Junta de Extremadura

La sentencia n.º 107/2025, de fecha 5 de septiembre de 2025, dictada por el Juzgado n.º 1 de Mérida, en el PA 8/2025, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª M.ª Ángeles Díaz Gallego contra la resolución inicial del Director Gerente del SES desestimatoria por silencio administrativo y que posteriormente fue resuelto mediante Resolución de fecha 5 de diciembre de 2024, en relación al recurso de reposición planteado por la demandante contra la Resolución de 19 de junio de 2024, de dicha Dirección Gerencia, por la que se hizo pública la relación definitiva de puntuación de méritos en el proceso selectivo de estabilización por el sistema excepcional de concurso, convocado por Resolución de 20 de diciembre de 2022, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas en la categoría de Grupo Auxiliar de Función Administrativa en las instituciones sanitarias del SES, y finalmente contra la Resolución de fecha 27 de enero de 2025, del Director Gerente del SES, por la que se desestima expresamente el recurso de reposición mencionado.

La sentencia firme n.º 16/2026, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, estima el recurso de apelación interpuesto por D.ª M.ª Ángeles Díaz Gallego contra la sentencia n.º 107/2025, de 5 de septiembre de 2025, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, revocando por ello la sentencia n.º 107/2025, de fecha 5 de septiembre de 2025, dictada por el Juzgado n.º 1 de Mérida, en el PA 8/2025.

El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece: Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado .

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano competente realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial, dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia. Asimismo, el artículo 9.3 del mencionado decreto establece que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al menos los datos del demandante y demandado, el número de autos y el contenido del fallo, con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, esta Dirección Gerencia,

Estimar el recurso interpuesto por D.ª Petra Aranda Téllez, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D.ª M.ª Ángeles Díaz Gallego, bajo la dirección letrada de D.ª M.ª Angeles Calzadilla Gamero contra la sentencia n.º 107/2025, de fecha 05/09/2025, dictada por el Juzgado n.º 1 de Mérida, en sus autos de PA 8/2025, que revocamos, acordando concederle 85000 puntos en total, conforme al autobaremo, valorando la tutorización del alumnado del ciclo formativo, dentro de actividades docentes, con una puntuación de 5,000 puntos, todo ello, con los efectos inherentes a esta declaración y con imposición de costas a la administración demandada con el límite establecido

Los efectos administrativos del presente nombramiento serán los mismos que le hubiesen correspondido.

en el caso haber tomado posesión según lo dispuesto en la Resolución de 27 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOE n.º 1, de 2 de enero de 2025), por la que se nombró personal estatutario fijo a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, es decir a partir del 16 de enero de 2025.

La falta de incorporación a la plaza siempre y cuando sea imputable a la interesada y no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo, quedando sin efecto su nombramiento.

Mérida, 20 de mayo de 2026.