Junta de Extremadura

La Constitución Española reconoce en su artículo 27 el derecho fundamental de todos a la educación, al tiempo en que establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, encomendando a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por toda la ciudadanía.

En línea con lo anterior, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 7 relativo a los principios rectores de los poderes públicos extremeños, establece en su apartado 11 como una aspiración esencial la más estricta garantía del derecho a la educación. Correlativamente, en su artículo 10.1.4 la norma estatutaria atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, haciendo especial mención, entre otras facultades, al régimen, de las becas con fondos propios.

En desarrollo de las previsiones constitucionales se aprobó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a través de la cual se inició el camino hacia la garantía y el reconocimiento del derecho a una educación básica que garantiza la formación integral y permite el pleno desarrollo de la personalidad. Con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la educación, el sistema educativo a lo largo de sus desarrollos legislativos ha ido estableciendo una serie de principios inspiradores para ofrecer y desarrollar una educación de calidad para todo el alumnado con independencia de sus condiciones personales y sociales.

Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 83 reconoce el derecho de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables a obtener becas y ayudas al estudio.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en el apartado tercero de su artículo 33 recoge la facultad de la Junta de Extremadura para complementar el sistema estatal mediante becas al alumnado y ayudas a las familias con la finalidad de garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación.

Las becas y ayudas al estudio constituyen uno de los instrumentos que contribuyen de forma más eficaz a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades. En este sentido, un colectivo que requiere una especial protección es el del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por requerir una respuesta educativa específica y diferenciada para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

La citada Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en el artículo 22 señala que la Administración educativa garantizará la igualdad efectiva del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el acceso, la permanencia y el ejercicio de sus derechos e impedirá toda discriminación fundada en su condición. Por su parte, el apartado segundo de su artículo 30 contempla la necesaria prestación de atención educativa domiciliaria al alumnado que, por motivos de salud, no pueda acudir a los centros de forma regular, pudiendo establecerse procedimientos de cooperación con otras Administraciones o entidades, públicas o privadas, para garantizar una respuesta educativa adecuada.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional existe el firme compromiso con la dimensión social de la educación, que pretende garantizar, mediante la política de becas y ayudas, que ningún estudiante abandone sus estudios, por motivos económicos, asegurando así la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Es por ello, por lo que, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, de manera habitual y continuada se han venido otorgando anualmente ayudas destinadas a colaborar en los gastos que genera a las familias, la educación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no asociadas a necesidades educativas especiales, o altas capacidades intelectuales, pero que precisa una atención específica que no pueden proporcionarle transitoriamente los centros educativos por no contar con alumnado suficiente que requiera la dotación de recursos profesionales de apoyo educativo específico.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, viene a regular, en el marco de la legislación básica estatal, el régimen jurídico de las subvenciones a otorgar por los entes del sector público autonómico. Asimismo, el artículo 8 de esta ley establece que, con carácter previo al otorgamiento de subvenciones, deberán aprobarse las normas que contengan las bases reguladoras de la concesión, en los términos establecidos en la propia ley.

En su artículo 16 dispone que las bases reguladoras de las subvenciones se establecerán por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de la Abogacía General y de la Intervención General. Dicho decreto podrá contener la primera o única convocatoria.

En relación al procedimiento de concesión de subvenciones, para la línea A Atención logopédica y Línea C: Psicoterapia se utilizará el procedimiento de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica recogido en los artículos 22 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al cual se procederá a la concesión de las subvenciones a aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación previa valoración de las mismas, conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras.

En el caso de la Línea B: Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente se empleará el procedimiento de concesión directa mediante convocatoria previa, según lo dispuesto en los artículos 22 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud del cual las ayudas se irán concediendo conforme se vayan solicitando por los interesados, en base a los requisitos establecidos en la normativa aplicable y siempre que exista crédito presupuestario suficiente.

Las razones de interés público, social y económico que justifican la elección de este procedimiento para la Línea B, se basan en la necesidad de dar una respuesta educativa adecuada a la situación de aquel alumnado que, por razón de convalecencia derivada de enfermedad, podría quedar en desventaja desde un punto de vista escolar y educativo como consecuencia de la asistencia irregular al centro docente y de las posibles consecuencias personales y emocionales que se derivan de la enfermedad. Siendo la Administración la encargada de proporcionar los medios personales y materiales que eviten la situación descrita, encontrándonos ante circunstancias singulares de gravedad, imprevisión y urgencia, que impiden aplicar criterios de prelación de las solicitudes y, por consiguiente, dificultan su convocatoria pública, resulta justificado su tramitación en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, persiguiendo con ello avanzar en la plena inclusión educativa y en la equidad, garantizándose así la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación.

En definitiva a través del conjunto de ayudas recogidas en el presente decreto regulador la administración educativa persigue dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no asociadas a necesidades educativas especiales, o altas capacidades intelectuales, pero que precisa una atención específica, siempre que esté escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de llevar a cabo una intervención integral que no les impida tener acceso a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

De conformidad con la especialidad contenida en el artículo 23.1 de la norma autonómica de referencia en materia de subvenciones, este decreto al tiempo en que establece las bases reguladoras recoge la primera o única convocatoria de las mismas.

Atendiendo a que la presente normativa afecta a los gastos e ingresos públicos futuros, la misma queda supeditada al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como a los principios de presupuesto anual, único y equilibrado consagrados en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

En materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura, a través de estas bases reguladoras se garantiza el derecho del alumnado a ser beneficiario de las ayudas recogidas, al ofrecer apoyo económico para la estabilidad de las familias.

Este decreto viene a derogar el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013 (DOE núm. 54, de 19 de marzo), posteriormente modificado por Decreto 130/2015, de 9 de junio (DOE núm. 113, de 15 de junio) y Decreto 78/2016, de 14 de junio, (DOE núm. 117, de 20 de junio). Con estas nuevas bases reguladoras se pretende una mejor eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos asignados, para lo cual se han incompatibilizado la percepción de las mismas con otras ayudas públicas otorgadas para el mismo fin o con cualquier otra ayuda que, a pesar de tener otro fin, subvencione gastos sufragados con cargo al presente decreto. Así mismo se ha incrementado el plazo de presentación de las solicitudes para con ello facilitar su presentación. Con el fin de ayudar a las familias ante el incremento del coste de las terapias de los profesionales, se incrementan las cuantías individualizadas de las ayudas y se establece una nueva tabla de niveles de renta de la unidad familiar en función del número de miembros, homogeneizando en este sentido los umbrales de renta con las demás ayudas educativas gestionadas por el EPESEC.

El presente decreto de bases reguladoras se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, dado que es de interés general para nuestra región llevar a cabo una intervención integral que permita al alumnado de enseñanzas obligatorias matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de nuestra comunidad autónoma tener acceso a una educación de calidad en condiciones de igualdad, entendiéndose que es el decreto el instrumento jurídico más adecuado para garantizar su consecución.

Aparte de ello, es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.

Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta iniciativa es coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación, sustanciándose en el procedimiento los correspondientes trámites de consulta pública y presentación de sugerencias, así como de audiencia e información pública, en orden a que cualquier persona física o jurídica, pudiera examinar y alegar lo que estimase oportuno.

Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, esta norma establece criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de estas ayudas, persiguiendo con ello una correcta utilización de los recursos públicos.

Por otra parte, en materia de duración del procedimiento, el artículo 40 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura (DOE núm. 146, de 29 de julio), establece que, como regla general, el plazo máximo de notificación de la resolución en todos los procedimientos de competencia de los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica será de tres meses, computados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal. Excepcionalmente, podrá establecerse de forma motivada un plazo superior.

En este sentido, el presente decreto se acoge a la excepcionalidad que permite el precepto citado, puesto que concurren circunstancias que así lo justifican, al tratarse de un conjunto de ayudas que constan de una serie de fases, entre las que se encuentran la remisión de solicitudes, la comprobación de los requisitos, las posibles subsanaciones, la emisión según los casos de certificados oficiales justificativos de la solicitud, además de la necesaria tramitación en el sistema contable para dictar resolución de concesión. Todos estos trámites de obligado cumplimiento se dilatan en el tiempo, por un lado, debido al gran volumen de solicitudes que concurren a este tipo de ayudas y, por otro, por la necesidad de trasladar consultas a los organismos correspondientes a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

Conforme a lo anterior, establecer un plazo de tres meses resultaría previsiblemente insuficiente para resolver los procedimientos y notificar la resolución, con la consecuencia añadida de que el agotamiento del plazo haría entender a los interesados, que su solicitud ha sido desestimada, sin que realmente esta fuera la finalidad pretendida por la Administración. Por todo ello, resulta necesario acogerse a la citada excepcionalidad, estableciéndose un plazo de seis meses para la resolución y notificación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 36.f) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con los artículos 16 y 22 a 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 17 de diciembre de 2024,

1. El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de atención logopédica, de apoyo educativo domiciliario y de psicoterapia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se encuentre matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Al propio tiempo se aprueba la primera convocatoria de las ayudas anteriormente relacionadas para el curso escolar 2024-2025.

2. El alumnado que resulte beneficiario de las ayudas debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 de este decreto.

Las ayudas a que se refiere el presente decreto se regularán, además de por lo dispuesto en esta norma, por las previsiones contenidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma vigente en cada periodo, en lo referente a la regulación que la misma haga de las subvenciones, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y por lo dispuesto en las demás normas concordantes en materia de subvenciones públicas.

Las líneas de ayuda son las siguientes:

1. Se considerarán gastos subvencionables los honorarios del profesional que realiza la atención especializada en logopedia o psicoterapia, o que presta el apoyo educativo domiciliario, durante el curso escolar correspondiente a la convocatoria.

2. No serán subvencionables los gastos de desplazamiento ni las dietas.

Las subvenciones establecidas en las presentes bases se financiarán hasta el límite que se fije en cada convocatoria anual, con fuente de financiación fondos de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la partida presupuestaria que a tal efecto se establezca en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y su concesión estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en cada anualidad.

1. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de la ayuda solicitada, el alumnado que, en virtud de resolución administrativa de concesión, reúna con carácter previo los siguientes requisitos:

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas solicitantes que se encuentren incursas en algunas de las circunstancias previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en su caso, incumplan los requisitos previstos en el presente decreto.

1. Para la valoración de las solicitudes de la Línea A y de la Línea C se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

2. En el caso particular de la Línea A, además se tendrá en cuenta:

3. En el caso concreto de la Línea C, además se tendrá en cuenta:

4. La valoración de las solicitudes de la Línea B quedará sujeta a la verificación del cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos en el artículo sexto de estas bases reguladoras, siempre que exista crédito presupuestario.

1. Respecto a la cantidad máxima a percibir por cada beneficiario, esta será:

2. En el caso de las Líneas A y C, la cuantía asignada se calculará proporcionalmente a los puntos obtenidos, multiplicando la puntuación obtenida por cada persona beneficiaria por la cuantía resultante de dividir el crédito disponible en cada convocatoria por el número de puntos totales asignados a las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las ayudas estarán sometidas a las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en sus distintos apartados, y estarán obligadas además a:

1. El procedimiento de concesión de las ayudas, correspondientes a la Línea A, se tramitará por el procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, dentro del límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo 7 de la presente normativa reguladora.

2. El procedimiento de concesión de las ayudas, correspondientes a la Línea B, se tramitará mediante el procedimiento de concesión directa en convocatoria abierta, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por motivos de interés público, en concreto, para asegurar el derecho a la educación y buscar el éxito de todo el alumnado de la comunidad educativa extremeña, respecto de aquel alumnado que por motivos de salud no pueda acudir a los centros de forma regular, tratándose al mismo tiempo de un deber impuesto a la Administración en virtud de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

3. El procedimiento de concesión de las ayudas previstas para la Línea C se tramitará por el procedimiento de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, dentro del límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo 7 de la presente normativa reguladora.

1. Las solicitudes se formalizarán según el modelo normalizado que se acompaña como anexo I a las presentes bases reguladoras, que podrá ser actualizado en futuras convocatorias, e irán dirigidas al Director General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.

2. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el servicio gestor recabará de oficio y electrónicamente los certificados e información que a continuación se indican, con el fin de realizar las consultas y comprobaciones oportunas, salvo que el interesado se opusiera a ello marcando con una x en el apartado correspondiente del modelo normalizado de solicitud (anexo I), debiendo en tal caso, presentar la documentación que se relaciona a continuación:

3. En caso de que la persona interesada se oponga expresamente a la consulta de datos, marcando la correspondiente casilla de su solicitud, o cuando excepcionalmente la Administración no pudiera recabar los documentos necesarios para la tramitación del procedimiento de otorgamiento de la ayuda correspondiente, la persona solicitante será requerida para que aporte la información necesaria. Las certificaciones que justifican estar al corriente en las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y no tener deudas con la Hacienda Autonómica tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición, salvo que reglamentariamente se establezca otro plazo.

4. El modelo de solicitud incluirá una declaración responsable de que la persona solicitante no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

2. Las personas interesadas que soliciten las ayudas de la Línea A y/o C deberán aportar, además:

3. Las personas interesadas que soliciten las ayudas de la Línea B deberán aportar, además:

4. Las personas interesadas que soliciten las ayudas de la Línea C deberán aportar, además de la documentación del anterior apartado 1, un informe expedido por el facultativo competente del sistema sanitario correspondiente que especifique que el alumno necesitará tratamiento psicoterapéutico durante todo o parte del curso escolar en que sea solicitada dicha ayuda.

5. Si la documentación exigida para la tramitación de la ayuda ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, no estará obligado a presentar la documentación siempre que haga constar en el modelo normalizado de solicitud (anexo I), la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se podrán presentar:

2. Los interesados que utilicen medios electrónicos deberán disponer, para la autenticación y para la firma electrónica, de DNI electrónico o de certificado electrónico en vigor; si no dispone de ellos, las direcciones electrónicas donde se dan las instrucciones para ello y su obtención son las siguientes:

3. La gestión y operativa de tramitación electrónica se ajustará en todo caso a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano gestor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión será la Unidad Económico-Administrativa de la Dirección General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la información, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución que se ajustará a las bases reguladoras, que formulará la correspondiente propuesta de resolución, con la colaboración de los centros docentes donde se encuentre escolarizado el alumnado solicitante de la ayuda.

2. Para la valoración y selección de las solicitudes presentadas para la Línea A y/o Línea C, se constituirá una Comisión de Valoración, con la siguiente composición:

3. Los nombramientos serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura

4. La Comisión de valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en el capítulo III del título V de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tendrá las siguientes atribuciones:

5. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración elaborará un informe en el que concretará el resultado de dicha evaluación, al que se adjuntará tanto la relación del alumnado que cumpla los requisitos para la concesión de la ayuda con indicación del importe a conceder como de aquel alumnado que no la cumpla, con indicación de los motivos de denegación.

6. Para la valoración de las solicitudes presentadas para la Línea B, conforme a lo prevenido en el apartado tercero del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al tratarse de ayudas que, siempre que exista crédito presupuestario, se conceden exclusivamente en atención a la concurrencia de determinados requisitos o criterios establecidos en las bases reguladoras, no será necesaria la constitución de una Comisión de Valoración, sin perjuicio de que para el estudio del expediente se pueda requerir toda la información, documentación y colaboración que se estime necesaria. La propuesta debidamente motivada de la concesión se formulará por el órgano instructor al órgano concedente.

1. Para las Líneas A y C, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, o en su caso previa valoración del cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos en las bases reguladoras, según corresponda, el órgano instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución al Director General de Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios que dictará la resolución que proceda. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de valoración.

2. La resolución del procedimiento se notificará individualmente a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura (https://doe.juntaex.es/ ), para la Línea A y para la Línea C, o desde la fecha en que la solicitud del interesado tuvo entrada en el registro correspondiente en los supuestos de la Línea B.

4. No será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, (https://doe.juntaex.es/), en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura

1. La persona beneficiaria deberá justificar la aplicación de la subvención concedida mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente que se indica a continuación:

2. La persona beneficiaria deberá justificar las cantidades percibidas correspondientes al primer abono de la ayuda durante el mes siguiente a la notificación de concesión.

1. Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención las siguientes circunstancias:

2. La modificación podrá instarse de oficio o en virtud de solicitud de la persona beneficiaria.

3. La modificación de la resolución será notificada a la persona beneficiaria.

1. El abono de las ayudas se realizará en dos pagos. El primer pago del 80% de la ayuda se realizará tras la firma de la resolución de concesión. El segundo pago del 20% se realizará una vez justificado el gasto del primer pago.

2. Cuando la atención especializada o el apoyo educativo se inicien en el primer trimestre del curso escolar de la correspondiente convocatoria, el primer pago de las ayudas se realizará una vez firmada la resolución de concesión, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo presentar la justificación para que se proceda a realizar el segundo pago en el plazo previsto en el artículo 16. El segundo pago se realizará una vez justificado el primero.

3. Si el tratamiento se realizara en cualquier otro periodo distinto del primer trimestre del curso escolar, el primer pago se efectuará a la concesión de la ayuda, debiendo presentarse la justificación para que se proceda a realizar el segundo pago en el plazo previsto en el artículo 16 de las presentes bases reguladoras. El segundo pago se realizará una vez justificado el primero.

4. El órgano gestor con carácter previo al abono de las ayudas comprobará que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como en materia de reintegro de subvenciones.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se exime a las personas beneficiarias de la presentación de garantías por el pago anticipado de las ayudas.

Las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes bases reguladoras serán incompatibles con cualquiera otra ayuda pública otorgada para el mismo fin, o con cualquier otra ayuda, que, a pesar de tener distinto fin, subvencione gastos sufragados con cargo al presente decreto.

1. Se producirá la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación, o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o cuando en el curso para el que se concede la ayuda se dote al centro educativo en el que esté matriculada la persona beneficiaria, de un recurso personal especializado que pueda dar la atención educativa específica necesitada, o si se recibiese apoyo educativo domiciliario con recursos propios de la administración educativa.

2. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, el órgano concedente dictará resolución del procedimiento para exigir de la persona beneficiaria el reintegro de las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses de demora, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro establecidos legalmente en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

3. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por la persona beneficiaria, respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se considerará que el incumplimiento es parcial cuando las acciones acreditadas y los costes justificados alcancen, al menos, el 60 % de la actividad subvencionada. Por debajo de este porcentaje el incumplimiento será declarado total.

4. En el supuesto de que durante el curso escolar para el que se concede la ayuda, se dotase al centro educativo en el que está matriculada la persona beneficiaria, de un recurso personal especializado que pueda dar la atención educativa específica que necesita, o se recibiera apoyo educativo domiciliario con recursos propios de la administración educativa, el reintegro se efectuará en proporción al tiempo en que se disfrutó del servicio sin existir en el centro en que cursa estudios tales recursos prestados por la propia administración educativa.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Publica de Extremadura.

1. Objeto.

2. Personas beneficiarias.

3. Actuaciones subvencionables.

4. Gastos subvencionables.

5. Financiación.

6. Criterios de valoración.

7. Cuantía de la ayuda.

8. Procedimiento de concesión.

9. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

10. Ordenación e instrucción.

11. Resolución.

12. Medios de notificación, información y publicidad.

13. Pago de las ayudas.

14. Justificación.

15. Eficacia y recursos.

Queda derogado expresamente el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013, así como las posteriores modificaciones del mismo, contenidas en el Decreto 130/2015, de 9 de junio, y Decreto 78/2016, de 14 de junio.

Se faculta a la persona titular de la Presidencia del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios para dictar cuantos actos resulten necesarios para el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en el presente Decreto.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación y la de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es ).

Mérida, 17 de diciembre de 2024.

Subir ^