Junta de Extremadura

Visto el expediente iniciado mediante escrito al que se adjunta nuevo texto estatutario y demás documentación del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres –con anotación de entrada en el Registro Único de Documentos de la Junta de Extremadura (SIREX), el 6 de mayo de 2024–, por el que se solicita la emisión de informe de legalidad respecto de la modificación-adaptación de los Estatutos del citado Colegio, aprobados por su Junta General, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2023 –posteriormente objeto de nueva aprobación (conforme a la delegación acordada en la citada Junta General extraordinaria, de 6-11-2023) por su Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2024–, se emite la presente de conformidad con los siguientes:

En el marco de la Constitución Española de 1978, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que establece en su artículo 9.1.11 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas , y de lo dispuesto en la legislación básica del Estado en dicha materia, en este procedimiento es directamente aplicable la siguiente normativa legal y reglamentaria:

1º. El Real Decreto 59/1995, de 24 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de Colegios Oficiales o Profesionales.

2º. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

3º. La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, conforme con la modificación practicada por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre.

4º. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

5º. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

6º. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7º. El Decreto 24/2007, de 20 de febrero, por el que se regula el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

8º. El Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura, número 140, de 21 de julio de 2023).

9º. El Decreto 232/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Diario Oficial de Extremadura, extraordinario número 3, de 16 de septiembre de 2023) modificado por el Decreto 11/2024, de 20 de febrero, con la corrección de errores al mismo publicada en el Diario Oficial de Extremadura, número 60, de 26 de marzo de 2024 .

10º. Los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres publicados mediante Resolución, de 16 de noviembre de 2005, de la Consejera de Presidencia en el Diario Oficial de Extremadura, extraordinario número 4, de 7 de diciembre de 2005, conforme con la modificación publicada –mediante Resolución, de 23 de marzo de 2017, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública– en el Diario Oficial de Extremadura, número 74, de 19 de abril de 2017.

11º. Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 305, de 21 de diciembre de 2002.

12º. Los Estatutos del Colegio aprobados por su Junta General, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2023, posteriormente objeto de nueva aprobación (conforme a la delegación acordada en la citada Junta General extraordinaria, de 6-11-2023) por su Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2024.

La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura fija el régimen jurídico de los Colegios Profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se circunscriba exclusivamente al territorio de Extremadura, en este sentido, su artículo 1.2, dispone que se regirán por las disposiciones básicas del Estado, por la presente ley, las normas que se dicten en desarrollo de la misma, y por sus Estatutos .

Los Estatutos de las corporaciones colegiales son la norma mediante la que sus colegiados ejercitan de forma autónoma la facultad de autoorganización y funcionamiento para la consecución de sus fines; en este sentido, el artículo 18 de la Ley 11/2002, dispone que Los Colegios Profesionales de Extremadura elaborarán y aprobarán sus estatutos y sus modificaciones de manera autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico ; por su parte, el artículo 19, establece las determinaciones que, como mínimo, han de contener los estatutos colegiales.

La comunicación a la Administración Autonómica, la calificación de legalidad y publicación de los estatutos y sus modificaciones, se regula en los artículos 20 y 21 de la Ley 11/2002; en este sentido y de conformidad con los preceptos citados, los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería competente en materia de colegios profesionales (actualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública) los estatutos y sus modificaciones para su control de legalidad e inscripción en el Registro regulado en el Título V de esta Ley dentro el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su aprobación (artículo 20.1). Los estatutos y sus modificaciones serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura (artículo 21).

La Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002 (en adelante Ley 4/2020), en su disposición transitoria segunda, dispone:

Las modificaciones de la ley a la que deben adaptarse los Colegios van dirigidas al refuerzo de las garantías de las personas colegiadas, las personas consumidoras y usuarias de los servicios profesionales, a la consecución de transparencia en la información que ofrecen los colegios profesionales y a la supresión de trabas administrativas no justificadas en el trámite de colegiación en estas corporaciones.

La ley también introduce como fin la defensa de los intereses de consumidores y usuarios; mejora y agrupa las funciones y obligaciones de los colegios; el contenido de los estatutos; regula la ventanilla única en los términos de la normativa básica estatal; el visado; la atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios; la prohibición de establecer honorarios salvo lo señalado para las costas y la jura de cuentas; la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso y ejercicio a profesiones colegiadas y los servicios y prestaciones que pueden imponerse a los y las profesionales titulados en situaciones excepcionales. Completa lo anterior la necesidad de que los colegios elaboren una memoria anual que recoja información sobre el modo en que las actividades realizadas redundan en beneficio de la protección del interés público y la oportunidad de que dentro del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de la comunidad que pudiera crearse participen aquellos colegios supraautonómicos que tengan representación en Extremadura.

1. Modificaciones estatutarias introducidas.

2. Elaboración y aprobación del texto estatutario modificado.

3. Control de legalidad, inscripción y publicación del texto modificado.

4. Calificación de legalidad de las modificaciones aprobadas.

1. Competencia de instrucción y tramitación.

2. Competencia de resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer ante este mismo órgano recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el citado diario oficial, conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Si se interpone el recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca su desestimación por silencio administrativo.

Mérida, 13 de junio de 2024.

El objeto del presente Estatuto es regular la organización y funcionamiento del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres es una Corporación de derecho público constituida y reconocida con arreglo a la Ley e integrada por Procuradores de los Tribunales. Actuará al servicio del interés general de la sociedad y de los colegiados mediante el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.

2. El Colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

3. En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía en el marco del presente Estatuto y bajo la garantía de los Tribunales de Justicia.

1. El ámbito territorial del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres se corresponde con el de la provincia de Cáceres.

2. El domicilio del Colegio radica en la ciudad de Cáceres, sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de la Audiencia Provincial. Sus oficinas se hallan en la actualidad en Avenida de la Hispanidad, n.º 9.

Son fines esenciales del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres los que le sean atribuidos por la normativa de aplicación y, en concreto, los siguientes:

Todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por razón de la relación funcionarial.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres se relacionará con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de colegios profesionales de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura; y en las cuestiones referentes a los contenidos de la profesión, a través de la Consejería competente por razón de la profesión de procurador, que asumirá la relación directa institucional.

2. El Colegio podrá ejercer, además de sus funciones propias, las competencias administrativas que le atribuya la legislación estatal y autonómica, así como las que le delegue la Junta de Extremadura en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, sin perjuicio, igualmente, de poder emplear las técnicas de colaboración que se describen en ese precepto.

3. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres mantendrá relaciones y atenderá a las vinculaciones institucionales que le correspondan con el Consejo General de Procuradores de España, la Administración General del Estado, las Administraciones Locales, y demás organismos e instituciones públicas.

1. Para el ejercicio de la profesión de procurador vienen obligados a la incorporación en el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres aquellos profesionales que tengan su domicilio profesional, único o principal, en el ámbito territorial del Colegio, cuando ello fuera procedente de conformidad con la legislación estatal de aplicación.

2. De conformidad con la legislación estatal de aplicación, la incorporación al Colegio habilita al Procurador para ejercer su profesión en todo el territorio español. El Colegio no podrá exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

3. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres, en beneficio de los consumidores y usuarios, éste deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El ejercicio con carácter permanente de profesionales de la Unión Europea establecido en cualquiera de sus Estados y la prestación de servicios en caso de desplazamiento temporal se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho Comunitario.

1. Son condiciones necesarias para ingresar en el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres:

2. La exigencia de la condición prevista en la letra b) del apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera del Estatuto.

3. Quienes estén en posesión de la titulación requerida y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio.

1. La Junta de Gobierno resolverá y notificará las solicitudes de colegiación en el plazo máximo de un mes, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. La Junta podrá delegar en uno de sus miembros el ejercicio de esta competencia.

2. Transcurrido dicho plazo máximo sin que la Junta de Gobierno hubiera notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada.

4. La denegación de incorporación al Colegio deberá ser motivada y podrá ser impugnada en los términos dispuestos en el Capítulo III del Título III del Estatuto.

1. Son causas de la pérdida de la condición de colegiado:

2. La pérdida de la condición de colegiado como consecuencia de la renuncia voluntaria no extingue la responsabilidad disciplinaria en que se hubiera incurrido durante el período de colegiación. Si en el momento de solicitar la baja estuviere abierto un procedimiento disciplinario, el Colegio lo continuará hasta su resolución. De concluir mediante sanción, y si la misma no pudiera hacerse efectiva, quedará en suspenso para ser ejecutada si ingresara nuevamente en una corporación de Procuradores.

3. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 1 anterior, la Junta de Gobierno, constatadas las circunstancias determinantes de la eventual baja colegial, las pondrá de manifiesto al interesado y le concederá trámite de audiencia por período de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo adoptará y notificará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de un mes.

4. En el caso descrito en la letra c) del apartado 1 anterior, el procedimiento a seguir será el disciplinario contemplado en el Capítulo V del Título III de este Estatuto.

5. En el supuesto previsto en la letra d) del apartado 1 anterior, la Junta de Gobierno pondrá de manifiesto al interesado la situación de impago de las cuotas colegiales, y le concederá trámite de audiencia por período de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones efectuadas, adoptará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de un mes.

6. La resolución que determine la pérdida de la condición de colegiado podrá ser impugnada en los mismos términos previstos en el artículo anterior para la denegación de acceso al Colegio.

1. Son causas de la suspensión de la condición de colegiado:

2. La condición de colegiado suspenso se mantendrá en tanto subsista la causa determinante de la suspensión.

1. El Colegio dispondrá los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar los procedimientos de ingreso o de baja colegial por vía electrónica, a través de la ventanilla única.

2. El Colegio comunicará de inmediato las incorporaciones, bajas o suspensiones de colegiación, así como los cambios de domicilio profesional, al Consejo General a efectos de su anotación en el Registro central de colegiados, y a los Juzgados y Tribunales de su territorio.

1. Los procuradores incorporados al Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres tendrán la condición de ejercientes o de no ejercientes.

2. Cada procurador ejerciente tendrá un número de colegiado y será provisto de un carnet o credencial acreditativo de su condición. En todos los documentos profesionales que suscriba, deberá consignar dicho número, así como mencionar al Colegio al que pertenece.

1. La incorporación al Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente Estatuto.

2. Todos los procuradores de los tribunales son iguales en los derechos y obligaciones reconocidos en el Estatuto.

Las personas colegiadas ostentarán los derechos que les asigne la normativa aplicable en materia de colegios profesionales, les otorguen los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Procuradores de los Tribunales, y de su Consejo General y, en concreto, los siguientes:

1. Las personas colegiadas cumplirán con los deberes u obligaciones que les asigne la normativa aplicable en materia de colegios profesionales, les impongan los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Procuradores de los Tribunales, y de su Consejo General y, en concreto, los siguientes:

2. Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y corporativa del Procurador. Su observancia constituye el objeto propio de las potestades colegiales de control y disciplina reguladas en el presente Estatuto.

1. Para el cumplimiento de sus fines, señalados en el artículo 4 de este Estatuto, el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres ejercerá las funciones que le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y, en todo caso, las recogidas en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre , y en el presente Estatuto.

2. Asimismo, el Colegio cumplirá las siguientes obligaciones:

1. Son funciones de ordenación del ejercicio profesional las siguientes:

2. El Colegio comunicará todas las inscripciones practicadas en su registro de colegiados y en el de sociedades profesionales al Consejo General de Procuradores de España a efectos de su constancia en los Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales respectivamente.

Son funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:

El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres impulsará y desarrollará la mediación, así como podrá desempeñar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

2. A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquéllos, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.

3. Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia. El Colegio resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión según corresponda.

4. Asimismo, el Colegio atenderá las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:

3. El Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.

El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres organizará un servicio de recepción de notificaciones y traslados de copias y documentos de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres organizará un servicio de representación gratuita que atienda las peticiones de representación procesal derivadas del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2. A tal efecto, establecerá sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales que impidan que el servicio quede desprovisto del número de colegiados necesarios para su adecuado funcionamiento. Dicho sistema, que será público para todos los procuradores y podrá ser consultado por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, se organizará con arreglo a los siguientes criterios:

3. Los procuradores adscritos al servicio deberán cumplir los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar el servicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres organizará un servicio de turno de oficio para garantizar la representación procesal de los justiciables al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

2. El Colegio designará procurador, por turno de oficio, cuando, siendo su intervención preceptiva o no, el órgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuará la designación a instancia del interesado. El representado vendrá obligado al pago de los derechos del procurador por la prestación de los servicios profesionales.

3. La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para los procuradores. A este efecto, el Colegio adoptará fórmulas que impidan que el servicio quede desprovisto del número de profesionales necesarios para su adecuado funcionamiento.

El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.

El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes. Asimismo, el Colegio podrá organizar un servicio de valoración de bienes embargados.

El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres participará en el proceso de capacitación profesional conducente a la obtención del título profesional que habilite para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Las condiciones que deben satisfacer los Procuradores que aspiren a desempeñar las funciones de tutor de las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la profesión de Procurador se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre y el Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la anterior.

El Colegio promoverá la formación profesional permanente de los Procuradores y velará por la efectividad de la misma. Los Procuradores están obligados a mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de su profesión.

1. Los Procuradores podrán ejercer su profesión individual o colectivamente con otros profesionales de la misma o de distinta profesión.

2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como colectivo se podrá actuar en forma societaria. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en las Leyes.

1. Las sociedades profesionales que se constituyan para el ejercicio de las actividades profesionales de la Procura se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

2. Las sociedades profesionales se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Procuradores donde radique su domicilio social. La inscripción en el Registro determina su incorporación al mismo y la sujeción a las competencias que la legislación sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados al mismo.

3. Las sociedades multidisciplinares cuyo objeto social consista en la prestación de servicios profesionales de la Abogacía y la Procura de los Tribunales se inscribirán en los Registros de Sociedades Profesionales de los correspondientes Colegios de Abogados y de Procuradores, quedando sometidas a las competencias de cada corporación según la actividad profesional desempeñada en cada caso.

1. Los órganos de gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres son:

2. En desarrollo de las previsiones organizativas del presente Estatuto, el Reglamento de Régimen Interior del Colegio podrá contemplar la existencia complementaria de otros órganos colegiales.

3. Todos los órganos colegiados del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres se podrán convocar, constituir, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en su caso, en los términos que se establezcan por su Reglamento de Régimen Interior.

El Colegio podrá establecer, si así lo acuerda la Junta General, Delegaciones territoriales correspondientes a aquellos Partidos Judiciales en que resulte conveniente para el mejor cumplimiento de sus fines y mayor eficacia de las funciones colegiales. Las facultades y competencias de tales delegaciones quedarán fijadas en los acuerdos colegiales que determinen su creación, y los que les atribuya la Junta de Gobierno en desarrollo de tales acuerdos.

1. La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y se constituye por todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.

2. Son competencias propias y exclusivas de la Junta General:

3. La Junta General también podrá conocer de cuantos otros asuntos le sometan la Junta de Gobierno y de los demás previstos en el presente Estatuto.

1. La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario.

2. En el primero y en el último trimestre de cada año natural se celebrarán sendas sesiones de la Junta General, que tendrán carácter ordinario. La primera de ellas conocerá necesariamente de los asuntos descritos en las letras b) y d) del apartado segundo del artículo anterior; y la segunda del relacionado en la letra c) del mismo apartado y artículo.

3. Podrán celebrarse también sesiones extraordinarias, para conocer de los asuntos propios de la convocatoria, cuando lo acuerde la Junta de Gobierno, por propia iniciativa, a instancia del Decano o por solicitud de, al menos, la tercera parte de los colegiados ejercientes.

Hasta cinco días antes de la Junta General ordinaria, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de la Junta General. Serán incluidas en el orden del día para ser tratadas en el apartado denominado proposiciones cuando se presenten suscritas por un mínimo del diez por ciento del censo de colegiados ejercientes.

1. La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la Junta General con, al menos, quince días de antelación que, en los casos de urgencia, debidamente justificada, podrá reducirse a diez.

2. La convocatoria se publicitará en la página web del Colegio, y por medio de circular que habrá de remitirse a cada colegiado por medios electrónicos.

3. En la convocatoria se habrá de precisar el lugar, día y hora de celebración. La convocatoria incluirá el orden del día e irá acompañada, cuando sea necesario, de la documentación correspondiente a los temas a debatir. Los colegiados, en todo caso, podrán ejercer su derecho a la obtención de información sobre los asuntos del orden del día.

1. Las sesiones de la Junta General se celebrarán en el lugar, día y hora señalados en la primera o, si procediera, en la segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá la concurrencia de la mitad más uno de los colegiados ejercientes. En segunda, no se requerirá quórum de asistencia. Las anteriores reglas sobre quórum se entienden sin perjuicio de las que, con carácter especial, se disponen expresamente en el Estatuto.

2. Las sesiones estarán presididas y dirigidas por el Decano del Colegio o, en su defecto, por quien legalmente lo sustituya.

3. Abierta la sesión, se procederá a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y se debatirán a continuación los asuntos incluidos en el orden del día definitivo.

4. Si reunida la Junta General no pudiera en una sesióntratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada, por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen o, en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno.

1. El presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos.

2. El que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por el presidente, por hallarse fuera de la cuestión, o por otro motivo justificado, a juicio de la presidencia.

3. Se retirará el uso de la palabra al que, dentro de la misma cuestión, hubiese sido llamado al orden en tres ocasiones.

4. Si algún colegiado continuase faltando al orden después de que se le retirara el uso de la palabra, el Presidente podrá tomar las decisiones que crea convenientes, incluida la de expulsión del local donde la Junta se celebre cuando esta lo sea bajo modalidad presencial o el bloqueo del dispositivo de conexión si fuera telemática.

1. Las votaciones podrán ser nominales o a mano alzada. Las votaciones solo serán secretas en la elección de los miembros de la Junta de Gobierno y la moción de censura de acuerdo con lo establecido en los respectivos procedimientos.

2. Como regla general, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos. No obstante, la adopción de acuerdos relativos a la moción de censura, disolución y fusión del Colegio, y reforma estatutaria exigirá la concurrencia de los quórums de asistencia y de votación especialmente previstos en estos Estatutos.

3. El voto deberá ser ejercido personalmente, sin que se admitan los votos por escrito de los colegiados no asistentes, ni el voto por delegación.

4. En caso de empate, el Decano o quien legalmente le sustituya tiene voto de calidad.

5. No podrá adoptarse ningún acuerdo respecto a asuntos que no figuren en el orden del día recogido en la convocatoria de la correspondiente Junta General, salvo que asistan todos los miembros de la Junta General y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Los acuerdos adoptados en la Junta General se harán constar en acta que confeccionará el Secretario del Colegio y que será autorizada por él mismo y por el Decano. Las actas se transcribirán a un libro foliado y debidamente legalizado o incorporadas a un soporte informático. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la Junta General.

1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio.

2. La Junta de Gobierno está integrada por los siguientes miembros:

3. La participación de mujeres y hombres en la composición de la Junta de Gobierno se adecuará a lo dispuesto en las Leyes.

La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Junta General, ni las asignadas específicamente a otros órganos colegiales. Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes funciones:

1º. Con relación a los colegiados y a los órganos colegiales:

2º. Con relación a la actividad externa:

3º. Con relación al régimen económico:

1. La Junta de Gobierno se reunirá con periodicidad mensual previa convocatoria del Decano cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.

2. En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora en que deba celebrarse la sesión, modalidad de asistencia, y el orden del día.

3. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requerirá la presencia del Decano y del Secretario o de quien le sustituya, y de, al menos, la mitad de sus componentes.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Decano ostenta voto de calidad.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

6. A propuesta de la Junta de Gobierno, se podrá invitar a participar en sus sesiones con voz, pero sin voto, a Procuradores colegiados de reconocido prestigio y con experiencia en el gobierno del Colegio.

7. De las reuniones de la Junta de Gobierno se levantarán las correspondientes actas por el/la Secretario/a, con el visto bueno del Decano/a. El acta de la sesión de la Junta de Gobierno se consignará, por orden de fechas, en un libro foliado y debidamente legalizado o incorporadas a un soporte informático. Cada acta será sometida a aprobación, como primer punto del correspondiente orden del día, en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno.

1. El Decano ostenta la representación legal del Colegio; ejecuta los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno; convoca y preside la Junta General y la Junta de Gobierno; y adopta en los casos de urgencia las medidas o acuerdos procedentes, que someterá a la Junta de Gobierno para su ratificación.

2. El Decano también dirige y coordina la Junta de Gobierno, autoriza los gastos e inversiones del Colegio, ordenando el libramiento de los pagos; concede el visto bueno a las actas y certificaciones; preside las reuniones de los demás órganos colegiales cuando asista; y ejerce cuantas otras funciones le asigne el presente Estatuto y en su desarrollo el Reglamento de Régimen Interior del Colegio.

El Vicedecano, Secretario, Vicesecretario y Tesorero tendrán las siguientes atribuciones, que podrá desarrollar el Reglamento de Régimen Interior del Colegio:

El vocal de partidos coordina las relaciones de la Junta de Gobierno con las Delegaciones de partido judicial, si las hubiere, y actúa sustituyendo al Tesorero en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

1. Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.

2. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por sufragio universal, libre, directo y secreto.

3. Su duración será de cuatro años. Agotado el período de mandato podrán ser reelegidos para el mismo o distinto cargo.

1. Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Juntade Gobierno será requisito indispensable hallarse en el ejercicio de la profesión y contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido en calidad de colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres, salvo el cargo de Decano que requerirá de diez años de ejercicio también ininterrumpido en esa misma condición.

2. Además, no deben estar incursos en ninguna de las siguientes situaciones:

3. Ningún colegiado podrá presentarse, como candidato, a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

1. La moción de censura a la Junta de Gobierno en pleno deberá sustanciarse siempre en Junta General extraordinaria convocada a ese solo efecto.

2. La solicitud de esa convocatoria de Junta Generalextraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio de los colegiados ejercientes y expresará, con claridad, las razones en que se funde.

3. La Junta General extraordinaria deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. No podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.

4. La válida constitución de la Junta Generalextraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto. En esta Junta el voto será siempre personal, directo y secreto.

5. Para que prospere la moción de censura será necesario elvoto positivo de dos tercios de los asistentes.

6. Hasta transcurrido un año de su celebración, los firmantes de la moción no podrán suscribir una nueva solicitud de moción de censura.

Si por cualquier otra causa que no sea la expiración del plazo para el que fueron elegidos se produjeran vacantes en la Junta de Gobierno que no sobrepasen los tres miembros, sus puestos serán cubiertos por el resto de componentes de la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo tercero del presente Título, sin perjuicio de la inmediata convocatoria electoral para cubrir las va-cantes habidas.

1. Cuando por cualquier causa quedaren vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo General de Procuradores de España designará una Junta provisional, integrada por los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la cual convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. La Junta Provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección.

2. Los designados vienen obligados a aceptar el cargo, que será irrenunciable, salvo razón de grave enfermedad.

Son electores todos los colegiados que, a la fecha de convocatoria del proceso electoral, se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos colegiales.

1. La Junta de Gobierno del Colegio convocará elecciones para la provisión de cargos con, al menos, cuarenta días naturales de antelación a la fecha de su celebración.

2. La convocatoria habrá de contener los extremos siguientes: cargos objeto de elección; día, hora y lugar de la elección; y calendario electoral.

3. La Junta de Gobierno podrá aprobar normas electorales que rijan para cada proceso electoral en desarrollo de las presentes previsiones estatutarias. En ese caso, se habrán de adjuntar a la convocatoria.

1. Convocadas elecciones, la Junta de Gobierno procederá a la designación de la Junta Electoral que estará integrada por un presidente, un secretario y un vocal, elegidos mediante sorteo entre procuradores ejercientes con más de cinco años de ejercicio profesional.

2. El ejercicio del cargo de miembro de la mesa electoral tendrá carácter obligatorio para los designados, quienes sólo se podrán excusar por causas graves que habrá de estimar justificadas la Junta de Gobierno.

3. La Junta Electoral velará por el respeto de las normas estatutarias y colegiales que rigen el proceso electoral, ejerciendo las funciones de impulso y ordenación del proceso electoral que se le atribuyen en el presente Estatuto.

4. El ejercicio de las funciones de miembro de la Junta Electoral es incompatible con la condición de candidato. El suplente sustituirá al inicialmente designado si con posterioridad aquel adquiere dicha condición.

5. Contra las resoluciones de la Junta Electoral en materia propia de su competencia electoral, cualquier colegiado podrá interponer recurso ante la Junta de Gobierno en funciones, sin perjuicio de los demás recursos previstos en la legislación vigente.

Contra la resolución denegatoria del recurso interpuesto en materia electoral quedará expedita la vía para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

1. El Secretario del Colegio elaborará el censo electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados con derecho a voto en la fecha de convocatoria de las elecciones.

2. El censo estará expuesto en la sede del Colegio transcurridos quince días desde la convocatoria de las elecciones. Dentro de los primeros diez días naturales podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de electores. Las reclamaciones se resolverán por la Junta Electoral en los cinco días naturales siguientes. Sólo los colegiados que figuren inscritos en el censo podrán participar en el proceso electoral.

1. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, veinte días naturales de antelación a la fecha señalada para el acto electoral, en sobre cerrado y sellado, que permanecerá bajo custodia de la Junta Electoral hasta el día siguiente a la expiración del plazo.

2. Las candidaturas podrán ser individuales o conjuntas para todos los cargos objeto de elección.

3. La Junta Electoral convocará para el día siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas a un representante de cada una que, previamente, haya consignado su nombre en la Secretaría del Colegio, a tal efecto. En presencia de todos los que hubieran acudido, se abrirán los sobres, y se levantará acta. A continuación, procederá a la proclamación de candidatosde quienes reúnan los requisitos estatutarios.

4. La Junta Electoral resolverá las reclamaciones que hubiere dentro de los cinco días naturales siguientes, notificando su resolución a los reclamantes.

5. La Junta Electoral proclamará las candidaturas, resueltas, en su caso, las reclamaciones interpuestas y dará conocimiento de la proclamación a los colegiados a través de la página web colegial y mediante la inserción en el tablón de anuncios de la sede colegial. La Junta Electoral aprobará el modelo oficial de papeletas cuya confección deberá iniciarse inmediatamente después de la proclamación.

6. En el supuesto de que algún miembro de la Junta de Gobierno cuyo cargo no salga a elección desee presentarse como candidato a otro cargo distinto, debe presentar la dimisión del cargo que ostenta en la reunión en la que se adopte el acuerdo de convocatoria de elecciones, a fin de que el puesto que ocupa en la Junta de Gobierno salga también a elección.

En el supuesto de que se presentara una sola candidatura para cada cargo, y fuese proclamada por la Junta Electoral, la Junta Electoral debidamente constituida podrá acordar su proclamación sin necesidad de proceder a la votación.

1. Proclamados los candidatos, dará comienzo la campañaelectoral, que finalizará cuarenta y ocho horas antes de la hora señalada para la celebración de las elecciones.

2. No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que ésta haya legalmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña.

1. El voto se podrá ejercer personalmente o por correo.

2. La votación por correo requiere que: quede constancia del envío, se acredite la identidad del votante, y se garantice el secreto del voto.

3. El procedimiento de votación por correo se ajustará a los siguientes requisitos:

4. El día anterior a la celebración de las elecciones será el último día hábil para recibir el voto por correo.

5. Todo elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a votar personalmente. En tal caso, el sobre será destruido en el mismo acto y en su presencia.

1. Finalizada la votación, la Junta Electoral procederá de inmediato al escrutinio. Se proclamarán electos para cada cargo a los candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio y, si se mantuviera el empate, el de mayor edad.

2. Veinticuatro horas antes de comenzar la votación, las candidaturas podrán comunicar a la Junta Electoral la designación de un interventor de mesa. Los interventores podrán asistir a todo el proceso de votación y de escrutinio y formular las reclamaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por aquélla y recogidas en el acta por el Secretario. Los interventores y los candidatos podrán examinar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan dudas.

3. Acabado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el Presidente de la Junta Electoral hará públicos los mismos a los presentes en la sala. La Junta Electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y publicará los resultados levantando el acta oportuna.

1. Los nuevos cargos electos tomarán posesión dentro del plazo de los cinco días siguientes a la proclamación de su elección.

2. En los diez días siguientes, el Decano comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Consejo General de Procuradores y a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres se rige por las siguientes normas:

2. Los actos y disposiciones del Colegio adoptados en el ejercicio de funciones administrativas se sujetarán al Derecho Administrativo. Las cuestiones de índole civil, penal y laboral quedarán sometidas a la normativa que, en cada caso, les sea de aplicación.

3. En las actuaciones sujetas al Derecho Administrativo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos contemplados por su artículo 2.4.

4. Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

5. En materia de comunicaciones comerciales se estará a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

1. Los acuerdos adoptados por el Colegio en ejercicio de potestades administrativas se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda y salvo que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o condición de eficacia. De esta regla sólo se exceptúan las resoluciones en materia disciplinaria que se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 83 del Estatuto.

2. Cuando el Colegio no disponga de capacidad propia ni medios para la ejecución forzosa de sus actos administrativos, podrá recabar el auxilio judicial oportuno.

1. Los actos y resoluciones de los órganos colegiales son susceptibles de recurso en los siguientes términos:

2. La interposición, plazos y resolución de los recursos en la vía colegial se regirán por lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

3. Los acuerdos dictados en uso de facultades o competencias delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura serán recurribles en alzada con arreglo a lo previsto en el artículo 34.2 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre.

1. Son ingresos ordinarios del Colegio:

2. Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

1. Son contribuciones económicas de los procuradores:

2. La Junta General determinará la cuantía de las contribuciones colegiales a propuesta de la Junta de Gobierno.

3. A los procuradores procedentes de otro Colegio que realicen actuaciones profesionales en el ámbito del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres no podrán exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.

1. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referido a un año natural.

2. En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa de actividades a desarrollar por los órganos colegiales, así como los ingresos que se prevea devengar durante el correspondiente ejercicio.

1. La Junta de Gobierno designará un auditor de cuentas que auditará las cuentas correspondientes a cada ejercicio presupuestario, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos legalmente habilitados para ello.

2. Los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General que haya de aprobarlas.

3. Además, aquel colegiado que esté interesado podrá obtener la información económica que necesite previa solicitud motivada a la Secretaría del Colegio, indicando los extremos concretos de la información que necesite. La solicitud de información globalizada o total de las cuentas solamente tendrá cabida de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

4. La forma ordinaria de censura de las cuentas del Colegio al amparo del artículo 36.3 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, será que la Junta de Gobierno, dentro del primer trimestre natural del año siguiente, presentará a censura de la Junta General, quién podrá aprobarlas, o rechazarlas, las cuentas del ejercicio anterior junto con un informe externo de control contable elaborado por el auditor de cuentas designado por la Junta de Gobierno.

1. Constituye el patrimonio de cada Colegio el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones.

2. La Junta de Gobierno administrará el patrimonio colegial.

La Junta de Gobierno aprobará las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio, y procederá a su designación, ya sea con ocasión de vacante o de plazas de nueva creación, en función de las necesidades de la corporación. Su selección deberá realizarse con publicidad y con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

1. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres deberá elaborar una memoria anual que contenga al menos la información siguiente:

2. La memoria anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año y deberá respetar la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

3. A los efectos de cumplimentar la previsión contenida en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, conforme a la modificación del mismo por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre, el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres, cuando no exista Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Extremadura, facilitará al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España la información necesaria para elaborar su memoria anual.

4. En la memoria anual, así como en los informes, estudios, estadísticas, encuestas o recogidas de datos que realicen las organizaciones colegiadas, cuando sea posible, el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres debe desagregar por sexos los datos estadísticos y evaluar el impacto de género de las actuaciones.

1. Los profesionales integrados en el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres deben tener como guía el cumplimiento de las obligaciones legales y deontológicas propias de la profesión.

2. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres sancionará disciplinariamente las acciones y omisiones de los profesionales colegiados en el ejercicio de su profesión o actividad colegial y, en su caso, de las sociedades profesionales, que vulneren las normas reguladoras de la profesión, el Estatuto y Reglamentos colegiales o el Código Deontológico.

3. Las infracciones se calificarán como muy graves, graves o leves.

1. El ejercicio de la potestad disciplinaria es competencia ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio.

2. La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres reside en el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

Son infracciones muy graves:

Son infracciones graves:

Son infracciones leves:

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día de la comisión de la infracción. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a contar desde que finalizó la conducta infractora.

3. La prescripción de las infracciones se interrumpirá por la iniciación por el Colegio de un procedimiento disciplinario, con conocimiento del interesado.

1. Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:

2. Las sanciones 4.ª a 8.ª implican accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo período de su duración, así como, en su caso, el cese en los cargos colegiales que se ejercieran.

3. Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional, se aplicarán las mismas sanciones que a los colegiados con las siguientes especialidades:

1. A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1.ª, 2.ª y 3.ª descritas en el apartado primero del artículo anterior, a las graves las sanciones 4.ª y 5.ª, y a las muy graves, las sanciones 6.ª, 7.ª y 8.ª.

2. En la imposición de las sanciones se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de infracción. A tal efecto, en la graduación de las sanciones se considerarán las siguientes circunstancias:

1. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio donde se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio español.

2. Las sanciones no se ejecutarán ni se harán públicas en el boletín o circular colegial hasta que no alcancen firmeza en vía administrativa, sin perjuicio de su eventual suspensión cautelar cuando sean ejecutivas, en los términos y supuestos expresamente previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

3. La sanción 1.ª no será publicada en ningún caso.

4. De todas las sanciones, así como de su cancelación, se dejará constancia en el expediente colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo General.

5. El Colegio podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de las sanciones que imponga, salvo en los supuestos en que suspendan la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las correspondientes a infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que sea ejecutable la resolución sancionadora o hubiera transcurrido el plazo para recurrirla.

3. Interrumpirá la prescripción de las sanciones la iniciación por el Colegio del procedimiento de ejecución, con conocimiento del interesado.

4. Las sanciones se cancelarán automáticamente al año, si la impuesta fuera la 1.ª o 2.ª; a los dos años, si fuera la 3.ª o 4.ª; a los cuatro años, si fuera la 5.ª o 6.ª; y a los cinco años, la 7.ª. Los plazos anteriores se contarán a partir del cumplimiento efectivo de la sanción.

5. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos.

1. El ejercicio de la potestad disciplinaria requerirá la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario.

2. La tramitación del procedimiento disciplinario se ajustará a lo dispuesto en la presente Sección. En lo no previsto, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, la Junta de Gobierno podrá realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación.

2. Estas actuaciones se orientarán, en especial, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación del procurador que pudiera resultar responsable y las circunstancias relevantes que concurran en unos u otros.

3. La apertura de este trámite se comunicará al denunciado con aportación, en su caso, de la queja o denuncia presentada para que la conteste y formule las alegaciones que estime oportunas en el plazo de diez días.

4. La Junta de Gobierno podrá acordar la práctica de cuantas diligencias de investigación estime oportunas.

5. Una vez conclusas las actuaciones previas y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará el archivo o la incoación de procedimiento disciplinario a resultas de la misma. Deberá notificarse a los interesados con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra la misma.

1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, como consecuencia de iniciativa propia, petición razonada del Decano o denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo. La denuncia deberá contener: la identificación del denunciante, el relato de los hechos que pudieran constituir motivo de infracción, así como su fecha y, cuando sea posible, la identificación del presunto responsable.

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario deberá recoger la identificación del profesional o profesionales presuntamente responsables, los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento con indicación del régimen de recusación de los mismos, así como del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. El acuerdo se notificará a los interesados.

3. Tras las oportunas diligencias indagatorias, el instructor propondrá el sobreseimiento del expediente si no encontrara indicios de ilícito disciplinario o formulará pliego de cargos en caso contrario. La resolución de la Junta de Gobierno que disponga el sobreseimiento del expediente será inmediatamente notificada a los interesados.

4. En el pliego de cargos se indicarán, con precisión, claridad y debidamente motivados, los actos profesionales o colegiales que se presumen ilícitos, la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta y la sanción a que, en su caso, pueda ser acreedora.

5. Se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que conteste por escrito y formule escrito de alegaciones, aporte documentos e informaciones y proponga las pruebas que estime oportunas para su defensa. Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles en Derecho. El instructor practicará las que estime pertinentes entre las propuestas o las que pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas se dejará constancia escrita en el expediente.

6. La instrucción concluirá con la formulación de una propuesta de resolución, que fijará con precisión los hechos imputados al expedientado, indicará la infracción o infracciones cometidas y las sanciones que correspondan. De esta propuesta se dará traslado al interesado, al que se concederá nuevo trámite de audiencia para que pueda alegar cuanto estime conveniente a su derecho.

7. La Junta de Gobierno adoptará motivadamente la resolución que estime conveniente decidiendo todas las cuestiones planteadas. No podrá versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución. Si el instructor formara parte de la Junta de Gobierno no podrá participar en las deliberaciones ni en la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario.

8. El plazo de caducidad del procedimiento disciplinario será de seis meses desde su iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones imputables a los interesados o las suspensiones que se produzcan en caso de instrucción de procedimientos penales. La caducidad no producirá por si sola la prescripción de las infracciones y de la acción correspondiente.

1. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá nombrar colegiados de honor a las personas, físicas o jurídicas, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a la profesión. La distinción podrá, en su caso, con-cederse a título póstumo.

2. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, también podrá otorgar a título honorífico la condición de Decano. La distinción recaerá en aquellas personas merecedoras de tal distinción por sus excepcionales cualidades profesionales y sociales y su contribución a la defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la Procura.

1. La Junta de Gobierno del Colegio podrá conceder otras recompensas honoríficas y de carácter económico-científico.

2. Las recompensas honoríficas podrán consistir en: felicitaciones y menciones; propuesta de condecoraciones oficiales; designación como miembros honoríficos; y otorgamiento de la Medalla de Honor del Colegio.

3. Las recompensas de carácter económico-científico podrán ser las que, en cada momento, decida la Junta de Gobierno y serán concedidas por esta, pudiendo consistir en: premios a trabajos de investigación y publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico o de investigación que, en cada momento, se acuerde editar.

1. El Decano del Colegio tendrá la consideración honorífica de Presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Llevará vuelillos en su toga, así como las medallas y placas correspondientes a su cargo, en audiencia pública y actos solemnes a los que asistan en ejercicio de los mismos.

2. En tales ocasiones, los demás miembros de la Junta de Gobierno del Colegio continuarán utilizando como atributos propios de sus cargos la placa de plata colegial y la medalla creada por la Real Orden de 26 de junio de 1903.

1. La absorción, fusión, segregación o disolución del Colegio será aprobada por Ley de la Asamblea de Extremadura o Decreto, según proceda, conforme al procedimiento establecido en estos Estatutos y en el Capítulo II del Título II (artículos 7 a 9) de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

2. El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres podrá fusionarse con los Colegios de Procuradores de los Tribunales que desarrollan su actividad profesional exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Extremadura y no rebasen dicho ámbito territorial.

3. La operación de fusión requerirá la aprobación de la Junta General por mayoría absoluta de los presentes, con la asistencia, al menos, de la cuarta parte de los colegiados ejercientes, que se pronunciará sobre un protocolo de fusión, que habrá propuesto la Junta de Gobierno.

4. Acordada por la Junta General la fusión se enviará a la Consejería competente en materia de colegios profesionales para su ulterior aprobación por Decreto.

5. Si la aplicación de este procedimiento de fusión conllevara la disolución del Colegio no sería de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

1. Salvo en el supuesto de que venga impuesta directamente por Ley, la disolución del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres se realizará por acuerdo adoptado en Junta General extraordinaria, convocada a ese solo efecto, siendo necesario para su aprobación la asistencia de, al menos, tres quintas partes de los colegiados ejercientes y el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes. La Junta General decidirá sobre el destino del patrimonio colegial y designará una comisión encargada de su liquidación.

2. El acuerdo se comunicará a la Consejería competente en materia de colegios profesionales y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

3. La disolución será aprobada por Decreto.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno impulsar el procedimiento de reforma de los Estatutos, que deberá ser aprobada por la Junta General.

2. También podrán instar la reforma del presente Estatuto los colegiados que representen, al menos, una tercera parte del censo del Colegio. En ese caso, la solicitud ha de ir dirigida a la Junta de Gobierno y en ella se hará constar, justificadamente, el precepto o los preceptos que se pretendan reformar, así como el contenido del texto propuesto.

3. La Junta de Gobierno convocará Junta General Extraordinaria para la aprobación, en su caso, de la reforma del Estatuto, en el plazo de un mes, debiéndose remitir copia a los colegiados del contenido de la propuesta.

4. Para que sea válida la constitución de la Junta General Extraordinaria habrán de asistir, al menos, la tercera parte de los colegiados ejercientes, siendo necesaria la mayoría de los votos emitidos para aprobar las modificaciones propuestas.

5. Una vez aprobada la modificación por la Junta General será comunicada a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales, a los efectos de su calificación de legalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre.

En caso de ausencia o enfermedad del colegiado ejerciente que no tenga designado sustituto, se procederá por el Decano a su designación hasta que el poderdante decida lo que le convenga o remita la circunstancia determinante de la sustitución, dando cuenta a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Los presentes Estatutos están redactados en género masculino no marcado. Por tanto, cualquier cita del mismo, cuando se refiera a personas de sexo femenino, puede realizarse, directamente, en el género correspondiente.

La exigencia por el artículo 8.1.b) de este Estatuto del título profesional habilitante para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales como condición necesaria de ingreso en el Colegio se entiende sin perjuicio de las excepciones establecidas en las disposiciones adicionales octava y novena y en la disposición transitoria única de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura.

1. Los miembros de los actuales órganos de gobierno del Colegio permanecerán en sus cargos hasta la expiración de su mandato, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado segundo.

2. En las primeras elecciones para la provisión de la Junta de Gobierno que se celebren de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos se procederá a la renovación completa de todos los miembros de la misma.

Los recursos que se encontraren en tramitación, a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, continuarán la misma de acuerdo con las normas vigentes en el momento de su interposición.

Quedan derogados los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Cáceres, adaptados a la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, aprobados por la Junta General colegial, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2005, y publicados mediante Resolución, de 16 de noviembre de 2005, de la Consejera de Presidencia en el Diario Oficial de Extremadura, extraordinario número 4, de 7 de diciembre de 2005, posteriormente objeto de modificación publicada –mediante Resolución, de 23 de marzo de 2017, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública– en el Diario Oficial de Extremadura, número 74, de 19 de abril de 2017.

1. El Colegio adecuará la normativa reglamentaria interna del Colegio a las previsiones de los presentes Estatutos.

2. En tanto se proceda a dicha adaptación, la normativa interna del Colegio mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Subir ^