Junta de Extremadura

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española señala que las comunidades autónomas podrán asumir competencia en materia de vivienda. La Comunidad Autónoma de Extremadura la ha asumido con carácter exclusivo en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía, en su nueva redacción conforme a la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.

El presente decreto se adopta en el ejercicio de dicha competencia exclusiva, y atendiendo el mandato legal de desarrollo reglamentario contemplado en la Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, y, en particular, en el artículo 30 y en la disposición final tercera.

Desde el Decreto 32/2006, de 21 de febrero, por el que se crea el registro de demandantes del Plan Especial de Vivienda y se establece el sistema de selección de adquirentes de viviendas sujetas al Plan Especial, hasta la última regulación de dicho registro, en virtud del Decreto 53/2012, de 4 de abril, por el que se regula el Registro de demandantes y el proceso de comercialización de viviendas protegidas de Extremadura, no ha habido más precedentes de un Registro Extremeño que pretenda la inscripción de la ciudadanía interesada en acceder a la vivienda protegida (dicho registro fue derogado por el Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia).

La presente norma regula el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, con otro alcance y objeto. Este nuevo registro se concibe como una herramienta que procura a la Administración un conocimiento certero, actualizado y real, de la demanda que exista respecto de las viviendas protegidas a que se refiere (viviendas de promoción pública y viviendas protegidas de nueva construcción viviendas medias, viviendas de régimen especial y viviendas de régimen general). Esto permitirá una mejor y más adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas, pues la inscripción estará referida a un municipio (a lo sumo dos) y la exigencia del cumplimiento de requisitos previos a la inscripción contribuirá a corregir disfunciones. Como precedente, el citado Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, que ponía el foco en el acceso a la propiedad de la vivienda protegida del Plan Especial, y en los sorteos posteriores de las viviendas protegidas acogidas a dicho Plan. Esta experiencia previa ha puesto de manifiesto que los datos que arrojaba el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda estaban muy alejados de la realidad, debido a la inexistencia de un filtro previo a la inscripción. Así, un sinfín de jóvenes accedieron al Registro careciendo de capacidad adquisitiva para hacer frente al calendario de pagos que exigía el promotor, o a las garantías impuestas por los bancos para acceder a los préstamos hipotecarios. Esta circunstancia se hizo más evidente, si cabe, una vez se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, que trajo consigo un endurecimiento de las condiciones exigidas por las entidades financieras. El cumplimiento de las obligaciones de actualización de datos también supone un aspecto donde puede albergarse esta desviación entre los datos y la realidad, pues la práctica nos enseña que a menudo las personas inscritas no cumplen con esta obligación.

La presente norma regula el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, con otro alcance y objeto. Este nuevo registro se concibe como una herramienta que procura a la Administración un conocimiento certero, actualizado y real, de la demanda que exista respecto de las viviendas protegidas a que se refiere (viviendas de promoción pública y viviendas protegidas de nueva construcción viviendas medias, viviendas de régimen especial y viviendas de régimen general). Esto permitirá una mejor y más adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas, pues la inscripción estará referida a un municipio (a lo sumo dos) y la exigencia del cumplimiento de requisitos previos a la inscripción contribuirá a corregir disfunciones. Como precedente, el citado Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, que ponía el foco en el acceso a la propiedad de la vivienda protegida del Plan Especial, y en los sorteos posteriores de las viviendas protegidas acogidas a dicho Plan. Esta experiencia previa ha puesto de manifiesto que los datos que arrojaba el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda estaban muy alejados de la realidad, debido a la inexistencia de un filtro previo a la inscripción. Así, un sinfín de jóvenes accedieron al Registro careciendo de capacidad adquisitiva para hacer frente al calendario de pagos que exigía el promotor, o a las garantías impuestas por los bancos para acceder a los préstamos hipotecarios. Esta circunstancia se hizo más evidente, si cabe, una vez se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, que trajo consigo un endurecimiento de las condiciones exigidas por las entidades financieras. El cumplimiento de las obligaciones de actualización de datos también supone un aspecto donde puede albergarse esta desviación entre los datos y la realidad, pues la práctica nos enseña que a menudo las personas inscritas no cumplen con esta obligación.

El nuevo Registro trata de minimizar estas desviaciones ocurridas en el pasado, estableciendo las oportunas medidas de seguimiento y control.

El decreto consta de 4 capítulos. El capítulo I, que lleva por rúbrica Disposiciones Generales , regula el objeto y ámbito de aplicación, recoge un artículo que aglutina los conceptos de los distintos términos que emplea en la norma; relaciona los fines y describe la estructura del Registro; señala las funciones del Registro; los plazos y la competencia de instrucción y de resolución; regula las reglas para proceder al cálculo de los ingresos anuales que se exigen para acceder al Registro; identifica a las personas demandantes que tienen el deber de inscripción previa al acceso a la propiedad o arrendamiento de la vivienda, y los que no, contemplando la posibilidad de anotar en el registro circunstancias tasadas que concurran en las personas afectadas (familia numerosa, víctima de violencia de género o de terrorismo, personas con necesidad de vivienda accesible ); establece los requisitos que deberán cumplir las personas demandantes para acceder a las dos secciones que inicialmente integran el Registro; recoge las previsiones relacionadas con la presentación de la solicitud y de la documentación que debe acompañarla (forma de presentación; modelo normalizado; órgano administrativo destinatario; inexactitudes, falsedades y omisiones relevantes, así como defectos en la presentación de la solicitud…); relaciona las obligaciones de las personas demandantes; las actuaciones de control y seguimiento que podrá llevar a cabo el órgano administrativo competente; y, por último, establece la vigencia de la inscripción en el Registro.

La norma regula la inscripción preceptiva en el nuevo registro, aclarando que no presupone el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder de manera efectiva a la propiedad o al arrendamiento de la vivienda protegida, requisitos que deberán comprobarse en el seno de los correspondientes procedimientos administrativos de acceso a la vivienda (procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública y procedimiento de visado de contratos de compraventa o arrendamiento y de títulos de adjudicación). El acceso a la tipología de vivienda protegida de que se trate aclara la norma, se sujeta en todo caso a lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte aplicable.

La norma regula la inscripción preceptiva en el nuevo registro, aclarando que no presupone el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder de manera efectiva a la propiedad o al arrendamiento de la vivienda protegida, requisitos que deberán comprobarse en el seno de los correspondientes procedimientos administrativos de acceso a la vivienda (procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública y procedimiento de visado de contratos de compraventa o arrendamiento y de títulos de adjudicación). El acceso a la tipología de vivienda protegida de que se trate aclara la norma, se sujeta en todo caso a lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte aplicable.

El decreto regula en el capítulo II las normas generales en materia de procedimiento que son comunes al procedimiento de inscripción en el Registro, al procedimiento de renovación y al de modificación de la inscripción, estableciendo las reglas a que deberá sujetarse el modelo normalizado y los documentos específicos que deben acompañarse a cada solicitud (de inscripción, de renovación y de modificación), e identificando aquellos que podrá recabar la Administración, previo consentimiento de las personas interesadas (falta de oposición o autorización expresa, según los casos) y en el capítulo III recoge las especialidades en el procedimiento de inscripción en el Registro y el procedimiento de renovación y modificación de la inscripción.

Seguidamente, el Decreto regula en el capítulo IV la baja en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, estableciendo las causas y el procedimiento administrativo de dicha baja.

Por último, la norma recoge una disposición adicional, que establece la fecha cierta en que se producirá la primera caducidad de la inscripción, y una disposición derogatoria, que suprime la vivienda protegida del programa especial, como modalidad de la vivienda protegida de régimen especial; equiparándose a esta, para hacerlo coincidir con las tipologías señaladas en el artículo 2 e impulsar el mercado de vivienda protegida de nueva construcción. Esta distinción tuvo relevancia durante el desarrollo del Plan Especial de Vivienda, pero desde hace aproximadamente una década no se ha construido la tipología de vivienda protegida del Programa Especial.

Para terminar, el decreto contiene tres disposiciones finales. La primera adapta, a la nueva regulación, el artículo 34 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura (dicho precepto disponía la creación de un registro de demandantes de vivienda protegida accesible que nunca se implantó). La segunda se ocupa de una modificación puntual del Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de adecuarlo a las previsiones contenidas en la nueva norma. Y, finalmente, la tercera regula la entrada en vigor de la norma, retrasando hasta el 31 de diciembre de 2025 la efectividad de la exigencia de inscripción previa en el Registro, para acceder a las tipologías de vivienda protegida contempladas en el artículo 2, y postergando la efectividad de la referencia que la norma hace a las familias monoparentales a la entrada en vigor de la Ley estatal que regule su alcance y contenido, de manera que permita identificar a las familias que reúnan dicha condición.

Para terminar, el decreto contiene tres disposiciones finales. La primera adapta, a la nueva regulación, el artículo 34 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura (dicho precepto disponía la creación de un registro de demandantes de vivienda protegida accesible que nunca se implantó). La segunda se ocupa de una modificación puntual del Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de adecuarlo a las previsiones contenidas en la nueva norma. Y, finalmente, la tercera regula la entrada en vigor de la norma, retrasando hasta el 31 de diciembre de 2025 la efectividad de la exigencia de inscripción previa en el Registro, para acceder a las tipologías de vivienda protegida contempladas en el artículo 2, y postergando la efectividad de la referencia que la norma hace a las familias monoparentales a la entrada en vigor de la Ley estatal que regule su alcance y contenido, de manera que permita identificar a las familias que reúnan dicha condición.

El decreto tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, asumiendo la Administración Autonómica, así, la obligación de garantizar la integración de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y los planes en materia de vivienda.

El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines perseguidos y considerando el decreto el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas que contempla se consideran adecuadas y proporcionadas a los fines perseguidos, no habiéndose identificado otras menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias. La norma respeta el principio de eficiencia, no imponiéndose más cargas que las estrictamente necesarias. La iniciativa normativa salvaguarda el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el ordenamiento jurídico y no generando incertidumbre, de manera que pueda comprometer su conocimiento o la toma de decisiones. Para terminar, en la tramitación del proyecto normativo se ha respetado el principio de transparencia, publicándose el texto en el Portal de la Transparencia, debatiéndose en el seno del Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura y remitiéndose a los órganos consultivos de la Administración autonómica. Asimismo, el proyecto normativo cuenta con informe favorable de la Abogacía General y de la Intervención General de Junta de Extremadura.

El Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, asigna a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda las competencias en materia de infraestructuras viarias, transporte, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

En su virtud y al amparo de lo establecido en los artículos 23.h), 36.f) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del titular de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de acuerdo con la Comisión Jurídica y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciembre de 2024,

En su virtud y al amparo de lo establecido en los artículos 23.h), 36.f) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del titular de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de acuerdo con la Comisión Jurídica y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciembre de 2024,

La presente norma tiene por objeto la creación, organización y funcionamiento del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, como instrumento público que permita garantizar los principios de igualdad, transparencia, publicidad y de libre concurrencia de las personas interesadas en el acceso, en propiedad o arrendamiento, a las tipologías de vivienda protegida relacionadas en el artículo siguiente. Asimismo, el Registro posibilitará conocer la evolución y el estado de situación de la demanda de dichas viviendas protegidas en los distintos municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para una mejor planificación de las estrategias y programas en materia de vivienda.

El ámbito de aplicación del presente decreto se extiende a todas las personas demandantes de las viviendas protegidas que, de conformidad con la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura y el título III del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, radiquen en Extremadura, y respondan a cualquiera de las siguientes tipologías:

A los efectos del presente decreto, se entenderá por:

1. Son fines del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, los siguientes:

2. El Registro se estructurará en las siguientes secciones:

1. El Registro de demandantes vivienda protegida de Extremadura estará adscrito al centro directivo competente en materia de vivienda, al que corresponderá:

2. La competencia para la tramitación de los procedimientos de inscripción, de renovación, de modificación y de baja en el Registro se atribuye a las unidades administrativas dependientes del órgano directivo competente en materia de vivienda. La competencia para resolver corresponde a la persona titular de dicho órgano directivo.

3. El titular de la Consejería con competencia en materia de vivienda será el responsable del tratamiento de los datos personales que sean comunicados al Registro de demandantes vivienda protegida de Extremadura. Dicho Registro tratará los datos personales de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adoptando las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas demandantes y cumpliendo con la legislación vigente en materia de protección de datos.

4. Toda la información relativa al Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura y a los trámites asociados, se publicará, dentro del correspondiente trámite, en el punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites https://www.juntaex.es .

1. La inscripción en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura será preceptiva para acceder a las tipologías de vivienda protegida señaladas en el artículo 2, dentro del municipio de que se trate, con las excepciones que seguidamente se relacionan:

2. La inscripción en el registro no presupone el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder de manera efectiva a la propiedad o al arrendamiento de la vivienda protegida. El acceso a la tipología de vivienda protegida de que se trate se sujetará en todo caso a lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte aplicable.

1. Podrán acceder a la sección 1ª del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura las personas demandantes que cumplan los requisitos que seguidamente se relacionan:

2. Podrán acceder a la sección 2ª del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura las personas demandantes que cumplan los requisitos que seguidamente se relacionan:

3. En ningún caso podrán acceder a las secciones 1ª y 2ª del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, aquellas personas que, en los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, hubieren incurrido en las circunstancias que seguidamente se señalan, y así se hubiere declarado mediante resolución desestimatoria o de baja:

4. Los requisitos señalados en los apartados 1, 2 y 3 deberán cumplirse a la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción, de renovación de la inscripción y de modificación de la inscripción; debiendo reunirse hasta que se produzca la baja de la inscripción practicada.

1. Los ingresos familiares ponderados de las personas interesadas en acceder a la sección 1ª del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura se calcularán en la forma señalada en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. A efectos de comprobación del requisito de ingresos familiares ponderados mínimos y máximos exigidos para acceder a la sección 2ª del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, se tomarán en consideración los ingresos de las personas demandantes, así como de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o registro equivalente, en su caso. Para ello, se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a la declaración presentada en el último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de inscripción en el Registro.

2. A efectos de comprobación del requisito de ingresos familiares ponderados mínimos y máximos exigidos para acceder a la sección 2ª del Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, se tomarán en consideración los ingresos de las personas demandantes, así como de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o registro equivalente, en su caso. Para ello, se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a la declaración presentada en el último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de inscripción en el Registro.

La cuantía resultante se convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a 14 pagas, en vigor durante el período al que se refieran los ingresos evaluados.

En los casos en que hubiera que tomar en consideración los ingresos de dos o más personas físicas, si la cuantía resultante de sumar las cuantías de la base imponible general y del ahorro, referidas en el párrafo primero del presente apartado, de cada una de ellas arrojara un resultado negativo, los ingresos de cada persona interesada se convertirán, por separado, en número de veces el IPREM y se considerará que las cuantías resultantes negativas equivalen a cero veces IPREM, de manera que en ningún caso puedan compensarse cuantías negativas con los ingresos acreditados por otras personas interesadas en el procedimiento. Finalmente, se sumará el resultado de cada conversión.

1. Son obligaciones de las personas demandantes:

2. Las obligaciones señaladas en el apartado anterior serán exigibles desde la presentación de la solicitud de inscripción.

1. Las inscripciones practicadas en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura caducarán a los tres años, a contar desde el día siguiente a la fecha señalada en la disposición adicional única, salvo que las personas interesadas soliciten su renovación dentro de los tres meses anteriores a la finalización de cada plazo de vigencia. A falta de solicitud, la caducidad será automática, y se producirá, sin más trámite, la baja en el Registro.

2. Se exceptúan las inscripciones acordadas en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se produzca la caducidad inicial, o las sucesivas, que se mantendrán hasta la finalización del siguiente plazo de vigencia.

1. Las solicitudes de inscripción, y de renovación y modificación de la inscripción, reguladas en los artículos 15 y 17 respectivamente, se dirigirán a la persona titular del órgano directivo con competencia en materia de vivienda; se ajustarán a los modelos normalizados que figuran en el anexo de la presente norma y que estarán disponibles en el Portal Juntaex.es (http://www.juntaex.es), y se presentarán junto con el resto de los documentos que deben acompañarla:

Las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos se mostrarán en sobre abierto, con objeto de que en las mismas se haga constar el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y el minuto de su admisión.

Para la presentación electrónica de solicitudes las personas interesadas deberán disponer, para la autentificación y firma electrónica de las solicitudes, de DNI electrónico o de certificado electrónico en vigor.

2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o la falta de presentación de la documentación que fuere requerida por la Administración competente para acreditar el cumplimiento de lo declarado, traerá consigo la desestimación de la solicitud.

3. Las previsiones contenidas en los apartados anteriores acerca de la presentación de solicitudes serán igualmente aplicables a la presentación de otros escritos y documentos durante los procedimientos de inscripción, y de modificación y renovación de la inscripción, así como en los procedimientos de control y seguimiento.

4. Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos que se determinen, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.

1. Las solicitudes de inscripción, y de renovación y modificación de la inscripción, reguladas en los artículos 15 y 17 respectivamente, irán acompañadas de la documentación señalada en el artículo 16, sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes.

2. El órgano gestor podrá consultar o recabar de oficio aquellos documentos exigidos en el procedimiento, que hayan sido elaborados por cualquier Administración Pública, salvo que las personas interesadas se opongan a ello o una ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.

3. De conformidad con los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, si la persona interesada ya hubiera aportado anteriormente a cualquier Administración Pública algún documento exigido en el procedimiento de inscripción, y de renovación y modificación de la inscripción, podrá prescindir de su aportación, haciendo constar en el modelo normalizado de solicitud la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, salvo que hubieren transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

El órgano gestor recabará dichos documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informada previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.

4. El modelo normalizado de solicitud posibilitará que las personas interesadas puedan manifestar su oposición expresa o, incluso, su consentimiento expreso, cuando una ley especial aplicable lo requiera, a que el documento de que se trate pueda ser recabado a través de redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. De haber manifestado oposición, las personas interesadas deberán acompañar tales documentos a su solicitud.

5. Si la Administración Pública no pudiera recabar electrónicamente, a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos referidos en los apartados 2 y 3, podrá solicitar su aportación a la persona interesada.

1. El plazo para dictar y notificar la resolución de los procedimientos referidos en el capítulo III es de 3 meses y se computará de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La falta de notificación de resolución expresa, dentro del plazo máximo para resolver, legitima a las personas interesadas para entender estimadas sus solicitudes de inscripción y de renovación o modificación de la inscripción por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En los procedimientos de baja, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa traerá consigo la caducidad del procedimiento, de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 25 de dicha ley. Se exceptúa la baja automática por caducidad, que no precisa requerimiento ni de resolución.

2. Las notificaciones se practicarán por el medio señalado al efecto por la persona interesada en su solicitud.

Las notificaciones electrónicas se practicarán mediante comparecencia en la Sede electrónica asociada a la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, entendiéndose por tal el acceso a su contenido. Adicionalmente a la notificación practicada y con efectos meramente informativos, la persona solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en su solicitud, informándole de la puesta a disposición de la notificación, a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la Sede electrónica asociada. Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas, podrá realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

Las notificaciones electrónicas se practicarán mediante comparecencia en la Sede electrónica asociada a la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, entendiéndose por tal el acceso a su contenido. Adicionalmente a la notificación practicada y con efectos meramente informativos, la persona solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en su solicitud, informándole de la puesta a disposición de la notificación, a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la Sede electrónica asociada. Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas, podrá realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

1. Durante el transcurso del procedimiento de inscripción, y mientras se halle vigente de la inscripción practicada, el órgano directivo competente en materia de vivienda llevará a cabo regularmente o por técnicas de muestreo, actuaciones de comprobación y control para constatar el cumplimiento de requisitos de inscripción o de acceso a la propiedad o arrendamiento de la tipología de vivienda protegida demandada. A tal efecto, podrá:

2. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control traerán consigo la desestimación de la solicitud de inscripción o la baja en el Registro, según los casos.

1. La solicitud de inscripción en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura se ajustará al modelo normalizado referido en el apartado 1 del artículo 11, y respetará las siguientes reglas:

2. Para un mejor cumplimiento de los fines del Registro, las personas interesadas señalarán en el modelo normalizado de solicitud si concurren las siguientes circunstancias:

1. Salvo que las personas demandantes se hubieren opuesto a ello en el modelo normalizado que figura en el anexo de la presente norma, y el resto de las personas que integren su unidad de convivencia no lo hubiesen autorizado expresamente, el órgano directivo competente de materia de vivienda recabará electrónicamente los documentos que seguidamente se relacionan:

En caso de oposición expresa, las personas demandantes deberán presentar, junto con su solicitud, los documentos anteriormente señalados.

2. Salvo que las personas demandantes y el resto de las personas integrantes de su unidad de convivencia no lo hubieren autorizado expresamente en el modelo normalizado de solicitud, el órgano directivo competente en materia de vivienda recabará electrónicamente la información acreditativa del nivel de renta.

No mediando autorización expresa a la consulta de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, deberá presentarse, junto con la solicitud, certificado de renta con código seguro de verificación, expedido por dicho organismo, correspondiente al período impositivo vencido, inmediatamente anterior al de la presentación de la solicitud. A tal efecto también se admitirá la copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) referida a dicho periodo impositivo. En caso de que la persona afectada no estuviere obligada a presentar declaración de IRPF, deberá aportarse certificación acreditativa expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si el órgano directivo competente en materia de vivienda no pudiera recabar electrónicamente los datos del nivel de renta de todas las personas integrantes de la unidad de convivencia, podrá solicitar su aportación a las personas solicitantes.

3. De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 12, las personas demandantes acompañarán al modelo normalizado de solicitud la copia del vigente certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea, o del documento oficial que acredite la residencia legal en España, en su caso.

Las solicitudes de renovación y de modificación de la inscripción en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura y la documentación que debe acompañar a las mismas, se acomodarán a las previsiones contenidas en los artículos 15 y 16. No obstante, la correspondiente solicitud de renovación o de modificación de la inscripción deberá posibilitar que las personas interesadas puedan introducir cambios en la circunstancias y datos manifestados en su solicitud de inscripción.

Son causas de baja en el Registro, las siguientes:

El procedimiento administrativo de baja en el Registro demandantes de vivienda de Extremadura por las causas contempladas en las letras c), d) e) y f) del artículo 18 se iniciará de oficio y su resolución requerirá la previa apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente por plazo de 10 días hábiles. En el caso contemplado en la letra a) de dicho precepto la Administración aceptará de plano la solicitud de baja presentada por la persona demandante, y en el supuesto previsto en la letra b) la baja será automática, sin necesidad de trámite alguno.

Las inscripciones practicadas en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura caducarán, por vez primera, el 30 de junio de 2027, con las salvedades contempladas en el artículo 10. A partir de entonces, la caducidad se producirá a los tres años, en los términos señalados en dicho precepto.

1. Queda derogada la regulación de la tipología de vivienda protegida del Programa Especial que se halle vigente a la entrada en vigor de la presente norma; y en particular se deroga el artículo 83 del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprue­ba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia (DOE número 149, de 2 de agosto de 2013).

A partir de la entrada en vigor del presente decreto toda referencia que los instrumentos de planeamiento; la normativa vigente o cualesquiera actos administrativos hicieren a la tipología de vivienda protegida del Programa Especial se entenderá hecha a la tipología vivienda protegida de régimen especial.

2. Asimismo, queda sin efecto toda referencia normativa al Registro extremeño de vivienda accesible protegida y sus solicitantes, que se entenderá hecha al Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura.

Se modifica el artículo 34 del Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 135/2018, de 1 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 34. Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura.

1. El Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura tiene como finalidad, entre otras, detectar la necesidad de vivienda accesible en los distintos municipios de la Comunidad Autónoma, posibilitando que las personas con movilidad reducida permanente, discapacidad visual o discapacidad auditiva puedan acceder a la reserva de vivienda protegida regulada en el artículo 33.

2. La solicitud de inscripción en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura permitirá que las personas solicitantes puedan autorizar expresamente al órgano directivo competente en materia de vivienda a comunicar a las personas o entidades promotoras de viviendas protegidas de nueva construcción la información esencial de las personas demandantes de vivienda protegida accesible registrados en el municipio donde radiquen las viviendas ofertadas (nombre y primer apellido del primer solicitante; número de teléfono de contacto) y, subsidiariamente, si hubiere demanda insuficiente, en los municipios limítrofes.

3. Las personas o entidades promotoras, asimismo, podrán solicitar al órgano directivo competente en materia de vivienda información acerca del número y la discapacidad que afecta a las personas demandantes de vivienda accesible inscritos en Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura (personas con movilidad reducida permanente, con discapacidad visual o con discapacidad auditiva), dentro en el municipio de que se trate, con el fin de adecuar los proyectos a la reserva de vivienda accesible regulada en el artículo precedente, que deberán respetar en todo caso.

4. La reserva de vivienda accesible producirá efectos hasta la obtención de la calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción. A partir de su expedición, no existiendo en el municipio de que se trate personas demandantes de vivienda protegida accesible inscritas en el Registro e interesadas en las viviendas reservadas, se extinguirá la obligación de reserva, pudiendo acceder a las viviendas cualquier persona interesada .

Se modifica el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Único. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 7, que tendrá la siguiente redacción:

D) Acreditar un período mínimo de residencia continua en el municipio donde radiquen las viviendas de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, o de diez años discontinuos, siempre que la residencia se cumpla el año inmediatamente anterior a la solicitud.

La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es ).

No obstante, la exigencia inscripción en el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, como requisito previo para acceder a las viviendas protegidas señaladas en el artículo 2, empezará a regir y producirá efectos a partir del 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, la referencia que en la presente norma se hace a la familia monoparental empezará a regir y producirá efectos a partir de la entrada en vigor de la Ley estatal que regule su alcance y contenido.

Mérida, 17 de diciembre de 2024.