Junta de Extremadura

Visto el expediente iniciado mediante la presentación de nuevo texto estatutario y demás documentación por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura –con anotación de entrada en el Registro electrónico de la Junta de Extremadura, el 28 de junio de 2024–, por el que se solicita la emisión de informe de legalidad respecto de la modificación-adaptación de los Estatutos del citado Colegio, aprobados por su Junta General, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de junio de 2023, se emite la presente de conformidad con los siguientes:

En el marco de la Constitución española de 1978, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que establece en su artículo 9.1.11 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas , y de lo dispuesto en la legislación básica del Estado en dicha materia, en este procedimiento es directamente aplicable la siguiente normativa legal y reglamentaria:

La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura fija el régimen jurídico de los Colegios Profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se circunscriba exclusivamente al territorio de Extremadura, en este sentido, su artículo 1.2, dispone que se regirán por las disposiciones básicas del Estado, por la presente ley, las normas que se dicten en desarrollo de la misma, y por sus Estatutos .

Los Estatutos de las corporaciones colegiales son la norma mediante la que sus colegiados ejercitan de forma autónoma la facultad de autoorganización y funcionamiento para la consecución de sus fines; en este sentido, el artículo 18 de la Ley 11/2002, dispone que Los Colegios Profesionales de Extremadura elaborarán y aprobarán sus estatutos y sus modificaciones de manera autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico ; por su parte, el artículo 19, establece las determinaciones que, como mínimo, han de contener los estatutos colegiales.

La comunicación a la Administración Autonómica, la calificación de legalidad y publicación de los estatutos y sus modificaciones, se regula en los artículos 20 y 21 de la Ley 11/2002; en este sentido y de conformidad con los preceptos citados, los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería competente en materia de colegios profesionales (actualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública) los estatutos y sus modificaciones para su control de legalidad e inscripción en el Registro regulado en el Título V de esta Ley dentro el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su aprobación (artículo 20.1). Los estatutos y sus modificaciones serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura (artículo 21).

La Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002 (en adelante Ley 4/2020), en su disposición transitoria segunda, dispone:

Las modificaciones de la ley a la que deben adaptarse los Colegios van dirigidas al refuerzo de las garantías de las personas colegiadas, las personas consumidoras y usuarias de los servicios profesionales, a la consecución de transparencia en la información que ofrecen los colegios profesionales y a la supresión de trabas administrativas no justificadas en el trámite de colegiación en estas corporaciones.

La ley también introduce como fin la defensa de los intereses de consumidores y usuarios; mejora y agrupa las funciones y obligaciones de los colegios; el contenido de los estatutos; regula la ventanilla única en los términos de la normativa básica estatal; el visado; la atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios; la prohibición de establecer honorarios salvo lo señalado para las costas y la jura de cuentas; la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso y ejercicio a profesiones colegiadas y los servicios y prestaciones que pueden imponerse a los y las profesionales titulados en situaciones excepcionales. Completa lo anterior la necesidad de que los colegios elaboren una memoria anual que recoja información sobre el modo en que las actividades realizadas redundan en beneficio de la protección del interés público y la oportunidad de que dentro del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de la comunidad que pudiera crearse participen aquellos colegios supraautonómicos que tengan representación en Extremadura.

1. Modificaciones estatutarias introducidas.

De conformidad con el texto estatutario remitido por el Colegio, y al margen de las puntuales modificaciones de oportunidad y autoorganización introducidas, la modificación que se pretende es una adaptación de su texto estatutario a las modificaciones practicadas en la Ley 11/2002 por la Ley 4/2020 , lo que aconseja la procedencia de realizar un estudio global del Estatuto modificado, para así analizar, con carácter general, el grado de adaptación del texto a los cambios introducidos en la legislación autonómica sobre Colegios Profesionales y proceder, en su caso, a la publicación integral y consolidada de los nuevos Estatutos del Colegio.

2. Elaboración y aprobación del texto estatutario modificado.

En lo concerniente al procedimiento de elaboración y aprobación del texto modificado de los Estatutos del Colegio, de conformidad con la certificación de 1 de junio de 2024 aportada al expediente, dicho texto ha sido elaborado por el propio Colegio y aprobado, de conformidad con la certificación –de 17 de junio de 2024– aportada al expediente, dicho texto ha sido elaborado por el propio Colegio y aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 17 y en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de los Estatutos vigentes, por su Junta General, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de junio de 2023. De igual manera, en atención a lo dispuesto en los puntos 4 y 5 del artículo 6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, ha aprobado la referida modificación-adaptación estatutaria colegial, de conformidad con la certificación expedida el 4 de junio de 2024.

3. Control de legalidad, inscripción y publicación del texto modificado.

El texto elaborado (y aprobado) por el Colegio ha sido remitido acompañado de la Certificación del acuerdo aprobatorio citada en el anterior apartado 2 del Fundamento de Derecho Quinto (y antecedente de hecho sexto) de la presente a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales, actualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a los efectos de control de legalidad y, en su caso, publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme preceptúan los artículos 20 y 21 de la Ley 11/2002, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre, habiéndose remitido también el Certificado del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, acreditativo de haber sido aprobado también (dicho texto estatutario) por su correspondiente órgano de gobierno.

4. Calificación de legalidad de las modificaciones aprobadas.

El estudio y calificación de legalidad de los Estatutos del Colegio, se realiza sobre la sistemática de analizar la adecuación del texto modificado tanto al contenido mínimo estatutario que dispone la Ley 11/2002, como a las modificaciones introducidas a dicha norma por la Ley 4/2020, para así proceder, en su caso, a la publicación integral y consolidada de los nuevos Estatutos del Colegio.

1. Competencia de instrucción y tramitación.

La competencia para la instrucción y tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura, número 140, de 21 de julio de 2023) en relación con el Decreto 232/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Diario Oficial de Extremadura, extraordinario número 3, de 16 de septiembre de 2023) modificado por el Decreto 11/2024, de 20 de febrero, con la corrección de errores al mismo publicada en el Diario Oficial de Extremadura, número 60, de 26 de marzo de 2024 , en el que se atribuye –en su artículo 2.1– a la mencionada Secretaría General, entre otras, las funciones y servicios asumidos por la Junta de Extremadura en materia de Colegios Profesionales.

2. Competencia de resolución.

La competencia para resolver las solicitudes de inscripción corresponde a quien ostenta la titularidad de la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales, competencias que han sido atribuidas a la actual Consejería de Hacienda y Administración Pública en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, número 140, de 21-07-2023) en relación con el Decreto 232/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (DOE, extraordinario número 3, de 16-09-2023) modificado por el Decreto 11/2024, de 20 de febrero, con la corrección de errores al mismo publicada en el Diario Oficial de Extremadura, número 60, de 26 de marzo de 2024 .

Por todo ello, vista la Propuesta de resolución, de 22 de septiembre de 2024, emitida por la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, el previo informe favorable de legalidad emitido, el 19 de septiembre de 2024, así como los antecedentes de hecho, la normativa aplicable y los fundamentos de derecho que anteceden, en uso de las competencias atribuidas a la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer ante este mismo órgano recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el citado Diario Oficial, conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Si se interpone el recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca su desestimación por silencio administrativo.

Mérida, 8 de noviembre de 2024.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, en adelante el Colegio, se constituye al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1332 /2000, de 7 de julio, y en la Ley 2/74, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y se regirá en lo sucesivo por la referida ley, por la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, conforme, con la modificación practicada por la Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por lo dispuesto en los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo General, por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, por las normas contenidas en los presentes estatutos y cuantas normas legales o reglamentarias pudieran resultar de aplicación.

1. El Colegio es una Corporación Profesional de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus facultades, quedando sometidos sus actos por los que se ejerzan funciones administrativas al derecho administrativo. Se exceptúan de este régimen las cuestiones de índole civil o penal, así como las relaciones con su personal, sujetas a la legislación laboral.

2. El Colegio se fundamenta en los principios de unidad y solidaridad de Extremadura, que inspiran el reconocimiento de su carácter regional y la igualdad equilibrio entre sus dos provincias.

3. La estructura interna y el funcionamiento del Colegio deberán ser democráticos.

1. El Colegio integrará a los Ingenieros Industriales en el ejercicio de su profesión, con título oficial reconocido por el Estado, procedentes de centros docentes creados o reconocidas por el Estado o por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, ya fueren públicos o privados, y a los Ingenieros Superiores con título extranjero homologado o reconocido oficialmente, a efectos profesionales, por el Estado Español al de Ingeniero Industrial. Los ingenieros superiores con título extranjero homologado o reconocido oficialmente son susceptibles de colegiación para el supuesto de la libre prestación de servicios, y cuando resultare procedente conforme a la legislación estatal de aplicación, están obligados a colegiación por lo que se refiere al derecho de establecimiento siempre que sean ciudadanos de algún país de la Unión Europea, todo ello sin perjuicio, cuando corresponda, de la obligación de notificar su actuación al Colegio mediante la aportación de la documentación exigible según lo establecido en las normas comunitarias y demás disposiciones de aplicación.

2. Para el ejercicio de su profesión, con independencia del cumplimiento de los demás requisitos y condiciones que establezca la legislación sobre incompatibilidades, el personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones Públicas de Extremadura, habrá de cumplir con la obligación de colegiarse, si así fuese exigido por una ley estatal.

1. El ámbito territorial del Colegio se corresponderá con el de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El Colegio contará con las siguientes Delegaciones Provinciales:

1. La capitalidad será compartida de manera indistinta entre Badajoz y Cáceres.

2. El domicilio del Colegio, consecuencia de lo anterior, estará en las ciudades de Badajoz y Cáceres, en los domicilios de las Delegaciones respectivas, situados en las calles Eladio Salinero de los Santos, 1, 06011 Badajoz, y Gómez Becerra, 20, 1º A, 10001 Cáceres.

1. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura tendrá los fines propios de estos órganos corporativos profesionales y, como finalidad última, la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular, a título enunciativo y no limitativo, tendrán los siguientes fines esenciales:

2. Para el cumplimiento de sus fines el Colegio tendrá, dentro de su ámbito territorial, las siguientes funciones:

1. Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Colegio tendrá las siguientes facultades:

2. Asimismo, el Colegio cumplirá las siguientes obligaciones:

3. El Colegio respetará en su actuación los principios democráticos de buen gobierno corporativo, transparencia y colaboración con las entidades públicas, colegiados, y consumidores y usuarios.

4. En sus actuaciones, el Colegio fomentará la igualdad efectiva de mujeres y hombres removiendo cualquier obstáculo que pueda dificultar la consecución de este objetivo, y propiciarán en su gestión el desarrollo de prácticas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y el uso del lenguaje inclusivo.

1. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, el Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:

2. Igualmente, a través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá, con sujeción a la Ley de Protección de Datos y, de forma gratuita, la siguiente información:

1. El Colegio deberá elaborar una memoria anual que contenga, al menos, la información siguiente:

2. La memoria anual deberá hacerse pública, a través de la página web, en el primer semestre de cada año y deberá respetar la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

3. En la memoria anual, así como en los informes, estudios, estadísticas, encuestas o recogidas de datos que realice el Colegio, cuando sea posible, deben desagregar por sexos los datos estadísticos y evaluar el impacto de género de las actuaciones.

1. El visado colegial garantiza la identidad, la titulación y la habilitación del profesional que suscribe el trabajo.

2. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.

3. Los trabajos realizados por ingenieros o sociedades profesionales de ingenieros, inscritos en otros Colegios y que deban ser visados en este Colegio regional, deberán someterse a la normativa del mismo.

4. El visado colegial podrá expedirse también a favor de una Sociedad Profesional debidamente inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales.

1. El ejercicio de la profesión por parte de aquellos ingenieros industriales que tuvieren su domicilio profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura exigirá, como condición previa indispensable la incorporación al Colegio como colegiado, de conformidad con la legislación estatal y autonómica de aplicación.

2. Para los ingenieros industriales pertenecientes a otros Colegios, la realización de actuaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma extremeña requerirá únicamente la comunicación al Colegio de los encargos correspondientes, junto con la acreditación de su habilitación para el ejercicio profesional expedida por el Colegio de procedencia, quedando así sujetos a las competencias del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura en materia de ordenación profesional, visado, control deontológico y potestad disciplinaria para todo cuanto concierna o se derive de la actuación profesional de que se trate.

3. Para inscribirse en el Colegio, los ingenieros industriales presentarán solicitud facilitada por la Secretaría, acompañando la documentación siguiente:

4. Corresponde a la Junta de Gobierno la aceptación definitiva de las solicitudes de inscripción.

5. Serán motivos de denegación, entre otros:

6. La pertenencia a este Colegio no limitará el ejercicio de los derechos de sindicación y asociación constitucionalmente protegidos.

7. El ejercicio profesional de la ingeniería industrial bajo forma societaria deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos y la legislación vigente.

1. Los colegiados gozarán de los siguientes derechos:

2. Tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio quienes posean la titulación requerida y reúnan las condiciones determinadas al efecto en las Leyes, en los términos que establezcan los Estatutos, y lo soliciten expresamente.

Son obligaciones de los colegiados:

1. Los ingenieros industriales incorporados al Colegio podrán ejercer su profesión conjuntamente con otros colegiados, bajo cualesquiera formas lícitas reconocidas en derecho. También podrán, en su caso, ejercer conjuntamente su profesión con profesionales de otras disciplinas. Si la actividad profesional se desarrolla bajo forma societaria, estará sujeta a los términos prevenidos en la vigente Ley de Sociedades Profesionales.

2. Las sociedades profesionales se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Ingenieros Industriales donde tengan su domicilio social. La realización por la Sociedad Profesional de actividades profesionales sin estar inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales de su Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, además de incurrir en un supuesto sancionatorio y contra la deontología, significará la deducción de responsabilidades de conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico.

3. El Colegios remitirá periódicamente al Ministerio de Justicia, a la Comunidad Autónoma y al Consejo General todas las inscripciones practicadas, a los efectos de su anotación en el Registro Central de Sociedades Profesionales.

4. Los Registros colegiales de sociedades profesionales se regirán por las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Profesionales y los presentes Estatutos Generales y, en desarrollo de éstas, por un Reglamento propio que habrá de aprobar la Junta General de cada Colegio, sin perjuicio de su delegación a la Junta de Gobierno.

5. La inscripción de la sociedad profesional en el Registro de Sociedades Profesionales surte los efectos jurídicos siguientes: primero, la integración de la Sociedad al Colegio; y, segundo, la sujeción de la sociedad profesional a las competencias que la Ley de Colegios Profesionales y el presente Estatuto atribuyen a los Colegios sobre los profesionales incorporados al mismo.

1. La sociedad profesional debidamente inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales será titular de los derechos y obligaciones que reconoce el título II de estos Estatutos particulares, con excepción de los derechos electorales y de participación en órganos colegiales que se reservan exclusivamente a los colegiados personas físicas y socios profesionales de las sociedades profesionales por el artículo 12.1.c) y de la obligación consignada en el apartado d) del artículo 13.

2. Asimismo, la sociedad profesional debidamente inscrita podrá beneficiarse, en las mismas condiciones que los colegiados, de los servicios ofrecidos por el Colegio que se recogen en los presentes Estatutos.

1. Los colegiados o sociedades profesionales que dejasen de satisfacer los derechos y las cuotas ordinarias o extraordinarias establecidas por el Colegio, por un plazo de seis meses, quedarán en suspenso como colegiados o sociedades profesionales, previa incoación y tramitación del oportuno expediente, perdiendo todos los derechos que como tales podrían corresponderles, hasta tanto no satisfagan dichos derechos y cuotas, y las sucesivas que se hayan cobrado a los demás colegiados durante el tiempo de suspensión. Dicho incumplimiento del pago de las cuotas colegiales se considerará falta grave a todos los efectos.

2. La suspensión de derechos podrá también acordarse como sanción disciplinaria, conforme a lo dispuesto en el Título VI de estos Estatutos.

3. La suspensión de derechos será comunicada al colegiado o sociedad profesional afectados mediante escrito, con acuse de recibo, remitido a su domicilio profesional principal, con indicación expresa de la fecha de comienzo de la misma y de los recursos que fueren procedentes contra dicha suspensión.

La pérdida de la condición de colegiado podrá producirse:

Se pierde la condición de integrado en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Sociedad Profesional por:

La remuneración del trabajo profesional desarrollado por el ingeniero se ajustará a los honorarios que libremente haya pactado con el cliente, pudiendo venir definido en el contrato o en la nota de encargo.

Al recibir el encargo profesional, el ingeniero, si así lo solicitara el cliente, vendrá obligado a presentarle hoja de encargo, que incluirá presupuesto escrito para su conformidad, con detalle del objeto de la prestación encargada junto con detalle de los honorarios que haya de devengar o el método pactado para la determinación de los mismos.

El Colegio podrá establecer un servicio de gestión colegial de cobro, a la que podrán acogerse aquellos colegiados que así lo soliciten. A estos efectos, la Junta de Gobierno podrá establecer el protocolo oportuno para fijar las condiciones para llevar a cabo dicha gestión de cobro.

1. El Colegio se estructurará en dos niveles:

2. Los órganos del Colegio se configuran asimismo en los niveles en que se estructura el Colegio.

I. El Colegio, en su configuración general, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

II. Tanto la Junta de Gobierno como las Juntas Provinciales podrán constituir una Comisión permanente y las Comisiones delegadas que juzguen convenientes, dependientes siempre del órgano que las creó.

1. La Junta General del Colegio es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio.

2. Todos los colegiados, así como la Junta de Gobierno y Juntas Provinciales y Asambleas Provinciales, estarán obligados al cumplimiento de los acuerdos que aquélla adopte, siempre que dichos acuerdos se adopten válidamente dentro de las competencias que por Ley y estatutariamente le corresponde.

a. El estudio y toma de posición, en su caso, de las propuestas del Consejo General sobre los Estatutos Generales y su modificación.

b. El estudio y comunicación al Consejo General de las mismas propuestas cuando se formulen por el propio Colegio.

c. La aprobación de los Estatutos del Colegio, así como sus modificaciones, y del Reglamento del Registro de Sociedades Profesionales, sin perjuicio de su delegación en cuanto a este último a la Junta de Gobierno, así como la aprobación de los acuerdos de disolución, fusión o absorción y segregación del Colegio, en los términos y con los requisitos previstos en el artículo 65 de los presentes Estatutos.

d. La aprobación de los presupuestos y de las cuentas anuales del Colegio.

e. La aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno y, en su caso, de las mociones de censura que pudieran plantearse contra dicho órgano colegiado.

f. La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias que los colegiados y las sociedades profesionales deben aportar al Colegio.

g. La autorización a percibir recursos extraordinarios de acuerdo con lo señalado en estos Estatutos.

h. La autorización para enajenar o gravar los bienes y derechos del Colegio.

i. La delegación de funciones a las Juntas Provinciales, además de las propias específicas de las mismas.

j. La implantación o supresión de servicios corporativos que, por su relevancia, lo pudieran requerir.

k. Cuantos asuntos se sometan a la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un grupo de colegiados igual o superior al 10% de los colegiados.

1. A las Juntas Generales serán convocados por escrito todos los colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales con quince días de antelación, como mínimo, indicando el lugar y la fecha de la reunión, las circunstancias tanto de la primera como de la segunda convocatoria e incluyendo el orden del día, no pudiéndose adoptar acuerdos sobre asuntos que no figuren en el mismo, salvo que asistan todos los miembros de la Junta General y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. La convocatoria habrá de hacerla el Secretario de la Junta de Gobierno.

2. La Junta General se constituirá, en primera convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno del total de colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales, presentes o representados, y, en segunda convocatoria, celebrada media hora después de la primera, cualquiera que fuese el número de asistentes.

3. Los acuerdos de la Junta General serán adoptados por mayoría de votos, presentes y representados, salvo los casos en que los Estatutos del Colegio exijan un quórum determinado. El Decano, o en su defecto, el Vicedecano podrá dirimir en caso de empate con voto de calidad.

4. Será posible la representación de un colegiado y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales por otro mediante la delegación de voto. La delegación de voto deberá hacerse por escrito y con carácter especial para cada convocatoria. Cada colegiado y socio profesional de las sociedades profesionales de ingenieros industriales podrá asumir un máximo de diez delegaciones.

5. En la medida en que los avances tecnológicos lo permitan y de acuerdo con las disponibilidades de medios materiales y personales del Colegio, la Junta General podrá celebrarse de forma telemática.

Se celebrarán durante el año, por lo menos, dos Juntas Ordinarias: una, en los meses de noviembre o diciembre, para la aprobación del presupuesto y, en su caso, renovación de cargos; y otra, en los meses de marzo o abril, para aprobación de cuentas e información general sobre la marcha del Colegio en todos sus aspectos. Serán presididas por el Decano del Colegio y actuará de Secretario el que lo sea también de éste, quien levantará acta de la reunión.

1. La Junta General se reunirá, con carácter extraordinario, previa convocatoria decidida por la Junta de Gobierno, a iniciativa de ésta o del 10% de los colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales. Igualmente, será presidida por el Decano del Colegio y actuará de Secretario el que lo sea también de éste, quién levantará acta de la reunión.

2. También se convocará Junta General extraordinaria para el caso de que sea presentada una moción de censura contra la Junta de Gobierno cuando así lo soliciten colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales que representen dicho porcentaje del 10%, que deberán presentar una candidatura alternativa, conforme a lo previsto en el artículo 47. Para la válida constitución de dicha Junta General será necesaria la asistencia personal o por representación de, al menos, el 50% de los colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales y para su aprobación será necesaria mayoría simple de los presentes. En ese caso, la Junta de Gobierno cesará en su totalidad y se proclamará a la candidatura propuesta, que desempeñará su mandato durante el período de tiempo que falte para el cumplimiento del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno saliente.

La Junta de Gobierno es el órgano rector del Colegio a nivel regional, ejecutivo de la voluntad de la Junta General.

Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por votación de los colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales, de acuerdo con las normas establecidas en los presentes Estatutos.

El número de miembros de la misma será de diez, cinco por cada provincia, siendo elegidos por un mandato de seis años, y estará compuesta de la siguiente manera:

Los cargos de Decano, Secretario, Tesorero e Interventor serán ostentados necesariamente por los miembros de una misma provincia durante tres años, ocupando los miembros de la otra durante dicho periodo los cargos de Vicedecano, Vicesecretario, Vicetesorero y Viceinterventor.

Cada tres años, se renovarán los cargos de la provincia donde resida el Decano, y coincidiendo con el cumplimiento del mandato de los cargos de dicha provincia, los miembros de la Junta de Gobierno de la otra pasarán a desempeñar los cargos de Decano, Secretario, Tesorero e Interventor, hasta el cumplimiento de su mandato.

Los colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales solo podrán ocupar el mismo cargo de la Junta de Gobierno durante dos mandatos consecutivos, excepto quien haya ocupado el cargo de Decano y Vicedecano durante dos mandatos consecutivos, que no podrán ocupar ningún cargo en el mandato inmediatamente posterior.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno mediante convocatoria pública y a través de sistemas que garanticen la publicidad y los principios de igualdad, mérito y capacidad de los concursantes:

2. En la medida en que los avances tecnológicos lo permitan y de acuerdo con las disponibilidades de medios materiales y personales del Colegio, la Junta de Gobierno regulará el voto en las Juntas Generales por medios electrónicos, telemáticos o informáticos, aprobando unas normas que garanticen el carácter personal y directo del voto, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Colegios Profesionales.

La Junta de Gobierno se reunirá obligatoriamente, como mínimo, cada tres meses, y siempre que la convoque el Decano o, en su defecto, el Vicedecano, o lo solicite la tercera parte de sus componentes.

La convocatoria se hará con una antelación mínima de cinco días, salvo en los casos en que el Decano o, en su defecto, el Vicedecano, determine que la reunión tiene carácter de urgencia.

Siempre se convocará por escrito, incluyendo el orden del día y las circunstancias de la primera y de la segunda convocatoria, no pudiéndose adoptar acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Junta de Gobierno y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

La Junta de Gobierno se constituirá, en primera convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno de sus componentes y, en segunda convocatoria, celebrada media hora después de la primera, cualquiera que sea el número de los asistentes.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asistentes. El Decano o, en su defecto, el Vicedecano dirimirá en caso de empate con voto de calidad. Queda prohibido adoptar acuerdos respecto a asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

En la medida en que los avances tecnológicos lo permitan y de acuerdo con las disponibilidades de medios materiales y personales del Colegio, la Junta de Gobierno podrá celebrarse de forma telemática.

Por razones de eficacia y de gestión, la Junta de Gobierno podrá constituir cuantas Comisiones Delegadas juzgue conveniente, asumiendo la responsabilidad de los acuerdos que éstas adopten, si se les otorga carácter ejecutivo. Entre estas Comisiones se incluirá la Comisión Permanente, en caso de existir.

Dichos acuerdos se entenderán dictados por la propia Junta de Gobierno, a efectos de los posibles recursos que contra los mismos puedan interponer los interesados.

Corresponde al Decano o, en su defecto, al Vicedecano la presidencia y representación oficial del Colegio y, asimismo, ostentará el ejercicio de la capacidad de obrar de la Corporación en todas sus relaciones con las autoridades, Corporaciones, Tribunales y particulares, sin perjuicio de que, en casos concretos, pueda la Junta de Gobierno encomendar dichas funciones a determinados colegiados y socios profesionales de las sociedades profesionales de ingenieros industriales o a Comisiones constituidas al efecto.

El Decano o, en su defecto, el Vicedecano, ostentará la presidencia de la Junta de Gobierno y de la Junta General, fijará el orden del día de una y otra, y dirigirá las deliberaciones.

El Decano o, en su defecto, el Vicedecano autorizará con su firma la ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Colegio y ordenará los pagos, bien directamente o bien por apoderamiento a otras personas con poder especial al efecto otorgado con arreglo a las leyes, con autorización del Interventor y el Tesorero.

El Decano o, en su defecto, el Vicedecano presidirá cualquier reunión colegial a la que asista y dirigirá las deliberaciones de las mismas.

El Vicedecano suplirá al Decano por ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida a este último el ejercicio de su cargo.

En caso de quedar vacante el Decanato, el Vicedecano asumirá sus funciones hasta que reglamentariamente se cubra el cargo.

1. Compete al Secretario:

2. Compete al Interventor:

3. Compete al Tesorero:

4. El Vicesecretario, el Viceinterventor y el Vicetesorero suplirán, respectivamente, al Secretario, Interventor o Tesorero por ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida a estos últimos el ejercicio de sus cargos.

El ejercicio de los cargos o funciones desempeñados por los miembros de la Junta de Gobierno, de la Comisión Permanente y de las Comisiones Delegadas, en su caso, lo será a título gratuito, aunque no oneroso.

1. Las Actas de las sesiones de las Juntas, tanto Generales como de Gobierno, se podrán aprobar:

2. Las actas serán aprobadas en un plazo no superior a 15 días hábiles siguientes a su celebración y deberán ser firmadas por el Decano y el Secretario del Colegio. Efectuada su aprobación y rúbrica, se trasladará posteriormente al Libro de Actas oficial del Colegio.

1. El Colegio se rige por las normas siguientes:

2. Los acuerdos adoptados por las Juntas Generales, así como por la Junta de Gobierno del Colegio, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo los interesados interponer contra dichos acuerdos recurso contencioso administrativo directo en el plazo de dos meses, de conformidad con la legislación reguladora de dicha jurisdicción o, previamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que hubiere adoptado el acuerdo, de conformidad con la legislación de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Contra los actos y resoluciones dictados en materias delegadas por la Administración Autonómica cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero competente por razón de la materia. Dichos plazos se contarán desde el día siguiente a la notificación al interesado.

Las Asambleas Provinciales son los órganos de expresión de la voluntad de los colegiados pertenecientes a cada provincia, en las materias de su competencia, de acuerdo con los presentes Estatutos, y en aquellas delegadas por la Junta General del Colegio.

a. La aprobación de los presupuestos de gestión de la Delegación a propuesta de la Junta Provincial, teniendo en cuenta la asignación prevista de los ingresos que haga la Junta de Gobierno.

b. La aprobación o censura, en su caso, de la gestión de la Junta Provincial.

c. Estudio y aprobación, en su caso, de propuestas a dirigir a la Junta de Gobierno, para su presentación a la Junta General, en materia corporativa provincial y regional de cualquier carácter.

d. Cuantas funciones le sean delegadas por la Junta General.

1. Tendrán derecho a participar en la Asamblea Provincial, con voz y voto, todos los colegiados inscritos en la provincia concreta. Tendrán derecho a participar, con voz, todos los miembros del Colegio pertenecientes a la otra provincia.

2. Los colegiados podrán hacerse representar en la Asamblea Provincial por medio de otro colegiado, con el límite previsto en el apartado 4 del artículo 24.

3. Los acuerdos se someterán a los mismos requisitos para su adopción y validez que los previstos para los de la Junta General. Contra los acuerdos que se adopten por las Asambleas Provinciales podrán los interesados interponer los recursos previstos en el artículo 36 de los presentes estatutos.

4. Los acuerdos se someterán a los mismos requisitos para su adopción y validez que los previstos para los de la Junta General.

5. La Asamblea Provincial será presidida por quien ostente el cargo de Decano o Vicedecano de la respectiva provincia, o quien reglamentariamente le sustituya, y actuará de Secretario, el Secretario de la Junta Provincial.

1. La Asamblea Provincial se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año: una, en los meses de noviembre o diciembre, con posterioridad a la correspondiente reunión de la Junta General para la aprobación del Presupuesto de la respectiva provincia, lectura y aprobación de la Memoria anual, y estudio y aprobación, si procede, de las propuestas corporativas de la Delegación a la Junta General; y otra, en marzo o abril, para la aprobación de las cuentas del año anterior, información general de la marcha de la Delegación, y estudio y aprobación, si procede, de las propuestas corporativas a la Junta General.

2. La Asamblea Provincial se reunirá, con carácter extraordinario, cuando la convoque la Junta Provincial por propia iniciativa o por haberlo solicitado un número de colegiados de la provincia respectiva superior al 20 por ciento de la totalidad.

3. Las convocatorias se regulan de igual manera que las de las Juntas Generales, de acuerdo con el Artículo 24, en los puntos que le conciernen.

4. La celebración de las Asambleas Provinciales se regirá igualmente por las normas previstas en el artículo 24, para las Juntas Generales y, en el artículo 35, en cuanto a la redacción de las actas, siempre que resulte incompatible con su propia configuración.

Las Juntas Provinciales son los órganos ejecutivos a nivel provincial, ostentando la representación delegada, en su ámbito territorial, de la Junta de Gobierno.

Se constituirán una Junta Provincial en Badajoz y otra Junta Provincial en Cáceres.

Corresponde a las Juntas Provinciales la dirección y administración de los asuntos del Colegio en las provincias respectivas, que no sean competencia de la Junta de Gobierno.

De modo especial corresponde a las Juntas Provinciales, dentro de sus respectivas demarcaciones:

Las Juntas Provinciales estarán integradas por los miembros de la Junta de Gobierno de la respectiva provincia.

Serán presididas por quienes ostenten los cargos de Decano o Vicedecano y actuarán como Secretario, Interventor, Tesorero y Vocal quienes ostenten los cargos de Secretario o Vicesecretario, Interventor o Viceinterventor, Tesorero o Vicetesorero y Vocal en la Junta de Gobierno.

Serán de aplicación a las Juntas Provinciales las normas establecidas en los presentes estatutos para la convocatoria, constitución, adopción de acuerdos, y redacción y aprobación de actas de la Junta de Gobierno, en todo lo que resulte compatible con su propia configuración.

1. Los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio serán cubiertos mediante elección directa, libre y secreta de los colegiados pertenecientes a la Delegación que renueve los cargos, debidamente convocada al efecto, en los términos que a continuación se establecen.

2. Serán cargos elegibles en cada período electoral:

1. Las elecciones ordinarias se celebrarán cada tres años para cubrir los cargos elegibles reseñados en el punto 2 del artículo anterior.

2. La Junta de Gobierno podrá convocar elecciones generales extraordinarias para cubrir los cargos vacantes siempre que falte más de un año para el cumplimiento del mandato de los mismos.

3. Para todo lo no regulado en el presente Título, será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Serán electores todos los colegiados pertenecientes a la Delegación que renueve sus cargos, y que se encuentren en el ejercicio de sus derechos en el período electoral.

Para ejercer el citado derecho será requisito indispensable figurar en la lista electoral del Colegio.

1. Todos los colegiados que reúnan los requisitos establecidos en los Estatutos podrán ser candidatos a los cargos que hayan de renovarse en su provincia, dentro del período electoral abierto.

2. La elección se hará por candidatura, según listas cerradas, que incluyan necesariamente la totalidad de los cargos a elegir en cada provincia y el nombre del colegiado propuesto para cada cargo. Los candidatos a los cargos ejecutivos sólo podrán figurar en una sola candidatura.

3. Cada candidatura se presentará mediante propuesta que contendrá la firma de aceptación de los candidatos. Cada colegiado podrá suscribir varias candidaturas.

4. La Junta de Gobierno aceptará y proclamará las candidaturas siempre que las propuestas correspondientes cumplan las condiciones que se establezcan en los presentes Estatutos.

5. En caso de ausencia de candidaturas o candidaturas no elegibles, la Junta de Gobierno actual actuará como Junta Gestora y convocará nuevas elecciones en un plazo no mayor a tres meses, asegurando la difusión de la convocatoria y fomentando la participación. Si todas las candidaturas son inelegibles, se informará a los colegiados, se abrirá un nuevo plazo extraordinario de, al menos, 15 días hábiles para la presentación de candidaturas, y se proporcionará asistencia a los candidatos. La Junta de Gobierno continuará en funciones de manera provisional hasta lograr elecciones válidas. En casos excepcionales, tras dos convocatorias fallidas, la Junta, en coordinación con las autoridades competentes, podrá nombrar provisionalmente a colegiados para los cargos vacantes. Todas las decisiones y acciones serán notificadas a los colegiados y publicadas en los medios oficiales del Colegio, garantizando transparencia y participación.

1. Antes del 30 de octubre se comunicará por escrito a todos los colegiados las candidaturas aceptadas y proclamadas, con inclusión de las mismas y la convocatoria a la votación para una fecha concreta de la segunda quincena del siguiente mes de noviembre, con indicación de horario durante el que permanecerán constituidas las mesas electorales en las respectivas Delegaciones del Colegio.

2. Todas las candidaturas que elaboren programa electoral y deseen darlo a conocer, lo harán necesariamente a través del Colegio, en soporte informático y papel, que lo remitirá, a cargo del Colegio, a todos los colegiados.

3. En la misma comunicación reseñada en el punto 1 del presente artículo se incluirá una papeleta o papeletas de votación tipo, en las que quedarán claramente definidos los diferentes puestos a cubrir.

1. Para la votación se constituirá una mesa electoral en cada Delegación Provincial en la que corresponda renovar los cargos.

2. Cada mesa electoral estará compuesta por un Presidente y dos vocales.

3. A los designados para formar parte de las mesas electorales habrá de serles notificado este hecho con diez días de antelación, como mínimo, a la celebración de las elecciones.

4. Las mesas deberán estar constituidas permanentemente durante el plazo fijado para la votación. Se permitirá la ausencia temporal de cualquiera de los miembros de la mesa, pero siempre estarán presentes en la misma dos miembros como mínimo.

1. Cada elector sólo podrá emitir su voto en la mesa constituida en los locales de la Delegación a la que pertenece.

2. La votación se podrá realizar de dos formas:

3. Los colegiados que voten personalmente entregarán la papeleta, en el interior de un sobre proporcionado por el Colegio, al Presidente de la mesa que la depositará inmediatamente en la urna, previa identificación del votante y comprobación de que su nombre figura en la lista de electores pertenecientes a la respectiva provincia y no ha emitido con anterioridad su voto.

4. La votación por correo se hará de la siguiente forma:

5. Los votos recibidos con anterioridad al día de la votación serán custodiados por el Secretario de la Delegación respectiva, previo registro de entrada.

6. Terminada la votación, la mesa procederá al escrutinio de los votos emitidos. El escrutinio será público y deberá celebrarse sin interrupción inmediatamente acabada la votación.

7. Se declararán nulas las papeletas que no se ajusten al modelo confeccionado por el Colegio para la elección o no cumplan con lo dispuesto en estas normas electorales.

8. Una vez finalizado el escrutinio, se levantará acta del mismo. Las papeletas se conservarán durante el tiempo que indique la ley, salvo aquellas declaradas inválidas o nulas. Asimismo, se harán públicos los resultados.

9. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de la votación, se reunirá la Junta de Gobierno con la asistencia de los Presidentes de las mesas electorales, y proclamarán la candidatura que haya obtenido mayor número de votos.

La toma de posesión de los candidatos elegidos se efectuará en la Junta General Ordinaria del mes de noviembre o diciembre, en la cual cesarán los miembros de la Junta salientes.

En el caso de elecciones extraordinarias se convocará una Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el plazo máximo de un mes desde la proclamación de la candidatura.

1. Podrá solicitarse moción de censura contra la Junta de Gobierno o algunos de sus miembros mediante escrito firmado y dirigido al Decano, por los ingenieros industriales que sumen, al menos, el 10% de los colegiados.

2. Tendrán legitimación para plantear mociones de censura:

3. Quienes hayan suscrito mociones de censura no podrán plantear ninguna otra en el plazo de un año contra la misma Junta de Gobierno o miembros de ella.

4. Las mociones de censura sólo podrán debatirse en la Junta General extraordinaria convocada al efecto y, para su aprobación, se requerirá el voto de los dos tercios de los colegiados, asistentes, representados, o con participación mediante conexión telemática.

5. La aprobación de la moción de censura contra un miembro de la Junta de Gobierno supondrá el cese de éste y la celebración de elecciones a ese cargo. Si es contra toda la Junta de Gobierno, se nombrará una Junta Provisional que deberá convocar elecciones en un plazo máximo de treinta días.

El Colegio es titular único de la totalidad de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio económico.

1. Los recursos económicos ordinarios del Colegio son:

2. Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

3. Para la enajenación o constitución de gravámenes de bienes inmuebles, el establecimiento de cuotas extraordinarias o la constitución de fianzas o avales será necesaria la previa aprobación de la Junta General.

1. El Colegio tendrá plena capacidad de disposición sobre la totalidad de los recursos y bienes del Colegio, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos.

2. Las Delegaciones del Colegio gozarán de la autonomía administrativa y facultad de disposición de recursos económicos del Colegio que les dan estos Estatutos y las que le sean conferidas, en cualquier momento, por la Junta General. Sobre los restantes bienes y derechos, incluso los adscritos a las Delegaciones, éstas tendrán tan sólo capacidad de administración y gestión, pero no de dominio ni la disposición.

3. La capacidad de disposición de los recursos económicos del Colegio se ejercerá, dentro de los límites de los presupuestos aprobados para el Colegio y para las Delegaciones, conforme se especifica en estos Estatutos.

1. Los recursos económicos del Colegio se distribuirán de la siguiente manera:

2. La Junta de Gobierno administrará el Fondo Regional, que se nutrirá de las cuotas fijas y variables de los colegiados, asignando a las Delegaciones los ingresos que integrarán los Fondos Provinciales, para cubrir los gastos originados en cada Delegación.

3. Las Juntas Provinciales administrarán los Fondos Provinciales, asignados por la Junta de Gobierno a cada Delegación.

1. Utilización del Fondo Regional:

2. Utilización de los Fondos Provinciales.

1. Tanto el Colegio como las Delegaciones formularán, para cada ejercicio económico, un presupuesto en el que se consignarán los ingresos y los gastos previstos.

2. Corresponde a la Junta General la aprobación del presupuesto del Colegio y a las Asambleas Provinciales la de los presupuestos de sus respectivas Delegaciones. La aprobación de los presupuestos habrá de incluirse en el orden del día correspondiente a la Junta Ordinaria del mes de noviembre o diciembre de cada ejercicio.

3. Tanto el presupuesto del Colegio, como los de las Delegaciones, deberán quedar sujetos a información de todos los colegiados, en los tablones de anuncios de las Delegaciones, durante un plazo no inferior a diez días, antes de la celebración de la Junta General y de las respectivas Asambleas Provinciales.

4. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

5. Si por cualquier causa al comenzar el ejercicio económico no estuvieran aprobados definitivamente los presupuestos, regirán interinamente los correspondientes al ejercicio anterior.

6. En cada ejercicio presupuestario el Colegio someterá sus cuentas a un control externo de fiscalización. Para ello, la Junta de Gobierno procederá a la contratación de los servicios de un asesor fiscal que realizará esta función de fiscalización de cuentas y presupuestos antes de ser sometidos a la consideración de la Junta General.

1. Los colegiados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes colegiales o profesionales.

2. El Colegio, a través de su Junta de Gobierno, o el Consejo General cuando se trate de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, instruirán expediente para enjuiciar todos aquellos actos de sus colegiados que estimen constituyen una infracción culpable de los deberes profesionales o colegiales, o que sean contrarios al prestigio de la profesión, al respeto debido a sus compañeros, así como el incumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

3. El expediente se iniciará por acuerdo tomado por mayoría de los componentes del órgano correspondiente quién designará, de entre sus miembros, el oportuno instructor y, en su caso, un secretario, y se tramitará en la forma prevenida en el artículo 63 de estos Estatutos.

4. En la tramitación de los expedientes sancionadores serán de aplicación las normas estatales o autonómicas reguladoras del ejercicio de la potestad administrativa disciplinaria.

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Serán faltas leves:

2. Serán faltas graves:

3. Serán faltas muy graves:

4. Las faltas leves prescribirán a los seis meses; las faltas graves, a los dos años; y, las faltas muy graves, a los tres años. El plazo de preinscripción de las faltas se contará desde la fecha de la comisión de los hechos que las motivaron. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado, más de un mes, por causa no imputable al presunto responsable.

1. Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales colegiados que sean personas físicas serán las siguientes:

2. Cuando las faltas sean cometidas por una sociedad profesional, el Colegio podrá imponerle las sanciones siguientes:

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años; y, las impuestas por faltas leves, a los seis meses. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. o haya trascurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirán la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

1. Los sancionados podrán pedir la cancelación de la nota de su expediente personal y, en su caso, la rehabilitación, en los siguientes plazos contados desde el cumplimiento de la sanción:

2. Los trámites de la cancelación de antecedentes y rehabilitación se llevarán a cabo de igual forma que para el enjuiciamiento y sanción de las faltas, y con iguales recursos.

1. Todas las sanciones requieren la previa instrucción del expediente, con audiencia del interesado o interesados.

2. A dicho efecto, adoptado el acuerdo de incoación de expediente sancionador y designado el instructor, conforme a lo dispuesto en el artículo 59, se procederá a llevar a cabo las actuaciones necesarias, y la práctica de aquellas pruebas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, formulándose, si procede, pliego de cargos en el que se expondrán, con claridad, los hechos imputados susceptibles de integrar falta sancionable, la falta o faltas tipificadas, supuestamente cometidas, las sanciones concretas que, en su caso, se pudieran imponer, así como la identidad del instructor y del secretario, en su caso, y del órgano competente para imponer la sanción, y la norma que atribuye tal competencia.

3. El pliego de cargos se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de quince días hábiles para que puedan contestarlo, solicitar la práctica de la prueba que estimen conveniente o, en su caso, formulen recusación del instructor.

4. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor formulará propuesta de resolución que se notificará a los interesados para que, en el plazo de quince días hábiles, puedan alegar cuanto consideren conveniente a su defensa.

5. La propuesta de resolución se remitirá al órgano que acordó la instrucción del expediente para que adopte la resolución que proceda, que deberá ser tomada por mayoría absoluta. La resolución definitiva que se adopte deberá ser, en todo caso, motivada y deberá indicar claramente los medios de impugnación de que pueden disponer los interesados. En la adopción del acuerdo que ponga fin al expediente sancionador no intervendrán los miembros de la Junta de Gobierno que hayan instruido el expediente, sin computarse a efectos de quórum a los mismos. El acuerdo que ponga fin al expediente sancionador habrá de adoptarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo, a los efectos previstos en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015.

Las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno ponen fin a la vía administrativa pudiendo el interesado interponer directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante dicho órgano, con carácter previo, plazo a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo correspondiente al interesado.

1. Para la fusión, absorción y disolución del Colegio se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 11/2020, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

2. La propuesta de fusión, absorción y disolución será realizada por la Junta de Gobierno y requerirá la aprobación en Junta General, especialmente convocada al efecto, con el voto favorable de dos tercios de los asistentes. En caso de disolución, será la Junta General quien decida el destino del patrimonio del Colegio.

3. A estos efectos, para la válida constitución de la Junta General que apruebe la disolución, absorción o fusión del Colegio, se requiere la asistencia de, al menos, el setenta y cinco por ciento de los colegiados, y el voto favorable de dos tercios de los asistentes, en primera convocatoria y, del setenta por ciento de los colegiados, y el voto favorable de dos tercios de los asistentes, en segunda convocatoria.

4. Previamente a la convocatoria de la Junta General referida en el apartado anterior, se someterá dicha propuesta a información pública de todos los colegiados, con una antelación mínima de treinta días.

El procedimiento para la reforma de los Estatutos se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno, quien lo someterá a Junta General Extraordinaria, siendo necesario, en todo caso, que voten a favor de la reforma los dos tercios de los asistentes, representados o con participación mediante conexión telemática.

También podrá iniciarse el procedimiento de modificación por solicitud de los dos tercios de los colegiados.

La modificación de disposiciones estatutarias, en virtud de las cuales se exija alcanzar determinado quórum o proporción de votos en la Junta General, requerirá para su aprobación de iguales requisitos.

El Colegio comunicará, en su caso, a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales de la Junta de Extremadura, las modificaciones de sus estatutos para su control de legalidad e inscripción en el Registro regulado en la Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

1. Para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios del Colegio, la Junta de Gobierno podrá acordar la contratación del personal técnico, administrativo y subalterno que estime necesario.

2. La contratación del personal se realizará por concurso convocado por la Junta de Gobierno que garantizará la publicidad y los principios de igualdad, mérito y capacidad de los concursantes.

3. Las condiciones de trabajo del personal y el salario correspondiente se fijarán de acuerdo con las normas laborales vigentes.

4. El Colegio podrá convenir con profesionales de la especialidad el asesoramiento permanente jurídico, fiscal, económico o de cualquier otro tipo que estime oportuno, de forma permanente u ocasional.

El Colegio podrá nombrar un Director de Gestión, encargándose de la gestión y administración de los asuntos colegiales, así como de la ejecución de los acuerdos de sus órganos. El director de gestión es responsable ante la Junta de Gobierno que lo nombró.

Todos los preceptos de los presentes Estatutos que utilizan la forma del masculino genérico, se entienden aplicables a personas de ambos sexos, según proceda.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

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