Junta de Extremadura

CAPITULO I. Disposiciones generales.

CAPÍTULO II. Normas de organización y funcionamiento.

CAPÍTULO III. Recopilación y acceso a datos.

Disposición adicional primera. No aumento del gasto público.

Disposición adicional segunda. Accesibilidad de la información.

Disposición adicional tercera. Competencias de control del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Disposición final primera. Competencias de ejecución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El desarrollo transversal de las zonas rurales está estrechamente vinculando tanto al sector agrario como al agroalimentario, sectores que, a su vez, se encuentran fuertemente condicionados en el proceso de toma de decisiones por la incertidumbre de variables meteorológicas y biológicas, así como por la complejidad específica de los mercados y cadenas de valor que presentan características que afectan tanto al producto como a los distintos agentes participantes y a los consumidores y las consumidoras.

En el contexto actual de desarrollo de políticas públicas es crucial generar acciones que fomenten una economía basada en el conocimiento y la innovación. En este sentido, la transformación digital de los sectores indicados requiere la disponibilidad de la mayor cantidad y calidad posible de datos que permitan adoptar decisiones tomando como referencia una sólida información.

La aplicación de técnicas de machine learning permiten dar el salto del dato al conocimiento, en el contexto de lo que comúnmente se conoce como big data. Mediante estas técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado se posibilita la creación de modelos descriptivos, prescriptivos y predictivos que contribuyen a la mejora en la planificación de la actividad. Cada vez se extiende más la implementación de sistemas de soporte a la decisión (Decision Support System) en el sector agroalimentario que permiten obtener mejores resultados cuanto mayor sea el volumen, frecuencia de actualización y calidad de los datos de los que se nutren.

Por ello vienen adquiriendo cada vez más relevancia las políticas open data por parte de las Administraciones Públicas mediante las que se fomenta la publicación y reutilización de datos abiertos para su puesta a disposición de la sociedad. La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no, cuyo uso presenta un considerable potencial económico, ya que permite desarrollar nuevos productos, servicios y mercados. Adicionalmente, la puesta a disposición de la información pública incrementa la transparencia administrativa, teniendo un efecto de refuerzo de los valores democráticos y habilitando la participación ciudadana en las políticas públicas. Dicha información expande su potencialidad con el desarrollo de la sociedad de la información, contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo.

Para mejorar el conocimiento de las circunstancias explicativas de la formación de los precios de los productos agrarios, es preciso contar con un órgano específico y especializado que permita llevar a cabo un seguimiento sistemático de los precios en origen y destino. Se trata con ello de favorecer la transparencia y la racionalidad en la comercialización en mercados complejos no planificados, contribuyendo a su estabilidad, aumentando la organización y cantidad de información de las cotizaciones de los productos, y mejorando la competencia en las diferentes fases del proceso de comercialización, así como en los diferentes tiempos y ubicaciones, en beneficio de todos los agentes intervinientes en la cadena, en especial de las personas productoras y consumidoras. Así, un observatorio de precios facilita la tarea de establecer comparaciones directas entre los precios obtenidos por un producto fresco o de primera transformación en los distintos escalones comerciales.

Con el ánimo de impulsar la modernización de sectores tan estratégicos para la economía de Extremadura, velando por un eficiente y equilibrado funcionamiento de la cadena alimentaria, se procede a la creación de un Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario que contribuya a aumentar la eficacia y la competitividad del sector mejorando el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria.

Todo ello, en beneficio, tanto de personas consumidoras como de las productoras, garantizando a la vez una distribución sostenible del valor añadido, favoreciendo la introducción de la innovación y las tecnologías de la información y comunicación en la cadena, el desarrollo de nuevos canales de distribución de los productos alimentarios con la finalidad de alcanzar un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre las y los diferentes operadores, de forma que se mejore el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria.

Respecto a su estructura, este decreto consta de veinte artículos distribuidos a lo largo de tres capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales completándose con dos anexos. El capítulo I está dedicado a la regulación de las disposiciones generales que definen el régimen jurídico del Observatorio; el capítulo II, está destinado a la regulación de su organización y funcionamiento; el capítulo III aborda el tratamiento de los datos que constituyen la base y la finalidad de la información que recopila y formula el Observatorio. Respecto a las disposiciones adicionales, especial importancia reviste la segunda dedicada a la salvaguarda de la confidencialidad de la información suministrada por personas colaboradoras, en calidad de informantes o agentes colaborantes, y la tercera procede a una ordenación competencial que contribuirá a mejorar el control del funcionamiento de la cadena alimentaria, dada la amplitud y heterogeneidad sectorial en que se encuadran quienes operan en la misma. Las dos disposiciones finales abordan las reglas sobre competencias de ejecución y entrada en vigor. Los anexos recogen, respectivamente, los sectores y productos agrícolas y ganaderos sobre los que ofrece información el Observatorio y el modelo normalizado de declaración responsable para intervenir como agente informante y/o agente colaborante del Observatorio.

Este decreto integra los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, y en especial de los artículos 3, sobre principios generales; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del principio de interseccionalidad, 27, de lenguaje e imagen no sexista y 29, de representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.

El decreto se ajusta a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia. Asimismo, cumple el mandato establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 15 de octubre, no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en ejercicio de la competencia exclusiva recogida en el artículo 9. 1º y 12º de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de marzo de 2023,

Es objeto de este decreto la creación del Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en adelante Observatorio, la regulación de su naturaleza, organización, funciones, composición y funcionamiento, así como la recopilación y acceso a datos.

1. Se crea el Observatorio como órgano colegiado de naturaleza administrativa de los recogidos en el artículo 63.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desarrollará las funciones establecidas en el artículo 4 de este decreto, adscrito a la Consejería competente en materia de agricultura, a través de su Secretaría General con competencias en materia estadística, con sede en Mérida y accesibilidad telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura.

2. Son finalidades del Observatorio:

El Observatorio se regirá por las normas contenidas en este decreto, sus normas de desarrollo, así como por las disposiciones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. El Observatorio desarrollará funciones de análisis, seguimiento y evaluación, así como de propuesta.

2. Son funciones de análisis, seguimiento y evaluación las siguientes:

3. Son funciones de propuesta las siguientes:

1. El Observatorio estará integrado por las siguientes personas:

2. Ostentará la Secretaría la persona titular del Servicio de Planificación y Coordinación de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de agricultura.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad o impedimento de cualquier clase:

En aplicación del artículo 29.2, de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, se garantizará la representación equilibrada de mujeres y hombres, tanto en la titularidad como en las suplencias, salvo en el caso de aquellas personas que formen parte del órgano colegiado en función del cargo específico que desempeñen.

1. El personal miembro del Observatorio será nombrado por resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura, de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de agricultura, a propuesta de los y las titulares de los órganos directivos o que representen a la entidad correspondiente.

2. Las personas que componen el Observatorio cesarán por alguna de las causas siguientes:

3. La vacante en el cargo se declarará por la presidencia, previa audiencia de la persona interesada cuando concurran las causas previstas en los apartados b) y d).

4. Toda vacante anticipada será cubierta a propuesta de las instituciones o entidades a las que represente la titular del puesto vacante. El nuevo nombramiento se producirá en el plazo no superior a veinte días hábiles desde el día en que haya tenido lugar la vacante anticipada.

1. Las personas que integran el Observatorio tendrán los siguientes derechos y deberes:

2. La asistencia a las sesiones del Pleno o de las Comisiones de trabajo no generará derecho a retribución alguna, sin perjuicio de las dietas o indemnizaciones que pueda corresponder, en su caso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

1. Son funciones de la presidencia del Observatorio:

2. Las funciones mencionadas en el apartado anterior podrán ser objeto de delegación en la vicepresidencia del Observatorio.

Corresponde a la vicepresidencia del Observatorio asistir y, en su caso, sustituir a la presidencia cuando sea necesario y ejercer las funciones que ésta le delegue.

Son funciones de la secretaría del Observatorio:

1. El Observatorio funcionará en Pleno y en Comisiones de trabajo.

2. El Pleno se reunirá como mínimo dos veces al año con carácter ordinario y, de forma extraordinaria, cuantas veces sea convocado por la presidencia, por iniciativa propia o a propuesta al menos de la mitad de sus miembros.

3. El Pleno acordará la creación de cuantas Comisiones de trabajo estime oportunas, que se constituirán, previa aprobación de la mayoría de sus miembros, en función de la materia concreta que se considere conveniente estudiar. El acuerdo de constitución incluirá la determinación de su régimen de funcionamiento, cometido y composición.

4. Al Pleno y a las Comisiones de trabajo podrán incorporarse representantes de grupos de interés, personas expertas y profesionales, con el fin de realizar las tareas de apoyo que resulten necesarias para la elaboración de los informes técnicos pertinentes, a propuesta de la presidencia.

5. Tanto el Pleno como las Comisiones de trabajo podrán reunirse de forma presencial o a distancia. En el caso de reuniones realizadas por medios telemáticos será de aplicación lo previsto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en su caso, en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

1. Las convocatorias, tanto del Pleno como de las Comisiones de trabajo, se efectuarán a través de medios electrónicos por la presidencia, a iniciativa propia o a propuesta, al menos, de la mitad de sus miembros.

2. Las convocatorias contendrán, en todo caso, la fecha, hora y lugar, así como el orden del día, junto con la documentación necesaria para su deliberación.

3. Las convocatorias, acompañadas de la correspondiente documentación, serán realizadas con una antelación mínima de 5 días hábiles, salvo en los casos de urgencia apreciada por la presidencia, para los que dicho plazo se reducirá a 48 horas.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes la totalidad de miembros del órgano correspondiente y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría simple.

5. No será precisa convocatoria alguna para la válida celebración de las sesiones cuando, encontrándose reunidas las personas que lo componen, así lo decidiesen por unanimidad.

Para la válida constitución, tanto del Pleno como de las Comisiones de trabajo, se requerirá la comparecencia, presencial o a distancia, de las personas que ejerzan la presidencia y la secretaría, o en su caso, de quienes las suplan, y de la mitad o de una tercera parte de sus miembros, presencial o a distancia, que los compongan, según se trate de primera o segunda convocatoria, respectivamente.

1. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos.

2. La presidencia ostentará voto de calidad para dirimir los empates.

3. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el Observatorio.

1. De cada sesión que celebre el Pleno o las Comisiones de trabajo se levantará acta por la secretaría, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. Podrán grabarse las sesiones que celebre el Pleno o las Comisiones de Trabajo. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la secretaría, de la autenticidad e integridad de éste, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como testigos, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

3. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La secretaría elaborará el acta con el visto bueno de la presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a las y los miembros del Pleno o de la Comisión de trabajo, quienes podrán manifestar, por los mismos medios, su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

4. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de quienes integran el órgano colegiado.

Los sectores y productos sobre los que ofrece información el Observatorio en el momento de su creación son los que se relacionan en el anexo I, sin perjuicio de que pueda incorporarse información sobre nuevos sectores o productos, progresivamente, mediante resolución de la presidencia, de la que deberá informar al Pleno y que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

1. El Observatorio ofrece información sobre los precios en origen de la producción agrícola y ganadera en los sectores y productos relacionados en el anexo.

2. Se considera precio en origen el precio percibido por las personas profesionales de la agricultura o ganadería por la venta de sus producciones a salida de la explotación agraria, sin incluir los gastos de transporte, subvenciones y/o impuestos indirectos que graven las transacciones en las que actúan como vendedoras.

3. La información sobre los precios se ofrecerá con una periodicidad semanal, mensual o de campaña según el producto de que se trate.

1. El Observatorio obtendrá datos individualizados y los proporcionará agregados o procesados.

2. Se considerarán datos individualizados los que sean suministrados por quienes ostenten la condición de agentes informantes y/o agentes colaborantes del Observatorio, según lo establecido en el artículo siguiente. Estos datos tendrán carácter reservado.

3. Se considerarán datos agregados o procesados los que sean elaborados por el Observatorio en el ejercicio de sus funciones. Estos serán públicos y gratuitos, en los términos establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, la Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

1. El Observatorio podrá proponer a la persona titular de la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería que otorgue la consideración de agentes informantes, además de a titulares de explotaciones agrarias o empresas agroalimentarias, a lonjas y mercados agropecuarios; cooperativas agroalimentarias; mayoristas; tratantes de ganado e industrias agroalimentarias, que realicen transacciones de productos agrarios atendiendo al criterio de máxima proximidad.

2. El Observatorio podrá proponer a la persona titular de la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería que otorgue la consideración de agentes informantes, a las personas físicas y jurídicas que sin realizar transacciones comerciales tengan capacidad para recabar datos y remitirlos a la Consejería con competencias en materia agraria y con destino al Observatorio.

3. Las personas físicas y jurídicas que deseen ostentar la condición de agentes informantes o colaborantes deberán solicitar su adhesión al Observatorio utilizando el formulario normalizado contenido en el anexo II dirigido a la persona titular de la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería.

4. Las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por la Junta de Extremadura podrán incluir como mérito para su baremación la condición de agente informante o colaborante.

5. El Pleno del Observatorio podrá proponer a la persona titular de la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería que declare la pérdida de la condición de agente informante y/o de agente colaborante si los datos facilitados son falsos o erróneos y/o no se suministran en los plazos establecidos por el Pleno.

El Observatorio podrá colaborar con otros observatorios de precios para el intercambio de información, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Observatorio será atendido con los medios presupuestarios asignados a la Consejería competente en materia agraria sin que pueda suponer incremento del gasto público.

Sin perjuicio de la información pública facilitada por el Observatorio, la información recopilada por este órgano colegiado, para preservar la libre competencia entre las empresas y permitir las funciones administrativas asignadas, será reservada.

Serán competentes para requerir información, controlar e inspeccionar el cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, los órganos directivos competentes en materia de explotaciones o empresas agrarias, explotaciones o empresas forestales, industrias agroalimentarias, establecimientos de comercialización para el consumo final, cooperativas agroalimentarias, establecimientos de hostelería y restauración y comerciantes al por mayor, sin perjuicio de las funciones que, como autoridad de gestión corresponden al Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería para establecer y desarrollar el régimen de control sobre lo establecido por la citada ley.

La potestad sancionadora y la coordinación del sistema de control será competencia de la persona titular de la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería.

Se faculta a la Secretaría General de la Consejería competente en materia de agricultura para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la puesta en marcha y mantenimiento del Observatorio y para proceder a la actualización mediante resolución de la declaración responsable, contenida en el anexo II, para adquirir la condición de agentes informantes y agentes colaborantes que deberá ser objeto de publicación en el sitio web del Observatorio y en el Diario Oficial de Extremadura.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de marzo de 2023.

1. SECTORES AGRÍCOLAS:

2. SECTORES GANADEROS:

D./Dña. _________________________________________________________________, Sexo: Hombre Mujer, con NIF ___________________, como representante de la entidad ___________________________________________________________________, con NIF ______________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________, _________________________________________________________________________ teléfonos de contacto ________________________ // ______________________, y correo electrónico: ________________________________________________________________

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestión de colaboraciones y recogida de datos, con objeto de determinar valores de compraventa de los distintos productos agrícolas y ganaderos.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Serán de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destino a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque se deberá informar de este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo (se conservarán de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a la persona interesada o a la nueva responsable de tratamiento que se designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado Responsable . 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

Subir ^