Junta de Extremadura

Mediante el Decreto 144/2022, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos municipales, distintos de los biorresiduos, recogidos separadamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas, financiadas con cargo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU , la Comunidad Autónoma de Extremadura pretende conseguir los objetivos de reciclado, intensificar la preparación para la reutilización por parte de empresas privadas gestoras de residuos, para lo cual se convocan dichas ayudas.

Las ayudas, por tanto, tienen como objeto acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos en Extremadura y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de envases y residuos de envases, fundamentalmente. En la medida en que estas ayudas fomentan las primeras opciones de la jerarquía de residuos y se reduce el depósito en vertedero, especialmente las medidas relativas a los biorresiduos, pero también las asociadas al reciclado de otros materiales, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se contribuye a la lucha contra el cambio climático. También se contribuye al alargamiento de la vida útil de algunos productos y al incremento de la disponibilidad de materias primas secundarias para los procesos industriales, reduciendo el consumo de materias primas vírgenes, en definitiva, a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. A los beneficios obtenidos desde el punto de vista de gestión de residuos, de uso eficiente de recursos y de la política de lucha contra el cambio climático, se suman los asociados a la generación de empleo como consecuencia de la promoción de actividades de recogida, preparación para la reutilización y reciclado.

Estas actuaciones de impulso de la mejora de la recogida selectiva y de mejora del tejido industrial para la preparación para la reutilización de residuos, por su necesidad e importancia, están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del Eje Transición Ecológica , política palanca V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora Componente 12 “Política Industrial España 2030”, Inversión C12.I3 “Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular” y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su reunión del 14 de abril de 2021, donde se han aprobado los criterios objetivos de distribución y la distribución territorial de los créditos presupuestarios entre las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, destinados a la realización del proyecto de inversión relativo al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio Ambiente- PIMA Residuos, por lo que estas líneas de ayudas podrán ser financiada, mediante resolución de convocatoria independiente, por estos fondos procedentes de transferencia del Estado.

Estas actuaciones contribuyen al objetivo CID/OA 188 C12.I3 Aumento de los residuos municipales recogidos selectivamente. El objetivo de la comunidad autónoma es llegar hasta un 30% de recogida selectiva de los residuos municipales como porcentaje del total de residuos municipales generados en 2024 (datos de 2024 disponibles en 2026), de conformidad con la Directiva 2008/98/CE. Por recogida separada se entenderá la recogida en la que un flujo de residuos se mantendrá separado, por tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. Los datos se recopilarán de conformidad con el desglose material con arreglo al anexo V de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión. El valor de referencia a 31 de diciembre de 2018, es un porcentaje del 21%. El objetivo debe cumplirse en el segundo trimestre de 2026.

La entrada en vigor del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conlleva, como condiciones de obligado cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la de respetar el principio de no causar un daño significativo al medioambiente (DNSH, por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm), así como las condiciones específicas vinculadas a dicho principio detalladas en los documentos oficiales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Decisión de Ejecución del Consejo y sus anexos).

En cumplimiento con el principio de no causar un daño significativo al medioambiente (DNSH), las ayudas reguladas con el presente decreto han sido evaluadas en los principios establecidos en el Reglamento de Taxonomía, a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, la evaluación ha concluido que solo para el principio de transición hacia la economía circular era preciso realizar una evaluación sustantiva, la cual ha resultado favorable, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión, conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En cuanto al etiquetado verde y digital, la inversiones recogidas en el presente decreto están recogidas en el anexo VI del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con campo de intervención 042 Gestión de residuos domésticos: medidas de prevención, minimización, separación, reutilización y reciclado, con contribución al 100% al objetivo medioambiental, y 40 % a los objetivos climáticos. Igualmente, las mismas no tienen contribución al etiquetado digital.

Las actuaciones subvencionables son plenamente coherentes con los elementos del Pacto Verde Europeo al estar en línea con los principios de la Economía Circular y el II Plan de acción de la COM, y contribuyen en su totalidad a alcanzar los objetivos en el ámbito de los residuos que forman parte de la transición verde .

Las medidas incluidas promueven la economía circular, tienen por finalidad la mejora de las infraestructuras medioambientales en el ámbito de los residuos, así como la reducción de la generación de los residuos y la mejora de los sistemas de gestión de los mismos; todos ellos ámbitos señalados en el Pacto Verde para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050. En el marco del Pacto Verde Europeo.

Asimismo las medidas del plan forman parte íntegramente de los objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, concretamente el objetivo d) transición hacia una economía circular , aunque no exclusivamente, dado que las medidas también contribuirán a los objetivos a) mitigación del cambio climático; e) prevención y control de la contaminación; y f) protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas .

Por último, se debe tener en cuenta que también estas medidas incluidas en el Plan de acción contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, donde se prevé para el conjunto de los sectores difusos, entre ellos el de residuos, una reducción en 2030 del 39% respecto a los niveles del año 2005.

El establecimiento de las ayudas que contempla este decreto contribuye al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural, al favorecer el bienestar general y dinamizar procesos de economía circular que pueden crear actividad y empleo. Por ese motivo, esta actuación se considera una medida adecuada de la política de la Junta de Extremadura ante el reto demográfico y territorial.

Con fecha 26 de enero de 2023, ha entrado en vigor la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dicha orden se dicta en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en relación con el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La orden regula que el análisis ‘ex ante se llevará a cabo en los procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones vinculados a la ejecución del citado Plan de Recuperación, con el objetivo de verificar la ausencia de conflicto de interés entre los miembros de los órganos de contratación y de concesión de subvenciones, y los participantes en los citados procedimientos en las diferentes fases del mismo. Todo ello basándose en una herramienta informática de ‘data mining’ de la Agencia Tributaria, MINERVA.

A través de dicha aplicación informática de la Agencia Tributaria, se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que pueda haber un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, con la particularidad de que en dicho análisis se tendrá en cuenta la titularidad real de los licitadores o solicitante.

Entre otras cuestiones la norma introduce un procedimiento específico para el supuesto en el que no consten para el licitador o el solicitante de ayuda datos de titularidad real en las bases de datos de la AEAT, habilitando a los órganos responsables de estos procedimientos a solicitar a los participantes en los procedimientos, la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate.

Esta información deberá aportarse al órgano de contratación o de concesión de subvenciones en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando (artículo 7.3 de la orden).

Dicha previsión se ha de contemplar obligatoriamente en los pliegos de contratación y en la normativa reguladora de la subvención.

Igualmente se regulan nuevos modelos de declaración de ausencia de conflicto de interés (anexo I de la orden) y de confirmación de ausencia de conflicto de interés (anexo II de la orden).

De acuerdo con la disposición transitoria única de la citada norma lo establecido en la misma resultará de aplicación a los procedimientos de concesión de subvenciones o de contratación cuya convocatoria se publique a partir de la entrada en vigor de la misma, y teniendo en cuenta que el Decreto 144/2022, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos municipales, distintos de los biorresiduos, recogidos separadamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas, financiadas con cargo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU , se publicó en el DOE el 14 de febrero de 2023 y no incorpora las nuevas previsiones de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, resulta necesario modificarlo para dar cumplimiento a dichas exigencias.

Además, hay que tener en cuenta que el 29 de noviembre de 2022 entró en vigor la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, que modifica entre otras la Ley 6/2011, de Subvenciones en lo que respecta, entre otras cosas, al consentimiento en la consulta de datos tributarios (artículo 33.2 de la Ley 5/2022).

Se ha unificado el régimen de consulta para todos los datos señalados (incluido Hacienda Autonómica) y se exige consentimiento expreso, es decir autorizo a consultar estos datos , por ello es necesario proceder a la modificación de los artículos 15.4 y también al artículo 28.5.h), así como de los anexos I y II.

Por último, a partir del 19 de octubre de 2022, las entidades que estén sujetas (empresas y administración) al cumplimiento de los establecido en la Ley 3/2004, 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, para poder recibir subvenciones de importe superior a 30.000 euros, tendrán que demostrar que los periodos de pago a proveedores no superan los 30-60 días desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. En este sentido, se ha modificado la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido modificada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, introduciéndose un nuevo apartado 3 bis en el artículo 13, que establece que: 3 bis. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley .

En virtud de los expuesto, de conformidad con el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 24 del Decreto -ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a propuesta de la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de mayo de 2023.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 6 quedando redactado del siguiente modo:

Dos. Se modifica la letra g del apartado 1 del artículo 8 quedando redactado del siguiente modo:

Tres. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 15, que quedan redactados del siguiente modo:

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 renumerando los apartados siguientes, quedando redactado del siguiente modo:

Cinco. Se modifica el apartado 5 del artículo 18 Comisión de Valoración , que queda redactado del siguiente modo:

Seis. Se modifica el artículo 28 Justificación de la subvención , que queda redactado del siguiente modo:

Siete. Se modifica el anexo I que queda redactado del siguiente modo:

Ocho. Se modifica el anexo II, que queda redactado del siguiente modo:

Nueve. Se añade el anexo VI, que queda redactado del siguiente modo:

Los solicitantes que ya hubieran presentado su solicitud antes de la entrada en vigor de este decreto, deberán aportar la documentación establecida tras la modificación realizada. La documentación deberá presentada por el solicitante de la ayuda a requerimiento del órgano instructor, en el plazo de 10 días hábiles siguiente desde que se notifique el requerimiento, así como los nuevos modelos de consentimiento, en caso contrario será inadmitida la solicitud.

El presente decreto se aplicará con carácter retroactivo desde la entrada en vigor del Decreto 144/2022, de 30 de noviembre.

Mérida, 17 de mayo de 2023.

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