Junta de Extremadura

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, regula el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

También establece la citada norma que será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, prevé que las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

Asimismo, el mismo precepto establece que uno de los tipos de empleo a través del que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo es el empleo protegido en Centros Especiales de Empleo, que son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla.

La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los Centros Especiales de Empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) de texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y se rige por su normativa específica.

El Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, establece que la estructura y organización de los Centros Especiales de Empleo se ajustará a los de las empresas ordinarias y regula las especiales características de estos centros, racionaliza su estructura, determina su carácter, objetivos, exigencias y financiación, y dispone en su artículo 7, que la creación de los mencionados centros, exigirá su calificación e inscripción en el Registro de Centros que la Administración Central o, en su caso, las Administraciones Autonómicas, crearán dentro del ámbito de sus competencias.

El Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, establece que la estructura y organización de los Centros Especiales de Empleo se ajustará a los de las empresas ordinarias y regula las especiales características de estos centros, racionaliza su estructura, determina su carácter, objetivos, exigencias y financiación, y dispone en su artículo 7, que la creación de los mencionados centros, exigirá su calificación e inscripción en el Registro de Centros que la Administración Central o, en su caso, las Administraciones Autonómicas, crearán dentro del ámbito de sus competencias.

El Real Decreto 641/1995, de 21 de abril, traspasa a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de programas de apoyo al empleo, haciéndose expresa mención, respecto de los programas de apoyo a la integración laboral de personas con discapacidad, que la gestión de los distintos tipos de ayudas y subvenciones cuya competencia quedaba traspasada, incluía las funciones de registro.

En virtud del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, le corresponden a la Dirección General de Calidad en el Empleo las competencias en materia de integración laboral de personas con discapacidad.

Mediante el Decreto 117/2012, de 29 de junio (DOE núm. 129 de 5 de julio de 2012), se regula el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los cambios normativos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas exigen una nueva regulación del procedimiento para la calificación e inscripción registral de los Centros Especiales de Empleo.

La organización y funcionamiento del Registro de Centros Especiales de Empleo de Extremadura se llevará a cabo a través de medios telemáticos, de forma que haciendo uso de las nuevas tecnologías sea una herramienta útil, que permita a la ciudadanía acceder a una información fiel y efectiva de los centros, incorporando toda la información existente hasta la actualidad para que, en un marco de transparencia y eficacia, se visibilice la responsabilidad social de los Centros Especiales de Empleo, y que sirva como instrumento que facilite la empleabilidad de aquellas personas con discapacidad que acceden a un mercado protegido.

La tramitación del procedimiento de calificación será telemática, la solicitud se presentará a través de la sede electrónica, las entidades solicitantes y/o sus representantes se identificarán mediante certificado digital y las comunicaciones entre las entidades que soliciten la calificación y el órgano gestor se realizarán a través de medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Por lo que se extiende a todos los solicitantes, tanto personas físicas como jurídicas, con independencia de su forma jurídica, la obligatoriedad de realizar únicamente por medios electrónicos todos los trámites relacionados con el citado Registro, puesto que, por la propia naturaleza de su actividad y por su condición de empresarios/as que realizan contrataciones de personas trabajadoras con discapacidad para que presten servicios en sus negocios se dan las circunstancias señaladas en dicho precepto.

La tramitación telemática de la solicitud de calificación persigue mejorar la eficiencia administrativa para hacer efectiva una administración totalmente electrónica e interconectada, incrementa la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las entidades solicitantes, garantiza servicios digitales fácilmente utilizables de modo que la relación entre el interesado y el órgano gestor sea fácil, intuitiva y efectiva cuando utiliza el canal electrónico y mejora la seguridad jurídica.

El presente decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 19 de abril de 2023.

1. El presente decreto tiene por objeto regular los requisitos necesarios para obtener la calificación y posterior inscripción como Centro Especial de Empleo en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como registro administrativo en el que obligatoriamente deben inscribirse y calificarse aquellos Centros Especiales de Empleo cuya sede y actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El Registro de Centros Especiales de Empleo de Extremadura tiene naturaleza administrativa, es de carácter público y gratuito. Su gestión y funcionamiento se realizará por medios electrónicos.

3. El Registro quedará adscrito al Servicio Extremeño Público de Empleo, Organismo Autónomo de la Consejería de Educación y Empleo u órgano que le sustituyere con competencias en materia de integración laboral de personas con discapacidad.

1. Los Centros Especiales de Empleo son aquellas entidades cuyo objetivo principal es realizar una actividad productiva de bienes y servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo por finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen del empleo ordinario, incluido el empleo autónomo. Igualmente, los Centros Especiales de Empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según las circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.

2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita el proceso productivo, y en todo caso, como mínimo, el 70 por 100 de la plantilla estará constituida por trabajadores con discapacidad. A estos efectos no se computarán el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

3. Tendrán la consideración de personas con discapacidad las reguladas por el artículo 4 del Real Decreto Legislativo1/2013, de 29 de noviembre.

4. Se entenderá por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de dichos centros tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo, incluyendo su incorporación a enclaves laborales y al mercado ordinario de trabajo, sin descuidar los aspectos culturales, físicos o de rehabilitación.

5. La relación laboral de las personas trabajadoras con discapacidad que prestan sus servicios en los Centros Especiales de Empleo será de carácter especial conforme al artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y se rige por su normativa específica.

6. En ningún caso, tendrán la consideración de Centro Especial de Empleo, los Centros Ocupacionales definidos en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni los Centros reconocidos de Educación Especial que dispongan de aulas o talleres destinados al aprendizaje profesional de las personas con discapacidad en ellos integrados.

7. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que estén obligados por sus estatutos o por acuerdo social a la reinversión integra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad, teniendo la facultad de reinvertirlos en su propio Centro Especial de Empleo o en otros de iniciativa social. Asimismo, deberá tratarse de alguna de las posibilidades siguientes:

Esta circunstancia quedará debidamente inscrita en el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y deberá constar en la resolución administrativa por la que se califique el Centro Especial de Empleo.

1. Podrán ser calificados como Centros Especiales de Empleo aquellas entidades constituidas por persona física o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, así como comunidades de bienes o sociedades civiles o cualesquiera otras de carácter público o privado que, con arreglo a las disposiciones vigentes, tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresario.

2. La calificación y reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo requerirá autorización administrativa que será otorgada por el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo, u órgano que le sustituyere con competencias en materia de integración laboral de personas con discapacidad, previa solicitud de la entidad interesada y acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. La calificación de una entidad como Centro Especial de Empleo implicará su inscripción, de oficio, en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Para ser calificados como Centros Especiales de Empleo, las entidades deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en este procedimiento de solicitud de calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para mantener con eficacia la inscripción de estas entidades como Centros Especiales de Empleo, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal efecto.

2. La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará mediante publicación en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada mediante comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura de la parte interesada, entendiéndose practicadas desde el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo anterior y únicamente con efectos informativos, la entidad solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la web https://sede.gobex.es/SEDE/.

3. Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

4. Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación aquélla que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Las entidades solicitantes podrán identificarse electrónicamente a través de cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 34 del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a los sistemas a través de los cuales podrán las entidades solicitantes identificarse y autenticarse electrónicamente en la Sede electrónica de la Junta de Extremadura.

2. Los sistemas de firmas admitidos a través de medios electrónicos son los establecidos en el artículo 10.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 35 del citado Decreto 225/2014, de 14 de octubre.

3. La acreditación de su identidad se entenderá con el propio acto de la firma utilizando cualquiera de los sistemas de firmas mencionados en el apartado anterior.

4. La persona representante de la entidad solicitante deberá disponer de certificado digital o DNI electrónico que permita garantizar su identidad y realizar la firma electrónica para la cumplimentación y tramitación de la ayuda. El uso de certificado digital o DNI electrónico deben estar correctamente configurados y validados para su uso en sede electrónica. Si no disponen de ellos, el certificado electrónico pueden obtenerlo en la dirección electrónica http://www.cert.fnmt.es/ y el DNI electrónico pueden obtenerlo en la dirección electrónica https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009.

1. Las solicitudes, que podrán ser formuladas durante todo el año natural, se presentarán obligatoriamente a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura (www.juntaex.es), dentro del correspondiente trámite (https://www.juntaex.es/w/3101), desde donde se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud. La solicitud, debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación preceptiva será dirigida a la Consejería competente en materia de empleo.

2. Las entidades interesadas podrán disponer de la información relativa al procedimiento de calificación e inscripción en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites https://www.juntaex.es, dentro del correspondiente trámite

(https://www.juntaex.es/w/3101).

La información referente al procedimiento también podrá ser consultada en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

3. En el caso en que no estuviesen habilitados los medios tecnológicos necesarios, la solicitud deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Las solicitudes serán presentadas de conformidad con el procedimiento que se describe en este artículo y el plazo que se establece en el artículo anterior.

2. Presentación de la solicitud:

3. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de Registro Electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán de las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos o no se acompañen los documentos exigidos, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo máximo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf), con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución, que deberá ser dictada en virtud de lo establecido en los artículos 21 y 41 del mismo texto legal.

1. La solicitud, debidamente firmada por la entidad solicitante y cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la documentación que se relaciona a continuación:

2. La Administración competente de la tramitación de este procedimiento, que incluye una actividad de tratamiento de datos personales, tiene atribuida la potestad de verificación de los datos personales del solicitante en el caso en que la entidad solicitante sea una persona física o de la persona que ostente la representación legal en el caso en que la entidad solicitante sea una persona jurídica, manifestados en el anexo de solicitud de la ayuda, en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.

3. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor recabará de oficio los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse a que se realicen las consultas oportunas, marcando la casilla correspondiente en la solicitud, debiendo aportar, en este caso, dichos datos y documentos.

4. En virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y del artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, las entidades solicitantes no tendrán que aportar aquellos documentos necesarios en el procedimiento, que ya obren en poder de la Administración, debiendo cumplimentar el correspondiente apartado del formulario solicitud, indicando, en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó tales documentos.

5. La solicitud contendrá una declaración responsable que será suscrita por la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante, mediante la que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos y no incurre en los supuestos de exclusión establecidos en la presente norma y que dispone de la documentación que así lo acredita, que pondrá a disposición del órgano gestor cuando le sea requerida, siempre y cuando no esté en poder de la Administración o se pueda consultar de oficio, en el caso en que la entidad no se ha opuesto a dicha consulta.

El órgano gestor podrá requerir a las entidades solicitantes en cualquier momento, en el ejercicio de las funciones de comprobación y control, que aporten de forma obligatoria la documentación necesaria conforme a la presente norma.

Si se acreditara la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se haya incorporado a la declaración responsable, o la no presentación de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho tramitación de su expediente de calificación desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

En el caso de que se solicite que la entidad pueda ser considerada como Centro Especial de Empleo de iniciativa social, por estar contenidas en apartado 7 del artículo 2 del presente decreto, deberán presentar, además:

1. Acreditación de la personalidad jurídica o capacidad jurídica de las entidades que promueven el Centro Especial de Empleo solicitante y el carácter social del mismo (pdf).

2. Para la acreditación de la aplicación de beneficios, deberán presentar

3. En virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, las entidades solicitantes no tendrán que aportar aquellos documentos necesarios en el procedimiento, que ya obren en poder de la Administración, debiendo cumplimentar el correspondiente apartado del formulario solicitud, indicando, en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó tales documentos.

1. Las solicitudes de cambio de titularidad de un Centro Especial de Empleo calificado, serán presentadas por la nueva entidad, en el plazo máximo de dos meses desde que se produjo la sucesión empresarial, mediante el formulario de cambio de titularidad, disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites https://www.juntaex.es dentro del correspondiente trámite, así como en la web https://extremaduratrabaja.juntaex.es, al que acompañará la documentación detallada en el artículo 9 del presente decreto. El anexo se presentará obligatoriamente a través del Registro Electrónico General ubicado en la sede electrónica https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf, dirigiéndose a la Consejería con competencias en materia de empleo.

2. La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de calificación, requerirá que ambas entidades, subrogante y subrogada, cumplan todas las condiciones y requisitos que se establecen en el presente decreto para ser calificada e inscrita, debiendo asumir la nueva titular del expediente los derechos y obligaciones que se deriven o puedan derivarse de la concesión de la calificación.

3. Para garantizar la eficacia de la inscripción registral derivada de este cambio de titularidad, la nueva entidad deberá acreditar en el plazo de 1 mes desde la notificación de la resolución de cambio de titularidad, la puesta en funcionamiento del mismo, aportando la documentación siguiente a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura(https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf):

4. En virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, las entidades solicitantes no tendrán que aportar aquellos documentos necesarios en el procedimiento, que ya obren en poder de la Administración, debiendo cumplimentar el correspondiente apartado del formulario solicitud, indicando, en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó tales documentos.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Fomento del Empleo adscrito a la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente resolución de calificación e inscripción del Centro Especial de Empleo.

2. La competencia para resolver el procedimiento a que se refiere este decreto corresponde a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico

3. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses y se computará desde la fecha de entrada de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo, en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4. La resolución de calificación no agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. La calificación como Centro Especial de Empleo e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo Extremadura no llevará aparejada por sí sola el derecho al disfrute de subvenciones, ayudas o compensaciones económicas públicas, aunque será requisito inexcusable para obtener el derecho a las mismas, debiendo cumplirse, en todo caso, los requisitos que para ello se establezcan en la normativa reguladora de las ayudas.

1. Para garantizar la eficacia de la inscripción registral, el Centro Especial de Empleo deberá acreditar en el plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución de calificación del Centro Especial de Empleo, la puesta en funcionamiento del mismo, aportando la documentación siguiente a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf):

2. En virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, las entidades solicitantes no tendrán que aportar aquellos documentos necesarios en el procedimiento, que ya obren en poder de la Administración, debiendo cumplimentar el correspondiente apartado del formulario solicitud, indicando, en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó tales documentos.

1. El Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura formalizará la calificación e inscripción en un Libro de Inscripciones, cuyo contenido será público.

2. El Libro de Inscripciones se establece por un procedimiento informático. Los asientos serán extendidos de forma sucinta y recogerán: denominación, fecha de inscripción, número de inscripción, NIF, CNAE, forma jurídica, actividades, domicilio social, teléfono y correo electrónico.

3. En la hoja registral de cada Centro, se anotarán los asientos que recojan los cambios de denominación, forma jurídica de la entidad titular, alteración del domicilio social, así como la descalificación en su caso, que llevará aparejada la cancelación registral del Centro.

El mantenimiento de la calificación de Centro Especial de Empleo conllevará el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

6. Según establece el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, cuando los Centros Especiales de Empleo reciban de alguna Administración Pública subvenciones, ayudas o cualquier otro tipo de compensación económica, de cualquier naturaleza, estarán obligados a presentar y depositar cada año ante el órgano competente en materia de registro de Centros Especiales de Empleo una Memoria comprensiva de los siguientes extremos:

Los Centros Especiales de Empleo estarán obligados a someterse a cuantas actuaciones de control sean establecidas por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cuando sean necesarias para comprobar la adecuación de su funcionamiento y características a las condiciones legales o reglamentarias de su calificación como tal.

1. Podrán ser causas de pérdida de la calificación como Centro Especial de Empleo, las siguientes:

2. El expediente de descalificación se iniciará a instancia de parte o de oficio por el órgano competente para la calificación e inscripción. Una vez iniciado el procedimiento de descalificación, el órgano instructor del mismo dará traslado al Centro Especial de Empleo afectado para que, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la notificación, presente las alegaciones que estime oportunas. Concluido dicho plazo, y una vez valoradas las mismas, se emitirá propuesta de cancelación de la inscripción, la cual se elevará al órgano competente para su resolución.

3. La resolución por la que se acuerde la descalificación de un Centro Especial de Empleo no agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en materia de empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. En todo caso, una vez dictada la citada resolución de descalificación se procederá de oficio a la cancelación de la inscripción del Centro y al cierre de su hoja registral, practicándose el asiento que en su caso proceda.

1. Todas las actividades del tratamiento de los datos personales de las personas físicas que se derivan de la gestión del procedimiento de calificación y registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Extremadura se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, el Servicio Extremeño Público de Empleo se obliga, en la tramitación de los procedimientos regulados en esta disposición, a adoptar todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de protección de datos que exige la citada normativa, en aplicación de su política de protección de datos.

3. Las entidades interesadas pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar, en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, de conformidad con la normativa aplicable. Pueden presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).

1. Todos aquellos Centros Especiales de Empleo que por resolución hayan sido calificados e inscritos de conformidad con la normativa anterior, se incorporarán de oficio al Registro, asignándoles el número de inscripción que corresponda según su fecha de calificación.

2. No procederá la inscripción de oficio al Registro de aquellos Centros Especiales de Empleo calificados conforme a la normativa anterior que, a la entrada en vigor del presente decreto, lleven más de seis meses sin actividad.

3. Todos aquellos Centro Especiales de Empleo que por resolución hayan sido calificados e inscritos en el Registro creado al amparo de la normativa anterior, y que no se adecuen a los requisitos y condiciones previstos en el presente Decreto, dispondrán de un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor del mismo para su adaptación a la normativa actual, ampliable a dos años más previa solicitud, por causas debidamente justificadas.

4. Todos aquellos Centro Especiales de Empleo que por resolución hayan sido calificados e inscritos en el Registro creado al amparo de la normativa anterior, y quieran solicitar ser inscritos como Centros Especiales de Empleo de interés social, dispondrán de un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del mismo, aportando la documentación acreditativa de tal condición.

Los procedimientos iniciados al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en aquélla.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto y, en particular, el Decreto 117/2012, de 29 de junio, de Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente decreto.

2. Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de empleo para que proceda a aprobar mediante orden cuantos modelos y formularios sean necesarios adaptar en aplicación del presente decreto.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 19 de abril de 2023.

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