Junta de Extremadura

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en su artículo 60, que el pago en efectivo de las deudas tributarias podrá realizarse por los medios y en la forma que reglamentariamente se establezcan.

El Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula entre otras materias, el procedimiento de ingresos a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública y los posibles medios de pago de las deudas tributarias y no tributarias, incluyendo expresamente entre tales medios a la domiciliación bancaria.

Respecto a la normativa autonómica, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, dispone en su artículo 105.1 que los ingresos y los pagos de la Tesorería podrán realizarse mediante efectivo, cheque, transferencia, domiciliación bancaria o cualesquiera otros medios de pago, sean o no bancarios, en los términos que se establezcan reglamentariamente. En términos similares el Decreto 105/2002, de 23 de julio, de recaudación de ingresos producidos por tributos propios, precios públicos y otros ingresos, establece en su artículo 3 que el pago de los tributos propios, precios públicos y demás ingresos podrá realizarse por dinero de curso legal o cheque, conteniendo una habilitación a la Consejería de Economía, Industria y Comercio (hoy Hacienda y Administración Pública) para autorizar, junto a estos, cualesquiera otros medios de pagos.

En su desarrollo reglamentario, la Orden de 14 de marzo de 2013, por la que se regulan los medios de pago en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 59, de 26 de marzo de 2013), regula en su artículo 5 el pago mediante domiciliación bancaria, siendo requisito, entre otros, que el obligado al pago sea titular de una cuenta a la vista o libreta de ahorro que admita la domiciliación de pagos y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito autorizada para actuar como colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por su parte la legislación de la Unión Europea (UE), en concreto el Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 (conocido como Reglamento SEPA), establece normas para las transferencias y los adeudos domiciliados denominados en euros dentro de la Unión, creando derechos y obligaciones para proveedores de servicios de pago, para ordenantes de pagos y también para beneficiarios/as como personas físicas o jurídicas titulares de una cuenta de pago.

El artículo 9, apartado 2, del Reglamento SEPA dispone que todo beneficiario que acepte una transferencia o utilice un adeudo domiciliado para cobrar fondos de un ordenante titular de una cuenta de pago radicado en la Unión no especificará en qué Estado miembro está radicada dicha cuenta de pago, siempre que la cuenta de pago sea accesible según lo establecido en el artículo 3 .

Al respecto hay que tener en cuenta que el Dictamen Motivado de la Comisión Europea INFR (2018) 4029, de 6 de abril de 2022, sobre la incorrecta aplicación por España del Reglamento (UE) n.º 260/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 (conocido como Reglamento SEPA), establece en su exposición de motivos lo siguiente:

la legislación tributaria española impide en la práctica el uso de cuentas extranjeras para abonar impuestos a través de adeudos domiciliados, dado que el proveedor de servicios de pago del ordenante tiene que haber sido autorizado a tal efecto como -entidad colaboradora- por las autoridades fiscales competentes … conseguir esta autorización resulta muy difícil o engorroso para los proveedores de servicios de pago extranjeros .

Asimismo, la Comisión en su valoración jurídica reitera que las autoridades tributarias que forman parte de la administración pública española, deben cumplir el Reglamento SEPA, al igual que cualquier otro/a beneficiaria titular de una cuenta en la Unión; esto implica que, cuando en el marco de su actividad recaudatoria acepten adeudos domiciliados con origen en una cuenta nacional, también deben aceptar adeudos domiciliados con origen en una cuenta extranjera de la UE, sin ningún otro requisito que en la práctica pueda limitar el ejercicio del derecho que el artículo 9 del Reglamento SEPA confiere a los ordenantes .

Dado que la actual normativa de esta Comunidad Autónoma (Orden de 14 de marzo de 2013), establece el sistema de domiciliación bancaria exclusivamente aplicable para los obligados al pago que tengan cuentas abiertas en entidades de créditos autorizadas para actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hace necesario posibilitar la utilización de este medio de pago también en aquellos casos en los que la cuenta designada por el obligado al pago para efectuar el adeudo de la domiciliación se encontrase abierta en una entidad de crédito que no ostente la condición de colaboradora en la gestión recaudatoria de esta administración autonómica, siempre que dicha entidad se encuentre dentro de la Zona Única de Pagos en Euros (en adelante, Zona SEPA).

Se considera Zona SEPA la formada por los treinta y seis países siguientes: los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Andorra, Mónaco, San Marino, Suiza, Reino Unido y Estado Ciudad del Vaticano.

De esta forma, se daría respuesta a todos aquellos casos en los que quienes pretenden domiciliar el pago de las deudas frente a la Administración tributaria autonómica se encuentren en el extranjero y no tienen cuenta abierta en España o, simplemente, de quienes no tienen abierta una cuenta de pago en alguna entidad colaboradora, se trate o no de obligados residentes en España.

La presente orden responde a los principios de buena regulación que exige el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos que se persiguen. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En su tramitación se ha dado cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a la debida publicación en los términos previstos en los artículos 7 y 40 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Asimismo, se ha garantizado la participación activa de los destinatarios en la elaboración de la norma, mediante la sustanciación de una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se ha recabado la opinión de la ciudadanía, siguiéndose igualmente las pautas marcadas por la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura.

A la vista de la normativa anteriormente referida y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de acuerdo con la Comisión Jurídica de Extremadura,

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden de 14 de marzo de 2013, por la que se regulan los medios de pago en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

Uno. Se modifica el título de la Orden de 14 de marzo de 2013, que queda redactado como sigue:

Dos. Se da nueva redacción al artículo 5 de la Orden de 14 de marzo de 2013, por la que se regulan los medios de pago en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 5. Pago mediante domiciliación bancaria.

1. Deudas cuyo pago puede ser domiciliado.

2. Requisitos de las cuentas designadas para el adeudo de domiciliaciones.

3. Gestión de las domiciliaciones.

4. Ficheros de domiciliaciones.

5. Momento del pago y liberación del obligado al pago frente a la Hacienda Pública.

Tres. Se modifica el título de la disposición adicional única, que pasa a tener la siguiente redacción:

Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:

Se autoriza a la Dirección General competente en materia de Hacienda para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en la presente orden y a aprobar mediante resolución los modelos de domiciliación de pagos .

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 1 de agosto de 2024.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le informa que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento en el fichero "DEHESA". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad conservar datos de identificación fiscal y domicilio de clientes. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo escrito a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Paseo de Roma sin Ed. Morerías. Módulo B, 06800 Mérida (Badajoz)

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