efectos del presente convenio se define conectividad, atendiendo a lo previsto en el apartado 2.3.5. de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, donde se prevé que este concepto se refiere a la configuración de los paisajes y cómo éste afecta al desplazamiento y dispersión de las especies. Se desglosa en dos componentes: la conectividad estructural y la funcional. La conectividad estructural, que se equipara con la continuidad del hábitat, se mide mediante el análisis de la estructura del paisaje, sin considerar los requerimientos de los organismos. La conectividad funcional se corresponde con la respuesta de los organismos a los elementos del paisaje distintos de sus hábitats característicos. La primera se emplea más en el contexto de la ecología del paisaje y la segunda en la dinámica de metapoblaciones.

En el apartado 4.1.3. de la citada Estrategia se especifica que los humedales desarrollan una doble función en el ecosistema al tratarse de un área núcleo y de corredor ecológico. Cabe destacar que los corredores ecológicos aparecen como elementos claves para la conectividad por los siguientes motivos:

Por su parte, las áreas núcleo son aquellas en las que la biodiversidad tiene importancia prioritaria, aun cuando se trate de terrenos que no se encuentren legalmente protegidos.

Dada la singularidad de los humedales como áreas que albergan una elevada biodiversidad así como zonas prioritarias para favorecer la conectividad de los ecosistemas, se suscribe el presente convenio cuyo objetivo especifico es la conservación y correcta gestión de los humedales para garantizar la biodiversidad en Extremadura, así como fomentar la conectividad en esta región.

En el ANEXO técnico se define concretamente como contribuye cada actuación a consecución de los citados objetivos.

Los estudios previstos en el presente convenio permitirán la correcta gestión de los humedales, así como la ejecución de actuaciones directas destinadas a la conservación de estos ecosistemas. Estas actuaciones se podrán ejecutar durante la vigencia del presente convenio utilizándose para ello los resultados preliminares de los estudios.

El presente Convenio incluye la elaboración de los estudios cuyo contenido se especifica a continuación:

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura como entidad beneficiaria y la Universidad de Extremadura, como destinataria final, entidad ejecutora de determinadas actuaciones previstas en el presente convenio, asumen una serie de obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de todas aquellas otras obligaciones descritas a lo largo de este convenio.

Con carácter general, ambas partes están sometidas a las disposiciones comunita­rias relacionadas con el Mecanismo y, concretamente, a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transfor­mación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector pú­blico estatal, autonómico y local (BOE de 30 septiembre), en cuanto a la gestión y ejecución del objeto de este convenio.

Tanto la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad como la Universidad de Extremadura, están obligadas a guardar la trazabilidad de cada una de las actua­ciones, de los fondos y seguimiento de aquéllas, con la finalidad de que se alcance el cumpli­miento de los hitos, objetivos y medición de los indicadores establecidos.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, asume:

La Universidad de Extremadura, a través a través del Grupo de Investigación en Biología de la Conservación (GIC), asume:

En el Anexo II al presente Convenio se establecen las condiciones específicas para fondos del Mecanismo de Recuperación.

En la tramitación y ejecución del presente convenio se atenderá a las disposiciones normativas sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En aquellos expedientes que sean financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para dar efectivo cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al artículo 8.2 apartados d) y e) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Universidad de Extremadura deberá:

El presente convenio se encuentra sometido a las obligaciones y requisitos establecidos en la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre configura el sistema de gestión del PRTR, estableciendo los principios básicos y de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto, transversales en el conjunto del plan:

A. HITOS Y OBJETIVOS (art.3 Orden):

B. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL (art.4 orden):

C. PRINCIPIO DNSH (art.5 orden):

D. REFUERZO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERÉS (art.6 orden):

E. PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN (art.7 orden):

F. IDENTIFICACIÓN DEL PRECEPTOR FINAL DE LOS FONDOS (art.8 orden):

G. COMUNICACIÓN (art.9 orden):

H. SUJECIÓN A CONTROLES (art.132 Reglamento Financiero).

La aportación económica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad especificada en la cláusula tercera se realizará de la siguiente forma:

El coste total del presente Convenio de colaboración que asciende a ochocientos tres mil euros (803.000,00 €), se financiarán con cargo a:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Fondo tipo MR02C04I02 Conservación de la Biodiversidad terrestre y marina y MR02C04I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde.

Política Palanca 02 Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

Componente N.º 4 Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad .

Estudio sobre zonas húmedas de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

Inversión 2 Conservación de la biodiversidad terrestre y marina , apartado 2. Mejora de infraestructuras de gestión, difusión y uso público: c) Recuperación de humedales, mediante actuaciones de conservación, mejora y restauración de humedales y en particular las ligadas al Plan de Conservación y Restauración de Humedales de la Conferencia Sectorial de 15 de diciembre de 2021.

Estudio sobre la conectividad territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

Inversión 3 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde , apartado 1: Actuaciones de restauración de ecosistemas, en sus componentes ecológicas, hidrológicas, mejora del carbono orgánico en suelos y acciones contra la desertificación. Incluirá la restauración ecológica de hábitats vulnerables o en estado de conservación desfavorable, como terrenos degradados, creación de corredores de alta montaña, regeneración de ecosistemas litorales y marinos, restauración hidrológico forestal y recuperación de terrenos agrarios para incrementar la biodiversidad. Se dará además un especial impulso a actuaciones de conectividad a gran escala, aprovechando las posibilidades de la red de vías pecuarias o proyectos interautonómicos.

Porcentaje de cofinanciación: 100 %.

Desglosado por aplicaciones:

Se consideran gastos financiables aquellos acogidos al convenio destinados a la consecución de los objetivos del mismo, destinados al pago de personal (contratación, nóminas, dietas y desplazamientos), gastos de material (fungible e inventariable) y prestaciones realizadas por terceros (subcontratación) y que resulten estrictamente necesarios para la ejecución de las actuaciones proyectadas.

En el presente convenio se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto en la regla 69 de la Orden 17 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El presente expediente queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario en el que se ejecutará.

La propiedad intelectual de los trabajos realizados, corresponde a la Universidad de Extremadura y a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dentro de los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996).

No se permitirá la reproducción total de los trabajos ni su tratamiento informático, ni la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y de la Universidad de Extremadura.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y la Universidad de Extremadura se comprometen a preservar la confidencialidad de cualquier documento, información u otro material que se produzca o a la que se tenga acceso como resultado de la ejecución de las actividades realizadas en el marco del presente Convenio. Cada una de las partes se compromete, por tanto, a no difundir, sin el consentimiento de la otra parte, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte, a las que haya podido tener acceso con ocasión del desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, salvo que esas informaciones sean del dominio público o que la revelación de las mismas sea requerida por ley.

El tratamiento de datos de carácter personal será conforme a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con carácter general, durante la ejecución del Convenio, ha de procurarse la debida protección de los datos de carácter personal, debiendo estarse a lo dispuesto, en primer lugar, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD) y asimismo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la restante normativa aplicable en la materia, siendo recomendable que la documentación que se proporcione para el desarrollo de las mismas contenga datos disociados (art. 5,1,e) y p) del RD 1720/2007, de 21 de diciembre), cuando ello sea posible.

Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, comprometiéndose a tratar los datos de tal naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del conve­nio con arreglo a los principios establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que recoge el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro­tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE de 4 de mayo).

Las citadas obligaciones subsistirán aún después de terminado el convenio de referencia.

El presente convenio surtirá efectos desde la firma (que tendrá lugar a partir del 1 de enero de 2023) hasta el 11 de diciembre de 2025.

El Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes previa suscripción de la correspondiente adenda. Se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular:

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa dará lugar al reintegro de las cantidades que se hubiese recibido, así como los intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades.

Dado que el cálculo del presupuesto del presente convenio se ha realizado en base a los datos disponibles en el momento de su elaboración sin tener en cuenta aquellos acontecimientos que puedan producirse y desconocidos en ese momento, cabe reseñar que estas estimaciones igualmente, quedan afectadas a la evolución de cada una de las actuaciones. En este sentido, y motivado por la ocurrencia de variaciones no previstas en el convenio, el desglose del presupuesto de gastos asignado por anualidades previsto en el presente ANEXO, podrá sufrir variaciones de hasta un 20% de la cuantía total anual entre los importes previstos para las actividades de una misma actuación, sin que en ningún caso estas modificaciones supongan un aumento del presupuesto total del convenio, del importe de cada actuación, ni un cambio de las aportaciones anuales consignadas. Sólo se admitirán este tipo de modificaciones en aquellos supuestos que cumplan los siguientes requisitos:

Estas modificaciones tendrán la consideración de no sustanciales y se deberán comunicar por parte de la Universidad de Extremadura a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en el momento de presentar la certificación. Las variaciones en un porcentaje superior al 20 % de la cuantía total anual requerirán en todo caso autorización previa por Consejo de Gobierno.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se constituye una Comisión de seguimiento de composición mixta para el seguimiento, vigilancia y control del presente Convenio, evaluando su aplicación, garantizando su calidad y promoviendo las líneas de seguimiento, control e investigación, así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

La Comisión estará formada por un representante de cada una de las entidades firmantes:

Dicha Comisión se constituirá en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la firma del presente Convenio, debiendo aportarse la correspondiente declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) de cada uno de sus integrantes. Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez durante el plazo de vigencia del Convenio.

Tanto la convocatoria de las sesiones que celebren como el funcionamiento interno y la adopción de acuerdos se regirán con arreglo al procedimiento general de actuación de los órganos colegiados que contempla el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuadra en el tipo establecido en el artículo 47.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siéndole aplicable el régimen jurídico contenido en dicha Ley.

Las discrepancias, así como, las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio de colaboración y las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente Convenio, y que no sean resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento previstas en la cláusula undécima, quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, una vez agotada la vía de la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio de Colaboración por duplicado ejemplar y a un solo efecto en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

1. Introducción.

Los humedales son uno de los ecosistemas más importantes y productivos que existen. Además de albergar una gran biodiversidad vegetal, son lugares idóneos para la avifauna, y suponen una fuente de recursos y servicios ecosistémicos de vital importancia para la vida humana sostenible. Estos ecosistemas protegen de inundaciones y desastres naturales, almacenan CO2, son fuente de agua dulce, garantizan suministro de alimentos, son verdaderas depuradoras naturales y esenciales para muchas actividades económicas.

En el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas se definen las zonas húmedas como las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente coordinarán sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente de aquellas que posean un interés natural o paisajístico.

En el artículo 31 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional se establece que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecerá un sistema de investigación y control para determinar los requerimientos hídricos necesarios que garanticen la conservación de los humedales existentes que estén inventariados en las cuencas intercomunitarias. Asimismo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas promoverán la recuperación de humedales, regenerando sus ecosistemas y asegurando su pervivencia futura.

En el año 1971, conscientes de la importancia de los humedales para la conservación de la biodiversidad, se aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Se trata de un tratado intergubernamental e integra, en un único documento, las bases sobre las que asentar y coordinar las principales directrices relacionadas con la conservación de los humedales de las distintas políticas sectoriales de cada Estado. Actualmente cuenta con 164 Partes Contratantes (Estados miembros) en todo el mundo. Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional con relación a las aves acuáticas, actualmente busca el reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). Así, el objetivo fundamental del Convenio de Ramsar es la conservación y el uso racional de los humedales, a través de la acción nacional y mediante la cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo .

Para garantizar la conservación de los humedales, el primer paso necesario es proceder a un conocimiento adecuado de estos recursos naturales, mediante la determinación de la localización, extensión y estado de conservación. En concreto, resulta imprescindible disponer de un inventario adaptado a este valor ambiental.

Mediante el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (INZH) se reglamenta este inventario con el fin de conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de protección que deban recoger los planes hidrológicos de cuenca.

Conforme se establece en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, la elaboración y el mantenimiento permanentemente actualizado del Inventario nacional de zonas húmedas corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la actual Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, con la información suministrada por las comunidades autónomas. Deben inscribirse en el Inventario nacional de zonas húmedas los espacios que reúnan las características establecidas en el ANEXO I del citado Real Decreto y, en su caso, aquellos que tengan expresamente atribuida la condición de zona húmeda en virtud de una norma específica de protección.

Con todo ello, resulta indispensable el mantenimiento y actualización de esta base de datos específica en la que se sustente dicho registro y que permita gestionar el Inventario en los términos señalados en el Real Decreto 435/2004, esto es, entendiendo esta gestión como la facilitación de los procesos de inclusión de humedales, la modificación de los datos existentes en los humedales del inventario, la inclusión de una cartografía digital de calidad y, muy particularmente, la necesidad de satisfacer las solicitudes de información y posibilitar la consulta pública permanente de dicho Inventario Español de Zonas Húmedas.

Por otra parte, las zonas húmedas, formadas entre otras masas de agua, por arroyos y ríos, son zonas fundamentales para garantizar la conectividad entre ecosistemas. Por este motivo, la conservación y correcta gestión de estos humedales resulta indispensable para garantizar la biodiversidad en Extremadura.

Respecto a la importancia de los embalses como elemento que afecta a la conectividad, inicialmente se debe destacar que las presas de estos humedales afectan sensiblemente a la conectividad longitudinal del río, formando barreras para el movimiento de la fauna piscícola impidiendo la migración de determinadas especies de peces, como los salmónidos. Sin embargo, una correcta gestión de estos elementos, como la construcción de escalas de peces, puede compatibilizar el uso de infraestructuras, de gran importancia para la economía, con la preservación de los valores naturales existentes en estas áreas.

Otro aspecto de gestión necesario para garantizar la biodiversidad de los embalses es el establecimiento de unas cotas críticas para la viabilidad de la biocenosis asociada a estos ecosistemas.

Finalmente, para garantizar la biodiversidad de estos ecosistemas es necesario que se realicen acciones de sensibilización y difusión ambiental de carácter general con la finalidad de difundir entre los ciudadanos la importancia de estas áreas zonas.

2. Descripción de actuaciones.

A. Actuación 1. Estudio sobre zonas húmedas de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

B. Actuación 2. Estudio sobre la conectividad territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

3. Aportación económica.

Dado que el cálculo del presupuesto del presente convenio se ha realizado en base a los datos disponibles en el momento de su elaboración sin tener en cuenta aquellos acontecimientos que puedan producirse y desconocidos en ese momento, cabe reseñar que estas estimaciones igualmente, quedan afectadas a la evolución de cada una de las actuaciones. En este sentido, y motivado por la ocurrencia de variaciones no previstas en el convenio, el desglose del presupuesto de gastos asignado por anualidades previsto en el presente ANEXO, podrá sufrir variaciones de hasta un 20% de la cuantía total anual entre los importes previstos para las actividades de una misma actuación, sin que en ningún caso estas modificaciones supongan un aumento del presupuesto total del convenio, del importe de cada actuación, ni un cambio de las aportaciones anuales consignadas. Sólo se admitirán este tipo de modificaciones en aquellos supuestos que cumplan los siguientes requisitos:

Estas modificaciones tendrán la consideración de no sustanciales y se deberán comunicar por parte de la Universidad de Extremadura a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en el momento de presentar la certificación. Las variaciones en un porcentaje superior al 20 % de la cuantía total anual requerirán en todo caso autorización previa por Consejo de Gobierno.

Desglose económico de los gastos asociados a la elaboración de los estudios.

Desglose económico por partidas:

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