Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 3 de abril de 2023, el Convenio entre la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz para materializar la financiación de actuaciones contra la exclusión financiera contemplada en la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 24 de abril de 2023.

Mérida, 3 de abril de 2023.

De una parte, D.ª Begoña García Bernal, en su calidad de Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con facultades de intervención en este acto en virtud de la competencia que le confiere el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, autorizada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2023.

Y de otra, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, nombrado en sesión constitutiva celebrada el 29 de junio de 2019, con plenos poderes para la firma de este compromiso, actuando en nombre y representación de la misma, de conformidad con la atribución de competencias establecida en el artículo 34 1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, asistido/a por el /la Secretario/a General de la Corporación, D. Enrique Pedrero Balas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2, i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y aprobada por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Badajoz de 1 de marzo de 2023.

Interviniendo en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos que respectivamente desempeñan, y reconociéndose mutuamente la legitimación y competencia suficiente para formalizar el presente convenio, y a tales efectos:

Corresponderá a la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio la coordinación de las actuaciones relativas a las políticas sobre el reto demográfico y la fijación de la población en el territorio. En concreto, en esta materia le corresponderán las siguientes funciones:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, ( ) la Diputación tiene competencias de asistencia al objeto de proporcionar a los municipios la capacidad de gestión requerida para el ejercicio de las competencias de titularidad municipal y la consiguiente efectividad del principio de subsidiariedad. Con análoga finalidad la Diputación provincial dispone de competencias para el diseño, implementación, ejecución y evaluación de planes y programas de ámbito provincial que afecten los municipios (…) .

Por otro lado, el artículo 21 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, dispone que En garantía del ejercicio de las competencias municipales y para la efectividad del principio de subsidiariedad, las Diputaciones Provinciales aprobarán la normativa necesaria y observará un determinado procedimiento en la elaboración de planes y programas .

Asimismo, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración que rigen las relaciones entre las Administraciones Públicas, y los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía que presiden sus actuaciones, las entidades que suscriben el presente convenio, consideran conveniente establecer una acción coordinada para optimizar los recursos disponibles, así como aunar esfuerzos para minimizar los efectos perjudiciales, en particular en la población mayor, mediante el apoyo financiero para dar cobertura a las necesidades surgidas.

El presente convenio se encuadra en el tipo establecido en la letra a) del apartado 2, del citado artículo 47, referida a Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.

Como indica la Ley 3/2022, de 17 de marzo de 2022, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, en sus principios de actuación, la Junta de Extremadura promoverá la colaboración y la cooperación con el resto de Administraciones Públicas para la consecución de los objetivos establecidos en la ley. Entre ellos, en su artículo 4, destacan los siguientes objetivos estratégicos:

Asimismo, en la Ley 3/2022, en su artículo 78, recoge que la Junta de Extremadura, en colaboración con las administraciones locales de Extremadura, desarrollará actuaciones contra la exclusión financiera y fomentará la implicación de las entidades financieras que operan en Extremadura en el objetivo de la cohesión territorial. Al respecto, suscribirá convenios que faciliten la igualdad en el acceso de los extremeños a los servicios financieros y bancarios con independencia de su lugar de residencia.

La gestión de estos créditos, según el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se atribuye a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en el seno de la cual se aprobó, con fecha de 1 de septiembre del presente año, el Acuerdo por el que se adopta el marco general de cooperación y los criterios para la distribución de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para Comunidades y Ciudades Autónomas, destinados al impulso y apoyo a iniciativas y acciones cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial .

El Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, complementado con las políticas propias de cohesión que ya despliegan las Comunidades en sus territorios, es una herramienta versátil para el impulso de un modelo territorial policéntrico y un desarrollo local económico, social y medioambiental integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus potencialidades endógenas y para una actuación que se desarrolle de acuerdo con el principio de subsidiariedad, y en cuya gestión corresponde las Comunidades autónomas una participación de especial relevancia.

Dicho fondo parte de la constatación de la necesidad de que las políticas públicas en relación con la desigualdad social y su distribución territorial requieren tanto del fomento de la actividad económica como del desarrollo de formas de intervención directa de las diferentes Administraciones públicas competentes para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, aborden los problemas derivados de la vulnerabilidad territorial mediante actuaciones orientadas a garantizar la cohesión territorial y social y el acceso a los ciudadanos a los servicios públicos esenciales.

Es objeto del Fondo de Cohesión Territorial la cofinanciación de actuaciones impulsadas por las diferentes Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, y que tengan por finalidad el fomento o la adopción directa de medidas orientadas a disminuir y atender las desigualdades generadas por los cambios económicos y sociales, en términos de distribución de la población en el territorio y de acceso y garantía de bienestar colectivo.

Entre sus principios generales podemos mencionar: (f) La garantía del acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales, favoreciendo igualmente el acceso a las necesidades inmateriales demandadas.

Así mismo, entre los objetivos generales de las acciones e iniciativas seleccionadas se orientarán a atender las características que inciden en la cohesión territorial y social, deberán tener en cuenta simultáneamente este objetivo: 2) Abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de los ciudadanos a los servicios públicos o esenciales requeridos para el mantenimiento de la población en zonas con especiales dificultades demográficas, en especial sanitarios, educativos, habitacionales o que afectan a la movilidad y conectividad territorial.

Las acciones deben converger y potenciar los territorios, siempre incluyendo la igualdad de género de forma transversal.

Vivimos en una sociedad cada vez más digital en el que cada vez son más los ciudadanos que utilizan la banca online, así como aplicaciones que permiten realizar todas las gestiones bancarias necesarias de una forma inmediata y sin necesidad de realizar ningún desplazamiento. A las entidades financieras, por su parte, les resulta más rentable esta nueva forma de relación con sus clientes, puesto que pueden disminuir sus gastos al no tener que disponer de tantos activos físicos. Sin embargo, esta situación que parece tan beneficiosa para ambas partes, tiene como consecuencia que un determinado sector de la población, principalmente el de mayor edad, no tiene capacidad para acceder a los servicios bancarios al carecer de habilidades digitales y cada vez les resulta más complicado tener cerca una oficina bancaria que cubra sus necesidades.

Esta situación ya ha sido evidenciada en diferentes documentos e informes de valoración y desde distintos ámbitos. La Visión a Largo Plazo para las Áreas Rurales , iniciativa de la Comisión Europea para desarrollar una visión europea común para unas áreas rurales dinámicas, conectadas y sostenibles en el horizonte de 2040, recoge como una de las necesidades más urgentes de las zonas rurales europeas el acceso bancos y oficinas de correos.

También la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, firmada por los gobiernos de la República de Portugal y del Reino de España, cuenta entre sus objetivos estratégicos con Garantizar la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el marco del desarrollo de la Estrategia , lo que da cumplimiento del ODS 1: Fin de la pobreza, en concreto de la meta 1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros .

Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el documento elaborado en 2017 Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España , recoge entre las medidas de Economía y empleo, incorporar en la regulación del sistema financiero la obligación de las entidades de garantizar el acceso al sector bancario en el medio rural, en el marco de la garantía de derechos de la ciudadanía ante las instituciones financieras.

Todos estos aspectos son considerados en la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, reconoce el acceso a los servicios bancarios básicos como un derecho de la ciudadanía y no como una mera actividad comercial de las entidades financieras.

Pese a ello, dado que la tendencia en un corto plazo es que el número de oficinas y de cajeros automáticos continúe reduciéndose, es necesario buscar alternativas y soluciones ante esta problemática, de manera que queden cubiertas las necesidades de la ciudadanía, con especial atención a los colectivos más vulnerables que, en este caso, es la población envejecida que reside en las zonas rurales.

Desde luego, es una de las principales consecuencias de la crisis económica acontecida en nuestro país a lo largo de los últimos años ha consistido en la reestructuración del sistema bancario lo que ha supuesto, entre otras medidas, el cierre de miles de oficinas en el conjunto del territorio, fundamentalmente de aquellas ubicadas en los pequeños municipios, retrocediendo así hasta niveles de hace 36 años.

Diputación de Badajoz, consciente de la importancia de este problema, y con el convencimiento de que los habitantes de nuestra provincia, no pueden estar sin disponer de ningún medio financiero en sus localidades, por las consecuencias directas que esto llevaría aparejado, tanto en el desarrollo económico y social de nuestros pueblos como en el agravamiento de la situación de despoblamiento que ya padecemos, puso en marcha en 2018 un proyecto pionero en la Administración Pública, que está permitiendo, a través de la instalación de un cajero automático en dependencias municipales, disponer de un medio financiero las 24 horas del día durante todo el año, asumiendo el coste integro de la instalación y mantenimiento del mismo.

En ejercicio de dichas competencias, y bajo el amparo en la Ley 3/2022, que en su artículo 78 recoge que la Junta de Extremadura, en colaboración con las administraciones locales de Extremadura, desarrollará actuaciones contra la exclusión financiera y fomentará la implicación de las entidades financieras que operan en Extremadura en el objetivo de la cohesión territorial, se propone la instrumentación de la colaboración mediante convenio entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Diputación de Badajoz.

En consecuencia, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Diputación de Badajoz acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo a las siguientes,

Es objeto de este convenio establecer las fórmulas de colaboración administrativa y económica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en adelante la Consejería, y la Diputación Provincial de Badajoz, en adelante la Diputación, para luchar contra la exclusión financiera en el medio rural de la provincia de Badajoz.

Las actuaciones que se financiarán en el marco de este convenio son las siguientes:

Los municipios afectados por la exclusión financiera que se beneficiarán de la colaboración institucional contemplada en el presente convenio son los que figuran en el anexo I, constando en la memoria justificativa de aquel los criterios seguidos por parte de la Diputación para su selección, así como para la distribución de la aportación económica que realiza la Consejería.

Para la consecución del objeto del convenio las partes se comprometen a las siguientes actuaciones:

La Consejería transferirá a la Diputación las cantidades indicadas para llevar a cabo la financiación de las actuaciones programadas en este convenio, conforme a lo siguiente:

A tal efecto, las partes asumen el compromiso de realizar y aprobar las correspondientes modificaciones presupuestarias para la ejecución de este convenio, con arreglo a lo establecido en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y en el texto refundido de Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de conformidad con la demás normativa que resulte de aplicación.

Las aportaciones previstas podrán ser objeto de incremento o minoración en aquellos casos en los que concurriere una causa justificada, a iniciativa de alguna de las Administraciones Públicas intervinientes o a propuesta de la Comisión de Seguimiento, mediante acuerdo de las partes firmantes.

El abono de la aportación de la Consejería se realizará en un único pago, tras la firma del presente convenio.

Para su justificación, la Diputación remitirá a la Junta de Extremadura antes del 1 de marzo de 2024, una memoria de actuaciones objeto del presente convenio que permitan conocer la ejecución y consecución de los objetivos establecidos.

Asimismo, deberá presentar el certificado final de la Intervención General de la Diputación sobre los pagos y gastos realizados.

A estos efectos, por parte de la Diputación se podrán justificar gastos que de manera indubitada respondan al objeto del presente convenio y que se hayan realizado a partir del 1 de enero de 2022 siendo el 31 de diciembre de 2023 la fecha de finalización de la ejecución de las actuaciones.

Conforme lo dispuesto en el apartado b de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, la Diputación queda exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos recibidos.

Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de la facultad de las partes de acordar su prórroga antes de su vencimiento.

Dicha prórroga se establece según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y su autorización estará condicionada, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio correspondiente.

Se adoptarán las medidas necesarias para posibilitar la difusión y el seguimiento compartido del convenio, velando por la correcta identificación de la financiación de las actuaciones con cargo a fondos procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto las siguientes:

Asimismo, junto a las placas y carteles informativos anteriores se adoptarán las medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere el Decreto 50/2001, de 3 de abril, cumpliendo en todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta de Extremadura.

Y del mismo modo, se adoptarán las de medidas de identificación, información y publicidad previstas en el manual de identidad corporativa de Diputación de Badajoz.

Para el seguimiento del presente convenio se creará una Comisión Mixta que se encargará de velar por el cumplimiento de las condiciones contempladas en el mismo. La Comisión Mixta estará compuesta por los siguientes representantes.

La Comisión ajustará su régimen de organización y funcionamiento al previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo o por incurrir en causa de resolución.

2. La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En relación con la aportación de la Consejería, finalizado el convenio, procederá el reintegro por parte de la Diputación a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas que no hayan sido aplicadas al objeto del mismo o no hayan sido debidamente justificadas.Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en virtud de la materia.

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso, las partes podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Las partes firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE del 6 de diciembre de 2018), así como de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE del 14 de diciembre de 1999) en la parte no derogada y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo (BOE del 19 de diciembre de 2007).

Se adjunta como Anexo II al presente convenio las pautas a seguir relativas al tratamiento de la seguridad de la información y protección de datos personales.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo, con expreso sometimiento de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y, en prueba de conformidad y para que conste a los efectos oportunos, ambas partes suscriben el presente convenio por triplicado ejemplar.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio es la Responsable del tratamiento con las funciones, derechos y obligaciones que le son propias (en adelante Responsable).

La otra Administración Pública, organismo o entidad de derecho público o privado firmante del convenio que acceda a datos de carácter personal que resulten necesarios para el cumplimiento del mismo, por cuenta del responsable del tratamiento, asume las responsabilidad establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y en sus normas de desarrollo, en su condición de Encargado del tratamiento (en adelante Encargado) (artículo 28 del RGPD).

Los equipos informáticos utilizados por el personal del encargado, y que serán proporcionados por ésta para el cumplimiento del objeto del convenio, deben estar actualizados y optimizados a las actividades del perfil correspondiente para la satisfacción del citado convenio.

Estos equipos informáticos estarán sometidos a las políticas y normativas establecidas en la Junta de Extremadura, por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, según corresponda.

Las licencias de software necesarias para la realización del convenio, serán propiedad del encargado, no permitiéndose la instalación de licencias nominales, propiedad de la Junta de Extremadura, en los equipos propiedad del encargado del tratamiento.

Por tanto, deben cumplirse las siguientes condiciones en los equipos informáticos aportados por el encargado del tratamiento.

Cuando los equipos informáticos estén conectados a la red corporativa de la Junta de Extremadura:

El encargado del tratamiento vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del convenio, así como sobre los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del convenio y conforme a la Política de Seguridad del responsable en los términos en que resulte aplicable. Esta obligación se mantendrá incluso después de la finalización del convenio.

El deber de confidencialidad sobre la información del responsable será extensible a todo el personal del encargado o colaborador que participe en la ejecución del convenio.

Todo el personal del encargado protegerá, en la medida de sus posibilidades, la información propiedad del responsable y los sistemas de información a los que tenga acceso con el fin de evitar revelación, alteración o uso indebido de la información.

El acceso y posesión de información del responsable por parte del encargado es estrictamente temporal y vinculado a la ejecución del convenio, sin que ello confiera derecho alguno de posesión, de titularidad de copia o de transmisión sobre dicha información.

El encargado, una vez finalizadas las tareas que han originado el acceso a la información, deberá devolver los soportes y documentación que pudiera habérsele facilitado.

El encargado no puede transmitir, enviar, compartir o poner a disposición de otras entidades información propiedad del responsable, a no ser que de manera previa haya sido expresamente autorizado para hacerlo, independientemente del medio o formato de la información y de su contenido.

A) Base normativa.

B) Obligaciones derivadas del convenio.

C) Medidas de seguridad mínimas a aplicar por el encargado.

D) Propiedad industrial e intelectual.

E) Devolución de activos.

F) Auditoría.

G) Cumplimiento con la política de seguridad de la información de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

H) Prestación de los servicios en las instalaciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

I) Transmisión de información por parte del encargado a otras entidades.

J) Protección del equipamiento informático.

K) Seguridad en las instalaciones del encargado.

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