Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 30 de marzo de 2023, el Protocolo General de Actuación entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer respecto a la necesidad de puesta en funcionamiento de un centro residencial en Puebla de Alcocer, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del protocolo que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 17 de abril de 2023.

Mérida, 30 de marzo de 2023.

De una parte, D. José María Vergeles Blanca que interviene en nombre y representación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en su condición de titular de la misma nombrado por Decreto del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE N.º. 126, de 2 de julio), en virtud de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos 2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ( en adelante SEPAD),

De otra parte, D. Manuel Moreno Delgado, que ostenta desde el día 15 de junio de 2019, en que fue investido, la condición de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, y por tanto, con capacidad para ejercer la representación del Ayuntamiento y atribuciones, conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según se hace constar en certificación del Secretario- Interventor de dicha localidad, con fecha 27 de marzo de 2023.

Intervienen las partes en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos que desempeñan, reconociéndose su capacidad jurídica y legitimación para la suscripción del presente Protocolo General y en orden al mismo,

Las referidas competencias están atribuidas a la actual Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de conformidad con el artículo 3 del Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente ejercerá las competencias en materia de sanidad, dependencia y accesibilidad universal, así como las de infancia y familia, servicios sociales, migraciones, prestaciones sociales y las de consumo.

Adscrito a la citada Consejería competente en materia de dependencia, el SEPAD es un ente público sometido al derecho administrativo, creado mediante Ley 1/2008, de 22 de mayo, con presupuesto limitativo, que tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.

La citada Ley de Servicios Sociales de Extremadura se centra en la promoción del desarrollo personal y comunitario bajo la premisa de considerar a los individuos de manera personalizada a la vez que vinculados a redes sociales y comunitarias, consiguiendo con ello el desarrollo integral de la persona en sus diferentes facetas y potenciando el refuerzo de sus capacidades y el ejercicio de su ciudadanía. Así, el modelo de sistema público que esta ley ampara dirige su atención tanto a la situación y necesidades de cada persona a lo largo de su vida, como a los diferentes espacios sociales y comunitarios en los que ésta se desarrolla.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura dispone que los municipios podrán ejercer las siguientes competencias propias, que se despliegan sobre las distintas áreas de actuación municipal, concretamente en el Área de Servicios Sociales a las personas, los municipios dispondrán de las siguientes competencias:

Este acuerdo regula las bases sobre las que va a sustentarse el nuevo modelo de cuidados de larga duración, indicando la estructura de los centros residenciales incluidos en el SAAD y sus características. Centros nuevos, organizados en unidades convivenciales: espacios de convivencia reducidos que pretenden reproducir la estructura, el ambiente y el funcionamiento de un hogar; espacios más íntimos dentro de la propia residencia en los que cohabita un grupo reducido de personas con diversas situaciones de dependencia a los que se les proporciona atención individualizada y personalizada con los apoyos que precisan y desean para el desarrollo de su vida cotidiana.

Es, además, necesario asentar población en pequeños municipios, y generar empleo especializado en cuidados con motivo del envejecimiento de la población al que se enfrenta la sociedad a nivel mundial, más acuciante en zonas rurales de nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo ello, las partes coinciden en el objetivo, interés y necesidad de potenciar el funcionamiento de un centro residencial en la referida localidad, con arreglo a las siguientes,

Constituye el objeto del presente protocolo general establecer el mecanismo de colaboración para la puesta en funcionamiento de un centro residencial en la localidad de Puebla de Alcocer.

Con ello se pretende:

A) Declaraciones de intenciones de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales:

B) Declaraciones de intenciones del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer:

Como norma general, podrán adquirir la condición de beneficiarios del servicio todas aquellas personas mayores que residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura y acrediten la necesidad de atención integral y cuidados personales dentro de un entorno residencial, derivada de su situación de dependencia y/o inexistencia o inadecuación de una red de apoyo social.

Las personas usuarias de este recurso serán aquellas personas con Dependencia reconocida, en sus Grados II y III, dependencia severa y gran dependencia respectivamente salvo casos de personas en situación de emergencia social acreditada y en los casos en los que no sea un criterio de inclusión en las unidades específicas.

Los criterios de inclusión, para el acceso a las distintas unidades, serán los que siguen:

Unidad de Psicogeriatría. Serán criterios de inclusión en esta Unidad las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Unidades de Demencias. Serán criterios de inclusión en esta Unidad las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Unidades de convivencia, atención a la dependencia. Serán criterios de inclusión en esta Unidad las personas que cumplan los siguientes requisitos:

La suscripción del Protocolo General no conlleva compromisos económicos.

Con el objeto de garantizar la ejecución de este Protocolo General y el cumplimiento de sus fines se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de cada una de las Entidades firmantes.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente Protocolo General, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

Esta Comisión de Seguimiento se reunirá, con carácter ordinario, una vez al semestre, y extraordinariamente, cuantas veces se estime necesario por cualquiera de sus miembros mediante solicitud que deberá realizarse con una antelación de, al menos, una semana, comunicando los asuntos a tratar.

Su régimen de funcionamiento y toma de decisiones se ajustará a lo establecido en la Sección 3ª, del Capítulo II, del Título Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Los términos del presente Protocolo General podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras. La modificación se incorporará como parte inseparable del texto del Protocolo General.

El presente Protocolo General tendrá una vigencia de cuatro años desde su firma pudiendo prorrogarse, en cualquier momento, antes de su finalización, por el mismo periodo, por acuerdo expreso de las partes.

Serán causas de extinción de este Protocolo General, el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en cualquiera de las siguientes causas de resolución:

Será obligación de las partes, así como del personal que interviene en nombre del mismo, tomar aquellas medidas destinadas a garantizar el respeto y la confidencialidad de los datos a los que se tenga acceso, de acuerdo con lo establecido en la normativa europea y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018), así como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre de 1999) en la parte no derogada, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo (BOE de 19 de diciembre de 2007).

Esta obligación subsistirá incluso una vez finalizados los trabajos objetos del presente Protocolo General.

El presente Protocolo General se suscribe al amparo de lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y no tiene la consideración de convenio, conforme al artículo 47.1, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público al comportar declaraciones de intención, no suponiendo la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.

Las Partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o cumplimiento del presente Protocolo serán dirimidas en los mecanismos de seguimiento del Protocolo establecidos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman el presente Protocolo General de Actuación.

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