Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 3 de febrero de 2025, el Convenio Intradministrativo entre la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud para el fomento de actuaciones que favorezcan la promoción de la salud mental en los centros educativos y que establezcan los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 5 de febrero de 2025.

Mérida, 3 de febrero de 2025.

De una parte, el Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, don Francisco Eugenio Pozo Pitel, cargo para el que fue nombrado por Decreto 140/2024, de 5 de noviembre (DOE núm. 216, de 6 de noviembre de 2024), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 9 de agosto de 2023, de la Consejera (DOE núm. 156, de 14 de agosto), en representación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

De otra parte, D. Jesús Vilés Piris, en nombre y representación del Servicio Extremeño de Salud, en su calidad de Director Gerente de dicho Organismo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 148/2023, de 2 de agosto (DOE n.º 149), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 4.d) del Anexo I del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo del Servicio Extremeño de Salud.

Actuando las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos y por la representación que ostentan, reconociéndose recíprocamente la capacidad para obligarse en los términos de este documento,

Que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con el Decreto 237/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece su estructura orgánica, ejerce funciones, a través de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa relativas a la inclusión y la atención a la diversidad del alumnado. Asimismo, la Ley 4/2011 de Educación de Extremadura, en su artículo 191, establece que la administración educativa impulsará la celebración de convenios de colaboración con otras administraciones públicas para el desarrollo de planes y programas con el fin de conseguir el éxito educativo del alumnado.

Para garantizar el éxito educativo y una educación de calidad para todo el alumnado, esta administración educativa está interesada en impulsar actuaciones y medidas que garanticen la promoción del bienestar emocional en el ámbito educativo y la atención integral del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que presenta problemas de salud mental, respondiendo los principios que establece Ley 4/2011 entre los que se recoge el derecho del alumnado a recibir una educación de calidad que permita lograr su máximo desarrollo personal, profesional, intelectual, social y emocional.

Que el Servicio Extremeño de Salud (en adelante SES) es un Organismo Autónomo de carácter administrativo creado por la Ley 10/2001, de 28 de junio de Salud de Extremadura, adscrito a la Consejería competente en materia sanitaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, disponiendo de tesorería propia y facultades de gestión del patrimonio afecto.

El SES tiene como funciones, entre otras, la planificación, organización, dirección y gestión de los centros y de los servicios sanitarios adscritos al mismo, y que operen bajo su dependencia orgánica y/o funcional, así mismo realizará esas mismas funciones en cuanto a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le estén asignados para el desarrollo de las funciones que tenga encomendadas.

Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES contempla entre sus funciones a desempeñar: La colaboración en el desarrollo de los aspectos generales de la docencia e investigación en el marco de las competencias propias; la elaboración y dirección de los programas sanitarios en materia de salud mental; la promoción y participación en la coordinación de los procesos sociosanitarios y aquellas otras que expresamente le sean atribuidas o delegadas.

Diversos estudios como el Informe del Estado mundial de la infancia de UNICEF en 2021 o los Informes de la OCDE, Encuestas Nacionales y Europeas en Salud, así como los datos recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas de los últimos años, arrojan evidencia de las condiciones salud mental de la población y del impacto de la crisis de la pandemia covid-19. Según la Organización Mundial de la Salud (2021) se constata el aumento de niños, niñas y adolescentes que sufren un problema de salud mental diagnosticado. Además, en los últimos años, ha aumentado la prevalencia de malestar emocional y trastornos mentales en población infanto-juvenil.

La atención al bienestar emocional, desde un contexto de atención a la salud mental en la etapa de la infancia y la adolescencia, representa una prioridad para la administración educativa que lo está abordando a través del desarrollo de diferentes actuaciones como el Programa de cooperación territorial de Bienestar Emocional en el ámbito educativo que está en consonancia con las líneas de la Estrategia Nacional 2022-2026.

Por ello, es una prioridad para la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional impulsar acciones que faciliten mecanismos de coordinación con la administración competente en salud mental, con el fin de trabajar el bienestar emocional en el ámbito educativo y la promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes escolarizados en los centros educativos de la región.

Que la Estrategia Nacional de Salud Mental 2022-2026 (Ministerio de Sanidad, 2022) señala que las condiciones y experiencias de vida en los primeros años son especialmente trascendentes respecto al crecimiento y desarrollo biopsicosocial en las distintas áreas (cognición, lenguaje, hábitos, habilidades sociales, desarrollo emocional ), influyendo sustancialmente en la salud y la calidad de vida de las personas en personas en el resto de las etapas del ciclo vital. La atención a la salud mental en la etapa de la infancia y la adolescencia representa una prioridad para todos los agentes sociales. Un enfoque orientado a fortalecer los activos en salud y los factores protectores de la salud mental, más allá de la identificación precoz de los factores de riesgo ha de contemplarse para mejorar en toda su dimensión la salud mental en la infancia y la adolescencia.

Para ello, la mencionada Estrategia contempla acciones específicas, en concreto, la Acción 5.1: Promoción de la salud mental en la infancia y adolescencia. Prevención y detección precoz de los problemas de salud mental a estas edades y la Acción 5.2: Atención a los niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental.

Por otra parte, esta Estrategia contempla también en otra de sus principales líneas Estratégicas la coordinación como el modo de articulación de los distintos niveles en que han de ser procurados los cuidados en el campo de la salud mental y en cualquier otro de la actividad. Su objetivo es garantizar la continuidad de los cuidados que son necesarios, especialmente en situaciones complejas o la complementariedad y su articulación temporal en intervenciones con profesionales de distintas redes de servicios (servicios sociales, justicia, educación, trabajo, etc.). Las personas con problemas de salud mental pueden presentar, debido a ello, otras necesidades para cuya cobertura se requiere del aporte de otros ámbitos organizativos que están fuera del campo de la salud. Por ello es especialmente importante conseguir niveles de cooperación entre profesionales, instituciones y sectores que faciliten la creación de una red que sostenga el cuidado y garantice el derecho de las personas a una atención coherente y debidamente articulada. Con tal fin se recoge la Línea 7, Coordinación, cuyo objetivo general 7.1. contempla desarrollar la coordinación interinstitucional e intersectorial.

Dentro de nuestra Comunidad Autónoma disponemos de datos actualizados que señalan el aumento de los problemas de Salud Mental en población joven. Uno de los Estudios más referenciados es el Estudio del Consejo de la Juventud de Extremadura (2021), realizado con jóvenes entre 14 y 30 años que evidencia un significativo aumento del porcentaje de jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo en relación con su salud mental y donde se constata el aumento de la demanda de atención en este tramo de edad.

Según lo expuesto anteriormente, ambas partes están de acuerdo en que se requiere un marco de colaboración que respalde legalmente la promoción de la salud mental en los centros educativos y los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones, según el principio de confidencialidad y el respeto a la legislación vigente.

Por todo lo expuesto las partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración que se regirá por las siguientes:

El presente convenio tiene por objeto fomentar las actuaciones para la promoción de salud mental en los centros educativos y establecer mecanismos de coordinación que aseguren el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes escolarizados en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que reciban atención por la Red de Salud Mental dependiente del Servicio Extremeño de Salud y, a su vez, por los Equipos específicos de atención al alumnado con trastornos graves de la conducta (en adelante TGC) dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, protegiendo la confidencialidad, así como respondiendo al interés superior del menor.

Será destinatario de las actuaciones de promoción de salud mental, el alumnado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura. Del mismo modo, será destinatario de las actuaciones de coordinación propuestas por la Comisión Técnica aquel alumnado que, siendo atendido simultáneamente por la Red de Salud Mental y por los Equipos Específicos de atención al alumnado con trastornos graves de conducta, requiera una coordinación fluida y efectiva entre ambos organismos que garantice una atención integral del alumnado.

1. Ambas partes acuerdan los siguientes compromisos de forma conjunta:

2. Asimismo, el Servicio Extremeño de Salud adquiere los siguientes compromisos:

3. Por su parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional adquiere los siguientes compromisos:

La firma de este convenio no supone incremento, ni gasto, ni imputación directa o indirecta de ninguna partida presupuestaria correspondiente para ni para Consejería con competencias en materia educativa, ni para el Servicio Extremeño de Salud.

1. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los fines de este convenio la Comisión Técnica será la encargada del adecuado seguimiento de las actuaciones y compromisos conveniados.

2. Corresponde a esta Comisión de seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente Convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines. Además, le corresponden las siguientes funciones:

3. La Comisión de Seguimiento estará formada por:

4. Para el cumplimiento de tales fines, así como para la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del presente Convenio, la comisión se reunirá con una periodicidad anual durante la vigencia del mismo, así como cuantas veces se considere necesario, y siempre que lo solicite una de las partes. La Comisión levantará acta de cada reunión donde quede constancia del seguimiento y evaluación del presente Convenio.

6.1. Compromiso de cumplimiento normativo de las partes.

Las Partes cumplirán con sus obligaciones en relación con la protección de datos (tal y como se define en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE) bajo las leyes aplicables en relación a la protección de datos, en especial, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, y a las obligaciones de confidencialidad.

En caso de cualquier conflicto prevalecerá la legislación aplicable de protección de datos sobre los términos y/u obligaciones en el presente Convenio y sus anexos.

6.2. Tratamiento de datos de las partes.

Los datos personales incluidos en este Convenio y aquellos otros intercambiados entre las Partes para posibilitar la ejecución del mismo, serán tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relación de prestación de Servicios concertada, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de la relación contractual, conservándose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Las partes se comprometen a trasladar a los titulares de los datos facilitados esta información, así como a indicarles que podrán dirigirse por escrito a los respectivos domicilios señalados en el encabezamiento del presente Convenio para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y cancelación.

6.3. Comunicación de datos.

Las partes reconocen que para la correcta ejecución del Convenio es necesaria la comunicación de datos en las que ambas partes ejercen como Responsables del Tratamiento.

El presente convenio surtirá efecto a partir del momento en que se firme, y tendrá vigencia hasta 31 de diciembre de 2027. Pudiéndose prorrogar mediante la suscripción de adendas antes de la expiración de su vigencia por períodos de un año, hasta un máximo total, incluidas las prórrogas, de 4 años.

Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá, además de por su clausulado, en lo no previsto en el mismo, por lo establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenación jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al amparo de lo dispuesto en su artículo 6.2. Todo ello sin perjuicio de que, conforme al artículo 4 de la citada Ley, se apliquen los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Este convenio está sujeto a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir en cuanto a la interpretación y cumplimiento del mismo, que no haya podido ser dirimida por la Comisión de Seguimiento creada al efecto, se resolverá por la jurisdicción contencioso-administrativa, tal y como se expone en los párrafos siguientes.

Toda notificación, demanda, comunicación, petición, renuncia o cualquier otra comunicación que pueda o deba hacerse conforme a este convenio, se hará por cualquier medio que permita dejar constancia de su envío, de su recepción efectiva y de su contenido. Tales notificaciones se dirigirán a las señas indicadas en el encabezamiento de este convenio o a los nuevos domicilios que notifiquen las partes.

De producirse cualquier acuerdo posterior, que modificara o ampliara los términos de este convenio, requerirá acuerdo unánime de las partes y deberá realizarse por escrito por medio de adenda con la firma de los representantes de todas las partes, debidamente autorizados. Dicho acuerdo deberá ser incorporado al presente convenio formando parte del mismo.

La extinción se producirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en algunas de las causas de resolución.

Serán causas de resolución:

Para la terminación de las actuaciones en curso y demás efectos derivados de la resolución del convenio por causa distinta a su cumplimiento, se estará a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y para que así conste a los efectos oportunos en prueba de conformidad y con la voluntad de cumplirlo fielmente, firman este convenio de colaboración todas las partes en el lugar y fecha mencionados en la firma electrónica.