Junta de Extremadura

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª Eulalia Granadero Fuentes frente a la denegación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 21-11-2023 (publicada en el DOE de 22-11-2023), dictada por la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, por la que se dispone la publicación de las relaciones definitivas de aprobados de las pruebas selectivas convocadas por la Orden de 16-12-2021 (DOE de 21-12-2021) para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en concreto de la especialidad de Arquitectura Técnica, ha recaído sentencia n.º 111/2025 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con fecha 19 de marzo de 2025.

Por Decreto de 19 de mayo de 2025, habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto sin que por las partes se haya interpuesto recurso alguno contra la citada sentencia, se declara la firmeza de la sentencia, se remite a la Administración demandada certificación de la misma, requiriéndole para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece que corresponde la ejecución material de las sentencias firmes al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado.

Así mismo, el artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, indica que: La ejecución de las resoluciones recaídas en recursos contencioso-administrativos en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderá al órgano que dictó el acto o disposición origen del proceso .

De conformidad con lo expuesto corresponde la ejecución de la sentencia número 111/2025, dictada el 19 de marzo de 2025, a la Consejera de Hacienda y Administración Pública por ser el órgano que dictó la disposición origen del proceso y el competente por razón de la materia. Actualmente esta competencia se encuentra delegada en la Dirección General de Función Pública por Resolución de 10 de agosto de 2023, de la Consejería, por la que se delegan determinadas competencias y que establece en su resuelvo sexto punto dos, que se delegan en los diferentes órganos directivos de esta consejería en función de su ámbito de gestión las competencias que le atribuye el Decreto 59/1991, de 23 de julio, que regula la tramitación administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales.

Establece, además, el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia. Asimismo, el artículo 9.2 de dicha norma dispone que la mencionada resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura cuando anule o modifique el acto impugnado.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

Estimar el recurso interpuesto por la procuradora D.ª Petra Aranda Téllez en nombre y representación de D.ª Eulalia Granadero Fuentes con la asistencia letrada de D. Rafael Antonio Camps Pérez Del Bosque contra la denegación por silencio administrativo del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 21/11/2023 (publicada en el DOE de 22/11/2023), dictada por la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, por la que se dispone la publicación de las relaciones definitivas de aprobados de las pruebas selectivas convocadas por la orden de 16/21/2021 (DOE 21/12/2021) para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del cuerpo técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en concreto de la especialidad de Arquitectura Técnica, cuya disconformidad a derecho establecemos, declarando que la puntuación total de la recurrente en la lista definitiva de aprobados es de 17,541 puntos, siendo merecedora de una de las plazas ofertadas, condenando a la Administración es estar y pasar por este pronunciamiento. Las costas se imponen a la Administración con el límite establecido .

Además, deberá la aspirante someterse a un reconocimiento médico que determine su capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la que opta. A tales efectos el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura contactará con la interesada de forma individual, a través del número de teléfono facilitado en su solicitud de participación, para su citación En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la especialidad, la aspirante no podrá ser nombrada funcionaria de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ella se refiere. El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados anteriormente, podrá acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentare la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la convocatoria, no podrá ser nombrada funcionaria del Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

Mérida, 9 de junio de 2025.