Junta de Extremadura

Con fecha 17 octubre de 2023 el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida ha dictado sentencia n.º 135/23, en procedimiento abreviado 86/2023, seguido a instancias de D. Cesáreo Marques Vázquez y D. Jesús Amaro Barril, contra las Resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador 0193-BA/22:

Dicha sentencia estimó el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Resolución de 1 de marzo de 2023 firmada por la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, declarando nula la misma por ser contraria a derecho e inadmitió el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Resolución de 2 de marzo de 2023, dictada por el Director General de Turismo, por no agotar la misma la vía administrativa.

El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, establece que Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la Ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado .

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano competente realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial, dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, el artículo 9.3 del mencionado decreto establece que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al menos los datos del demandante y demandado, el número de autos y el contenido del fallo, con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

Proceder a la ejecución de la sentencia n.º 135/23 del Juzgado Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, llevando a puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor literal:

Mérida, 1 de marzo de 2024.

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