Junta de Extremadura

Habiéndose aprobado, en sesión extraordinaria de 18 de septiembre de 2025, el Acuerdo citado en el encabezamiento, este Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de septiembre de 2025, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara como Zona de Actuación Urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla y distintos municipios del Valle del Ambroz y Valle del Jerte, y la utilidad pública de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella.

Mérida, 23 de septiembre de 2025.

El día 12 de agosto de 2025 a las 18:17 horas se declaró un incendio forestal en el municipio de Jarilla (Cáceres), afectando además a distintos municipios del Valle del Ambroz y del Valle del Jerte. Este incendio se dio por controlado el 24 de agosto de 2025 y, a fecha de elaboración de esta propuesta, todavía no se ha dado por extinguido. Se estima que la superficie englobada dentro del perímetro del incendio es de 17.367,54 hectáreas (ha). La superficie afectada dentro del perímetro del incendio ha afectado a los siguientes términos municipales: Cabezabellosa (2.362,35 ha); Hervás (2.323,68 ha); Navaconcejo (2.170,34 ha); Cabezuela del Valle (1.672,80 ha); Jerte (1.575,02 ha); Jarilla (1.475,58 ha); Gargantilla (1.132,26 ha); Casas del Monte (1.076,86 ha); Villar de Plasencia ( 773,82 ha); Tornavacas (566,55 ha); El Torno (422,08 ha); Oliva de Plasencia (415,79 ha); Segura de Toro (375,45 ha); Plasencia (313,21 ha); Rebollar (268,63 ha); La Garganta (72,32 ha); Valdastillas (61,17 ha); Aldeanueva del Camino (0,65 ha).

Ante esas circunstancias, y para minimizar los efectos del fuego, se aprecia una indudable urgencia en la necesidad de actuar en el ámbito forestal para paliar algunas de las consecuencias negativas que, para los intereses generales, ha originado el referido incendio, teniendo en cuenta que debido a su gran magnitud, los daños ocasionados sobre la flora y fauna de la zona afectada han sido de gran importancia, considerando el alto valor ecológico y natural de aquella, y que los efectos perjudiciales del incendio sobre el ecosistema pueden ser aún mayores si no se llevan a cabo actuaciones de emergencia encaminadas principalmente a minimizar los procesos erosivos producidos por las posibles tormentas de verano y primeras lluvias del otoño, que debido a la pérdida de la cubierta vegetal junto con la escorrentía producirán el arrastre del suelo y nutrientes.

Teniendo en cuenta estas premisas, se consideran los siguientes,

En ese contexto, el artículo 274.1 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (en lo sucesivo, LAEx), prevé que Son zonas de actuación urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o desastre natural. En particular, podrán ser declarados como tales los siguientes terrenos forestales:

En este supuesto nos encontramos ante la situación descrita en el apartado b) transcrito, por lo que procede la declaración de la actuación urgente en la zona asolada por el incendio, con los requisitos y efectos determinados en la normativa aplicable.

Por lo tanto, el titular de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, órgano competente en la materia, conforme el artículo 32.2 del Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 3 del Decreto 239/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, tras la modificación por Decreto 108/2025, de 29 de agosto, por el que se modifica el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 233/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el Decreto 239/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ha propuesto de declaración de la ZAU del incendio de Jarilla y otros municipios del Valle del Ambroz y del Valle del Jerte.

Además, a esta propuesta se incorpora un Plan de Actuación en el que se describen los daños ocurridos y su valoración, los efectos del incendio sobre la vegetación, los trabajos a realizar para corregir las lamentables consecuencias del fuego y la prioridad que debe dárseles a cada una de esas actuaciones.

Por todo lo anterior, queda acreditado que la propuesta para la declaración de la ZAU ha sido formulada por el órgano competente y con los requisitos previsto en la norma aplicable.

En este caso, como ya se ha dicho, ha de intervenirse con urgencia sobre los terrenos forestales, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de la superficie afectada se encuentra dentro de la Red Natura, para revertir en todo lo posible las consecuencias del incendio y evitar la producción de daños mayores, principalmente los derivados de los procesos erosivos, circunstancias en las que se observa un notable interés general, consistente en que con las medidas proyectadas se pretende reparar las importantes consecuencias que para el mantenimiento de los ecosistemas ha ocasionado el incendio forestal.

Por otro lado, por su naturaleza y especialización, y al cumplirse los requisitos del artículo 274.5.c) LAEx, como luego se detallará, los trabajos forestales de restauración deberían ejecutarse por la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, con cargo a sus propios fondos, para lo que es imprescindible ocupar los terrenos, independientemente de su titularidad.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que del total de la superficie afectada por el incendio, 2.619,99 hectáreas están incluidas en terrenos integrantes del dominio público forestal ( montes de UP n.º 7-CC Cruces de la Sierra, Forquito y Pinajarro ; 2-CC Sierra ; 89-CC Cotos y Entrecotos ; 6-CC Castañar Gallego; 4-CC Castañar del Duque); unas 337,96 ha pertenecen a montes privados consorciados con la administración ( Monte CC-3041 Terrenos Cotos y B de Cabrera), todos ellos gestionados por esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 de la LAEx, por lo que no hay duda de que el personal encargado de realizar las intervenciones promovidas por este órgano estará facultado para acceder y permanecer en sus terrenos. Las restantes, hasta el total de 14.409,59 hectáreas, se reparten entre montes patrimoniales de las entidades locales y terrenos de propiedad privada, pero se considera aplicables los principios del artículo 33.2 de la Constitución resulta que el interés general y la función social de los trabajos que deben realizarse delimitará el contenido de los derechos de propiedad privada sobre los terrenos, por lo que estos podrán ser ocupados para llevar a cabo las actuaciones descritas como necesarias para reparar los efectos del incendio.

En consecuencia, por su notable interés general, los trabajos de restauración de las superficies forestales asoladas por el incendio que se describen en el Plan de Actuación que se adjunta, para cuya ejecución debe ocuparse terrenos tanto de dominio público como patrimoniales y de titularidad particular, deben ser declaradas de utilidad pública; por lo tanto, la competencia para la declaración de la ZAU le corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

De este precepto se infiere sin lugar a duda que en los montes afectados por el incendio que vienen siendo gestionados por esta Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, conforme al citado artículo 231 LAEx, los trabajos de recuperación deben ser realizados por este órgano.

En el resto de montes, que suponen la mayor parte de la superficie quemada, se considera conveniente que, por su entidad y por la cualificación del personal y la especificidad de la maquinaria que debe destinarse a su desarrollo, las medidas de restauración sean acometidas también por la Administración forestal autonómica con cargo a sus presupuestos, por lo que debe analizarse si se dan en este caso los requisitos regulados en ese sentido en la norma que se acaba de reproducir.

Para ello, lo primero que debe determinarse es el concepto de obra de emergencia , que viene definido por el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), que prescribe que la tramitación de emergencia de los contratos tendrá lugar “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional ”, y en este caso ya hemos reiterado que es imprescindible intervenir con la mayor celeridad posible para realizar los trabajos requeridos para minimizar las negativas consecuencias medioambientales del incendio ocurrido, por lo que sin ninguna duda nos encontramos ante un caso de “emergencia”, conforme a la legislación contractual.

Igualmente, ya se ha apuntado que, por las características de las tareas de restauración forestal, los particulares titulares de los terrenos, ni disponen de los medios ni de las competencias profesionales requeridos para realizarlas, que, además, no solo beneficiarán a esas personas, sino que, primordialmente, son de interés general, teniendo en cuenta su finalidad; por otro lado, se ha comprobado que existe dotación en los presupuestos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural con cargo a la que llevar a cabo las intervenciones contempladas en el referido Plan de Actuación.

Por todo lo expuesto, se estima que se cumplen los tres requisitos del artículo 274.5.c) LAEx para que sea admisible que la responsabilidad por la ejecución de los trabajos para combatir los efectos del incendio la asuma la Consejería competente en materia de montes, con cargo a sus fondos propios, aunque aquellos deban llevarse a cabo en terrenos de titularidad privada o patrimoniales de alguna entidad local.

Asimismo, el artículo 50 de la LM establece la prohibición de cambiar el uso forestal de los terrenos afectados por el fuego al menos durante 30 años, salvo en unos supuestos excepcionales que regula, que en ningún caso serán aplicables a los montes catalogados, y finalmente, dispone en su apartado 2 que El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano .

Esta norma se completa con lo previsto en el artículo 276 LAEx, que después de referirse a las obligaciones de la Administración forestal y de los titulares de terrenos incendiados en relación con la restauración forestal de aquellos, dispone que quedará prohibido el pastoreo por un plazo mínimo de un año salvo que por el órgano forestal competente se acuerde el levantamiento de dicha prohibición. En pastizales y terrenos agroforestales, en especial en los adehesados no se aplicará esta prohibición salvo que por el órgano competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de la Comunidad Autónoma se determine expresamente cuando exista grave riesgo para la regeneración del arbolado .

En el caso de montes de titularidad municipal y declarados de Utilidad Pública, la madera podrá ser retirada por los Ayuntamientos propietarios mediante contratos de emergencia, debiendo ser finalizadas esas actuaciones en el plazo de tres meses, prorrogable por otros tres meses más si no se pudiera completar aquellas por causa no imputable al contratista.

Por otra parte, en cuanto al acotado al pastoreo de las superficies que deben regenerarse, ambos preceptos permiten que el órgano forestal lo levante, y en este supuesto se considera que la acción del ganado no perjudicará la recuperación de los terrenos si no se supera la carga ganadera que actualmente está pastoreando en ellos, de forma que cualquier modificación de ubicación o carga sí que necesitará de autorización expresa.

En virtud de todo lo anterior, es competente para dictar este Acuerdo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 274.3 LAEx, en relación con el artículo 90.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, este Consejo de Gobierno,

Esta declaración de utilidad pública debe entenderse sin perjuicio de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que deban ser emitidos en aplicación de la legislación vigente como consecuencia de las actuaciones proyectadas.

En el caso de que la madera no sea retirada en el citado plazo la Administración incluirá su extracción entre los trabajos para la ejecución del Plan de Actuación, sin contrapartida para el titular de los terrenos que no la haya sacado.

De la misma forma, procederá autorizar que los Ayuntamientos titulares de Montes de Utilidad Pública puedan proceder a la contratación de emergencia del aprovechamiento de la madera, debiendo completarse su retirada en un plazo de seis meses, prorrogable en otros tres si el contrato no pudiera ejecutarse por causas ajenas al contratista, y en todo caso antes de que se inicien los trabajos incluidos en el plan de actuación en la zona concreta del aprovechamiento.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 103.1.a) de la 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de la interposición de otros recursos que las personas o entidades interesadas estimen procedentes.