Junta de Extremadura

Vista la propuesta de la Diputación de Badajoz, de reclasificación del puesto de Oficial Mayor, como puesto de trabajo reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación nacional, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas,

Previamente a la reclasificación solicitada, con fecha 16 de julio de 2025, esta Dirección General aprobó dar publicidad a la convocatoria y bases para la provisión del puesto de trabajo de Oficialía Mayor, clase primera, de la Diputación Provincial de Badajoz, reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, Categoría Superior, Subgrupo A1, por el sistema de libre designación.

Dicha convocatoria fue publicada íntegramente en el Diario Oficial de Extremadura de fecha 23 de julio de 2025, y en extracto, mediante Resolución de 24 de julio de 2025, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el Boletín Oficial del Estado núm. 186, de fecha 4 de agosto de 2025.

Mediante Decreto de fecha 17 de septiembre de 2025, se resolvió el procedimiento de selección, declarándose desierto el puesto de Oficialía Mayor convocado, al no haberse presentado solicitudes de funcionarios interesados en la provisión del mismo.

Posteriormente, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2025, de la Dirección General de la Función Pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 296, de fecha 10 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-25173), se dio publicidad oficial a la declaración de desierta de la referida convocatoria.

El artículo 92.bis, en su apartado 1, califica como funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación.

De conformidad con el apartado cuarto del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, el Gobierno mediante real decreto regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que atribuye a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, la competencia para clasificar los puestos reservados a esta clase de funcionarios, conforme a los criterios establecidos en su capítulo II así como la anotación referente a la clasificación de los mismos en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, en relación con los puestos de colaboración, dispone:

También debe considerarse que la propuesta no contradice y respeta los criterios que para este tipo de puesto establece el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Respecto de la libre designación el artículo 45 del citado real decreto señala que en el expediente se acreditará la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la adopción de este sistema de provisión, en relación con el contenido del puesto de trabajo correspondiente, el carácter directivo del mismo, con arreglo a la legislación estatal del régimen local y su especial responsabilidad.

En este supuesto el reglamento orgánico de la Diputación viene a calificar el mismo como personal directivo en su artículo 26.2, y con funciones que entrañan especial responsabilidad y cuyo contenido justifican el sistema excepcional de la libre designación.

A mayor abundamiento hay que indicar que en la reclasificación propuesta por Diputación la forma de provisión permanece inalterable, la cual ya fue autorizada por esta Dirección General, con idénticas funciones que se mantienen en el puesto.

Por tanto, dictada resolución de reclasificación por el órgano autonómico competente, y publicada en el diario oficial, se procederá a efectuar la anotación correspondiente.

Vista la propuesta de resolución favorable del Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 90/2026, de 12 de mayo, esta Dirección General Administración Local,

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán interponerse, en los términos que se indican, los recursos siguientes:

Los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo correspondiente, en los términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la citada ley. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado a partir del días siguiente a su publicación, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Mérida, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previsto en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello de conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 27 de mayo de 2026.