Junta de Extremadura

En virtud de la solicitud presentada por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Unión Coop., el día 5 de diciembre de 2023, donde solicita la posibilidad de que se desarrolle un programa de capacitación digital en el ámbito del cooperativismo agroalimentario extremeño durante las anualidades 2024 y 2025, y en base a los siguientes:

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura es una entidad asociativa de cooperativas que conforma una Unión de Cooperativas inscrita en el Registro de Cooperativas de Extremadura bajo el número A.C.E-002, que tiene entre sus fines promocionar servicios y actuaciones de interés general para el cooperativismo agrario.

Los objetivos y fines de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura son:

1. Representar al movimiento cooperativo agroalimentario ante las administraciones públicas.

2. Fomentar al cooperativismo y asociacionismo agrario, apoyando los proyectos de intercooperación.

3. Ser órgano mediador en la colaboración de sus cooperativas asociadas con entidades que favorezcan su desarrollo.

4. Mejorar la cualificación de los profesionales del sector.

5. Promocionar y organizar servicios y actuaciones de interés general para el cooperativismo agrario.

6. Prestar información actualizada a todos sus socios sobre los continuos cambios que se registran en los distintos sectores.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, aglutina desde 1990 al movimiento cooperativo agroganadero extremeño, representando a unas 189 cooperativas agro-ganaderas de la región, lo que supone unos 34.629 ganaderos y agricultores. Las cooperativas agroalimentarias de Extremadura desempeñan un papel fundamental para el desarrollo económico, social y medioambiental de la región, estando asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura como la federación que las aglutina para promover su competitividad.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura es un interlocutor imprescindible en el ámbito del sector del cooperativismo agroalimentario en nuestra Comunidad Autónoma, pues es la única unión de cooperativas agroalimentarias de la región y aglutina al movimiento cooperativismo agroalimentario extremeño.

El Servicio de Análisis y Prospectiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su Informe Indicadores Territoriales de Extremadura para 2022, refleja un incremento del PIB del 6,5% en el último año (2021-2020). Para ese mismo periodo de tiempo, el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector primario se incrementó en un 4,8 %, lo que pone de manifiesto la importancia del sector primario como motor de la economía extremeño, en un contexto coyuntural marcado por la pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania y la situación de sequía.

Por su parte, el Plan Estratégico del Cooperativismo de Extremadura 2021-2025, herramienta que marca la hoja de ruta a seguir por las cooperativas, la Administración Pública y las instituciones privadas para alcanzar un nuevo modelo de cooperativismo agroalimentario más competitivo, recoge la importancia que el cooperativismo tiene herramienta de desarrollo rural, desempeñando un papel relevante al constituir un modelo de negocio profesionalizado que ofrece oportunidades, vertebra el territorio y retiene población. Según datos del mencionado plan, el cooperativismo asociado a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura representa en 50% de la producción agroganadera de la región.

La propuesta de valor del nuevo modelo de cooperativismo agroalimentario en Extremadura ofrece a los socios, entre otras cosas, Formación e información para socios, rectores y trabajadores de las cooperativas y Capacidad de facilitar y canalizar la incorporación del uso de nuevas tecnologías a las explotaciones para hacerlas más viables (transformación digital en la agricultura) .

Con respecto a las administraciones, la propuesta de valor del nuevo modelo debe ofrecer Capacidad de optimización y redistribución de los fondos públicos, pues las cooperativas, con los debidos apoyos, tiene la capacidad de generar un importante efecto multiplicador del impacto de las políticas públicas, contribuyendo, de manera efectiva, al sostenimiento económico, social y medioambiental , así como Capacidad de retornar a la sociedad parte de su beneficio supliendo numerosos servicios privados y públicos a la Administración (servicios de asesoramiento a agricultores y ganaderos, mejora de seguros agrarios, actividades formativas, suministro de carburantes, etc.) .

Dentro del Plan se incluye, en el eje estratégico I Sostenibilidad económica , el objetivo 5 Mejorar la profesionalización de dirigentes y equipos técnicos, mediante una adecuada formación y un cambio de mentalidad en las cooperativas . En el eje IV. “Transformación digital del cooperativismo agroalimentario”, se incluye el objetivo 22 “Impulsar el papel de las cooperativas en la incorporación de las nuevas tecnologías, tanto en el proceso industrial que desarrolla la cooperativa, como en la gestión de las explotaciones de las personas socias, a fin de mejorar las estructuras de costes, la eficiencia productiva y la orientación de las producciones a la calidad demandada por el consumidor”. El eje V “Relaciones público-administrativas del cooperativismo agroalimentario” recoge el Objetivo 31. “Impulsar la formación para las cooperativas. Haciendo uso de estas ayudas, las cooperativas solicitan a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura formación para sus socios, de forma que los agricultores y ganaderos pueden actualizar sus conocimientos en materias tan diversas como riegos, fertilización, poda, mantenimiento de pequeña maquinaria y tractores, informática, permisos para vehículos especiales, etc.

La disrupción digital sobre el modelo agroalimentario tradicional ha supuesto un verdadero cambio en cómo hacer las cosas y se ha convertido en una de las principales palancas de desarrollo para mejorar la competitividad de las cooperativas. No obstante, si se desea optimizar los efectos de estos factores de competitividad, la digitalización debe integrarse en todas las dimensiones del modelo empresarial de la cooperativa, afectando a todos los departamentos y áreas de la misma.

El efecto económico más importante de la transformación digital es la optimización de costes gracias al ahorro energético, tiempos de producción más cortos, mayores rendimientos productivos, canales de comunicación más rápidos y eficaces con el resto de los agentes de la cadena de valor, entre otros.

Sin embargo, la importancia de la digitalización en el sector cooperativo agroalimentario no reside solamente en factores económicos, sino, entre otros, en los siguientes:

No obstante, pese a su importancia, recientes estudios muestran que el nivel de digitalización del sector cooperativo y, en concreto, en el cooperativismo agroalimentario es, en términos generales, inferior a la media del conjunto de empresas a nivel nacional.

Pese a todas las ventajas que ofrece la digitalización, la implantación de nuevas tecnologías siempre exige la inversión de recursos financieros y capital humano. Es en este punto, donde es especialmente importante que, además de la inversión económica, se proceda al desarrollo de las competencias y capacidades digitales de los miembros de los consejos rectores de las cooperativas y de sus empleados, a través de formación en los siguientes tres niveles:

Por todo ello, es de radical importancia establecer y potenciar la formación continua en la digitalización en las sociedades cooperativas agroalimentarias de Extremadura para aumentar el nivel de cualificación y habilidades digitales, tanto de sus consejos rectores como de sus socios.

El nuevo instrumento financiero Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo con fecha 21 de julio de 2020, incluye un Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.

Dicho mecanismo prevé que cada Estado miembro desarrolle un Plan de recuperación y resiliencia donde se incluyan reformas y proyectos de inversión que son necesarios para alcanzar los objetivos del mismo, así por ello, en el caso de España, dicho Plan permitirá la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023.

En este contexto surge el Plan Nacional de Competencias Digitales (en adelante PNCD) que es una medida de la Agenda España Digital 2025, la cual establece 10 ejes prioritarios, entre los que se encuentra la capacidad digital, y que tiene el objetivo de reforzar las competencias digitales de las personas trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía. Tal plan intenta aprovechar los retos de la nueva sociedad y de la economía digital para convertirlos en oportunidades de crecimiento y mejora.

Asimismo, el PNCD está alineado con las Estrategia Digital Europea, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y busca la adquisición y el desarrollo de competencias digitales de la población española que permitan impulsar la recuperación económica y la creación de empleo de calidad, modernizar el modelo productivo y reforzar la vertebración social y territorial de España.

Este Plan Nacional define unas medidas y actuaciones que se incluyen en el Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), que tiene como objetivo la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, y pone especial atención a la brecha de género e impulso de la formación en zonas en declive demográfico. Este componente que se articula a través del Plan Nacional de Competencias Digitales es uno de los principales planes de la Agenda Digital del Gobierno de España (España Digital 2025) y se vertebra en los 4 ejes de actuación siguientes:

Para ejecutar tales actuaciones se emplearán los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que están sujetos a unos compromisos respecto de la consecución de hitos y objetivos fijados por la Comisión.

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, consigna en el presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un crédito de 90.000.000,00€, con el epígrafe: Competencias Digitales Transversales , a desarrollar en zonas con especiales dificultades demográficas. De este total, consigna un total de 69.000.000,00€ para actuaciones de las Comunidades Autónomas.

La gestión de estos créditos, según el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se atribuye a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en el seno de la cual se aprobó, con fecha de 27 de abril de 2023, el Acuerdo por el que se adopta el Marco General de Cooperación y los criterios para la distribución de los créditos consignados para financiar actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía conforme a lo establecido en el Componente 19 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (en adelante, el Acuerdo).

Según el Acuerdo, los proyectos y líneas de actuaciones a desarrollar se encuadran en las inversiones y cuantías que se relacionan a continuación, dentro del componente 19 Competencias Digitales Transversales , del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: C 19.I 01 Competencias Digitales Transversales. 69.000.000 €.

Según el anexo III del Acuerdo, de contribución al objetivo CID 288, la distribución económica que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura es de 5.929.924 €, cuantía con la que se deben formar 25.358 personas.

Los proyectos y líneas de actuaciones propuestas tendrán como objetivo la mejora de las competencias digitales de la población que habita en espacios con especiales dificultades demográficas, considerando el carácter prioritario de la cualificación profesional como instrumento para fomentar la actividad económica, impulsar la renovación productiva y propiciar la innovación social y la transformación de los territorios más afectados por la transformación económica y los cambios demográficos conocidos en las últimas décadas.

Los proyectos seleccionados por las Comunidades Autónomas identificarán y describirán las líneas de actuación que estimen oportunas, y siempre que tengan como objetivo la mejora de la capacitación digital de los ciudadanos, y en especial de los colectivos sociales más necesitados en este punto, entre los que se encuentran la adquisición de competencias digitales avanzadas por parte tanto de los desempleados como de la población ocupada, para mejorar sus condiciones de empleabilidad, y a la vista de las nuevas demandas laborales con cualificaciones de este tipo, y ello para incrementar el número de personas con competencias digitales por encima del nivel básico, pero también el número de personas con conocimientos básicos de software.

Igualmente, las Comunidades Autónomas atenderán las acciones formativas dirigidas a la totalidad de la población y que puedan articularse a través de Centros de Apoyo Digitales, configurados como estructuras organizativas básicas, de reducidas dimensiones, que tienen el objetivo de interconectar iniciativas y actuaciones innovadoras y emprendedoras de la zona, mediante un funcionamiento flexible e inmediato y dirigido a la prestación de servicios formativos de cercanía a los ciudadanos.

Como territorios objetivo en los que priorizar la realización de las actuaciones anteriormente descritas, el Acuerdo identifica a los municipios menores de 20.000 habitantes y que no formen parte de ninguna de las Áreas Urbanas Funcionales (AUF), descritas por el Instituto Nacional de Estadística.

En el marco de los objetivos generales y específicos identificados en el Acuerdo de Conferencia Sectorial, corresponde a las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, el desarrollo y formalización del procedimiento interno necesario para la identificación y selección de proyectos y líneas de actuación destinadas a este fin, bien promovidos por la propia administración autonómica, por entidades locales de su territorio, por entidades sin ánimo de lucro o por iniciativas empresariales que cuenten entre sus fines y actividad el desarrollo de acciones destinadas al incremento de la capacitación digital y que puedan repercutir en el fomento de la actividad social y económica de las zonas afectadas por características demográficas adversas.

La Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, en su artículo 3, de principios de actuación, establece la participación de la ciudadanía en general, y de todos los agentes públicos y privados interesados en la política demográfica y territorial.

Así mismo, también se establece como principio que la Junta de Extremadura articulará procedimientos de coordinación entre los diferentes órganos implicados en las medidas previstas en la ley, garantizando la eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos, evitando posibles duplicidades derivadas de la intervención de diferentes órganos o administraciones.

Entre los objetivos estratégicos que aparecen en el artículo 4 de la citada ley, destacan los siguientes:

Entre las medidas que establece la citada Ley 3/2022, tiene especial relevancia el apartado 8 de su artículo 32, destinado a las medidas de fomento de la economía social, en el que dispone que se destinarán recursos a la formación de los consejos rectores, los directivos y el personal técnico de las entidades de la economía social, así como a la digitalización del registro de sociedades cooperativas y de sociedades laborales .

Asimismo, en la Ley 3/2022, en su artículo 68. Brecha digital, recoge que Las Administraciones Públicas de Extremadura, en sus relaciones con los ciudadanos, seguirán las siguientes directrices: . b) Fomentarán la formación en competencias digitales y conocimiento de los medios electrónicos para acceder a los servicios públicos, en especial a los colectivos que pueden tener más dificultades, como las personas mayores.

La Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, aprobada por Decreto 32/2022, recoge, entre sus objetivos estratégicos Garantizar una conectividad digital adecuada en todo el territorio extremeños, que permita a la ciudadanía el acceso a los servicios digitales . Además, en sus 286 medidas incluye algunas que están vinculadas a la capacitación digital de la ciudadanía y el cooperativismo y la economía social, como las que se detallan a continuación:

La propia Estrategia también recoge medidas relacionadas con el cooperativismo, como son:

En concreto, en el caso del cooperativismo agroalimentario extremeño, es evidente que pese a tener implantación por todo el territorio de la Comunidad Autónoma, tiene una especial relevancia e implantación en las zonas rurales, mayoritarias en nuestra región.

Las cooperativas agroalimentarias desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la población rural, ofreciendo puestos de trabajo de calidad y estables, dinamizando el territorio y generando valor en el medio rural, aumentando la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todas las personas vinculadas a la cooperativa sean o no socias de las mismas, y cubriendo necesidades básicas de la población que de otra manera no se cubrirían.

La competencia para resolver esta ayuda corresponde a la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras la modificación realizada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 69, de 9 de abril).

No obstante, dicha competencia se encuentra delegada en la Directora General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en virtud de la Resolución de 2 de agosto de 2023, de la Secretaría General, por la que se delegan determinadas competencias, así como la firma de resoluciones y actos, en los órganos administrativos de la Consejería (DOE núm. 152, de 8 de agosto de 2023).

Por todo ello, en virtud de lo anteriormente expuesto,

La concesión directa de una subvención a Cooperativas Agro-alimentarias, cuyo objeto es el desarrollo del programa de capacitación digital en el ámbito del cooperativismo agroalimentario extremeño durante las anualidades 2024 y 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 120030000/G/314A/48000 y 120030000/G/314A/78000, proyecto de gasto 20240000, denominación del proyecto presupuestario: Competencias digitales para la ciudadanía , Código Fondo: MR07C19I01, financiados con cargo al MR (Componente 19 / Inversión 1 C19.I1), imputándose en las anualidades 2024 y 2025, para la ejecución de actuaciones de capacitación digital en el ámbito del sector cooperativista agroalimentario extremeño, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Reto Demográfico de 27 de abril de 2023 y en el marco de la Componente 19 Inversión 1 del PRTR, con sujeción a las siguientes consideraciones y obligaciones:

La entidad beneficiaria de la subvención es Cooperativas Agro-alimentarias, Unión Coop., con domicilio social en C/ Mérida de los Caballeros, 8, de Mérida y NIF G06124309, entidad asociativa de cooperativas que conforma una Unión de Cooperativas inscrita en el Registro de Cooperativas de Extremadura bajo el número A.C.E-002.

La entidad beneficiaria no está incursa en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo. La justificación de estos extremos se ha realizado mediante declaración responsable del representante legal de Cooperativas Agroalimentarias dirigida al titular de la Dirección General de Desarrollo Rural. No obstante, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará en la forma establecida en la consideración décima de la presente resolución.

La subvención será otorgada por el procedimiento de concesión directa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en relación con el artículo 22.4.c) del mismo texto legal, habiéndose iniciado el procedimiento de concesión mediante solicitud presentada por la entidad beneficiaria el día 5 de diciembre de 2023.

A la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible le corresponde, en virtud del Decreto 233/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y se modifica el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un lado, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, la coordinación de las actuaciones relativas a las políticas sobre el reto demográfico y la fijación de la población en el territorio y, por otro, a través de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, las competencias en materia de sociedades cooperativas y, en particular, la promoción, estímulo y desarrollo del movimiento cooperativo, la llevanza del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura y el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas sociedades.

El cooperativismo agroalimentario ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos tiempos. La crisis económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 y los conflictos internacionales han incrementado los costes y han hecho necesario adoptar medidas tendentes a gestionar el cambio y facilitarles el acceso a oportunidades de mejora y apoyo al empleo.

Si bien el sector del cooperativismo agroalimentario ha sido uno de los más afectados por la referida crisis, también se ha demostrado que ha sido uno de los más resistentes ante los efectos derivados de la misma en recuperación de empleo y actividad económica, otro factor que hace apostar por políticas de empleo orientadas hacia la formación en este sector. En este sentido, el sector agroalimentario, además de ser un sector fundamental, es un sector resiliente, y que actúa como refugio de empleo.

Por lo tanto, valorando las particularidades descritas, la importancia de invertir en formación es aún más evidente, creando así unas buenas condiciones laborales y más seguridad para orientar el sector hacia el futuro, haciéndolo más atractivo, sobre todo, para los jóvenes que buscan nuevas oportunidades en el mercado laboral, al mismo tiempo que se salvaguarda la problemática de relevo generacional.

El sector cooperativo agroalimentario es uno de los principales sectores productivos de Extremadura, su producción representa alrededor del 50% del valor de todas las producciones agropecuarias regionales, en torno al 7,7% PIB extremeño y al 9% de la población activa regional, pero adolece de una serie de problemas estructurales en su mercado de trabajo, como son esa falta de relevo generacional por el envejecimiento de sus activos, la capacitación de sus trabajadores o su pequeña estructura, siendo los dos primeros factores las principales amenazas a las que se enfrenta.

Tales circunstancias requieren de la intervención de los poderes públicos en una formación eminentemente práctica. En este sentido, la disrupción digital ha supuesto un verdadero cambio en cómo hacer las cosas y se ha convertido en una de las principales palancas de desarrollo para mejorar la competitividad de las cooperativas. No obstante, si se desea optimizar los efectos de estos factores de competitividad, la digitalización debe integrarse en todas las dimensiones del modelo empresarial cooperativo, afectando a todos los departamentos y áreas de la misma.

Es por ello que el futuro del cooperativismo agroalimentario debe centrarse en la innovación y en el aprovechamiento de las TICs, no solo como elemento de promoción, sino también como elemento de comercialización de sus productos, ya que una presencia eficaz en internet permitirá alcanzar mejores resultados, en número de visitas y en número de ventas.

En este sentido, el sector cooperativo agroalimentario extremeño necesita establecer y potenciar la formación continua en la digitalización en las sociedades cooperativas agroalimentarias de Extremadura para aumentar el nivel de cualificación y habilidades digitales, tanto de sus consejos rectores como de sus socios.

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias una entidad asociativa de cooperativas, sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines promocionar y organizar servicios y actuaciones de interés general para el cooperativismo agrario, así como mejorar la cualificación de los profesionales del sector

Es una entidad de referencia en el sector que cuenta con una amplia oferta formativa dirigida a sus cooperativas asociadas y con un completo plan de formación para impulsar su desarrollo empresarial posibilitando que consejos rectores, profesionales y socias y socios de las mismas incrementen su cualificación y capacitación profesional.

Las actividades formativas organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura corresponden fundamentalmente a tres líneas de actuación:

Por tanto, se trata de una entidad de carácter estratégico en el sector, que agrupa el conocimiento y la experiencia necesarios para el desarrollo de acciones específicas de formación, y que viene colaborando durante décadas con la Dirección General competente en materia de Cooperativas y Economía Social en actuaciones específicas de formación para el ámbito cooperativo,

En consecuencia, se considera la única entidad que conoce y puede implementar de forma íntegra y exitosa las necesidades de los distintos tipos de cooperativas que existen en el ámbito de economía agroalimentaria, y en concreto de las habilidades digitales que precisan los consejos rectores, los socios cooperativistas y los trabajadores de las cooperativas asociadas.

Alineado con ello, el Plan Estratégico del Sector Cooperativo Agroalimentario de Extremadura 2021-2025 contiene un eje destinado a la digitalización del sector como cauce para la competitividad de las cooperativas agroalimentarias extremeñas.

En los municipios del territorio objetivo, según el apartado quinto del Acuerdo de Conferencia Sectorial, es donde la presencia y la importancia de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura se acrecienta, siendo motor generador de valor y riqueza para las zonas rurales, como ha quedado acreditado por los datos de facturación y empleo destacados en los antecedentes.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, la naturaleza de la intervención, las especiales singularidades que presenta la actividad a subvencionar y las características de la beneficiaria, se justifica la concesión directa de la subvención por concurrir en este caso las razones de interés público, social y económico conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en conexión con el artículo 32.1.a) del mismo texto legal, que habilitan para conceder de forma directa las subvenciones por razones que dificulten su convocatoria cuando, por razón de la especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o las especiales características del perceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y siempre que se trate de entidades públicas o entidades privadas sin fines de lucro.

La subvención concedida será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura conforme a la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se notificará a la Intervención General de la Administración del Estado la subvención concedida para su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Cooperativas Agroalimentarias se compromete a ejecutar las actuaciones de capacitación digital en el ámbito del sector cooperativista agroalimentario extremeño, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Reto Demográfico de 27 de abril de 2023 y en el marco de la Componente 19 Inversión 1 del PRTR, debiendo cumplir los siguientes requisitos y obligaciones:

El coste económico de las actuaciones subvencionadas durante las anualidades 2024 y 2025, se distribuye de la siguiente forma:

1. La Consejería se compromete a abonar a Cooperativas Agroalimentarias la cantidad de 300.000 euros destinados a la consecución del objeto de la presente resolución, realizándose la aportación de la Consejería de la siguiente forma:

2. La presente resolución se articula mediante tramitación anticipada del gasto, por lo que la aportación de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2024 y 2025.

El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas será desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, a petición del beneficiario, y por razones debidamente justificadas, podrá concederse una ampliación del citado plazo de ejecución, dentro del marco temporal que ampare el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Reto Demográfico de 27 de abril de 2023 y la Componente 19 Inversión 1 del PRTR.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada por el beneficiario a estos efectos. Con carácter general, el pago de esta subvención se hará efectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

Cooperativas Agroalimentarias deberá aceptar la resolución de concesión de subvención mediante escrito dirigido a la Dirección General de Desarrollo Rural, en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación de la misma, transcurrido el cual sin haberla aceptado expresamente, se entenderá que renuncia a la misma.

Previamente al pago de la subvención, la entidad beneficiará deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social. La justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias, con la seguridad social y no tener deudas con la Hacienda Autonómica será consultada o recabada de oficio por la Administración, siempre que conste en el procedimiento el consentimiento expreso del interesado. En otro caso, el interesado deberá presentar las certificaciones correspondiente

El pago de la subvención se hará efectivo tal y como se detalla a continuación:

El citado régimen de pagos, así como la exención de prestar garantía por los referidos pagos anticipados, han sido informados favorablemente por la Consejería competente en materia de Hacienda con fecha 14 de diciembre de 2023.

Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura deberá justificar en los plazos marcados las actuaciones desarrolladas e inversiones ejecutadas mediante la presentación de los siguientes documentos:

Los gastos por importe superior a 300 euros no podrán realizarse en efectivo o en metálico, quedando excluidos los gastos que no cumplan este requisito. Los gastos de importe no superior a 300 euros que no se realicen por transferencia o domiciliación bancaria, deberán realizarse a través de medios de pago que en todo caso permitan la comprobación de su efectiva realización. No será admitido ningún gasto cuyo pago no pueda acreditarse conforme a lo establecido en dicho párrafo.

Sin perjuicio de lo anterior la actuación subvencionada estará sujeta al control financiero que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Cooperativas Agro-alimentarias asumirá con carácter general las siguientes obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y específicamente las siguientes:

En la tramitación y ejecución de la presente resolución se atenderá a las disposiciones normativas sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden HFP/1030/2021,de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así mismo, es norma de aplicación la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En aquellos expedientes que sean financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para dar efectivo cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al artículo 8.2 apartados d) y e) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el obligado deberá:

La presente resolución se encuentra sometida a las obligaciones y requisitos establecidos en la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre configura el sistema de gestión del PRTR, estableciendo los principios básicos y de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por lo tanto, transversales en el conjunto del plan:

A. HITOS Y OBJETIVOS (art. 3 Orden):

ACTUACIONES DE CAPACITACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EXTREMEÑO.

La actuación a desarrollar se incluye dentro del:

B. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL (art.4 orden):

Las actuaciones previstas en la presente resolución deberán asegurar el cumplimiento del compromiso de etiquetado verde y digital. En concreto deberán encuadrarse en los campos de intervención establecidos para las mismas en la definición del componente. Los campos de intervención de acuerdo al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y sus Actos Delegados (Reglamento de Taxonomía) son los siguientes para cada inversión:

108: Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales.

El Reglamento 241 del MRR incluye una lista de Campos de Intervención a los que pueden asignarse, en todo o en parte, las dotaciones financieras de las medidas del Plan, concretamente en el anexo VI para Clima y en el anexo VII para Digital, que puede ser del 0%, 40% o 100%.

A continuación, se describen los campos de Intervención y la contribución al Etiquetado Verde y Etiquetado Digital de esta actuación, según los anexos VI y VII del Reglamento 241 MRR

— Anexo VI: Metodología de Seguimiento para la acción por el Clima (etiquetado verde)

Anexo VII: Metodología para el etiquetado digital en el marco del Mecanismo

C. PRINCIPIO DNSH (art.5 orden):

El Reglamento 241 MRR establece que ninguna medida de ejecución de las reformas e inversiones incluidas en el Plan causará un perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía):

El PRTR contiene una evaluación individualizada para cada medida, con las respectivas inversiones y reformas, asegurando el cumplimiento del principio DNSH, de acuerdo con la metodología establecida en la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01). La Guía técnica sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo en virtud del Reglamento 241 MRR recoge el procedimiento para su verificación.

Dada la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo (formación) no se espera que las mismas puedan causar efectos negativos a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

D. REFUERZO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERÉS (art.6 orden):

Asimismo, se informa de la existencia del canal de denuncias habilitado por el SNCA (Infofraude) para la comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos, que dispone de un apartado específico relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitíos/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx

E. PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN (art. 7 orden):

El Reglamento Financiero de la Unión Europea establece expresamente en su artículo 188 la prohibición de la doble financiación como principio general, señalando que en ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos. El artículo 9 del Reglamento 241 del MRR, establece que podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra los mismos costes.

Las entidades que participen en la ejecución de los fondos del PRTR deben aplicar procedimientos que permitan garantizar la ausencia de doble financiación.

A este respecto se ha procedido a verificar el cumplimiento de ambos principios:

Realizada esta verificación se puede CONCLUIR que se establecen los mecanismos necesarios para garantizar la ausencia de doble financiación.

F. IDENTIFICACIÓN DEL PRECEPTOR FINAL DE LOS FONDOS (art.8 orden):

En el momento en que Cooperativas Agroalimentarias proceda a subcontratar, deberá obtener de cada subcontratista tanto la aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas, así como Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión conforme a los modelos establecidos en el apartado anterior. Cooperativas Agroalimentarias queda obligado a proporcionar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 7 días, desde la formalización de la subcontratación la documentación a la que se refiere el apartado anterior. Se deben recabar todos estos datos del subcontratista:

El Servicio Gestor se compromete a llevar un registro de los subcontratistas que en su caso se deriven de la contratación y asignación de los fondos MRR.

En todo caso, las entidades subcontratistas respetarán el principio DNSH y las obligaciones relativas al etiquetado verde y digital.

G. COMUNICACIÓN (art. 9 orden):

Las actuaciones financiadas por el PRTR deberán cumplir con las exigencias establecidas respecto de la publicidad del Fondo. A este respecto, en todas las actuaciones que se desarrollen en ejecución del PRTR debe exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga financiado por la Unión Europea NextGenerationEU junto al logo del PRTR.

De este modo, toda la documentación relativa a la resolución deberá contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la referencia al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU . En cumplimiento de la normativa establecida se procede a incluir dichas referencias en toda la documentación correspondiente a esta actuación.

H. SUJECIÓN A CONTROLES (art. 132 Reglamento Financiero).

En este sentido, deberá conservar los originales de las facturas, documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, recibida durante el plazo de 5 años en virtud de lo establecido en el artículo 132.1 del Reglamento Financiero y del artículo 22.2. f) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos documentos estarán a disposición de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, de la Intervención General de la Junta de Extremadura, de la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea.

Además, estarán obligatoriamente sujetos al control de auditoría de la Comisión Europea, el Tribunal de cuenta, la OLAF y la Fiscalía Europea. Así como de los órganos correspondientes de la AGE y un control interno del propio órgano gestor.

Además, existe un control interno desde la Secretaría General, Unidad de Seguimiento y Control de Fondos Europeos que permite verificar la ejecución de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de manera conforme a la normativa establecida.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible realizará un seguimiento de la ejecución de la presente resolución, y dará traslado de la ejecución del mismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en virtud de su condición de entidad ejecutora del proyecto.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en ejecución del objeto de la presente resolución desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2025, atendiendo a los criterios estipulados en el apartado noveno de la presente resolución.

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, serán causas de pérdida del derecho al cobro las siguientes:

2. Si el gasto justificado no alcanza la totalidad del gasto aprobado, pero es igual o superior al 50% de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será el importe justificado. En este caso procederá la pérdida de derecho al cobro a la diferencia entre ambos importes de ayuda.

En el supuesto de que el gasto total justificado sea inferior al 50% del gasto aprobado, se procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad.

Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en la cláusula anterior, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

La presente subvención no es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales. El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada.

Los contratos celebrados por Cooperativas Agroalimentarias con terceros, en ejecución del proyecto financiado con cargo a la presente resolución, serán de su exclusiva responsabilidad.

La presente subvención se regirá por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como por las restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

El beneficiario está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE del 6 de diciembre de 2018), así como de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE del 14 de diciembre de 1999) en la parte no derogada y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo (BOE del 19 de diciembre de 2007).

Se adjunta, en el anexo IV de la resolución el compromiso de cumplimiento de las cláusulas relativas a la seguridad de la información y protección de datos personales.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que dictó el acto o ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Mérida, 27 de diciembre de 2023.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible es la Responsable del tratamiento con las funciones, derechos y obligaciones que le son propias (en adelante Responsable).

La otra Administración Pública, organismo o entidad de derecho público o privado firmante de la resolución que acceda a datos de carácter personal que resulten necesarios para el cumplimiento del mismo, por cuenta del responsable del tratamiento, asume las responsabilidad establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y en sus normas de desarrollo, en su condición de Encargado del tratamiento (en adelante Encargado) (art. 28 del RGPD).

Los equipos informáticos utilizados por el personal del encargado, y que serán proporcionados por ésta para el cumplimiento del objeto de la resolución, deben estar actualizados y optimizados a las actividades del perfil correspondiente para la satisfacción de la citada resolución.

Estos equipos informáticos estarán sometidos a las políticas y normativas establecidas en la Junta de Extremadura, por parte de la Dirección General de Digitalización de la Administración (DGDA) y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, según corresponda.

Las licencias de software necesarias para la ejecución de la subvención, serán propiedad del encargado, no permitiéndose la instalación de licencias nominales, propiedad de la Junta de Extremadura, en los equipos propiedad del encargado del tratamiento.

Por tanto, deben cumplirse las siguientes condiciones en los equipos informáticos aportados por el encargado del tratamiento.

Cuando los equipos informáticos estén conectados a la red corporativa de la Junta de Extremadura:

El encargado del tratamiento vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido de la resolución, así como sobre los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución de la resolución y conforme a la Política de Seguridad del responsable en los términos en que resulte aplicable. Esta obligación se mantendrá incluso después de la finalización del plazo de ejecución de la resolución.

El deber de confidencialidad sobre la información del responsable será extensible a todo el personal del encargado o colaborador que participe en la ejecución de la resolución.

Todo el personal del encargado protegerá, en la medida de sus posibilidades, la información propiedad del responsable y los sistemas de información a los que tenga acceso con el fin de evitar revelación, alteración o uso indebido de la información.

El acceso y posesión de información del responsable por parte del encargado es estrictamente temporal y vinculado a la ejecución de la resolución, sin que ello confiera derecho alguno de posesión, de titularidad de copia o de transmisión sobre dicha información.

El encargado, una vez finalizadas las tareas que han originado el acceso a la información, deberá devolver los soportes y documentación que pudiera habérsele facilitado.

El encargado no puede transmitir, enviar, compartir o poner a disposición de otras entidades información propiedad del responsable, a no ser que de manera previa haya sido expresamente autorizado para hacerlo, independientemente del medio o formato de la información y de su contenido.

A) Base normativa.

El beneficiario queda obligado al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (En adelante RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como su normativa de desarrollo.

B) Obligaciones derivadas de la resolución.

C) Medidas de seguridad mínimas a aplicar por el encargado.

D) Propiedad industrial e intelectual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, el encargado del tratamiento acepta expresamente que la propiedad de la documentación y los trabajos realizados al amparo de la presente resolución, y durante el período de garantía y mantenimiento, corresponde únicamente a la Junta de Extremadura, con exclusividad y sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de ordenador, el encargado acepta expresamente que los derechos de explotación y la propiedad del código fuente de las aplicaciones desarrolladas al amparo de la presente resolución corresponden únicamente a la Junta de Extremadura, con exclusividad y a todos los efectos.

El encargado del tratamiento acepta expresamente que los derechos de propiedad sobre los soportes materiales a los que se incorporen los trabajos realizados, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de la resolución, corresponden a la Junta de Extremadura.

El encargado del tratamiento exonerará a la Junta de Extremadura de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole dimanante de los suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de la resolución procedente de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual sobre ellos.

Si fuera necesario, el encargado del tratamiento estará obligado, antes de la firma de la resolución a obtener las licencias y autorizaciones precisas que le legitimen para la ejecución de la misma.

En caso de acciones dirigidas contra la Junta de Extremadura por terceros titulares de derechos sobre los medios utilizados por el encargado del tratamiento para la ejecución de la resolución, éste responderá ante la Junta de Extremadura del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que competan a la Junta de Extremadura.

El encargado del tratamiento no podrá hacer uso del nombre, marca o logotipo que le haya facilitado la Junta de Extremadura para el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de la presente resolución, fuera de las circunstancias y para los fines expresamente pactados en éste, ni una vez finalizada la ejecución de la misma.

E) Devolución de activos.

Para el supuesto de que el cumplimiento de la resolución conlleve la entrega de activos, el Encargado del tratamiento se compromete a la devolución de todos los activos de que haya dispuesto para el cumplimiento del mismo, ya sean software, documentación corporativa, equipos y/o recursos materiales. Así mismo, si el personal del encargado dispone de permisos de acceso a instalaciones o sistemas, estos deben ser devueltos o comunicados para su anulación en el momento de finalización del plazo de vigencia de la resolución, respondiendo de su uso una vez finalizado.

El encargado del tratamiento se compromete a entregar a la Junta de Extremadura toda la información y documentación resultante de los trabajos objeto de la presente resolución, viniendo obligado, además, a no mantener documentación o almacenar información en locales o equipos ajenos o no autorizados por la Junta de Extremadura, durante o una vez finalizado el plazo de ejecución de la resolución.

En los casos en que la Junta de Extremadura lo estime necesario podrá exigir al encargado del tratamiento certificaciones de destrucción de documentos o eliminación de información de los equipos empleados para la realización del objeto de la resolución, asimismo, podrá realizar revisiones de las instalaciones y procedimientos empleados por el encargado del tratamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, el incumplimiento de estos compromisos y las consecuencias derivadas de ello serán responsabilidad exclusiva del encargado del tratamiento, que responderá frente a terceros y frente a la Administración de la Junta de Extremadura de los daños y perjuicios que pudieran generarse.

F) Auditoría.

La Junta de Extremadura podrá exigir al encargado del tratamiento cualquier evidencia de cumplimiento con la legislación aplicable, conforme a lo marcado en los acuerdos firmados por ambas partes, así como con los requisitos de seguridad impuestos por parte de la Junta de Extremadura. Para ello la Junta de Extremadura se reserva el ejercicio de los siguientes derechos:

Para facilitar el ejercicio de los anteriores derechos por parte de la Junta de Extremadura, el encargado del tratamiento se compromete a facilitar y participar activamente en el desarrollo de las actividades anteriormente descritas.

G) Cumplimiento con la política de seguridad de la información de la consejería de agricultura, ganadería y desarrollo sostenible

El Responsable del tratamiento dispone de una Política de Seguridad de la Información, así como de un Marco Normativo para su desarrollo, los cuales establecen los controles de seguridad que se deben aplicar con objeto de garantizar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información. Es obligación del encargado del tratamiento el conocimiento, cumplimiento e implantación de aquellas medidas de seguridad establecidas en el Marco Normativo que, con base en la naturaleza de los servicios prestados, sea de aplicación. El responsable se reserva el derecho de exigir al encargado la aplicación de las medidas de seguridad adicionales cuando los requisitos de seguridad de la información aplicables al servicio así lo requieran.

El encargado del tratamiento deberá concienciar y formar a su personal en materia de seguridad de la información, y en particular aquellos aspectos de la Política de Seguridad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y su Marco Normativo de desarrollo que sean de aplicación en base a la naturaleza de los servicios prestados.

Los trabajadores del encargado, por su parte, deben tener siempre presentes durante el desempeño de sus funciones los principios de la ética, la profesionalidad, la confidencialidad y la responsabilidad.

De forma general, todo el personal del encargado que acceda a información de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible deberá cumplir con las siguientes normas:

Además, el encargado debe poner en marcha medidas de control para garantizar la supervisión de las actuaciones para sus trabajadores.

H) PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

El personal del encargado del tratamiento que desempeñe sus funciones en las instalaciones del responsable deberá conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Manual de responsabilidades de Seguridad de la Información para usuarios . Es responsabilidad del encargado del tratamiento la distribución, cuando sea necesario, de este manual entre sus trabajadores.

I) Transmisión de información por parte del encargado a otras entidades.

El encargado del tratamiento no puede transmitir, enviar, compartir o poner a disposición de otras entidades información propiedad del responsable, a no ser que de manera previa haya sido expresamente autorizado para hacerlo, independientemente del medio o formato de la información y de su contenido. En el caso de existir dicha autorización se deberá velar por el cumplimiento de las siguientes normas:

J) Protección del equipamiento informático.

En todo aquel equipamiento informático propiedad del encargado en el cual se almacene, procese o desde el que se acceda a información del responsable, el encargado deberá aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dicha información. Al menos, el encargado debe aplicar las siguientes medidas de seguridad:

El responsable se reserva el derecho de exigir la implantación de las medidas de seguridad adicionales que considere oportunas en el equipamiento informático del encargado.

K) Seguridad en las instalaciones del encargado.

En aquellas instalaciones, donde se almacene o procese información del responsable, el encargado del tratamiento deberá implementar medidas de seguridad física, ambiental y de control de acceso, y todo su personal deberá participar activamente en la implantación y cumplimiento de estas medidas.

Expediente: Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, de 27 de abril de 2023, por el que se adopta el Marco General de Cooperación y los criterios para la distribución de los créditos consignados para financiar actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía, conforme a lo establecido en el Componente 19 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Subvención: SUBVENCIÓN DIRECTA A COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, UNIÓN COOP. PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DE CAPACITACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EXTREMEÑO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXT GENERATION EU.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara:

Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 Conflicto de intereses , del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal .

2. Que el artículo 64 Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de intereses como cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación “.

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisorias, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones .

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que:

Firmado:

D/Dña.:

Nombre y apellidos y firma

En _______________, a ______de ______________de 202__.

Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

D./Dña: __________________________________________________________________

Con NIF: __________________________________________________________________

Y Domicilio: _______________________________________________________________

Actuando en nombre y representación de la entidad _______________ ____________________________________________________, con NIF: ________________ y Domicilio: __________________________________________________________________________ en calidad de representante legal, como entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 19 Plan Nacional de Capacidades Digitales (Digital Skills) , Inversión I1 Competencias digitales transversales , DECLARA conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

2. Apartado 3: Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento .

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

Firmado:

D/Dña.:

Nombre y apellidos y firma

En _______________, a ______de ______________de 202__.

Declaración de compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

D./Dña: __________________________________________________________________

Con NIF: __________________________________________________________________

y Domicilio: _______________________________________________________________

Actuando en nombre y representación de la Entidad _______________ ____________________________________________________, con NIF: ________________ y Domicilio: __________________________________________________________________________ en calidad de representante legal, como entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 19 Plan Nacional de Capacidades Digitales (Digital Skills)

MANIFIESTA:

a) Prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses:

b) Principio de no causar un perjuicio significativo a algunos de los objetivos medioambientales del PRTR:

c) Doble financiación:

Firmado:

D/Dña.:

Nombre y apellidos y firma

En _______________, a ______de ______________de 202__.

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