Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 24 de septiembre de 2025, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para el apoyo científico en la investigación y el análisis de los efectos prácticos de la aplicación de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura y en la formulación, en su caso, de propuestas para su modificación y del Decreto 143/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 6 de octubre de 2025.

24 de septiembre de 2025.

De una parte, D. Manuel Martín Castizo, quien interviene en nombre y representación de la Junta de Extremadura, en calidad de Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto de la Presidenta 24/2023, de 20 de julio (DOE. n.º 140, de 21 de julio de 2023), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 36 a) y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. n.º 140, de 21 de julio)

Y de la otra parte, Dª. Rocío Schettini del Moral, en su calidad de Directora General de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante FUAM), con domicilio en la Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Einstein 13, Pabellón C, 29 planta, 28049 Madrid, y con CIF. G-80065279, en virtud del poder otorgado con fecha 1 de abril de 2025, ante el Notario de Madrid, Don Juan Álvarez-Sala Walther, con el número de protocolo 606.

Las partes exponen la plena vigencia de las facultades con las que actúan y se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente convenio, a cuyo efecto,

Para la Comunidad Autónoma de Extremadura resulta imprescindible contar, en la realización del análisis objeto de este convenio, con la colaboración del Área de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, de la Facultad de Derecho de la UAM, dada su reconocida actividad investigadora, su alto grado de especialización y su conocimiento en profundidad de la legislación urbanística estatal y la de algunas comunidades autónomas, especialmente de la de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que colaboraron con la Junta de Extremadura en la redacción del vigente Reglamento de la LOTUS.

Por su parte, la UAM ve enriquecida con esta colaboración su capacidad investigadora al poder concretar sus líneas de investigación sobre vivienda, regeneración urbana, urbanismo y despoblación sobre la realidad del territorio de la Comunidad de Extremadura, pudiendo acceder a los datos de que dispone la Dirección General y conocer los problemas detectados por los servicios jurídicos y técnicos, pudiendo aportar su conocimiento experto en la resolución de los mismos y exponer las propuestas alcanzadas en foros científicos y técnicos que coadyuven a lograr una mejora regulatoria mediante la discusión científica.

En virtud de lo que antecede, y en cumplimiento de los objetivos de las citadas instituciones, las partes intervinientes, proceden a formalizar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana (DGUOTAU) de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), a través del equipo de trabajo del Área de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, de la Facultad de Derecho de la UAM, que sean parte del grupo de Investigación consolidado de la UMA denominado Retos europeos y justicia climática: sostenibilidad, vivienda y servicios de interés general para el estudio conjunto, el análisis y la investigación de los efectos prácticos de la aplicación de la legislación urbanística vigente en Extremadura: la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y su reglamento general de aplicación y su adaptación a la realidad urbanística extremeña y a las recientes innovaciones en el campo del urbanismo, que puedan aconsejar revisar o modificar este marco legislativo, así como, en su caso, proponer el contenido de dicha modificación.

La labor investigadora conjunta entre la FUAM y la DGUOTAU, tendrá como objetivo analizar los resultados de la puesta en práctica de las innovaciones introducidas por la LOTUS y su reglamento general, con especial atención a los siguientes campos.

Esta labor investigadora podrá tener como conclusión la necesidad de modificar el marco normativo, en cuyo caso se incorporarán propuestas normativas que se recojan a modificar con el formato adecuado para tramitar dicha modificación legislativa.

La labor investigadora conjunta se llevará a cabo por los siguientes equipos:

1. La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid se compromete a la realización de las siguientes actuaciones:

2. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se compromete a la realización de las siguientes actuaciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con objeto de garantizar y facilitar la coordinación, evaluación y seguimiento del cumplimiento y ejecución del convenio y, en su caso, para formular las propuestas de adaptación de este, se creará una Comisión de Seguimiento a la que le corresponderá la interpretación de las cláusulas del convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para el cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

Una vez constituida la Comisión de Seguimiento, se determinará sus normas de funcionamiento, que se regirán por lo dispuesto para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En cuanto a la composición, será la siguiente:

Los acuerdos y el contenido de las reuniones de la Comisión de Seguimiento se consignarán siempre en actas escritas y debidamente firmadas por los miembros.

Esta comisión se reunirá siempre que sea necesario, o a requerimiento de cualquiera de las partes, alternativamente en la sede que determine la FUAM en Madrid y en la sede de la DGUOTAU en Mérida, pudiendo modificarse el lugar de reunión por mutuo acuerdo de las partes.

Para contribuir a financiar los costes que asume la FUAM por la ejecución del presente convenio, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aportará a la FUAM la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS

CENTIMOS (36.067,52 euros), con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de la siguiente partida presupuestaria de las anualidades 2025 y 2026.

Este importe, que se justifica en la Memoria justificativa, tiene el siguiente desglose:

* Gastos Generales universidad y departamentos (artículo 60 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, de Sistema Universitario y artículo 112 de los Estatutos de la U. A.M) más gastos de gestión encomienda FUAM.

La aportación a la FUAM se efectuará conforme a los siguientes hitos:

La información perteneciente a cualquiera de los intervinientes a la que la otra parte pudiera ocasionalmente tener acceso en virtud de este Convenio tiene carácter estrictamente confidencial.

Las partes se obligan a mantener en secreto dicha información y a adoptar todas las medidas necesarias, idóneas y/o simplemente convenientes, de tipo técnico y organizativo, que garanticen la seguridad, la protección y la integridad de los datos de carácter personal a los que puedan tener acceso durante la ejecución de este Convenio, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativas aplicables, tanto durante el plazo de vigencia de este Convenio como después de su expiración, salvo que la información hubiera pasado a ser de conocimiento público, fuere notoria por medios ajenos a las partes o la parte dueña de la información hubiera autorizado, previamente y por escrito, su revelación.

Asimismo, las partes se comprometen a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación por sus respectivos empleados o colaboradores.

Cuantos daños y perjuicios se deriven de la custodia, uso, tratamiento o divulgación dolosa o negligente de la información confidencial, darán derecho a la parte perjudicada a la reclamación de las correspondientes indemnizaciones y resarcimientos por el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula.

La propiedad de la documentación resultante del proceso de investigación (información sistematizada, informes sobre conclusiones, proyectos normativos) será de la Junta de Extremadura que, no obstante, autoriza al equipo de trabajo a utilizar dicha documentación siempre que no sea para uso comercial, sin perjuicio de poder además ser empleada libremente para acreditar los méritos universitarios del equipo de investigación, así como para futuros proyectos de investigación en el mismo campo.

La propiedad intelectual de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta colaboración serán compartidos entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime y expreso entre las partes, mediante suscripción del oportuno acuerdo de modificación, que se incorporará como adenda al Convenio, formalizado con anterioridad a la expiración del plazo de duración de éste.

El presente Convenio tendrá una vigencia de doce meses a contar desde la fecha de suscripción del mismo. No obstante, antes de su finalización las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de un año adicional, previa modificación en su caso, de las cláusulas que resultaren precisas, en particular, en materia de financiación, o bien su extinción.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio podrá extinguirse por cumplimiento de las actuaciones objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución del convenio las siguientes:

Las partes quedarán obligadas al cumplimiento de sus respectivas obligaciones hasta la fecha en la que dicha resolución produzca sus efectos, entendiéndose como tal fecha aquella en la que se originó el hecho causante.

2. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existan actuaciones en curso de ejecución, las partes, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mimas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

3. La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la FUAM fuera superior a los fondos que la misma hubiera recibido de la Junta de Extremadura, ésta, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la FUAM la diferencia que corresponda, con el límite máximo de las cantidades que se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio.

4. Se entenderá cumplido el convenio cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias.

1. El presente Convenio está sujeto a la obligación prevista en el artículo 10 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura en lo relativo a la publicación del convenio en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en el artículo 10 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, la formalización del presente Convenio será objeto de difusión electrónica a través del Portal Electrónico de la Transparencia de la Junta de Extremadura.

3. El objeto del presente Convenio se atendrá a las normas de publicidad establecidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe de conformidad con el Título Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que puedan surgir entre las partes, a propósito de la interpretación, aplicación y cumplimiento del presente Convenio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad se firma el presente Convenio, de forma digital con la fecha recogida en la misma.