Junta de Extremadura

Preámbulo.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

CAPÍTULO II. Bono Alquiler Joven.

CAPÍTULO III. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.

CAPÍTULO IV. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

CAPITULO V. Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico.

CAPÍTULO VI. Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.

Disposición adicional primera. Primera convocatoria de las subvenciones del programa de ayuda al alquiler de vivienda, correspondiente a la anualidad 2025.

Disposición adicional segunda. Primera convocatoria de las subvenciones de la Línea Específica del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, correspondiente a la anualidad 2025.

Disposición adicional tercera. Primera convocatoria de las subvenciones de la Línea General del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, correspondiente a la anualidad 2025.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El artículo 8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que, con carácter previo al otorgamiento de subvenciones, deberán aprobarse las normas que contengan las bases reguladoras de la concesión en los términos establecidos en dicha ley.

Por su parte, el artículo 16 de la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su nueva redacción, según la disposición final tercera del Decreto-ley 1/2024, de 28 de mayo, de ayudas extraordinarias al sector del viñedo de secano y a las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal por asesoramiento técnico en materia de sanidad vegetal y de medidas en materia de juego, simplificación administrativa, cooperativas, tasas y precios públicos (DOE número 108, de 5 de junio) señala que las bases reguladoras de subvenciones se establecerán por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de la Abogacía General y de la Intervención General.

El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, establece diversos programas de ayudas a actuaciones protegidas en materia de vivienda para el período cuatrienal que menciona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Plan, así como la gestión del abono de las subvenciones, una vez se haya reconocido por dichas Administraciones el derecho de las personas beneficiarias a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en el real decreto para cada programa, y según lo acordado en los correspondientes convenios. Asimismo, el artículo 23.1 faculta a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para establecer requisitos adicionales a las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el Plan Estatal.

En la anualidad 2022 se establecieron las bases reguladoras de tales ayudas estatales (Orden de 13 de septiembre de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones contempladas en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura -DOE número 180, de 19 de septiembre-). En la actualidad, se hace necesario la aprobación de una nueva base reguladora que permita mejorar la redacción de la norma; optimizar la gestión de las subvenciones; cumplir con el principio de justa y equitativa distribución de los recursos públicos (reconociendo prioridad a aquellas personas y unidades de convivencia que no pudieron acceder a las ayudas de alquiler en las anteriores convocatorias); asegurar un mejor control del fraude; unificar en una sola norma las determinadas ayudas estatales reguladas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025; incorporando el Bono Alquiler Joven y la Línea general del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables -letra c) del apartado 1 del artículo 3-, que anteriormente estaba regulada en la Orden de 18 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (DOE número 244, de 21 de diciembre). Por último, el nuevo decreto mejora el alcance de la línea específica de este último programa.

El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, permite la concesión directa de las subvenciones estatales. El artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura permite que excepcionalmente pueda utilizarse el régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los interesados en base a los requisitos o criterios establecidos en las bases reguladoras, siempre que exista crédito presupuestario.

La práctica ha venido demostrando que el procedimiento de concurrencia competitiva no permite alcanzar los objetivos pretendidos por los programas de ayudas al alquiler de vivienda. Efectivamente, bajo la vigencia del precedente Plan Estatal de Vivienda (2018-2021) el empleo del procedimiento de concurrencia competitiva fue preceptivo para las comunidades autónomas, y en Extremadura trajo consigo un sinfín de obstáculos e inconvenientes para los destinatarios naturales de las ayudas de alquiler, cuyo volumen es, y ha sido, considerable (3.500 personas o familias en el programa Bono Alquiler Joven y en el programa de ayuda al alquiler de vivienda, y más de 1.500 en el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables). Publicándose en el DOE la apertura del trámite de subsanación, que es común para todas las personas interesadas, y empleándose el sistema de codificación, propio de los procedimientos de concurrencia competitiva (cada código se corresponde con un defecto a subsanar, identificándose en el propio acto administrativo el sentido y alcance de cada código), fueron incontables las personas y familias interesadas que no pudieron subsanar sus solicitudes, o aportar la documentación requerida, en el plazo señalado para ello, bien porque desconocieron la apertura del trámite (no consultaron el DOE), bien porque no entendieron el sistema de codificación empleado. Téngase en cuenta que el plazo de subsanación es breve y el volumen de personas interesadas abultado, resultando de todo plano imposible atender presencial o telefónicamente todas las preguntas y consultas que se formulan al respecto, lo cual acaba perjudicando a la ciudadanía. Por lo demás, y en lo que hace a la gestión del procedimiento, parece obvio que los créditos de las convocatorias (cuyo importe es significativamente mayor que los créditos de las convocatorias publicadas bajo la vigencia del precedente Plan Estatal) no son suficientes para atender semejante volumen de demanda. Si esto es así, el empleo del procedimiento de concurrencia competitiva, desde la perspectiva de la gestión, resulta contraproducente, pues obliga a mecanizar, instruir y tramitar íntegramente todas las solicitudes, lo que redunda en una considerable demora en el procedimiento y en un mayor gasto público. Para terminar, el empleo de la concurrencia competitiva exige la baremación de las solicitudes conforme a criterios objetivos, lo cual se hace difícil en los programas de ayudas al alquiler, cuyos destinatarios tienen una misma necesidad: cubrir un gasto mensual que acapara gran parte de sus ingresos para procurarse un techo donde vivir. La baremación, en definitiva, acaba deviniendo injusta, pues aun cuando se empleen criterios objetivos, no siempre se logran alinear con la realidad. En este punto, velando por la justa y equitativa distribución de los recursos públicos destinados al alquiler, parece más razonable el empleo del procedimiento de concesión directa, previa convocatoria, de manera que las subvenciones puedan irse concediendo conforme lo vayan solicitando las personas interesadas, de acuerdo con los requisitos o criterios establecidos en las bases reguladoras (los requisitos exigidos a las personas beneficiarias y el criterio de resolución de solicitudes por estricto orden de presentación, sin perjuicio del criterio de preferencia o prioridad para quienes percibieran por primera vez en Extremadura las subvenciones al alquiler reguladas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero) y siempre que exista crédito presupuestario.

En lo que hace a la ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, debe significarse que el empleo del procedimiento de concurrencia competitiva exigiría la apertura de un breve plazo de presentación de solicitudes, lo cual pugnaría abiertamente con el ritmo habitual del mercado de vivienda afectado. Las adquisiciones de vivienda se suceden en el tiempo y dicho corto plazo impediría la financiación de la adquisición de vivienda durante una anualidad (como ocurrió en la convocatoria publicada en la anualidad 2022) o durante seis meses (como ocurre con la vigente convocatoria). En definitiva, la elección del procedimiento de concurrencia competitiva perjudicaría a las personas jóvenes destinatarias. Por otro lado, la instrucción y resolución del procedimiento de concurrencia competitiva -que es común para todas las personas interesadas- conlleva una notable demora en la obtención de una resolución; lo cual pugna con los principios de eficacia, eficiencia y celeridad que debe regir en este ramo, provocando que la ayuda pública deje de cumplir su finalidad (la ayuda llegaría en un momento muy posterior a la compraventa de la vivienda).

En cuanto al programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, valga lo dicho respeto de las dificultades que suele encontrar la ciudadanía en el procedimiento de concurrencia competitiva. En este programa la codificación, y su entendimiento, se complicarían hasta límites insospechados, pues las solicitudes de ayuda presentadas por comunidades de propietarios en no pocas ocasiones comprenden a numerosos vecinos. Por otro lado, no parece acertado aplicar el procedimiento de concurrencia competitiva en un programa cuyos destinatarios son las personas con discapacidad (además de las personas mayores de 65 años), muchas de las cuales precisan de una instalación muy costosa (ascensor) para disfrutar de movilidad y autonomía; instalación que solo se hará realidad si existe una importante cofinanciación pública (la intensidad de las ayudas del programa llega al 80% del presupuesto protegido). La experiencia demuestra que las comunidades de propietarios suelen acordar la instalación del ascensor una vez que conocen que el crédito de la convocatoria alcanza a su solicitud de ayudas. Y es que, el mero encargo del proyecto de instalación conlleva unos gastos que no todas las comunidades de propietarios están dispuestas a asumir. Teniendo en cuenta que en el procedimiento de concurrencia competitiva el proyecto de instalación debe presentarse inicialmente, o en trámite de subsanación, desconociendo la comunidad de propietarios si, tras la baremación, podrá acceder a la ayuda, dicho procedimiento se revela contraproducente para lograr el fin pretendido (que las personas mayores o con discapacidad puedan disfrutar de movilidad). En definitiva, el procedimiento de concesión directa, previa convocatoria, se revela como la única vía capaz de satisfacer las necesidades detectadas, y posibilita no demorar la decisión acerca de la concesión de la ayuda -sin la cual la instalación del ascensor no se llevaría a cabo-.

En virtud de lo expuesto, se ha apreciado la concurrencia de razones que aconsejan aplicar excepcionalmente el procedimiento de concesión directa, previa convocatoria, en los distintos procedimientos de ayudas objeto de la presente norma (artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura). A mayor abundamiento, se aprecia, asimismo, la concurrencia de razones de interés público, social y económico que justifican la aplicación de dicho procedimiento de concesión.

El decreto consta de seis capítulos. El capítulo I se halla dedicado a las disposiciones generales, que se ocupa del objeto y del régimen jurídico; de las solicitudes y de la documentación a presentar; de los requisitos generales que deberán reunir las personas beneficiarias; del régimen de incompatibilidad de las subvenciones; de la alteración de circunstancias tenidas en cuenta para resolver; de las causas de pérdida del derecho a la subvención y de la publicidad de subvenciones.

El decreto relaciona las personas y entidades beneficiarias de las ayudas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración; obligación que responde a razones varias:

El capítulo II se dedica al Bono Alquiler Joven; el capítulo III al Programa de ayuda al alquiler de vivienda; el capítulo IV al Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (este capítulo se divide en dos secciones, cada una de las cuales se ocupa de la regulación de una línea de dicho programa -específica y general-. La sección 2ª, además, se divide en dos subsecciones para acometer de forma separada la regulación de la concesión y justificación de la subvención, y el desarrollo de la actuación subvencionada); el capítulo V al Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico que se divide en dos secciones, la primera que regula la ayuda a los jóvenes para el pago de la renta del alquiler o precio de cesión en uso de la vivienda o habitación habitual y permanente y la segunda que se dedica a la Ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño-; y, por último, el capítulo VI se ocupa de la regulación del Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas. Tales capítulos, con algún matiz, presentan la misma sistemática, de manera que se regula el objeto del programa; las características de la actuación, en su caso; los requisitos específicos que deberán reunir las personas beneficiarias; la documentación que deben acompañar a su solicitud; la incompatibilidad; la cuantía de la ayuda pública; las obligaciones que incumben a los que resulten ser personas beneficiarias; la justificación de la subvención y su abono; y las actividades de control y seguimiento, en su caso.

De conformidad con el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el decreto recoge tres disposiciones adicionales, cada una de las cuales se ocupa de la primera convocatoria de las ayudas de los programas regulados en el capítulo III y las secciones 1ª y 2ª del capítulo IV del presente decreto. Asimismo, el decreto consta de una disposición derogatoria y una final.

Por lo demás, el capítulo V del decreto da cumplimiento a lo recogido en el artículo 44 de la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. Por ese motivo se considera una medida adecuada de la política de la Junta de Extremadura ante el reto demográfico y territorial.

Estas bases reguladoras se acomodan a las exigencias de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como a la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. La norma también incorpora los mandatos del VI Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Extremadura 2023-2026.

Las bases reguladoras se adoptan en el ejercicio de la competencia exclusiva atribuida en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de conservación del patrimonio urbano tradicional .

Por su parte, el artículo 2 del Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura el ejercicio de las competencias en materia de vivienda.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 23 h) y 90.2) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de diciembre de 2024,

El presente decreto tiene por objeto la aprobación de las bases reguladoras de los programas de subvenciones referidos en el artículo 3, todos los cuales se encuentran regulados en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como aprobar la primera convocatoria de ayudas de los programas referidos en las letras b), c.1º) y c2º) del apartado 1 del artículo 3.

1. La concesión de las subvenciones reguladas en el presente decreto, y que se relacionan en el artículo 3, se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la misma; en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Este decreto extiende su ámbito de aplicación a todas las viviendas que radiquen en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Este decreto comprende las bases reguladoras de los programas de ayudas regulados en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, que seguidamente se relacionan:

2. Las ayudas de los programas referidos en el apartado anterior se concederán dentro del ámbito temporal de aplicación señalado en el propio plan estatal.

A los efectos del presente decreto, se entenderá por:

1. A efectos de comprobación del requisito de ingresos anuales máximos exigido en los programas regulados en el presente decreto, se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a la declaración presentada en el último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de la ayuda correspondiente. En caso de que no se hubiera presentado declaración de IRPF, por no estar obligado a ello la persona interesada, se tendrá en cuenta la suma de los rendimientos del trabajo -descontando los gastos deducibles y las reducciones aplicables recogidas en la normativa del IRPF- y del capital mobiliario e inmobiliario, obtenidos en dicho periodo impositivo.

En el procedimiento de concesión de la ayuda estatal Bono Alquiler Joven regulada en el capítulo II, tratándose de personas que desarrollen actividades empresariales, profesionales o artísticas, se atenderá al rendimiento neto de dicha actividad económica calculado con carácter previo a la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio.

La cuantía resultante de las operaciones referidas en los párrafos precedentes se convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a 14 pagas, en vigor durante el período al que se refieran los ingresos evaluados.

2. En los casos en que hubiera que tomar en consideración los ingresos de dos o más personas físicas, si la cuantía resultante de sumar las cuantías de la base imponible general y del ahorro, referidas en el apartado 1, de cada una de ellas arrojara un resultado negativo, los ingresos de cada persona interesada se convertirán, por separado, en número de veces el IPREM y se considerará que las cuantías resultantes negativas equivalen a cero veces IPREM, de manera que en ningún caso puedan compensarse cuantías negativas con los ingresos acreditados por otras personas interesadas en el procedimiento. Finalmente, se sumará el resultado de cada conversión.

1. Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto deberán reunir los requisitos generales que seguidamente se relacionan, sin perjuicio de los específicos señalados en cada programa:

Asimismo, las personas y entidades beneficiarias no deberán haber sido objeto, por incumplimiento o causa imputable a las mismas, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en el vigente plan estatal de vivienda, así como en el precedente (Plan 2018-2021). Esta exigencia no será de aplicación al programa Bono Alquiler Joven regulado en el capítulo II.

2. No podrán acceder a las ayudas contempladas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero:

3. Los requisitos exigidos para acceder a las subvenciones reguladas en el presente decreto deberán cumplirse a la fecha de presentación de solicitud de subvención, salvo el requisito de hallarse al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de las obligaciones con la Seguridad Social, que será comprobado por el órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento con carácter previo a la propuesta de concesión de la subvención y en fase de justificación de la subvención, debiendo cumplirse en ambos momentos.

Los requisitos exigidos en los programas de alquiler señalados en las letras a), b), c) y d.1º) del apartado 1 del artículo 3, deberán mantenerse durante todo el período de actividad subvencionada.

Lo señalado en el presente apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, respecto de la alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas.

1. Las solicitudes de la subvención se dirigirán a la persona titular del órgano directivo con competencia en materia de vivienda y se ajustarán al modelo normalizado señalado en la convocatoria, que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites (https://www.juntaex.es/tramites ).

El modelo normalizado de solicitud incluirá expresamente la autorización de las personas interesadas para que el órgano directivo con competencia en materia de vivienda pueda recabar toda la información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos, en particular la de carácter tributario, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o económico que fuera legalmente pertinente, y dentro del marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad Social y demás administraciones públicas competentes. El órgano directivo con competencia en materia de vivienda no podrá ceder a terceros la información de carácter tributario o económico recibida.

El modelo normalizado de solicitud incorporará, asimismo, las declaraciones responsables que fueren oportunas para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los distintos programas regulados en el presente decreto.

2. El plazo de presentación de solicitudes, que será determinado en la correspondiente convocatoria, no podrá ser inferior a quince días hábiles ni exceder de un año; no admitiéndose a trámite las que se presentaren fuera de dicho plazo.

3. De conformidad con el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración Autonómica las personas solicitantes de la ayuda Bono Alquiler Joven -regulada en el capítulo II-; las personas solicitantes de las subvenciones del Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico - reguladas en el capítulo V-; las entidades beneficiarias de la ayuda de la Línea general del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables -regulada en la sección 2ª del capítulo IV-; y las entidades solicitantes y los profesionales (contratistas; instaladores, redactores del proyecto o de la memoria económica; directores técnicos o facultativos de la obra) que intervengan en representación de las personas solicitantes, en el procedimiento de concesión de la ayuda del Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas -regulada en el capítulo VI-.

4. Las personas y entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración presentarán su solicitud a través del Registro Electrónico General de la Sede electrónica asociada de la Junta de Extremadura o bien en cualquiera de los registros electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Para la presentación electrónica de solicitudes, escritos y documentos, las personas interesadas deberán disponer, para la autentificación y firma electrónica de las solicitudes, de DNI electrónico o de certificado electrónico en vigor. Si carecen de ellos podrían obtenerlos en https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009 o http://www.cert.fnmt.es /

El resto de las personas solicitantes presentarán sus solicitudes, escritos y documentos:

Las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos se mostrarán en sobre abierto, con objeto de que en las mismas se haga constar el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y el minuto de su admisión.

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o la falta de presentación de la documentación que fuere requerida por la Administración competente para acreditar el cumplimiento de lo declarado, traerá consigo la desestimación de la solicitud o la revocación de la ayuda concedida y el reintegro, en su caso, de la subvención, con los intereses legales correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

6. Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos que se determinen, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.

1. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación específicamente señalada en el presente decreto para cada uno de los programas regulados en la misma, sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes.

2. El órgano gestor podrá consultar o recabar aquellos documentos exigidos en el procedimiento, que hayan sido elaborados por cualquier Administración Pública, salvo que las personas o entidades interesadas se opongan a ello o una ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.

Los documentos se recabarán electrónicamente a través de redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

3. De conformidad con los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, si la persona interesada ya hubiera aportado anteriormente a cualquier Administración Pública algún documento exigido en el procedimiento de subvención podrá prescindir de su aportación, haciendo constar en el modelo normalizado de solicitud la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, salvo que hubieren transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

El órgano gestor recabará dichos documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona o entidad interesada o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informada previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.

4. El modelo normalizado de solicitud posibilitará que las personas o entidades interesadas puedan manifestar su oposición expresa o, incluso, su consentimiento expreso, cuando una ley especial aplicable lo requiera, a que el documento de que se trate pueda ser recabado a través de redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. De haber manifestado oposición, las personas o entidades interesadas deberán acompañar tales documentos a su solicitud.

5. Si la Administración Pública no pudiera recabar electrónicamente, a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos referidos en los apartados 2 y 3, podrá solicitar su aportación a la persona o entidad interesada.

1. La concesión de las subvenciones de los programas regulados en el presente decreto y enumerados en el apartado 1 del artículo 3, se acomodará al procedimiento de concesión directa, mediante convocatoria abierta, de conformidad con los artículos 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2. El procedimiento de concesión directa se iniciará a solicitud de las personas o entidades interesadas, una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes que señale la convocatoria, que será aprobada por resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de vivienda -a excepción de la primera convocatoria que se incorpora a este decreto y que se refiere a las ayudas de los programas señalados en las letras b), c.1º) y c. 2º) del apartado 1 del artículo 3-, y será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es), en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/index) , en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias) y en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura (http://gobiernoabierto.juntaex.es). Asimismo, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura el extracto de la convocatoria, al que hacen referencia el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3. En virtud del procedimiento de concesión directa, las ayudas se concederán conforme se vayan solicitando por las personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en el presente decreto y estarán condicionadas a la previa existencia de crédito presupuestario. Las solicitudes de subvención se resolverán por riguroso orden de presentación de la solicitud, de conformidad con el apartado 4 del artículo 7.

No obstante, tendrán prioridad en el acceso a las ayudas previstas en las letras a); b); c.1º); d.1º) del apartado 1 del artículo 3 aquellas personas solicitantes que, a la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda, no hubieren sido beneficiarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las subvenciones al alquiler reguladas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, o, habiéndolo sido, hubieren renunciado expresamente a aquéllas antes de su abono total o parcial.

4. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se procederá a declarar terminado el plazo de vigencia de la convocatoria, mediante anuncio de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de vivienda, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es ) y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/index ), con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

5. Si existiere crédito presupuestario, podrán reiterarse convocatorias de los mismos o distintos programas, dentro de la misma anualidad.

1. La competencia para la ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas en el presente decreto corresponde al servicio competente en materia de gestión de ayudas, dependiente del titular del órgano directivo con competencia en materia de vivienda, sin perjuicio de la participación de otros organismos actuantes en virtud de convenio de encomienda de gestión.

2. De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la competencia para la resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de vivienda.

3. La resolución se acomodará a los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y expresará las condiciones y requisitos a que se supedita la percepción y el mantenimiento de las subvenciones, en su caso, reconocidas.

4. El plazo para dictar y notificar la resolución es de 3 meses y se computará de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La falta de notificación de resolución expresa de la concesión de la subvención dentro del plazo máximo para resolver, legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

5. Las notificaciones se practicarán por el medio señalado al efecto por la persona interesada en su solicitud. La notificación se efectuará a través de los medios electrónicos habilitados a tal efecto, en los casos en que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

6. Las notificaciones electrónicas de los actos y resoluciones administrativas del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se realizarán mediante comparecencia en la Sede electrónica asociada de la Administración u Organismo actuante, entendiéndose por tal el acceso a su contenido. Complementariamente a la notificación practicada y con efectos meramente informativos, el solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en su solicitud, mediante el cual se le indicará que se ha producido la puesta a disposición de una notificación, a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la Sede electrónica asociada de la Administración u Organismo actuante.

Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

7. Las subvenciones reconocidas se entenderán automáticamente aceptadas por la persona o entidad beneficiaria, sin perjuicio de que pueda renunciar expresamente a aquéllas antes de su abono. Asimismo, se admitirá la renuncia expresa a la parte de la ayuda no justificada, en los casos y en la forma prevista en los artículos 22; 30; 38; 49 y 70.

1. La compatibilidad de las subvenciones reguladas en el presente decreto se acomodará a las previsiones contenidas en el mismo, en los planes estatales de vivienda, en los planes de vivienda de Extremadura y en el resto de normativa específica que resulte de aplicación.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

3. El órgano directivo competente en materia de vivienda comprobará la compatibilidad, recabando esta información electrónicamente a través de redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que las personas interesadas se opongan expresamente a ello y su consentimiento fuera necesario.

1. En caso de transmisión mortis causa, que afectare a la propiedad de la vivienda objeto del programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, el derechohabiente podrá suceder en la condición de interesado, siempre que así lo solicite antes de que hubiere finalizado el procedimiento mediante resolución expresa. La nueva persona interesada deberá cumplir los requisitos exigidos para acceder a la condición de beneficiaria.

Una vez concedida la ayuda y antes de haberse producido su justificación, toda alteración subjetiva en las personas físicas beneficiarias, como consecuencia de una transmisión mortis causa, podrá traer consigo, a instancia de las personas interesadas, la subrogación en la condición de beneficiarias, siempre que, pese a la alteración subjetiva producida, sigan cumpliéndose los requisitos para acceder a dicha condición. La resolución que autorice la subrogación concederá la ayuda a las personas físicas que resulten beneficiarias, tras la alteración subjetiva producida, sin que, en ningún caso, pueda producirse una modificación al alza de la subvención inicialmente reconocida.

No obstante, si, cumpliéndose los requisitos para acceder a la condición de persona beneficiaria, se incumplieran los exigidos para la aplicación del límite máximo cuantitativo o porcentual previsto para personas mayores o con discapacidad, se modificará igualmente la resolución de concesión, minorándose, además, la ayuda concedida en la cuantía que corresponda.

Procederá la declaración de pérdida del derecho a la ayuda si, como consecuencia de la alteración subjetiva producida en las personas físicas beneficiarias, se incumplieran los requisitos para acceder, y por tanto mantener, la condición de beneficiarias.

2. Una vez concedida la subvención del programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, las alteraciones que se produzcan durante la ejecución de obra serán causa de pérdida del derecho a la ayuda, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

3. Una vez concedida la subvención del programa de ayuda a los jóvenes y para contribuir al reto demográfico, en su modalidad de ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, si a la vista de la escritura pública de compraventa de la vivienda presentada en el trámite de justificación de la subvención concedida, se hubiere producido una alteración subjetiva que suponga un incremento de las personas que reúnan la condición de adquirentes, se iniciará de oficio un procedimiento de modificación de la resolución de concesión de la ayuda, con el objeto de constatar si, pese a la alteración subjetiva producida, las personas físicas que resulten adquirentes cumplen los requisitos para acceder a la condición de beneficiarias a la fecha de la referida escritura pública. En caso afirmativo, la resolución de modificación concederá la ayuda a las personas beneficiarias resultantes. Dicho procedimiento de modificación podrá iniciarse, asimismo, a instancia de las personas interesadas, después de concedida la subvención y antes de la formalización de la escritura pública de compraventa. En tal caso, los requisitos exigidos para acceder a la condición de persona beneficiaria deberán cumplirse a la fecha de iniciación del procedimiento de modificación y las personas físicas que, en su caso, resulten beneficiarias, deberán formalizar la correspondiente escritura pública.

Procederá la declaración de pérdida del derecho a la subvención y el reintegro, en su caso, cuando, a consecuencia de la alteración subjetiva producida en las personas solicitantes, se incumplieran los requisitos para acceder a la condición de beneficiarias.

4. Una vez concedida la subvención de los programas destinados a financiar el precio del alquiler de vivienda señalados en las letras a), b) c.1º) y d.1º) del apartado 1 del artículo 3, si se produce una alteración subjetiva en las personas integrantes de la unidad de convivencia, que implique una sustitución o incremento de las mismas, o tiene lugar un cambio de vivienda arrendada, se iniciarán actuaciones previas conforme al artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el objeto de comprobar si, pese a la alteración producida, las personas beneficiarias siguen cumpliendo los requisitos y obligaciones para mantener la ayuda, y, por ende, si procede, o no, iniciar el procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda, de conformidad con el artículo 14.

Las personas beneficiarias no perderán el derecho a la ayuda en caso de cambio de domicilio, una vez notificada la resolución de concesión de la ayuda, siempre que sigan cumpliendo todos los requisitos y obligaciones exigidos por el programa de que se trate, y el nuevo contrato de arrendamiento o de cesión de uso de vivienda o habitación se formalice sin interrupción temporal con respecto al anterior. Se modificará, en su caso, la resolución de concesión de la ayuda para ajustar esta al importe del precio de arrendamiento o de cesión de uso señalado en el nuevo contrato, aunque, en ningún caso, podrá ser superior a la que se viniera percibiendo.

Cuando las partes del contrato de arrendamiento o de cesión de uso acordaren una disminución del importe de la renta arrendaticia o precio de cesión, o bien cuando dicha disminución se produjera por un cambio de domicilio, se procederá a modificar la resolución de concesión, que incorporará el importe resultante de la ayuda, salvo que la variación de su importe fuera igual o inferior a tres euros, en cuyo caso permanecerá inalterable la ayuda concedida. El incremento del importe del precio de arrendamiento o de cesión de uso no supondrá, en ningún caso, una modificación de la ayuda concedida.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la obligación de comunicar al órgano directivo competente en materia de vivienda cualquier modificación de las condiciones o requisitos que hubieran motivado el reconocimiento de las ayudas al alquiler, cuyo incumplimiento será causa de pérdida, total o parcial, del derecho a la ayuda, de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 14.

5. En ningún caso podrá producirse una modificación al alza de la subvención concedida como consecuencia de una alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para resolver. No obstante, en el programa de ayuda a los jóvenes y para contribuir al reto demográfico, en su modalidad de ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, solo se considerará que existe una modificación al alza de la subvención si el importe global concedido a las personas inicialmente adquirentes resulta incrementado. Produciéndose una disminución de las personas que reúnan la condición de adquirentes, se modificará la resolución de concesión de la ayuda, de la que serán beneficiarias las personas adquirentes resultantes.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas en el presente decreto llevará a cabo cuantas actuaciones de comprobación y control del cumplimiento de requisitos sean necesarias, recabando para ello, si fuere preciso, la asistencia y colaboración de otros órganos, entidades y organismos públicos, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, el órgano concedente de la subvención llevará a cabo un seguimiento constante y permanente del cumplimiento de las obligaciones que incumben a personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta norma.

2. De conformidad con las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas beneficiarias de las subvenciones deberán colaborar y facilitar cuantos datos y documentos sean requeridos por el órgano directivo con competencia en materia de vivienda, en el ejercicio de la actividad administrativa de seguimiento, inspección y control de las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de la competencia de comprobación y control financiero de la Intervención General del Estado y de sus intervenciones delegadas; de la Intervención General de la Junta de Extremadura y de sus Intervenciones Delegadas; u otros órganos, organismos públicos e instituciones competentes.

1. Sin perjuicio del régimen sancionador previsto en el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá la declaración de la pérdida, total o parcial, del derecho a las subvenciones reconocidas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. El procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la subvención se iniciará de oficio y se tramitará de conformidad con el título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Si la resolución del procedimiento estimara la concurrencia de alguna de las causas reguladas en el apartado 1, se acordará la pérdida del derecho a las subvenciones reconocidas y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, incrementadas con los intereses de demora; correspondiendo al órgano concedente de la subvención la exigencia del reintegro en período voluntario y a la Consejería competente en materia de Hacienda la recaudación en vía ejecutiva.

La liquidación de los intereses se realizará en la misma resolución en la que se acuerde la procedencia del reintegro, con indicación expresa de la fecha de inicio y finalización del cómputo de intereses y del porcentaje del interés de demora aplicable, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La declaración de pérdida del derecho se acomodará a las siguientes reglas:

1. La publicidad de las subvenciones concedidas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Las subvenciones concedidas se publicarán en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/index), con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, la persona o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de las subvenciones concedidas. La publicación se efectuará en el Diario Oficial de Extremadura

(http://doe.juntaex.es) cuando las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía igual o superior a 3.000 €. Se exceptúa de esta última publicación en el Diario Oficial de Extremadura, por concurrir la causa de exención prevista en la letra d) del apartado 2 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, las subvenciones de los programas señalados en las letras c.1º) y d) del apartado 1 del artículo 3.

2. Asimismo, las ayudas concedidas serán publicadas en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura (http://gobiernoabierto.juntaex.es), de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y se notificarán a la Intervención General de la Junta de Extremadura para su publicación por la Base de Datos Nacional de Subvenciones -BDNS-

(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Este programa tiene por objeto contribuir a que las personas jóvenes puedan hacer frente al pago de la renta arrendaticia o el precio de la cesión de su vivienda o habitación habituales, posibilitando el acceso a la vivienda y su emancipación.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en este capítulo las personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6, en lo que les sea aplicable como tales, así como los que seguidamente se relacionan:

2. No podrá concederse la ayuda cuando alguna persona física integrante de la unidad de convivencia se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:

3. Las personas físicas que hayan sido beneficiarias de la ayuda Bono Alquiler Joven en otra comunidad autónoma o ciudad autónoma, y cambien su domicilio a otro ubicado en Extremadura, formalizando un nuevo contrato de arrendamiento o cesión de uso de una vivienda o habitación que radique en la misma, podrán acceder a la ayuda Bono Alquiler Joven, conforme a las reglas contenidas en el presente decreto, con las siguientes modificaciones:

La letra b) del apartado 1 será igualmente aplicable si la persona solicitante hubiere sido beneficiaria de la ayuda Bono Alquiler Joven en otra comunidad autónoma, o ciudad autónoma, y aporta un contrato de alquiler o cesión de una habitación en Extremadura. En ningún caso será aplicable a tal supuesto las letras a), c) y d) del apartado 1. El incremento del límite máximo de ingresos y del límite máximo de renta arrendaticia o precio de cesión, no será de aplicación para el supuesto de alquiler o cesión de uso de una habitación.

4. Los requisitos señalados en los apartados anteriores deberán cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud de subvención y deberán mantenerse durante todo el periodo subvencionado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12. Quedará exceptuado de esta regla el requisito exigido en la letra a) del apartado 1, cuyo cumplimiento solo se exigirá a la fecha de solicitud de la ayuda.

A efectos de constatar que la persona beneficiaria continúa disponiendo de una fuente regular de ingresos, el órgano directivo competente en materia de vivienda comprobará el cumplimiento de dicho requisito durante el transcurso de las mensualidades subvencionadas, considerando el 1 de julio (día siguiente a la finalización del plazo de presentación de la declaración anual de IRPF) como fecha determinante del cómputo de los plazos de tres y seis meses referidos en la letra c) del apartado 1.

5. Podrán acceder a la condición de beneficiarias las personas jóvenes que convivan en la vivienda o habitación objeto de la subvención, que reúnan los requisitos señalados en el presente artículo y que figuren como solicitantes de la ayuda en el modelo normalizado de solicitud.

1. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, y se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto.

De acuerdo con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13:

2. Las personas interesadas deberán aportar, junto con el modelo normalizado de solicitud, la documentación que, seguidamente, se relaciona:

3. Salvo que las personas solicitantes se hubieren opuesto expresamente a ello en el modelo normalizado de solicitud, y el resto de los miembros de la unidad de convivencia y el representante no hubiesen prestado el consentimiento expreso, según los casos, el órgano directivo competente de materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas solicitantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

4. Salvo que las personas integrantes de la unidad de convivencia no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente:

No mediando autorización expresa, las personas interesadas deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

5. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde la persona interesada podrá consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, la persona interesada deberá haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura

(https://www.juntaex.es/w/5145).

En todo caso, la persona interesada deberá ser titular o cotitular de la cuenta bancaria.

1. La ayuda de Bono Alquiler Joven deberá destinarse obligatoriamente al pago de la renta arrendaticia o precio de cesión de uso de la vivienda que constituya su objeto, y no podrá compatibilizarse con ninguna otra ayuda que para el pago del alquiler o cesión puedan conceder las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones o entidades públicas. No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales en que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten una ayuda para esa misma finalidad a personas beneficiarias especialmente vulnerables, expresamente reconocidos como tales en la resolución de concesión de la ayuda autonómica o local, o en los informes previos que obren en poder de la correspondiente organización o asociación. Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, ni los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad el supuesto de compatibilidad con el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 que contempla el artículo 55.1 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero. En este supuesto, la suma de la ayuda de Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión determinada conforme al artículo 56.1 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, no podrá exceder del 75% de la renta arrendaticia o precio de cesión.

2. A los efectos previstos en este artículo se considerará que existe incompatibilidad cuando las ayudas concedidas afectadas coincidan, en todo o parte, en el periodo subvencionado.

1. Las personas solicitantes que cumplan los requisitos señalados en el artículo 17 podrán acceder a una ayuda del Bono Alquiler Joven de 250 euros mensuales, con independencia del número de jóvenes que convivan en la vivienda o habitación, con el límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión de la vivienda o habitación que fuera imputable a la persona beneficiaria.

2. De conformidad con el artículo 18.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. A tales efectos, se entenderá que el coste de la actividad subvencionada es el importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión de la vivienda o habitación que fuera imputable a la persona beneficiaria. A fin de establecer esta imputación, se dividirá entre cada una de las personas firmantes del contrato de arrendamiento o cesión, el importe de renta arrendaticia o precio de cesión.

3. La ayuda se concederá por un plazo de 2 años, a contar desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato; pudiendo la convocatoria retrotraer la ayuda a mensualidades anteriores a la solicitud, siempre que no hubieren sido subvencionadas conforme al Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y sin que la retroactividad pueda exceder del 1 de enero de 2022, de conformidad con la disposición adicional primera de dicho Real Decreto.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como las siguientes:

2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda, sin perjuicio del previo requerimiento que debe preceder en caso de incumplimiento de la obligación de justificación, de conformidad con el apartado 4 del artículo 22.

1. Durante el periodo subvencionado las personas beneficiarias deberán justificar la subvención concedida, y lo harán periódicamente y con cadencia semestral (antes del día 20 del mes de junio y de diciembre de cada semestre natural), y en todo caso en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización la última mensualidad subvencionada. A tal fin, presentarán en la forma señalada en el artículo 8, además de la documentación referida en el apartado 2 en su caso, el modelo normalizado de reconocimiento del efectivo abono de la renta o del precio de cesión de uso de la vivienda o habitación durante las mensualidades subvencionadas transcurridas, debidamente firmado por ambas partes contratantes.

En defecto del modelo normalizado, solo se admitirán, a efectos de justificación, los justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en la cuenta del arrendador o cedente; que expresen el siguiente contenido mínimo:

2. El centro directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social; siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud las personas beneficiarias. En defecto de autorización expresa, las personas beneficiarias deberán presentar la copia de los certificados con código seguro de verificación, expedidos por tales organismos, en los plazos señalados en el apartado 1.

3. El abono de la ayuda se verificará mediante pagos parciales y sucesivos.

En virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el primer pago parcial será anticipado y comprenderá un número de mensualidades completas subvencionadas que, sumadas, arroje un resultado inmediatamente inferior a 3.000 euros; sin que en ningún caso pueda comprender más de una anualidad subvencionada. Dicho pago se verificará una vez adoptada la resolución de concesión de la ayuda, con carácter previo a la justificación de las mensualidades a que se refiera, y sin exigencia de garantía o aval a las personas beneficiarias.

El segundo y sucesivos pagos parciales se referirán a las mensualidades subvencionadas, transcurridas y debidamente justificadas, conforme a los apartados 1 y 2. En ningún caso podrán verificarse tales pagos parciales mientras no se haya constatado la debida justificación de la parte de subvención correspondiente a las mensualidades subvencionadas transcurridas.

4. El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda. No obstante, la iniciación de dicho procedimiento exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días hábiles para ello. Las personas que no cumplan con el requerimiento se declararán decaídas en su derecho al trámite, aunque se admitirá su actuación y producirá efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá, por razones de eficiencia, esperar al vencimiento del último plazo de justificación que corresponda de conformidad con el apartado 1, para iniciar el procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda concedida, en su caso.

No será preciso tramitar el procedimiento de declaración de pérdida parcial del derecho a la ayuda concedida si la persona beneficiaria renunciara expresamente a la parte de la ayuda no justificada, en cuyo caso se procederá de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La renuncia o la declaración de pérdida parcial del derecho a la subvención concedida, por el importe que corresponda, no alcanzará a las men­sualidades justificadas en debida forma.

El órgano directivo competente en materia de vivienda comprobará, en la forma señalada en el apartado 4 del artículo 17, que las personas beneficiarias continúan disponiendo de una fuente regular de ingresos. Asimismo, y de conformidad con el artículo 13, comprobará, regularmente o por técnicas de muestreo, que las personas beneficiarias siguen cumpliendo el requisito de ingresos máximos regulado en la letra d) del apartado 1 del artículo 17, así como el requisito de titularidad de otras viviendas recogido en el apartado 2 a) de dicho precepto. A tal fin:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas beneficiarias deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles, previo requerimiento administrativo, la correspondiente certificación catastral, con código seguro de verificación, expedida por dicho organismo.

Este programa tiene por objeto facilitar el disfrute de una vivienda o habitación, en régimen de alquiler o de cesión de uso, a sectores de población con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6, en lo que les sea aplicable como tales, así como los que seguidamente se relacionan:

2. No podrá concederse la ayuda si alguna de las personas integrantes de la unidad de convivencia se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

3. Se consideran personas beneficiarias, y deberán solicitar la ayuda, todas las personas firmantes del contrato de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación.

1. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, y se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que figura en el anexo I del presente decreto y que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

De conformidad con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13:

2. Las personas interesadas deberán aportar, junto con el modelo normalizado de solicitud, la documentación que, seguidamente, se relaciona:

3. El órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan, salvo que en el modelo normalizado de solicitud se hubieren opuesto a ello las personas solicitantes, o no lo hubieren autorizado expresamente el resto de las personas integrantes de la unidad de convivencia:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas solicitantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

4. Salvo que las personas integrantes de la unidad de convivencia no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente:

No mediando autorización expresa, las personas interesadas deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

5. Cuando la solicitud de la ayuda se refiera a una vivienda protegida arrendada directamente por su promotor, las personas interesadas deberán cumplimentar las casillas correspondientes del modelo normalizado de solicitud, referidas a la fecha y el número del visado del contrato. En este caso, no será necesario acompañar la documentación referida en los apartados anteriores que ya se hubiere aportado junto con la solicitud de visado del contrato, salvo que el correspondiente certificado hubiere caducado o se hubiere producido una alteración de las circunstancias.

6. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde las personas interesadas podrán consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, las personas interesadas deberán haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145 ), o, alternativamente, deberán acompañar el modelo normalizado de Alta de Terceros cumplimentado con sello y firma de la entidad financiera; modelo que se encuentra disponible en la página corporativa de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145?inheritRedirect=true ).

En todo caso, las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

1. La ayuda de este programa deberá destinarse obligatoriamente al pago del precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación que constituya su objeto, y no podrá compatibilizarse con ninguna otra ayuda para el pago del alquiler contemplada en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, ni con las ayudas que para esa misma finalidad puedan conceder las administraciones o entidades públicas.

No obstante lo anterior, se exceptúan las ayudas que para el pago del alquiler o precio de cesión de uso puedan aportar las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones, y que tengan por finalidad proteger a víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ni los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

2. A los efectos previstos en este artículo se considera que las ayudas tienen la misma finalidad cuando coincidan o concurran en la misma mensualidad subvencionada.

1. La cuantía de la ayuda será el 50% de la renta o precio mensual que deba satisfacerse por el arrendamiento o cesión en uso de la vivienda o habitación, dentro del periodo subvencionable señalado en la convocatoria.

2. El plazo máximo de duración de la ayuda es de 5 años. La convocatoria podrá establecer un periodo subvencionable inferior a dicho plazo máximo, aunque siempre igual o superior a la anualidad. El periodo subvencionable se contará desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato; pudiendo la convocatoria retrotraer la ayuda a mensualidades anteriores a la solicitud, siempre que no hubieren sido subvencionadas conforme al Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y sin que la retroactividad pueda exceder del 1 de enero de 2022, de conformidad con la disposición adicional primera de dicho Real Decreto.

3. Una vez concedida la ayuda, la cuantía permanecerá invariable durante las mensualidades subvencionadas, salvo que se produzca una disminución en el importe de la renta o del precio mensual, por acuerdo de las partes o por cambio de domicilio.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como las siguientes:

2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda, sin perjuicio del previo requerimiento que debe preceder en caso de incumplimiento de la obligación de justificación referido en el apartado 4 del artículo 30.

1. Durante el periodo subvencionado las personas beneficiarias deberán justificar la subvención concedida, y lo harán periódicamente y con cadencia semestral (antes del día 20 del mes de junio y de diciembre de cada semestre natural), y siempre antes de que transcurran dos meses desde la última mensualidad subvencionada. A tal fin, presentarán en la forma señalada en el artículo 8, además de la documentación referida en el apartado 2 en su caso, el modelo normalizado de reconocimiento del efectivo abono de la renta o del precio de cesión de uso de la vivienda o habitación durante las mensualidades subvencionadas transcurridas, debidamente firmado por ambas partes contratantes.

En defecto del modelo normalizado, solo se admitirán, a efectos de justificación, los justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en la cuenta del arrendador o cedente; que expresen el siguiente contenido mínimo:

2. El centro directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social; siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud las personas beneficiarias. En defecto de autorización expresa, las personas beneficiarias deberán presentar la copia de los certificados con código seguro de verificación, expedidos por tales organismos, en los plazos señalados en el apartado 1.

3. El abono de la ayuda se verificará mediante pagos parciales y sucesivos.

En virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el primer pago parcial será anticipado y comprenderá un número de mensualidades completas subvencionadas que, sumadas, arroje un resultado inmediatamente inferior a 3.000 euros; sin que en ningún caso pueda comprender más de una anualidad subvencionada. Dicho pago se verificará una vez adoptada la resolución de concesión de la ayuda, con carácter previo a la justificación de las mensualidades a que se refiera, y sin exigencia de garantía o aval a las personas beneficiarias.

El segundo y sucesivos pagos parciales se referirán a las mensualidades subvencionadas, transcurridas y debidamente justificadas, conforme a los apartados 1 y 2. En ningún caso podrán verificarse tales pagos parciales mientras no se haya constatado la debida justificación de la parte de subvención correspondiente a las mensualidades subvencionadas transcurridas.

4. El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda. No obstante, la iniciación de dicho procedimiento exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días hábiles para ello. Las personas que no cumplan con el requerimiento se declararán decaídas en su derecho al trámite, aunque se admitirá su actuación y producirá efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá, por razones de eficiencia, esperar al vencimiento del último plazo de justificación que corresponda de conformidad con el apartado 1, para iniciar el procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda concedida, en su caso.

No será preciso tramitar el procedimiento de declaración de pérdida parcial del derecho a la ayuda concedida si la persona beneficiaria renunciara expresamente a la parte de la ayuda no justificada, en cuyo caso se procederá de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La renuncia o la declaración de pérdida parcial del derecho a la subvención concedida, por el importe que corresponda, no alcanzará a las men­sualidades justificadas en debida forma.

El órgano directivo competente en materia de vivienda, de conformidad con el artículo 13, comprobará, regularmente o por técnicas de muestreo, que las personas beneficiarias siguen cumpliendo el requisito de ingresos regulados en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 25, así como el requisito de titularidad de otras viviendas recogido en el apartado 2 a) de dicho precepto. A tal fin:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas beneficiarias deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles, previo requerimiento administrativo, la correspondiente certificación catastral, con código seguro de verificación, expedida por dicho organismo.

La línea específica del Programa regulado en este capítulo tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en esta sección las personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6, en lo que les sea aplicable como tales, así como los que seguidamente se relacionan:

2. Se consideran personas beneficiarias, y deberán solicitar la ayuda, todas las personas firmantes del contrato o precontrato de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación.

1. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, y se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que figura en el anexo II del presente decreto y que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

De conformidad con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13:

2. Las personas interesadas deberán aportar, junto con el modelo normalizado de solicitud, la documentación que seguidamente se relaciona:

3. El órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan, salvo que en el modelo normalizado de solicitud se hubieren opuesto a ello las personas solicitantes, o no lo hubieren autorizado expresamente el resto de las personas integrantes de la unidad de convivencia:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas solicitantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

4. Salvo que las personas integrantes de la unidad de convivencia no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente:

No mediando autorización expresa, las personas interesadas deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

5. Cuando la solicitud de la ayuda se refiera a una vivienda protegida arrendada directamente por su promotor, las personas interesadas deberán cumplimentar las casillas correspondientes del modelo normalizado de solicitud, referidas a la fecha y el número del visado del contrato. En este caso, no será necesario acompañar la documentación referida en los apartados anteriores, que ya se hubiere aportado junto con la solicitud de visado del contrato, salvo que el correspondiente certificado hubiere caducado o se hubiere producido una alteración de las circunstancias.

6. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde las personas interesadas podrán consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, las personas interesadas deberán haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145 ), o, alternativamente, deberán acompañar el modelo normalizado de Alta de Terceros cumplimentado con sello y firma de la entidad financiera; modelo que se encuentra disponible en la página corporativa de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145?inheritRedirect=true ).

En todo caso, las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

7. El órgano instructor del procedimiento requerirá de los correspondientes Servicios Sociales de Atención Social Básica, o del Instituto de la Mujer de Extremadura en su caso, la remisión del informe social suscrito por la persona profesional en Trabajo Social que acredite la condición de personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Una vez recibido el informe, se aportará de oficio al procedimiento.

1. La ayuda de este Programa se destinará obligatoriamente al pago del precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación que constituya su objeto, y podrá compatibilizarse con la percepción de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, así como con otras ayudas que, teniendo el mismo objeto y destinándose a los mismos colectivos, sean aportadas por las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, u otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones.

2. A los efectos previstos en este artículo se considerará que existe incompatibilidad cuando las ayudas concedidas afectadas coincidan, en todo o parte, en el periodo subvencionado.

1. La cuantía de la ayuda será el 100% de la renta o precio mensual que deba satisfacerse por el arrendamiento o cesión en uso, dentro del periodo subvencionable señalado en la convocatoria, con un límite mensual máximo de 350 € en caso arrendamiento o cesión en uso de una vivienda y de 150 € en caso de arrendamiento o cesión en uso de una habitación.

2. El plazo máximo de duración de la ayuda es de 5 años. La convocatoria podrá establecer un periodo subvencionable inferior a dicho plazo máximo, aunque siempre igual o superior a la anualidad. El periodo subvencionable se contará desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato; pudiendo la convocatoria retrotraer la ayuda a mensualidades anteriores a la solicitud, siempre que no hubieren sido subvencionadas conforme al Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y sin que la retroactividad pueda exceder del 1 de enero de 2022, de conformidad con la disposición adicional primera de dicho Real Decreto.

3. Una vez concedida la ayuda, la cuantía permanecerá invariable durante las mensualidades subvencionadas, salvo que se produzca una disminución en el importe de la renta de alquiler o del precio de cesión de uso, por acuerdo de las partes o por cambio de domicilio.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como las siguientes:

2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda, sin perjuicio del previo requerimiento que debe preceder en caso de incumplimiento de la obligación de justificación, de conformidad con en el apartado 4 del artículo 38.

1. Durante el periodo subvencionado las personas beneficiarias deberán justificar la subvención concedida, y lo harán periódicamente y con cadencia semestral (antes del día 20 del mes de junio y de diciembre de cada semestre natural), y siempre antes de que transcurran dos meses desde la última mensualidad subvencionada. A tal fin, presentarán en la forma señalada en el artículo 8, además de la documentación referida en el apartado 2 en su caso, el modelo normalizado de reconocimiento del efectivo abono de la renta o del precio de cesión de uso de la vivienda o habitación durante las mensualidades subvencionadas transcurridas, debidamente firmado por ambas partes contratantes.

En defecto del modelo normalizado, solo se admitirán, a efectos de justificación, los justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en la cuenta del arrendador o cedente; que expresen el siguiente contenido mínimo:

2. El centro directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social; siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud las personas beneficiarias. En defecto de autorización expresa, las personas beneficiarias deberán presentar la copia de los certificados con código seguro de verificación, expedidos por tales organismos, en los plazos señalados en el apartado 1.

3. El abono de la ayuda se verificará mediante pagos parciales y sucesivos.

En virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el primer pago parcial será anticipado y comprenderá un número de mensualidades completas subvencionadas que, sumadas, arroje un resultado inmediatamente inferior a 3.000 euros; sin que en ningún caso pueda comprender más de una anualidad subvencionada. Dicho pago se verificará una vez adoptada la resolución de concesión de la ayuda, con carácter previo a la justificación de las mensualidades a que se refiera, y sin exigencia de garantía o aval a las personas beneficiarias. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá verificarse dicho pago anticipado sin que se haya aportado al procedimiento el informe social que acredite la condición de personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Una vez recibido el informe, se aportará de oficio al procedimiento.

El segundo y sucesivos pagos parciales se referirán a las mensualidades subvencionadas, transcurridas y debidamente justificadas, conforme a los apartados 1 y 2. En ningún caso podrán verificarse tales pagos parciales mientras no se haya constatado la debida justificación de la parte de subvención correspondiente a las mensualidades subvencionadas transcurridas.

4. El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda. No obstante, la iniciación de dicho procedimiento exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días hábiles para ello. Las personas que no cumplan con el requerimiento se declararán decaídas en su derecho al trámite, aunque se admitirá su actuación y producirá efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá, por razones de eficiencia, esperar al vencimiento del último plazo de justificación que corresponda de conformidad con el apartado 1, para iniciar el procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda concedida, en su caso.

No será preciso tramitar el procedimiento de declaración de pérdida parcial del derecho a la ayuda concedida si la persona beneficiaria renunciara expresamente a la parte de la ayuda no justificada, en cuyo caso se procederá de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La renuncia o la declaración de pérdida parcial del derecho a la subvención concedida, por el importe que corresponda, no alcanzará a las men­sualidades justificadas en debida forma.

El órgano concedente de la subvención, de conformidad con el artículo 13, comprobará regularmente o por técnicas de muestreo, que las personas beneficiarias siguen cumpliendo el requisito de ingresos máximos regulado en la letra f) del apartado 1 del artículo 33, así como el requisito de titularidad de otras viviendas recogido en la letra c) del apartado 1 de dicho precepto. A tal fin:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas beneficiarias deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles, previo requerimiento administrativo, la correspondiente certificación catastral, con código seguro de verificación, expedida por dicho organismo.

1. La línea general del programa de ayuda regulado en este Capítulo tiene por objeto procurar una solución habitacional inmediata a personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

2. A estos efectos, se considerarán especialmente vulnerables, además de las personas que se encuentren en cualquiera de los supuestos de hecho que expresamente se mencionan en el apartado anterior, aquellas personas físicas que ostentan esta condición según la valoración emitida por los Servicios Sociales de Atención Social Básica correspondientes, por tratarse de personas con discapacidad o enfermedad mental; personas en proceso de inserción social tras su estancia en centros penitenciarios, de rehabilitación psicosocial, de deshabituación o de reforma; personas víctimas de trata con fines de explotación laboral; personas adolescentes en situación de riesgo; personas jóvenes extuteladas por la Junta de Extremadura; personas que se encuentren en una situación de pérdida temporal de su vivienda habitual; o personas que se hallen en cualquier otra situación similar que aconseje la concesión de la ayuda regulada en esta sección.

1. La actuación subvencionable consiste en procurar una solución habitacional inmediata a las personas referidas en el artículo anterior, de cualquiera de las siguientes formas:

En esta actuación, la entidad beneficiaria podrá asumir, asimismo, los gastos y suministros básicos, con los límites que señala la letra a) anterior.

2. La entidad beneficiaria podrá procurar la solución habitacional inmediata durante un plazo máximo de 1 año, prorrogable por el mismo periodo de tiempo, siempre que cuente con previo informe favorable de los Servicios Sociales de Atención Social Básica correspondientes.

La actuación subvencionada podrá retrotraerse seis meses, a contar desde la concesión de la ayuda, debiendo justificarse los gastos subvencionables correspondientes.

Serán subvencionables los gastos acreditados por la entidad beneficiaria y que se refieran, según los casos, a:

1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta sección las siguientes administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro:

2. Quedan excluidas de las ayudas reguladas en esta sección los organismos o entidades de derecho público adscritos o vinculados a una administración pública, las universidades, los partidos políticos y las fundaciones de ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, así como otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

1. Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas contempladas en esta sección las entidades referidas en el artículo precedente que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6, en lo que les sea aplicable como tales.

2. Las entidades del Tercer Sector Social en Extremadura deberán reunir, además, los requisitos que seguidamente se relacionan:

1. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, sin que sea exigible que previamente las personas que pretendan acceder a la solución habitacional inmediata referida en el artículo 41 hayan manifestado su necesidad. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. La solicitud de la ayuda se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que figura en el anexo III del presente decreto y que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto.

De conformidad con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13, el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 6.1 b) y que hace referencia a las circunstancias del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las entidades interesadas deberán aportar, junto con el modelo normalizado de solicitud, la documentación que seguidamente se relaciona:

3. Salvo que las entidades interesadas no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente copia del NIF, así como certificación acreditativa de que las entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

No mediando autorización expresa a la consulta de datos, las entidades interesadas deberán presentar, junto con su solicitud, los referidos documentos.

4. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde las entidades interesadas podrán consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, las entidades interesadas deberán haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145 ).

En todo caso, las entidades interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

1. Las subvenciones reguladas en esta sección serán compatibles con cualquier otra ayuda, ingreso o subvención obtenida para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no modifica el régimen de incompatibilidades previsto en la normativa autonómica vigente en materia de vivienda.

1. El crédito total previsto en la convocatoria se distribuirá de la manera que sigue, sin perjuicio de que, si existiera crédito excedente a resultas de las solicitudes presentadas, pueda aplicarse otra distribución, previa modificación del expediente de gasto, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

2. La cuantía individualizada de la subvención se corresponderá con el importe solicitado por la entidad interesada, con un límite máximo de 50.000 euros, sin perjuicio de que pueda presentar nueva solicitud, siempre que hubiere justificado el 100% de la subvención anteriormente percibida y el plazo de presentación de solicitudes no hubiere finalizado.

Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones las establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y, además, las siguientes:

1. El plazo de ejecución de la actividad subvencionada será de 2 años a contar desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención.

2. El abono de la ayuda se realizará en la cuenta bancaria que la entidad interesada haya señalado en el modelo normalizado de la solicitud. Dicha cuenta bancaria deberá estar activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura y las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria. Si la cuenta no estuviera activa, la persona beneficiaria podrá proceder al alta a través del trámite Alta de Terceros en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura ( www.juntaex.es ).

El abono de la subvención se verificará de manera fraccionada, mediante tres pagos parciales y sucesivos. Los dos primeros pagos serán anticipados, sin exigencia de garantía o aval a las entidades beneficiaras.

El primer pago parcial, por un importe equivalente al 50% de la subvención concedida, se verificará una vez adoptada la resolución de concesión de la ayuda.

El segundo pago parcial, por un importe equivalente al 25% de la subvención concedida, se verificará después de que la entidad beneficiaria hubiere justificado un 25% de la subvención concedida.

El tercer pago parcial, por un importe equivalente al 25% de la subvención concedida, se verificará una vez justificada íntegramente la subvención concedida, lo cual deberá llevarse a cabo, como máximo, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo señalado en el apartado 1.

3. A efectos de proceder a la justificación de la subvención, los municipios, las provincias y las mancomunidades de municipios deberán presentar un certificado emitido por la Intervención de la entidad local, según el modelo normalizado señalado en la convocatoria, acreditativo de los gastos y pagos realizados en ejecución de la actividad subvencionada y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

4. En el caso de las entidades del Tercer Sector Social en Extremadura, la justificación revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado y requerirá la presentación de la siguiente documentación:

5. A efectos de justificación y abono de la subvención, el centro directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la certificación que acredite que las entidades beneficiarias se hallan al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social; siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud las entidades beneficiarias. En defecto de autorización expresa, las entidades beneficiarias deberán presentar la copia de los correspondientes certificados con código seguro de verificación, expedidos por tales organismos.

6. El incumplimiento, en todo o en parte, de la obligación de justificación de la subvención, traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda concedida. No obstante, la iniciación de dicho procedimiento exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días hábiles para ello. Las entidades beneficiarias que no cumplan con el requerimiento se declararán decaídas en su derecho al trámite, aunque se admitirá su actuación y producirá efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

No será preciso tramitar el procedimiento de declaración de pérdida parcial del derecho a la ayuda concedida si la persona beneficiaria renunciara expresamente a la parte de la ayuda no justificada, en cuyo caso se procederá de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1. Podrán acceder a la solución habitacional inmediata regulada en esta subsección las personas físicas mayores de edad o legalmente emancipadas que cumplan los requisitos que seguidamente se relacionan:

2. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse a la fecha de presentación de la solicitud y deberán mantenerse durante todo el plazo de disfrute de la solución habitacional.

1. Las personas interesadas en acceder a una solución habitacional inmediata regulada en esta subsección dirigirán su solicitud y la documentación que deba acompañarla a la entidad beneficiaria de la subvención, teniendo derecho a obtener una respuesta individualizada, que deberá ser debidamente notificada.

2. Tratándose de entidades locales, el procedimiento administrativo de reconocimiento del derecho a la solución habitacional inmediata en que consista la actuación subvencionada se sujetará a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1. El reconocimiento del derecho a acceder a la solución habitacional inmediata regulada en esta subsección exige informe favorable de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, que se acomodará al modelo normalizado que señale la convocatoria.

2. Los Servicios Sociales de Atención Social Básica requerirán con carácter previo a la emisión de su informe:

3. El informe favorable de los Servicios Sociales de Atención Social Básica expresará el siguiente contenido mínimo:

Son obligaciones de las personas destinatarias de la solución habitacional inmediata facilitada al amparo de la actividad subvencionada regulada en esta subsección, las siguientes:

1. La solución habitacional facilitada podrá compatibilizarse con la percepción de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, así como con otras ayudas que, teniendo el mismo objeto y destinándose a los mismos colectivos, sean aportadas por las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, u otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones.

2. A los efectos previstos en este artículo se considerará que existe incompatibilidad cuando las ayudas concedidas afectadas coincidan, en todo o parte, con las mensualidades de disfrute de la solución habitacional inmediata facilitada.

3. El coste de la actuación subvencionada en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del arrendamiento o cesión de uso y de los gastos de suministro -y de gestión en su caso- que constituyen su objeto.

Son causas de pérdida del derecho a la solución habitacional facilitada:

Esta ayuda tiene por objeto facilitar a las personas jóvenes con escasos medios económicos el acceso, en régimen de alquiler o de cesión de uso, a una vivienda o habitación digna y adecuada, mediante el otorgamiento de ayudas directas a la persona arrendataria o cesionaria.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en este capítulo las personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6.1, en lo que les sea aplicable como tales, así como los que seguidamente se relacionan:

2. No podrá concederse la ayuda si alguna de las personas integrantes de la unidad de convivencia se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

3. Se consideran personas beneficiarias, y deberán solicitar la ayuda, todas las personas firmantes del contrato o precontrato de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación.

1. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, y se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

De conformidad con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13:

2. Las personas interesadas deberán aportar, junto con el modelo normalizado de solicitud, la documentación que seguidamente se relaciona:

3. El órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan, salvo que en el modelo normalizado de solicitud se hubieren opuesto a ello las personas solicitantes, o no lo hubieren autorizado expresamente el resto de las personas integrantes de la unidad de convivencia:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas solicitantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

4. Salvo que las personas integrantes de la unidad de convivencia no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente:

No mediando autorización expresa, las personas solicitantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

5. Cuando la solicitud de la ayuda se refiera a una vivienda protegida arrendada directamente por su promotor, las personas interesadas deberán cumplimentar las casillas correspondientes del modelo normalizado de solicitud, referidas a la fecha y el número del visado del contrato. En este caso, no será necesario acompañar la documentación referida en los apartados anteriores, que ya se hubiere aportado junto con la solicitud de visado del contrato, salvo que el correspondiente certificado hubiere caducado o se hubiere producido una alteración de las circunstancias.

6. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde las personas interesadas podrán consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, las personas interesadas deberán haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145).

En todo caso, las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

1. La ayuda de este Programa se destinará obligatoriamente al pago del precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación que constituya su objeto, y no podrá compatibilizarse con ninguna otra ayuda para el pago del precio del alquiler o de la cesión de uso, contemplada en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, ni con las ayudas que con el mismo objeto y finalidad puedan conceder las administraciones o entidades públicas.

No obstante, la ayuda de este Programa será expresamente compatible con la ayuda del Bono Alquiler Joven, regulada en el título I del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, con los límites señalados en el artículo siguiente.

Asimismo, se exceptúan las ayudas que para el pago del alquiler o precio de cesión de uso puedan aportar las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones, y que tengan por finalidad proteger a víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

2. A los efectos previstos en este artículo se considerará que existe incompatibilidad cuando las ayudas concedidas afectadas coincidan, en todo o parte, en el periodo subvencionado.

1. La cuantía de la ayuda será el 60% de la renta o precio mensual que deba satisfacerse por el arrendamiento o cesión en uso, dentro del periodo subvencionable señalado en la convocatoria, con un límite mensual máximo de 350 € en caso arrendamiento o cesión en uso de una vivienda y de 150 € en caso de arrendamiento o cesión en uso de una habitación.

En el supuesto específico de compatibilidad con el Bono Alquiler Joven, referido en el apartado 1 del artículo anterior, la cuantía de la ayuda será de hasta el 40 % de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven. En todo caso la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión regulada en este programa no podrá ser superior al 75 % del importe de la renta o precio de la vivienda o habitación. A tal efecto y en su caso, la ayuda al alquiler o cesión regulada en este programa se vería reducida en la cuantía necesaria.

2. El plazo máximo de duración de la ayuda es de 5 años. La convocatoria podrá establecer un periodo subvencionable inferior a dicho plazo máximo, aunque siempre igual o superior a la anualidad. El periodo subvencionable se contará desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato; pudiendo la convocatoria retrotraer la ayuda a mensualidades anteriores a la solicitud, siempre que no hubieren sido subvencionadas conforme al Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y sin que la retroactividad pueda exceder del 1 de enero de 2022, de conformidad con la disposición adicional primera de dicho Real Decreto.

3. Una vez concedida la ayuda, la cuantía permanecerá invariable durante las mensualidades subvencionadas, salvo que se produzca una disminución en el importe de la renta de alquiler o del precio de cesión de uso, por acuerdo de las partes o por cambio de domicilio.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como las siguientes:

2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda, sin perjuicio del previo requerimiento que debe preceder en caso de incumplimiento de la obligación de justificación, de conformidad con en el apartado 4 del artículo 62.

1. Durante el periodo subvencionado las personas beneficiarias deberán justificar la subvención concedida, y lo harán periódicamente y con cadencia semestral (antes del día 20 del mes de junio y de diciembre de cada semestre natural), y siempre antes de que transcurran dos meses desde la última mensualidad subvencionada. A tal fin, presentarán en la forma señalada en el artículo 8, además de la documentación referida en el apartado 2 en su caso, el modelo normalizado de reconocimiento del efectivo abono de la renta o del precio de cesión de uso de la vivienda o habitación durante las mensualidades subvencionadas transcurridas, debidamente firmado por ambas partes contratantes.

En defecto del modelo normalizado, solo se admitirán, a efectos de justificación, los justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en la cuenta del arrendador o cedente; que expresen el siguiente contenido mínimo:

2. El centro directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social; siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud las personas beneficiarias. En defecto de autorización expresa, las personas beneficiarias deberán presentar la copia de los certificados con código seguro de verificación, expedidos por tales organismos, en los plazos señalados en el apartado 1.

3. El abono de la ayuda se verificará mediante pagos parciales y sucesivos.

En virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el primer pago parcial será anticipado y comprenderá un número de mensualidades completas subvencionadas que, sumadas, arroje un resultado inmediatamente inferior a 3.000 euros; sin que en ningún caso pueda comprender más de una anualidad subvencionada. Dicho pago se verificará una vez adoptada la resolución de concesión de la ayuda, con carácter previo a la justificación de las mensualidades a que se refiera, y sin exigencia de garantía o aval a las personas beneficiarias.

El segundo y sucesivos pagos parciales se referirán a las mensualidades subvencionadas, transcurridas y debidamente justificadas, conforme a los apartados 1 y 2. En ningún caso podrán verificarse tales pagos parciales mientras no se haya constatado la debida justificación de la parte de subvención correspondiente a las mensualidades subvencionadas transcurridas.

4. El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación traerá consigo la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda. No obstante, la iniciación de dicho procedimiento exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días hábiles para ello. Las personas que no cumplan con el requerimiento se declararán decaídas en su derecho al trámite, aunque se admitirá su actuación y producirá efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá, por razones de eficiencia, esperar al vencimiento del último plazo de justificación que corresponda de conformidad con el apartado 1, para iniciar el procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda concedida, en su caso.

No será preciso tramitar el procedimiento de declaración de pérdida parcial del derecho a la ayuda concedida si la persona beneficiaria renunciara expresamente a la parte de la ayuda no justificada, en cuyo caso se procederá de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La renuncia o la declaración de pérdida parcial del derecho a la subvención concedida, por el importe que corresponda, no alcanzará a las men­sualidades justificadas en debida forma.

El órgano concedente de la subvención, de conformidad con el artículo 13, comprobará, regularmente o por técnicas de muestreo, que las personas beneficiarias siguen cumpliendo el requisito de ingresos máximos y mínimos regulado en las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 57, así como el requisito de titularidad de otras viviendas recogido en el apartado 2 a) de dicho precepto. A tal fin:

En caso de oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas beneficiarias deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles, previo requerimiento administrativo, la correspondiente certificación catastral, con código seguro de verificación, expedida por dicho organismo.

Esta ayuda tiene por objeto facilitar a las personas jóvenes con escasos medios económicos el acceso, en régimen de propiedad, a una vivienda digna y adecuada localizada en municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, mediante la concesión de una subvención directa para su adquisición; contribuyendo al reto demográfico de la recuperación de población en tales ámbitos.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en este capítulo las personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6.1, en lo que les sea aplicable como tales, así como los que seguidamente se relacionan:

1. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, y se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

De conformidad con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13:

2. Las personas solicitantes deberán aportar, junto con el modelo normalizado de solicitud, la documentación que seguidamente se relaciona:

3. El órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan, salvo que en el modelo normalizado de solicitud se hubieren opuesto a ello las personas solicitantes, o, en su caso, no lo hubiere autorizado expresamente el cónyuge o pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o registro equivalente:

Mediando oposición o falta de autorización expresa, según los casos, las personas solicitantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

4. Salvo que la persona solicitante, o el cónyuge o pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o registro equivalente, en su caso, no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente:

No mediando autorización expresa, las personas interesadas deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

5. Cuando la solicitud de la ayuda se refiera a una vivienda protegida de nueva construcción enajenada por su promotor, las personas interesadas deberán cumplimentar las casillas correspondientes del modelo normalizado de solicitud, referidas a la fecha y el número del visado del contrato. En este caso, no será necesario acompañar la documentación referida en los apartados anteriores, que ya se hubiere aportado junto con la solicitud de visado del contrato, salvo que el correspondiente certificado hubiere caducado o se hubiere producido una alteración de las circunstancias.

6. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde las personas interesadas podrán consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, las personas interesadas deberán haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura

(https://www.juntaex.es/w/5145), o, alternativamente, deberán acompañar el modelo normalizado de Alta de Terceros cumplimentado con sello y firma de la entidad financiera; modelo que se encuentra disponible en la página corporativa de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145?inheritRedirect=true ).

En todo caso, las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

La ayuda deberá destinarse obligatoriamente a la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de 10.000 habitantes o menos y será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto que otorgue cualquier otra institución pública o privada.

La cuantía de la ayuda será de hasta 10.800 € por vivienda, con el límite del 20 % del precio de adquisición de la vivienda, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

En el supuesto de adquisición de la propiedad de una vivienda por más de una persona, el importe de la ayuda que pudiera recibir un/a beneficiario/a que adquiere una parte de la misma, se determinará, aplicando el porcentaje de cuota adquirida al importe de la ayuda que correspondería a la adquisición del 100 % de la vivienda.

Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como las siguientes:

1. A efectos de proceder a la justificación de la subvención, las personas beneficiarias deberán presentar en la forma señalada en el artículo 8, además de la documentación referida en el apartado 2, en su caso:

2. El centro directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social; siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud las personas beneficiarias. En defecto de autorización expresa, las personas beneficiarias deberán presentar la copia de los certificados, con código seguro de verificación, expedidos por tales organismos, en los plazos referidos en el apartado siguiente.

3. La justificación de la subvención, en los términos previstos en los apartados precedentes, deberá producirse con sujeción al siguiente plazo:

4. En caso de adquisición de vivienda en construcción o a edificar, si el documento público o privado de adquisición aportado al procedimiento de concesión de la ayuda hubiera sido posterior a la correspondiente convocatoria de ayudas, la escritura pública que acredite la adquisición de la propiedad de la vivienda deberá expresar el contenido mínimo exigido en la letra a) del apartado 2 del artículo 66.

5. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presente artículo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona o entidad interesada y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

6. El efectivo abono de la subvención se realizará mediante pago único, una vez justificada la subvención.

De conformidad con el artículo 110 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, el programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas tiene por objeto la financiación de la ejecución de las actuaciones subvencionables reguladas en el artículo 72 en:

De conformidad con el artículo 113 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, se considerarán subvencionables las actuaciones para la mejora de la accesibilidad; y, en particular:

Las actuaciones subvencionables, referidas en el artículo anterior, deberán reunir los requisitos que, seguidamente, se señalan:

1. Podrán ser personas o entidades beneficiarias de las subvenciones de este programa, siempre que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 6, las siguientes:

2. Las personas o entidades beneficiarias destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación, con independencia de que tanto su importe como el coste de las obras deba repercutirse en las personas propietarias de viviendas y, en su caso, de locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas en la legislación de propiedad horizontal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurra en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se le atribuirá la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación. Se exceptúan las personas especialmente vulnerables que acrediten esta condición en la forma establecida en el número 4ª de la letra c) del apartado 1 del artículo 77.

3. Cuando las obras o actuaciones no sean de obligada ejecución por parte de la persona propietaria, y esta y la arrendataria acuerden que esta última costee, a su cargo, las actuaciones de accesibilidad, con cargo a parte o la totalidad de la renta arrendaticia, la persona arrendataria podrá solicitar de la comunidad de propietarios o, en su caso, de la persona o entidad propietaria única, la adopción del correspondiente acuerdo que le faculte para solicitar estas ayudas. En este supuesto, la persona arrendataria podrá tener la consideración de beneficiaria.

1. Las viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila; los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva; y las viviendas ubicadas en estos últimos, deben estar finalizados antes de 2006. No obstante, de conformidad con el artículo 112 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, si las circunstancias concurrentes lo aconsejaran, previo informe favorable del órgano directivo competente en materia de vivienda, la convocatoria podrá eximir el cumplimiento de este requisito.

2. Las viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y las viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva deben constituir el domicilio habitual y permanente de las personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias en el momento de solicitar la ayuda.

3. Los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que se acojan a las ayudas de este programa, han de cumplir los siguientes requisitos:

Se considera presupuesto protegido aquel que incorpora el coste total de todas las actuaciones subvencionables del programa, desglosado por partidas, pudiendo incluir también los honorarios de los profesionales intervinientes; el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios; los gastos derivados de la tramitación administrativa; y otros gastos similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. El presupuesto protegido no incluirá impuestos, tasas o tributos.

Los costes de ejecución, de emisión de certificados o informes, de redacción de proyectos técnicos, de dirección técnica o facultativa o cualesquiera otros, incluidos en el presupuesto protegido de la actuación, no superarán los costes medios de mercado. A tal efecto, se atenderá indistintamente:

1. La solicitud de la subvención se dirigirá al órgano directivo competente en materia de vivienda, ajustándose al modelo normalizado que estará disponible en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites que señale la convocatoria y su extracto. Las personas o entidades interesadas presentarán la solicitud debidamente cumplimentada en todos sus extremos y, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 8, la acompañarán de la documentación que seguidamente se relaciona:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan, salvo que las personas o entidades interesadas se hubieren opuesto expresamente a ello en el modelo normalizado de solicitud:

En caso de oposición expresa, o tratándose de poderes anteriores al 5 de junio de 2014 o que no se hubieren elevado a escritura pública, la persona o entidad interesada deberá presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

3. Salvo que las personas o entidades interesadas no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la copia del NIF de la entidad interesada, así como la certificación acreditativa de que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

No mediando autorización expresa a la consulta de datos, las personas o entidades interesadas deberán presentar, junto con su solicitud, los referidos documentos.

4. De conformidad con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, se acreditarán mediante declaración responsable en el modelo normalizado de solicitud, sin perjuicio de su eventual comprobación de conformidad con el artículo 13, el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 6.1 b) y que hace referencia a las circunstancias del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

6. El modelo normalizado de solicitud recogerá un apartado donde las personas o entidades interesadas podrán consignar la cuenta bancaria en que haya de practicarse el abono de la ayuda y, asimismo, no oponerse expresamente a que la Junta de Extremadura pueda verificar los datos identificativos y bancarios.

Mediando oposición, las personas interesadas deberán haber procedido previamente a activar la cuenta bancaria a través del procedimiento electrónico P5145 Alta de Terceros que se encuentra en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura (https://www.juntaex.es/w/5145), o, alternativamente, si no se tratara de personas o entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, de conformidad con el artículo 7.3, podrán acompañar el modelo normalizado de Alta de Terceros cumplimentado con sello y firma de la entidad financiera; modelo que se encuentra disponible en la página corporativa de la Junta de Extremadura

(https://www.juntaex.es/w/5145?inheritRedirect=true).

En todo caso, las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

Las ayudas de este programa son compatibles con ayudas que provengan de otras administraciones o instituciones distintas de la Administración General del Estado, y que tengan el mismo objeto o se refieran a la misma actuación. No obstante lo anterior, el importe global de las ayudas recibidas no podrá superar el coste total de la actuación.

1. La cuantía máxima de la subvención a conceder no podrá superar los siguientes límites:

2. Las ayudas previstas en el apartado anterior se podrán incrementar hasta 15.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad, y hasta 18.000 euros si se acredita que el grado de discapacidad reconocido es igual o superior al 33%.

3. El límite cuantitativo de las ayudas contempladas en los apartados anteriores se incrementará en 3.000 € por vivienda, cuando se trate de edificios o viviendas declaradas Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

4. La subvención tendrá como límite:

1. Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias de la subvención, además de las previstas en el presente capítulo y de las generales establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la ejecución de la obra en el plazo máximo de 12 meses, contados desde la fecha de la notificación de la concesión de la ayuda, en caso de actuaciones de accesibilidad en viviendas unifamiliares o viviendas radicadas en un edificio de tipología residencial colectiva. Dicho plazo será de 24 meses si se tratare de actuaciones en el edificio de tipología residencial colectiva.

Si la concesión de la licencia municipal o autorización administrativa de que se trate se demorara y no fuera concedida en el plazo de 12 meses a constar desde su solicitud, los plazos anteriores podrán incrementarse en idéntico plazo al de la demora y hasta 12 meses como máximo.

Asimismo, los plazos de ejecución podrán ser prorrogados por huelgas que afecten al desarrollo de las actuaciones, razones climatológicas que alteren calendarios de ejecución de obras, o cualquier otra causa de fuerza mayor, debidamente acreditada, y por el plazo del retraso imputable a dichas causas.

2. El órgano directivo con competencia en materia de vivienda podrá controlar, inspeccionar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior.

1. La justificación de la subvención exigirá que, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalicen las obras o desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención, si fuere posterior, la persona o entidad beneficiaria, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 8, presente la documentación que, seguidamente, se relaciona:

2. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria acreditara una inversión inferior al 100% del presupuesto protegido, procederá la declaración de pérdida parcial del derecho al cobro de la ayuda, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

La alteración o falta de ejecución de inversiones privadas no afectarán a la ayuda concedida. A tal efecto, se entiende por inversión privada aquella actuación incluida, o no, en el presupuesto protegido, que no fuera tenida en cuenta a efectos del cálculo de la ayuda.

Concurriendo causa de pérdida parcial del derecho a la ayuda, por acreditarse una inversión inferior al 100% del presupuesto protegido, se prescindirá del procedimiento de declaración de pérdida parcial del derecho al cobro de la ayuda si las personas o entidades beneficiarias renunciaran expresamente a la parte de la ayuda no justificada, en cuyo caso se procederá de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. En el trámite de justificación de la ayuda se deberá emitir un informe técnico favorable, que acredite:

4. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presente artículo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de un plazo de 15 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona o entidad interesada y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución por la que se acuerde la iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho, en la que se acordará tener por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento.

5. El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá practicar inspecciones durante la ejecución de la obra y una vez terminada esta, recurriendo a técnicas de muestreo, con el objeto de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos y de las obligaciones impuestas a las personas o entidades beneficiarias.

6. El abono de la ayuda se practicará mediante pago único, una vez justificada la subvención, aunque, de conformidad con el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, podrá comprender un primer pago parcial anticipado, previa solicitud de la persona o entidad beneficiaria. Dicho pago anticipado será equivalente al 50% de la ayuda concedida y exigirá la previa iniciación de la obra objeto de la subvención.

El pago parcial anticipado se verificará sin exigencia de garantía o aval si las beneficiarias fueran personas físicas, no así cuando se trate de entidades.

El procedimiento de pago anticipado se iniciará mediante solicitud de las personas físicas o entidades beneficiarias, que deberá ajustarse al modelo normalizado disponible en el Portal Juntaex.es (http://www.juntaex.es). Su presentación deberá llevarse a cabo en los términos señalados en el artículo 7.4, respecto de la solicitud de subvención, y se acompañará de la documentación que seguidamente se relaciona:

1. Objeto.

Aprobar la primera convocatoria, por tramitación anticipada, correspondiente a la anualidad 2025, de las subvenciones del programa de ayuda al alquiler de vivienda regulado en el capítulo III de la presente norma.

2. Requisitos para acceder a la condición de persona beneficiaria.

3. Procedimiento de concesión, Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento, plazo de resolución y notificación.

4. Plazo y forma de presentación de la solicitud.

Las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos se mostrarán en sobre abierto, con objeto de que en las mismas se haga constar el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y el minuto de su admisión.

5. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

En todo caso, las personas interesadas deberán ser titulares o cotitulares de la cuenta bancaria.

6. Cuantía y duración de la ayuda.

7. Obligaciones y justificación.

Las personas beneficiarias de la subvención del programa de ayuda al alquiler de vivienda deberán cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 29 del presente decreto y justificar la subvención en la forma indicada en el artículo 30.

8. Financiación.

9. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria producirá efectos el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es ) de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

1. Objeto.

Aprobar la primera convocatoria, por tramitación anticipada, correspondiente a la anualidad 2025, de las subvenciones de la Línea Específica del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, regulada en la sección 1ª del capítulo IV del presente decreto.

2. Requisitos para acceder a la condición de persona beneficiaria.

3. Procedimiento de concesión, Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento, plazo de resolución y notificación.

4. Plazo y forma de presentación de la solicitud.

5. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

6. Cuantía y duración de la ayuda.

7. Obligaciones y justificación.

Las personas beneficiarias de la subvención del programa de ayuda al alquiler de vivienda deberán cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 37 del presente decreto y justificar la subvención en la forma indicada en el artículo 38.

8. Financiación.

9. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria producirá efectos el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es ) de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

1. Objeto.

Aprobar la primera convocatoria, por tramitación anticipada, correspondiente a la anualidad 2025, de las subvenciones de la Línea General del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, regulada en la sección 2ª del capítulo IV de la presente norma.

2. Requisitos para acceder a la condición de persona beneficiaria.

3. Procedimiento de concesión, Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento, plazo de resolución y notificación.

4. Plazo y forma de presentación de la solicitud.

5. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

6. Cuantía de la ayuda.

La cuantía individualizada de la subvención se corresponderá con el importe solicitado por la entidad interesada, con un límite máximo de 50.000 euros, sin perjuicio de que pueda presentar nueva solicitud, siempre que hubiere justificado el 100% de la subvención anteriormente percibida y el plazo de presentación de solicitudes no hubiere finalizado.

7. Obligaciones y justificación.

Las personas beneficiarias de la subvención del programa de ayuda al alquiler de vivienda deberán cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 48 del presente decreto y justificar la subvención en la forma indicada en el artículo 49.

8. Financiación.

9. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria producirá efectos el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Sin perjuicio de su aplicación a las situaciones jurídicas creadas al amparo de las mismas, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto, y, en particular, la Orden de 13 de septiembre de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones contempladas en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la Orden de 18 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Toda referencia que en normativa vigente se hiciera a esta última norma se entenderá hecha al presente decreto.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es).

Mérida, 17 de diciembre de 2024.

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