Junta de Extremadura

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto de Equipamientos en finca El Rebellado, a ubicar en las parcelas 3 y 7 del polígono 121 del término municipal de Badajoz, se encuentra incluido en el anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La promotora del proyecto es la Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús.

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativa al proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.d) del Decreto 233/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y se modifica el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El presente proyecto tiene por objeto la reforma y adaptación de varias de las instalaciones existentes en la Finca El Rebellado, así como su legalización, mediante la obtención de la calificación rústica correspondiente en el término municipal de Badajoz. La zona de actuación, ocupa, de manera global, un total de 811,2885 ha, de las cuales 459,1725 ha están comprendidas en las actuaciones objeto del proyecto.

La intervención consiste en la implantación de nuevos usos en las edificaciones existentes, en concreto: un centro de interpretación (nave anexa Cortijo), alojamientos turísticos rurales (cortijo) y albergue juvenil (vaquería). Las actuaciones a realizar en cada una de las edificaciones son las necesarias para poder implantar los nuevos usos. En este caso, el uso actual de las edificaciones existentes en el Agrícola Pecuario y Residencial, vinculados a la explotación agraria, siendo el uso propuesto del de equipamiento. En dichas actuaciones no se produce aumento de superficie construida, únicamente se trata de adaptar y acondicionar interiormente cada una de las edificaciones de acuerdo con el nuevo uso planteado.

La zona de implantación está constituida por dos áreas: la primera de ellas corresponde con el perímetro de la totalidad de la parcela catastral de referencia 06900A12100007 (Polígono 121, parcela 7) con una superficie de 36.741 m2. La segunda corresponde con una parte de la parcela catastral de referencia 06900A1210003 (polígono 121, parcela 3), de superficie total igual a 30.648 m2, cuyo uso actualmente es agrario. Por lo que la superficie total de suelo vinculada a la calificación sería de 67.389 m2. Para los accesos se emplean caminos actualmente existentes, desde la carretera EX 105.

Las superficies ocupadas por las distintas edificaciones serán las siguientes:

En cuanto al abastecimiento de agua, dada la imposibilidad de conectar la red de abastecimiento a la red municipal de agua tratada, apta para el consumo, se propone cumplir dichas funciones con aquello de lo que dispone la finca. Actualmente el agua disponible en la finca es procedente de pozos de sondeo. El agua irá canalizada hasta un cuarto para el tratamiento integral del agua, de forma que una vez tratada sea apta para el consumo. Desde el cuarto de tratamiento se procederá a la distribución en canalización subterránea a cada uno de los edificios donde se demanda el suministro de agua.

Con respecto al saneamiento de agua, ante la imposibilidad de conectar las aguas residuales a una red municipal, hay que proceder al realizar el tratamiento en su conjunto por cuenta de la obra. Dicho tratamiento consistirá en canalizar el agua de fecales hasta un punto bajo, aprovechando los desniveles del terreno y convenientemente apartado de las edificaciones donde realizar las instalaciones para el tratamiento del agua de la red de fecales. En el lugar escogido se colocará una estación depuradora biológica, acorde el volumen de aguas residuales generadas, contará con un decantador digestor de materia orgánica y un filtro biológico para aportación de oxígeno y oxidación de la materia orgánica. Previo a la estación depuradora se colocará una etapa de desbaste, para sacar la materia arrastrada que no tenga carácter de materia biológicamente degradable y un separador de grasas y arenas. A la salida de la estación depuradora se colocará una arqueta de toma de muestras, para el control de calidad del sistema. A la salida del sistema se colocarán unas tuberías perforadas en zanjas filtrantes en forma de peine, de forma que el agua tratada y depurada sea devuelta al terreno en condiciones de seguridad medioambiental.

En cuanto al suministro eléctrico se proyecta un sistema principal de suministro eléctrico con origen en producción propia fotovoltaica, la cual dado el uso esporádico de las instalaciones deberá disponer de un sistema de acumulación de dicha energía, de forma que, con un menor dimensionamiento del campo solar fotovoltaico de producción, se pueda controlar y dar servicio a las necesidades eléctricas en los momentos que lo demanden. El sistema se complementará con un grupo electrógeno que para casos puntuales en que la demanda de suministro eléctrico de las instalaciones sea mayor, garantice en todo momento el suministro.

2. Tramitación y consultas.

La promotora presenta ante la Dirección General de Sostenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad con fecha 6 de septiembre de 2023 ha realizado consultas a las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una X aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han emitido respuesta.

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que, la actividad solicitada no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura (Red Natura 2000 y Espacio Natural Protegido). En cuanto a valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad son: en las inmediaciones de las instalaciones presencia de hábitat natural de interés comunitario inventariado, constituido por dehesa 6310 y presencia de especies forestales protegidas, según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, asociadas al ecosistema de dehesa bien conservada que presenta la finca el Rebellado y su entorno. Se considera que el proyecto, con la aplicación de estas medidas preventivas y correctoras, no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats, ni alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natura 2000 objeto del presente informe, y que resulta compatible con los planes de protección vigente de las especies presentes. Por tanto, se informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas indicadas.

— Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural: indica que ha sido analizada el área de afección de dicho proyecto por los técnicos de la DGBAPC y se ha podido comprobar que según la documentación existente en este organismo el proyecto presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido, puesto que la parcela de referencia se encuentra en parte al interior del entorno del yacimiento, de: Revellado I y Dolmen del Revellado. Dada la cercanía de la instalación prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueológica y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la protección del patrimonio arqueológico no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse afectado por el proceso de ejecución de las obras, se adoptarán por la empresa adjudicataria las siguientes medidas preventivas: ante las circunstancias señaladas previamente, ha sido analizada el área de afección de dicho proyecto por los técnicos de la DGBAPC y, aunque según la documentación existente en este organismo, el proyecto presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido. El hecho de tratarse de una obra ya ejecutada en su mayor parte impide cotejar posibles afecciones patrimoniales. No obstante y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se deberá adoptar la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de 48 horas a la Consejería de Cultura . Por tanto, la implantación del proyecto queda condicionada al estricto cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas señaladas con anterioridad.

— La Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, indica con respecto a las competencias del Servicio de Ordenación del Territorio que no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación definitiva (Ley 15/2001), asimismo no se detecta afección sobre ningún instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), de ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, Plan Especial de Ordenación del Territorio) ni de intervención directa (Proyecto de Interés Regional) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en vigor desde el 27 de junio de 2019. Con respecto a las competencias del Servicio de Urbanismo, indica que se encuentra actualmente vigente el Plan General Municipal y el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Badajoz aprobado definitivamente por Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Consejero, publicado en el DOE n.º 136, de 24 de noviembre de 2007. En virtud de lo establecido en los artículos 143.3.a), 145.1 y 164 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, corresponde al municipio de Badajoz realizar el control de legalidad de las actuaciones, mediante el procedimiento administrativo de control previo o posterior que en su caso corresponda, comprobando su adecuación a las normas de planeamiento y al resto de legislación aplicable. Se ha comprobado que se encuentra en tramitación el procedimiento de otorgamiento de la calificación rústica. Si como consecuencia del resultado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, el informe de impacto ambiental determina que el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, la Dirección General de Sostenibilidad notificará este pronunciamiento a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con la finalidad de continuar con el procedimiento de calificación rústica y de emitir un informe urbanístico ajustado a lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015.

— El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales informa sobre la normativa específica de incendios forestales:

— La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que, si bien parte de la actuación ocupa la zona de policía de un arroyo tributario del arroyo de Valdesevilla, las instalaciones proyectadas se ubican a 120 metros de dicho cauce, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía. En cuanto al consumo de agua, la documentación aportada por la promotora no cuantifica las necesidades hídricas totales de la actividad. Simplemente se indica que el agua disponible en la finca es procedente de pozos de sondeo, no se indica la ubicación de estos pozos. Consultadas las bases de datos la Confederación Hidrográfica del Guadiana se ha comprobado que, en las parcelas afectadas, no existe, para el uso pretendido ningún derecho de aguas otorgado, ni expediente administrativo en trámite en esta Confederación. Las captaciones directas de agua, tanto superficial como subterránea del DPH son competencia de la CHGn. Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación Hidrográfica, deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma. Las parcelas en cuestión se encuentran dentro de la MASb Zafra-Olivenza , definida en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, no declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. Si el agua va a ser utilizada en el mismo predio en el que alumbra, de acuerdo con lo que establece el artículo 54.2 del TRLA, y siguientes del Reglamento del DPH, así como el artículo 23.4.a) del Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, no es necesaria autorización para la ejecución del aprovechamiento reconocido en el artículo 54.2. No obstante, deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones:

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medio ambiente.

a. Condiciones de carácter general.

b. Medidas en fase de construcción.

c. Medidas en fase de explotación.

d. Medidas de integración paisajística.

e. Medidas a aplicar al final de la actividad.

f. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Natura 2000, a propuesta del Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático y, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada practicada conforme a lo previsto en la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad resuelve, mediante la formulación del presente informe de impacto ambiental, que no es previsible que el proyecto de equipamientos en finca El Rebellado, vaya a producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, la innecesaridad de su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible (http://extremambiente.juntaex.es/).

El presente informe de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 24 de febrero de 2024.

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