Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 29 de diciembre de 2023, el Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Junta de Extremadura para la adaptación del Centro Residencial Cervantes de Cáceres a la atención a personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resilencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 1 de febrero de 2024.

Madrid, 29 de diciembre de 2023.

De una parte, D. Pablo Bustinduy Amador, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, nombrado mediante Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno (BOE del 21 de noviembre de 2023), actuando en representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (En adelante MDSCA2030), conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y avocando para sí la competencia de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2023.

De la otra, D.ª María Guardiola Martín, Presidenta de la Junta de Extremadura, en nombre y representación de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Junta de Extremadura, debidamente autorizada para la suscripción del presente Convenio por el Consejo de Gobierno mediante acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2023.

Las partes, intervienen en nombre y representación de sus respectivas Administraciones públicas, en ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se contienen, y al efecto,

Que, con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, se ha dotado al presupuesto del ejercicio 2023 del MDSCA2030, 1.060,34 M€ para el eje de Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De esta cantidad, 60,35 M€ están disponibles para la realización conjunta de proyectos con las comunidades autónomas y entidades locales que deberán corresponderse con determinados tipos de inversión en materia de servicios sociales.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan libremente suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

El objeto del presente Convenio es la adecuación del Centro Residencial Cervantes de Cáceres, mediante la realización de obras de adaptación, dotación de equipamiento y posterior puesta en marcha durante la vigencia del convenio para así permitir la atención a personas con ELA desde un enfoque comunitario y centrado en la persona y que se va a ejecutar por parte de la Junta de Extremadura, de manera parcial, con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Del presupuesto total de las actuaciones, que se eleva a 2.600.000,00 €, se financiarán 2.000.000,00 € con cargo a los fondos del PRTR, que en su Componente 22 tiene como objetivo principal la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un modelo de Atención Centrada en la Persona. La Junta de Extremadura aportará 600.000,00 € que irán destinados a sufragar los gastos de equipamiento.

La puesta en marcha de este convenio dará lugar las siguientes actividades:

Debido a la naturaleza de la aportación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, consistente en fondos provenientes de créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el convenio se regirá, además de por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, por lo que las entidades beneficiarias de estos fondos deberán regirse por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las demás normas de la Unión sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de éstas.

Particularmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el caso de que en la ejecución de las actuaciones previstas en este convenio se celebren contratos que deban someterse a dicha ley y por las demás normas legales, reglamentarias y, en su caso, convencionales, que resulten de aplicación; particularmente por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo , así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del clausulado del presente convenio deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH).

1. El MDSCA2030 aportará a la Junta de Extremadura dos millones de euros (2.000.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 29.50.23VA.693 asociado al objetivo 323 Plazas residenciales, no residenciales y centros de día y tiene por misión la renovación o construcción de centros residenciales y de día para adaptar 15.200 plazas al nuevo modelo de cuidados de larga duración.

Esta aportación se realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los fondos irán destinados a realizar las obras de adaptación del Centro Residencial Cervantes de Cáceres a la atención a personas con ELA, desde un enfoque centrado en la persona.

El abono de la aportación económica del MDSCA2030 a la Junta de Extremadura se realizará de la siguiente forma:

El segundo y tercer pago se realizarán contra certificación del Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, acreditativo de la realización de las actuaciones y de la recepción de conformidad de la justificación documental correspondiente.

2. Por su parte, la Junta de Extremadura destinará seiscientos mil euros (600.000,00 €), en la anualidad 2025, con cargo a la aplicación presupuestaria 110060000/G/232A/62500/CAG0000001/20220150, para la adquisición del equipamiento necesario para la dotación del centro.

Una vez finalizadas las actuaciones de adaptación del Centro Residencial Cervantes , la Junta de Extremadura se compromete a llevar a cabo su puesta en marcha y gestión, a lo largo del primer trimestre del año 2027, haciéndose cargo de los gastos que de ella se deriven.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 como en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, las aportaciones percibidas por la Junta de Extremadura para la ejecución de proyectos objeto de financiación por estar incluidos dentro del ámbito del PRTR quedan legalmente afectados a financiar el presente proyecto, con la correlativa obligación del reintegro total o parcial de dichas aportaciones en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos.

2. El proyecto a realizar será el recogido en el Anexo I y se ejecutará para la consecución del fin común que se pretende. La Junta de Extremadura deberá reportar la información y documentación prevista como mecanismo de verificación recogidas en las Disposiciones operativas del Plan de Recuperación (OA). Por tanto, la Junta de Extremadura se compromete a la adquisición del equipamiento necesario y el resto de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del centro destinado a la atención de personas con ELA.

3. Será responsabilidad de la Junta de Extremadura el seguimiento de la ejecución del coste estimado a través del seguimiento de la ejecución contable de los gastos imputados a proyectos o iniciativas del PRTR. Asimismo, será responsable de la fiabilidad y seguimiento de estos indicadores, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de los hitos y de los objetivos.

4. Si la Junta de Extremadura, en ejecución del presente convenio, debiera otorgar financiación a destinarios finales, públicos o privados, establecerá mecanismos que aseguren que las medidas a desarrollar por estos últimos contribuyen al logro de los objetivos previstos y que aportan la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores. La financiación a terceros se vinculará al logro de los objetivos que se persiguen.

5. Asegurar la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, y prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. Se deberán atener a las obligaciones relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación, previstas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En especial, tomarán las medidas para asegurar que no exista conflicto de interés en el ámbito del órgano responsable de las licitaciones y los adjudicatarios finales de los mismos, aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en caso de detectarlos. A tal efecto, la Junta de Extremadura deberá disponer de un Plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Al respecto, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).

6. Cualquier ajuste a la baja en la financiación europea derivado de correcciones sobre el coste estimado o sobre la contribución financiera deberá ser asumido por la Junta de Extremadura, mediante la devolución de los créditos implicados.

7. La Junta de Extremadura se someterá a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas y órganos estatales y europeos que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas. En todo caso, la aportación económica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estará sometidas al seguimiento, control y evaluación establecidos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular, deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Todo ello mediante los medios de verificación que expresamente se determinan en el anexo I del Operational Arrangement .

8. Facilitar, a los efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos del artículo 22.d) del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Especialmente, en lo relativo a la información que debe facilitarse en virtud de los artículos 10 de la Orden HFP/1031/2021 y 8 de la Orden HFP/1030/2021. Asimismo, deberá mantener una adecuada pista de auditoría de las mediciones de los respectivos indicadores y la obligación al mantenimiento de la documentación soporte conforme a lo previsto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

9. Conservar, por sí o mediante la imposición de esta obligación a los beneficiarios finales, los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concernientes a la financiación, así como los registros y documentos, los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.

10. Para la ejecución del presente convenio, tanto la Junta de Extremadura como los perceptores finales de fondos designados por ésta deberán cumplir, o hacer cumplir, en su caso, las siguientes obligaciones:

1. La participación activa del personal del MDSCA2030 en la coorganización para la preparación, desarrollo y evaluación del proyecto, mediante reuniones de trabajo, así como su divulgación.

2. Seguimiento del desarrollo del proyecto para que dé cumplimiento a lo establecido en el componente 22 del PRTR y el Objetivo CID n.º 323.

3. La comunicación y difusión del proyecto en los soportes, redes sociales y medios de comunicación en los que el MDSCA2030 tenga presencia.

4. Asesoramiento en materia de accesibilidad universal.

5. Acompañamiento para que este convenio de cumplimiento a lo estipulado I Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad.

6. Elaborar informe sobre los resultados en materia de cuidados de larga duración a personas con ELA, que se compartirá en el Consejo Territorial de Servicios Social y del Sistema de Atención a la Dependencia, para que las Comunidades Autónomas conozcan las buenas prácticas y protocolos para la atención a estas personas.

7. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se compromete a financiar las obras de adaptación al centro, según el Anexo I.

Correlativamente a las obligaciones asumidas en el presente Convenio por parte de la Junta de Extremadura, se establecen las siguientes consecuencias en caso de incurrir en algún incumplimiento:

3. La no utilización de las cantidades recibidas para la medida para las que se transfirieron conllevará el reintegro de fondos al Estado por el importe indebidamente utilizado.

Para la vigilancia, control y resolución de cuantas cuestiones se susciten en torno a la interpretación y aplicación de la ejecución del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, paritaria, integrada por dos representantes de cada una de las partes, nombrados por los firmantes o personas en quienes deleguen.

Dicha comisión se constituirá en el plazo de quince días contados desde la firma del presente Convenio y dictará las normas internas de su funcionamiento, debiéndose reunir siempre que lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez antes de realizar cada uno de los pagos.

La comisión en su funcionamiento se regirá por lo previsto en el presente Convenio y, supletoriamente, por lo dispuesto en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De acuerdo a lo previsto en la cláusula TERCERA de este Convenio, y en conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.3. del Apartado Segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, la Comisión de Seguimiento deberá emitir acta de conformidad antes de realizar cada uno de los pagos.

La Junta de Extremadura se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente Convenio, la financiación efectuada por la AGE, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado, aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, y por la Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la AGE y, la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.

Adicionalmente, se hará mención del origen de esta financiación y se velará por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Esta publicidad se realizará de conformidad con lo establecido en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación.

En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan el presente convenio (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), que deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público, se deberán incluir los siguientes logos:

Se considera que los resultados del objeto de este convenio, tanto materiales como inmateriales, pertenecerán a ambas partes. Estos resultados se materializarán en un Informe del proyecto, que se presentará ante el resto de las CCAA y otros actores interesados del sector con el objetivo de que pueda servir de experiencia piloto para posteriores actuaciones similares.

Una vez finalizada la adaptación para la atención a personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), la gestión del centro residencial Cervantes de Cáceres seguirá correspondiendo a la Junta de Extremadura, en el marco de sus competencias.

El presente convenio estará vigente desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2027, pudiendo ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes. Sin perjuicio de que la Junta de Extremadura entregue un primer informe de resultado del convenio en el primer semestre de 2026.

No obstante, las actuaciones relativas a la adaptación y equipamiento del centro deberán estar finalizadas antes del 31 de mayo de 2026 a efectos de lo dispuesto en la cláusula décima.

Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Diario Oficial de Extremadura.

En relación con las obras de adecuación y el equipamiento del centro, antes de la realización del segundo y tercer pago de la aportación del MDSCA2030, la Junta de Extremadura deberá acreditar, en tiempo y forma, la correcta aplicación de los fondos recibidos de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.

Esta justificación se realizará mediante la presentación de una Memoria Técnica de las actuaciones realizadas en el marco de este convenio y una Memoria Financiera donde, al menos, se especificará:

Asimismo, deberán presentar las facturas abonadas con cargo a la aportación de la SEDS, con el concepto del gasto, importe y fecha de emisión.

Ambas Memorias deberán ser presentadas con antelación suficiente, y en todo caso la correspondiente al tercer pago antes del 31 de mayo de 2026, para su validación por la Comisión de Seguimiento, antes de la aprobación de los pagos segundo y tercero, previstos en la cláusula tercera del presente Convenio.

Los justificantes de todos los gastos, tanto de los financiados por las entidades como por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se mantendrán a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del Tribunal de Cuentas.

Finalizadas las actuaciones de adaptación y equipamiento del centro, una vez puesto en marcha el centro y antes del 29 de febrero de 2027, la Junta de Extremadura deberá presentar una Memoria Técnica en la que se indiquen los resultados obtenidos tras la entrada en funcionamiento del Centro de Atención a personas con ELA, a efectos de que, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se elabore el informe de resultados a que hacen referencia las Cláusulas quinta y octava.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución y, en concreto, por las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

No obstante, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio existen actuaciones que en ese momento estén iniciadas, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Convenio, podrán acordar su continuación hasta su completa terminación, justificación y liquidación conforme a las cláusulas contenidas en el mismo, conforme a lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En caso de resolución del Convenio por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones por parte de la Junta de Extremadura, éste deberá reintegrar al MDSCA2030 las cantidades que hubiera percibido como aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada Administración la financiación de las actividades que, en su caso, se hallaren en curso.

La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo expreso de las partes firmantes, según el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público mediante la correspondiente Adenda de modificación, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.

Ambas partes se comprometen a cumplir las exigencias previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el proyecto. Asimismo, cuando proceda, vendrán obligados al cumplimiento de lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está regulado en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 59 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, de acuerdo con las previsiones de los artículos 11.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y, en prueba de conformidad con todo lo expuesto, las partes intervinientes firman el presente Convenio.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad de causa desconocida que ocasiona un progresivo deterioro del normal funcionamiento del sistema motor que dirige, regula y mantiene la musculatura esquelética, responsable de la capacidad para moverse y relacionarse con el entorno. Asimismo, se trata de una enfermedad que constituye un problema importante de salud, pese a su escasa prevalencia, por su gravedad y por el importante sufrimiento que supone para las y los enfermos, sus familias y entorno cercano.

La limitada esperanza de vida, la gran capacidad invalidante de la enfermedad, la necesidad de cuidados permanentes y cambiantes, la gravedad de las complicaciones, el cambio en la estructura y dinámica familiar y los problemas emocionales y psicológicos que genera, son aspectos diferenciadores que requieren respuestas muy ágiles, coordinadas, y accesibles para las personas que la padecen y su entorno familiar.

Entre las cuestiones vitales, la más importante de todas, son los cuidados expertos continuados. Esta cuestión no es cara ni costosa. De forma aproximada, el coste anual que supone cuidar a una persona enferma de ELA equivale a dos ingresos hospitalarios de personas con diferentes patologías que no siguen su tratamiento de la forma debida.

Se debe remarcar la idea de que los cuidados paliativos no son cuidados perimortem y potenciar la necesidad de que los servicios públicos deben ser deficitarios cuando se habla de personas extremadamente vulnerables. Los cuidados expertos continuados son necesarios, siendo imperativo que las necesidades sean cubiertas por el Estado, puesto que las personas no deben dejar de lado su presente y su futuro por verse envueltas en una realidad en las que las necesidades de las personas enfermas de ELA no son cubiertas convenientemente, a diferencia de otras patologías donde sí se cubren. Los cuidados expertos continuados posibilitarían que las personas enfermas de ELA decidieran libremente si desean vivir o morir, sin tener en cuenta su poder adquisitivo.

El coste aproximado de los cuidados que requieren, durante las 24 horas del día, las 800 personas dependientes por ELA que hay en España, supone unos 90.000 euros anuales; 72 M€ que deberían ser cubiertos por el Estado y empleados en que profesionales formados proporcionen cuidados expertos continuados. Esto no sólo garantizaría los cuidados, sino que también permitiría que las personas enfermas no sean gestoras de su enfermedad ni su vida dependa de cuánto tienen, cuántos son y dónde viven.

Debe existir la posibilidad de que dichos cuidados se proporcionen en residencias, del mismo modo que ocurre en otras patologías, ya que estas enfermas y enfermos no disponen actualmente de camas, con el nivel de cuidado que necesitan, en los centros residenciales. Ello salvaría vidas puesto no se puede hablar de muerte digna, por mucho que se dignifique, si el Estado no garantiza a las personas que vayan a acogerse a ese proceso que dispongan de las herramientas y coberturas necesarias en la finalización de su vida para que, durante ese trance, éste sea digno o que puedan alargar su vida si así lo desean.

En cuanto a los cuidados expertos continuados en residencias se constata la escasez de servicios sanitarios en el ámbito rural, unido a que cada vez hay más personas que viven solas influido por los nuevos modelos de familia, como las familias monomarentales con hijas e hijos, que muchas veces se encuentran distantes geográficamente por motivos laborales o presentar cargas elevadas que imposibilitan un cuidado de calidad a su familiar enferma o enfermo de ELA. Este perfil de personas requiere cuidados externos en una residencia, estando incluido este servicio en los PIAS y en la Ley de dependencia; sin embargo, en este último caso también se discurre de forma paralela al Estado de Bienestar, al no implementarse por no ser una cuestión geriátrica.

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) en su componente 22 tiene como objetivo principal la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un modelo de Atención Centrada en la Persona. Las reformas e inversiones que forman este componente tendrán como impacto contribuir a una mejor atención a la demanda de cuidados de larga duración, que seguramente se va a incrementar como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, y que no está siendo atendida convenientemente en España, que invierte en estos cuidados el 0,75% del PIB, la mitad de la media de la OCDE.

La inversión 1 del componente 22 establece, en una de sus líneas, asegurar que los centros residenciales a los que tengan que trasladarse a vivir aquellas personas que, por sus necesidades, no puedan seguir en su domicilio, reúnan unas características adecuadas para el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se quiere impulsar. Para ello, se financiarán nuevos equipamientos públicos de tamaño y diseño adecuados para este modelo, o la remodelación de los existentes.

En este sentido, se propone destinar 2.600.000,00 € a la adecuación del Centro Residencial Cervantes de Cáceres, que permita atender a personas con ELA desde un enfoque comunitario y centrado en la persona.

De estos 2.600.000,00 €, 2.000.000,00 € irán destinados a financiar las obras de adaptación del centro aportados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con cargo al PRTR y 600.000,00 € se destinarán a la adquisición del equipamiento necesario para el buen funcionamiento del centro con cargo al presupuesto de la Junta de Extremadura.

Asimismo, la Junta de Extremadura pondrá en marcha las instalaciones del Centro Residencial Cervantes para prestar atención a enfermos de ELA, una vez terminadas las actuaciones de adaptación del mismo.

Conforme al siguiente presupuesto (en €):

Desglose de Gastos de las obras de adaptación del centro de atención a las personas enfermas de ELA (en €)

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