Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 21 de febrero de 2023, el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la cesión del uso de la aplicación Serpa, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como ANEXO de la presente resolución.

Mérida, 1 de marzo de 2023.

Madrid, 21 de febrero de 2023.

De una parte: la Excma. Sra. D.ª Yolanda Díaz Pérez, en su condición de Vicepresidenta Segunda del Gobierno nombrada por el Real Decreto 523/2021 de 10 de julio, y Ministra de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61, K) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra: la Excma. Sra. María Esther Gutiérrez Morán, en su condición de Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, nombrada por Decreto del Presidente 21/2019, de 1 de julio, y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto del Presidente 30/2019, de 25 de julio, por el que se delega en la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo la firma de los convenios de colaboración con el Estado, en el ámbito de las competencias que dicho departamento tiene atribuidas.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.

1. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrollo reglamentario de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, estableció los requisitos y funciones de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención ajenos, así como el sistema de acreditación y mantenimiento de las condiciones de acreditación de dichos servicios.

Posteriormente fue modificado por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de prevención de riesgos laborales, especialmente de las entidades que actúan como servicios de prevención como medio decisivo para aumentar los niveles de seguridad y salud de los trabajadores.

Para ello prevé la creación de un sistema de información de los servicios de prevención que fuera ágil, accesible y fiable al considerar que era un elemento necesario e indispensable para asegurar la efectividad del resto de las medidas que la reforma contemplaba. A tal fin el artículo 28 del Reglamento de los Servicios de Prevención referido a registros de las entidades especializadas, tras la modificación que del mismo hace el RD 337/2010 de 19 de marzo, estableció la necesidad de configurar registros autonómicos con una serie de características, con el fin de mejorar el tratamiento de la información de las entidades especializadas y de permitir un mejor conocimiento de los datos por las autoridades y los ciudadanos, propiciando la comunicación telemática de dichos datos y la interconexión de los registros autonómicos mediante la creación de una base de datos gestionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

2. El entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración dictó, en uso de las atribuciones conferidas por la disposición final primera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, que desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

Por otro lado, las previsiones existentes del artículo 28 del Reglamento de los Servicios de Prevención respecto a la puesta a disposición de las memorias, mediante el establecimiento de registros autonómicos conectados a una base común de datos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, permite un adecuado desglose de la información sea cual sea el ámbito de actuación de cada servicio de prevención.

La citada Orden TIN/2504/2010, en su disposición adicional segunda, previó, para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 28 del Reglamento de los Servicios de Prevención el establecimiento de convenios entre las Comunidades Autónomas y el entonces Ministerio de Trabajo, e Inmigración.

En virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes,

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, este convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases necesarias para la utilización de la aplicación informática para la base de datos general de servicios de prevención que recoja los datos obrantes en los registros de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que permita a esta Comunidad Autónoma el acceso a la información y control de los servicios de prevención.

1. Según el artículo 28 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, los datos obrantes en los registros de las autoridades laborales competentes se deben incorporar a una base de datos general cuya gestión corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social. En consecuencia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura les corresponde la inscripción en su registro de las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios de prevención, así como la incorporación de dichos datos a la base de datos general, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servicios de prevención respecto a la comunicación a través del registro de los datos a que están obligados.

2. Igualmente en cumplimiento del artículo 28 del Real Decreto 39/1997 el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desarrolló en su momento la aplicación informática que permitió la creación de la base de datos general, correspondiéndole en la actualidad su gestión y mantenimiento.

La configuración de esta base de datos permite que desde cualquiera de las autoridades laborales pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a los mismos, así como la puesta a disposición de la memoria anual de los servicios de prevención.

En todo caso, la variación de la configuración interna del Registro de la Comunidad Autónoma no deberá afectar al formato de intercambio de datos previsto en citada aplicación informática.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura vigilará que los servicios de prevención ajenos acreditados por ella suministran e incorporan los datos a que están obligados por la normativa vigente en cada momento.

2. La Comunidad Autónoma garantizará, asimismo, que los datos que obran en su Registro respecto de los servicios de prevención acreditados por ella se mantengan permanentemente actualizados y queden incorporados automáticamente desde su Registro a la base de datos general.

1. La Administración General del Estado se obliga a crear un sitio de Internet a través del cual se realizará el acceso externo a la base de datos general.

Las Comunidades Autónomas que utilicen la base de datos general podrán personalizar los contenidos ajustándose a los requisitos de diseño establecidos para la página Web creada por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

2. Los contenidos insertados en los sitios de entrada a los Registros deberán ser coherentes con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, sin que en ningún caso puedan contravenir su aplicación.

1. El acceso a la base de datos general se realizará según el perfil informático correspondiente al usuario.

2. Los perfiles informáticos de acceso a la base de datos general serán los siguientes:

3. Los perfiles a) y b), además de certificado digital, requieren estar registrados como usuarios del sistema.

4. A efectos de lo previsto en esta cláusula, serán válidos los certificados reconocidos por la plataforma @firma del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

5. Corresponderá a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social adoptar las medidas necesarias para dar de alta como usuario administrador de la base general a una persona designada por la Comunidad Autónoma.

Una vez dado de alta, corresponderá al usuario administrador de la comunidad autónoma gestionar los trámites relacionados con los usuarios de la aplicación ubicados en su ámbito de actuación.

El usuario administrador de la comunidad autónoma deberá dar de alta a un administrador de cada servicio de prevención acreditado por ella.

Con el fin de facilitar la utilización de la aplicación informática objeto de este Convenio, el Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios de la base de datos general un sistema de atención telefónica destinado a solucionar problemas derivados de la utilización de la aplicación informática.

La gestión de los datos obrantes en la base de datos general se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por la persona titular de la Dirección General competente en materia de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la persona competente de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o personas en que los mismos deleguen, así como por otros dos vocales representantes de cada Administración. En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse otros técnicos.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Funciones:

La Dirección General de competente en materia de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, será el órgano de la administración autonómica al que deberá remitirse copia de los actos, acuerdos o informes que, en su caso, emita esta Comisión de Seguimiento, en el desarrollo y ejecución de las funciones que tuviera asignadas.

Este convenio no conlleva ninguna contraprestación económica para las partes, ya que no prevé ninguna nueva actuación adicional a las realizadas en virtud del anterior convenio ni para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ni para la comunidad autónoma de Extremadura y por tanto no dará lugar a ninguna repercusión presupuestaria para las partes.

El Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y será eficaz a los 5 días hábiles de la inscripción tal como establece el artículo 48 de la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015. Así mismo se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Los firmantes podrán acordar, antes del vencimiento del plazo de vigencia, una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.

Este Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De no haberse resuelto, por el órgano previsto en la cláusula anterior, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación de este Convenio habrán de someterse a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

1.º La modificación del convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de cada una de las partes, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tal como establece el artículo 50 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre.

2.º El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución las siguientes:

7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la comisión de seguimiento, prevista en la Cláusula Décima, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Y en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto y estipulado, así como para su debida constancia, las partes firman el presente Convenio, en el lugar y la fecha al principio indicado.

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