Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 23 de diciembre de 2024, el Convenio de Encomienda de Gestión entre la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, para la realización de actividades de carácter material y técnico a través de las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 7 de enero de 2025.

Mérida, 23 de diciembre de 2024.

De una parte, Don Manuel Martin Castizo, en su condición de Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto de la Presidenta 24/2023, de 20 de julio (DOE núm. 140, de 21 de julio); de conformidad con lo establecido en el Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (DOE Extraordinario núm. 3 de 16 de septiembre); de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE número 35, de 26 de marzo), que establece la competencia para la firma de convenios; y de acuerdo con la autorización para proceder a la firma del presente convenio, evacuada por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2024.

Y, de otra parte, D. Miguel Ángel Morales Sánchez, en su condición de Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, nombrado en sesión constitutiva celebrada en fecha 1 de julio de 2023, con facultades de intervención en este acto en virtud de la competencia que le confiere el artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre de 2024.

Actuando en el ejercicio de sus cargos y en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad necesaria para obligarse en los términos del presente convenio, y en su virtud,

I. El artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva sobre la materia de vivienda, correspondiendo su ejercicio a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, a tenor de lo previsto en el artículo 2 del Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

II. El artículo 5 del Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, atribuye a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, las competencias en materia de vivienda.

III. El Real Decreto 106/2018, de 9 marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE número 61, de 10 de marzo), establece diversos programas de ayudas a actuaciones protegidas en materia de vivienda para el período cuatrienal que menciona. De conformidad con lo dispuesto en su artículo 5.2, corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Plan, así como la gestión del abono de las subvenciones, una vez se haya reconocido por dichas Administraciones el derecho de los beneficiarios a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en el Real Decreto para cada programa, y según lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración.

IV. La Orden de 15 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE número 137, de 19 de julio), establece el procedimiento de concesión de las subvenciones de los distintos programas, los requisitos específicos que deberán reunir los beneficiarios, la documentación que deben acompañar a su solicitud, la cuantía y el abono de la ayuda pública y las obligaciones que incumben a los que resulten ser beneficiarios de la misma, respetando, en todo caso, la normativa estatal aplicable. De dicha norma y del Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se extrae que será la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana el órgano competente para la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Plan, así como para la gestión del abono de las subvenciones.

V. El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, establece diversos programas de ayudas a actuaciones protegidas en materia de vivienda para el nuevo período cuatrienal a que se refiere. Los artículos 4.2 y 21.2 del Real Decreto atribuyen a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas reguladas en los Títulos I y II de la norma, así como la gestión del abono de las subvenciones, debiendo respetarse en todo caso las condiciones y límites establecidos en el real decreto y lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración.

VI. La Orden de 13 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones contempladas en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE número 180, de 19 de septiembre) establece el procedimiento de concesión de las subvenciones de dicho Plan Estatal, los requisitos de acceso a la ayuda; la solicitud y la documentación que debe acompañarla; la cuantía y el abono de la ayuda pública y las obligaciones de las personas y entidades beneficiarias. De conformidad con dicha norma y con el Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana asumirá la competencia de gestión en dicho ámbito.

VII. El proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura y se modifican el Decreto 135/2018, de 1 de agosto y el Decreto 115/2006, de 27 de junio, es un proyecto normativo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó tomarlo en consideración y derivarlo a la Comisión Jurídica en su sesión de 3 de septiembre de 2024.

VIII. El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 75 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecen que la realización de actividades de carácter material y técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

IX. El artículo 37.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto, las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades Autónomas.

X. Es de interés de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura impulsar el desarrollo de actuaciones en materia de vivienda en entornos rurales.

XI. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda dispone de oficinas propias de ámbito territorial reducido en las localidades de Navalmoral de la Mata, Coria, Plasencia, Trujillo y Cáceres, que comprenden los siguientes ámbitos territoriales:

XII. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura no dispone de medios materiales y humanos idóneos para realizar, en el resto del ámbito rural de la provincia, determinadas actividades de carácter material y técnico relacionadas con los procedimientos de concesión de subvenciones y de registro de demandantes regulados en la normativa señalada, y que se concretan en la Estipulación Tercera, todas las cuales son competencia de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana.

En virtud de lo expuesto, ambas Administraciones deciden suscribir el presente convenio de encomienda de gestión, el cual se regirá de acuerdo con las siguientes

Mediante el presente convenio, se encomienda a la Diputación Provincial de Cáceres la realización de las actividades de carácter material y técnico relacionadas en la Estipulación Tercera, mediante el empleo de oficinas propias o concertadas con las Mancomunidades, que actuarán en el ámbito provincial que no cubren las oficinas propias de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura referidas en el expositivo XI (Oficinas Comarcales de Navalmoral de la Mata, Coria, Plasencia, Trujillo y Cáceres).

1. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aportará la cantidad global de 350.000,00 € (trescientos cincuenta mil euros), que se imputarán a la aplicación presupuestaria 160020000 G/261A/22799 CAG0000001 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura con la siguiente distribución de anualidades:

2. Los gastos de personal financiables con cargo al presente convenio, ascenderán a 305.000,00 €. En todo caso, se respetarán las siguientes reglas:

3. Los gastos de mantenimiento de las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda, financiables con cargo al presente convenio, ascenderán a 45.000 € y serán los siguientes:

4. Se considerarán justificables los gastos que se hayan producido y devengado en la anualidad correspondiente.

5. Los gastos que se hallen debidamente justificados deberán hallarse, en todo momento, a disposición de los servicios de la Consejería y de la Intervención General de la Junta de Extremadura, para su comprobación.

6. Si el coste de la actividad desplegada por la Diputación Provincial de Cáceres, en ejecución del presente convenio, fuese inferior a la cuantía máxima prevista en el mismo, se minorará dicha cuantía en la proporción correspondiente, sin que ello suponga una causa de incumplimiento. La Diputación Provincial de Cáceres deberá comunicar tal circunstancia a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana.

1. Las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda llevarán a cabo actividades de carácter material y técnico señaladas en el apartado 2 en relación con los siguientes programas:

2. Las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda desarrollarán las siguientes actividades de carácter material y técnico, en relación con los procedimientos de registro y de concesión de las ayudas de los programas señalados en el apartado anterior, que se hubieren iniciado, se inicien o pretendan iniciarse en su ámbito territorial, siendo responsabilidad de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material y técnica objeto de encomienda:

3. Asimismo, las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda desarrollarán las siguientes actividades de carácter material y técnico:

4. La Diputación Provincial de Cáceres y las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda tendrán la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

1. La Diputación Provincial asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

2. Corresponderá a la Diputación Provincial de Cáceres:

A) Abono de la cuantía del convenio.

B) Justificación.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio y de los compromisos adquiridos en su virtud, se acuerda la constitución de una Comisión de Seguimiento del convenio.

La Comisión de Seguimiento se constituirá dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos el presente convenio.

La Comisión será paritaria y estará integrada por:

La Comisión se reunirá durante la vigencia del convenio, de forma presencial o a distancia, a solicitud de cualquiera de las partes. A las reuniones podrán asistir, como asesores, 2 técnicos que cada parte estime convenientes, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar. En caso de que un representante no pudiera asistir a la reunión, se designará a un sustituto o delegará su voto en otro miembro de la Comisión.

Las funciones de la Comisión serán:

Las partes, de común acuerdo, podrán modificar las estipulaciones previstas en este convenio mediante adenda, siendo necesaria, para su eficacia, la realización de los mismos trámites que para su aprobación, requiriéndose el acuerdo unánime de los firmantes.

El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2025, fecha en la que surtirá efectos y empezará a regir la encomienda de gestión que constituye su objeto. El convenio mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de que pueda ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes. La prórroga expresa del convenio deberá acordarse dentro de los tres meses anteriores a su vencimiento, siendo admisible tres prórrogas:

En el supuesto de que las partes no acordaran alguna de las prórrogas, la vigencia del convenio se extenderá hasta el día 31 de marzo de la anualidad siguiente que corresponda, tras la fecha de finalización del plazo de justificación establecido en la letra A) 2º de la estipulación quinta.

Este convenio se extinguirá por el cumplimiento de todos los compromisos asumidos o por incurrir en cualquiera de las siguientes causas de resolución:

En este caso, cualquiera de las partes podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en un determinado plazo las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la comisión de seguimiento del convenio.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, en cuyo caso, las partes intervinientes, a través de la comisión de seguimiento, determinarán las condiciones para la finalización y el pago de los trabajos que se hallaren en ejecución. Además, la resolución del convenio por esta causa conllevará la compensación o indemnización de los perjuicios causados a la parte que hubiere cumplido los compromisos adquiridos, que podrá ser reclamada en vía administrativa o contencioso-administrativa.

Los criterios para determinar la indemnización por el incumplimiento se fundamentarán en el importe de las actuaciones ejecutadas por la parte que sí hubiere cumplido, más el interés legal de demora, desde el momento en que fuere exigible su pago hasta su efectivo cumplimiento.

Tal y como establece la regla 69 de Orden de 17 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, al tratarse de una tramitación anticipada de gasto, la validez y efectos de este convenio queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2025 que se apruebe por la Asamblea de Extremadura.

1. El presente convenio tiene naturaleza interadministrativa y se enmarca en las encomiendas de gestión reguladas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y artículo 75 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Su objeto está excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según previene su artículo 6, aplicándose, no obstante, los principios de esta para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

3. El presente convenio cumple con las previsiones del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto a mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe este convenio en el lugar y la fecha indicados en su encabezamiento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Que de la información que obra en las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda se desprende que las personas solicitantes cumplen los requisitos y las condiciones señaladas en las bases reguladoras y en la convocatoria para acceder a las ayudas pretendidas, salvo el requisito de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda de la Comunidad Autónoma y en sus obligaciones frente a la Seguridad Social, que se acreditará como, seguidamente, se hace constar.

Previamente a la propuesta de concesión de la ayuda, el Servicio de Gestión de Ayudas de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda deberá constatar y acreditar documentalmente que las personas solicitantes se hallan al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Seguridad Social y que no tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma - artículos 12, 13.1 b) y 13.1 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura-.

Que, de la información que obra en las Oficinas Técnicas Comarcales de Vivienda, se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos y las condiciones señaladas en la bases reguladoras y en la resolución de concesión, para que pueda procederse al abono de la subvención reconocida, salvo el requisito de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda de la Comunidad Autónoma y en sus obligaciones frente a la Seguridad Social, que se acreditará como, seguidamente, se hace constar.

Previamente a la resolución de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, el Servicio de Gestión de Ayudas de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda deberá constatar y acreditar documentalmente que los beneficiarios se hallan al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Seguridad Social y que no tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma -artículos 12, 13.1 b) y 13.1 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura-.

Interventor/a de la Diputación Provincial de Cáceres,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, al amparo de lo establecido en las estipulaciones del convenio.

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