Junta de Extremadura

De conformidad con el Decreto 233/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y se modifica el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas todas las funciones relacionadas con la dirección de las políticas de industria, energía y minas, y en particular, entre otras, la ordenación y control de la seguridad de los sectores industrial, minero y energético y el registro de las empresas de dichos sectores, así como la inspección y el procedimiento sancionador de tales actividades.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tiene entre sus objetivos establecer las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, así como fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, regulando en su título V el régimen sancionador en dicha materia.

Igualmente, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuyo objeto es establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste, regulando en su título X el régimen de inspecciones, infracciones y sanciones, atribuyendo las competencias en materia sancionadora.

Asimismo, la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura, tiene como finalidad regular y garantizar la seguridad del abastecimiento, la regularidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, optimizando las características del mismo e igualmente, mejorar la atención y relación con los usuarios hasta alcanzar y mantener niveles de calidad satisfactorios y homogéneos en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que redunden en una más eficiente utilización de los recursos, fomentando el ahorro energético. A tal fin, en su capítulo III se establecen las infracciones y sanciones, estableciendo en su artículo 21 la correspondiente atribución competencial de imposición de sanciones.

Asimismo, la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura, tiene como finalidad regular y garantizar la seguridad del abastecimiento, la regularidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, optimizando las características del mismo e igualmente, mejorar la atención y relación con los usuarios hasta alcanzar y mantener niveles de calidad satisfactorios y homogéneos en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que redunden en una más eficiente utilización de los recursos, fomentando el ahorro energético. A tal fin, en su capítulo III se establecen las infracciones y sanciones, estableciendo en su artículo 21 la correspondiente atribución competencial de imposición de sanciones.

En cuanto al sector de hidrocarburos, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, por la que se regula el régimen jurídico aplicable a las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos, atribuye en su título VI las correspondientes competencias sancionadoras.

Por último, la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, reguladora del régimen de la minería, en su título XIII especifica las atribuciones que corresponden a los diversos órganos administrativos en materia sancionadora.

Por otra parte, la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 131.2 establece que la iniciación del procedimiento sancionador, en cada Consejería, podrá ser ordenada por los titulares de las mismas, por los Secretarios Generales, Directores Generales o cualquier otro órgano administrativo directivo, en el ámbito de las funciones cuyo ejercicio les corresponda.

Razones de economía, celeridad y eficacia administrativas aconsejan la delegación de las competencias sancionadoras de esta Dirección General en materia industrial, energética y minera, concretamente, la iniciación de los procedimientos y la competencia para sancionar en caso de infracciones leves, realizándose a través de la presente resolución y todo ello, en aras a conseguir un despacho eficiente y ágil de los expedientes.

Por todo ello, al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y siendo de aplicación el artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Mérida, 4 de junio de 2024.

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