Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 10 de julio de 2024, el Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Extremadura en materia de formación en las áreas de igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la violencia sobre las mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 30 de julio de 2024.

Madrid, 10 de julio de 2024.

De una parte, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, PS, el Vocal Excmo. Sr. Don Vicente Guilarte Gutiérrez, nombrado según Acuerdo (n.º 1.20) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 19 de julio de 2023, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en representación del Consejo General del Poder Judicial según la previsión del artículo 598 de la misma Ley.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Doña María Guardiola Martín, Presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo 11.a) y 53.3. de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para cuyo cargo fue nombrada por Real Decreto 648/2023, de 14 de julio (DOE Extraordinario núm. 1, de 15 de julio de 2023), y tras la debida autorización para la suscripción de este convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de fecha 7 de mayo de 2024.

Ambas partes se reconocen con capacidad y legitimación suficiente en derecho para celebrar y firmar el presente convenio de colaboración, y en su virtud.

El Consejo General del Poder Judicial entre sus funciones constitucionales de gobierno del Poder Judicial, ostenta la exclusiva competencia en materia de formación inicial y continuada de jueces y magistrados en virtud de los dispuesto en el artículo 560.1, 7ª de la LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 433bis.4 de la LOPJ, puede colaborar con entidades y organismos.

Que el artículo 87 quáter de la LOPJ establece que el Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos ( ) sobre los datos relativos a violencia sexual (…) y de los menores víctimas de violencia de género. A su vez el artículo 610.5 de la LOPJ dispone que, corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Que Mediante Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, (publicado en el DOE núm.140 de 21 de julio de 2023), por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Presidencia de la Junta de Extremadura asume, entre otras, las competencias en materia de mujer, conciliación e igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española consagra, en su artículo 14, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social.

Dentro de la normativa nacional encaminada a hacer efectivo el principio de igualdad de entre mujeres y hombres es, sin duda alguna, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 15, bajo el título Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres dispone que El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades .

Con el fin de hacer efectiva esta transversalidad de género, el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone que, Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional . Dicha obligación en el ámbito formativo de los miembros de la Carrera Judicial se recoge también en el EJE III del II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno del CGPJ en su reunión celebrada el 30 de enero de 2020.

Y como expresión máxima de discriminación, las administraciones públicas están llamadas a formar y sensibilizar en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, así lo prevé el Convenio de Estambul anteriormente citado y ratificado por España en 2011. Por otra parte la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada a su vez por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, dispone en su artículo 47 en materia de formación: El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia vicaria .

Como resultado del análisis y de los fines atribuidos a las partes intervinientes, se evidencia que la realización de actividades de formación dirigidas a los miembros de la Carrera Judicial, al personal funcionarial y laboral de la Junta de Extremadura en materias de Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra todos los tipo de violencia contra las mujeres conllevarán a una mejora en la prestación del servicio público para la ciudadanía y en el cumplimiento de la Legislación, normas y especificaciones aplicables en el ejercicio de las competencias y funciones en sus respectivos ámbitos de actuación.

Siendo aconsejable articular el ejercicio de las responsabilidades que corresponden a ambas partes, con la finalidad de lograr altas cotas de eficacia en la Justicia que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía preferentemente en las necesidades formativas derivadas de las peculiaridades del ámbito territorial de Extremadura.

El presente convenio tiene por objeto articular, la cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Extremadura, respectivamente, en lo que se refiere a cualesquiera actividades de formación y perfeccionamiento para las personas integrantes de la Carrera Judicial que consistan en fijar las líneas específicas de colaboración entre ambas instituciones, en las áreas de Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la violencia sobre las mujeres que, impliquen desarrollar actividades formativas dirigidas a miembros de la Carrera Judicial y personal funcionarial y laboral de la Junta de Extremadura, con la finalidad de promover el mutuo conocimiento de las respectivas realidades, recursos, conocimientos y prácticas de cada institución en las distintas áreas de su competencia.

A estos efectos, ambas partes convienen en realizar actividades conjuntas en las materias enumeradas en la cláusula anterior de interés común. A título enunciativo, formarán parte de las actividades que se han de desarrollar en el presente convenio, las relativas a la organización y realización conjunta de seminarios, jornadas y cursos, con asistencia tanto de miembros de la Carrera Judicial como personal funcionarial y laboral de la Junta de Extremadura. Para ello, se emplearán los habituales medios de difusión externa e interna y aquellos otros que puedan entenderse precisos en cada momento.

El presente convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes y no produce incremento del gasto público.

Las actividades de formación que se deriven del presente convenio y que, tengan alguna incidencia económica o presupuestaria para las partes, se articulará en acuerdos de ejecución de este convenio, que deberán ser aprobados por los órganos competentes de cada Institución interviniente, y estarán sujetos a los preceptivos informes de legalidad y a la previa fiscalización del gasto y de los compromisos económicos contraídos.

En virtud de este convenio las partes se comprometen a llevar a cabo una actividad formativa por año, con aportación económica de ambas partes, dirigida al número de profesionales de ambas administraciones que se determine en caso de convenio específico, en materia de formación en las áreas de igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes en el orden que consta en el encabezamiento de este convenio comenzando por el Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada, levantándose de cada una de las sesiones la correspondiente acta.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente convenio y ejercerá las siguientes funciones:

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la mencionada Ley, ajustándose su composición y funciones al contenido de la Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, LRJSP, artículos 15 y siguientes.

La asistencia y participación en actividades de formación y perfeccionamiento se acreditarán por medio de la expedición de certificaciones, tanto de asistencia como de aprovechamiento, por las instituciones organizadoras.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma. Tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de su firma.

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extensión, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas autoridades que el presente convenio.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:

La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En relación con la seguridad y la protección de los datos de carácter personal que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven de su ejecución serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente convenio.

Ambas partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), así como lo recogido en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa (DOE de 29 de julio), relativo a la Transmisión de datos y reutilización de la información , de este modo, las partes intervinientes en el convenio se comprometen a utilizar los datos derivados siempre dentro del objeto del mismo, y será la Comisión Mixta de Seguimiento el órgano que garantice el cumplimiento de esos compromisos, asegurándose así, la reciprocidad en el uso y aprovechamiento de los datos, así como el cumplimiento de las condiciones de cesión de éstos y demás normativa vigente.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente, incluso después de la extinción de este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del Título preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no teniendo carácter contractual.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento se someterán a la jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio, por duplicado, en el lugar y la fecha indicados ut supra.

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