Junta de Extremadura

Vista la propuesta de la Diputación Provincial de Badajoz de clasificación del puesto denominado Adjunto la Secretaría General, como puesto de trabajo necesario, reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación nacional, Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas

Respecto a la petición de clasificación consta en el expediente la siguiente documentación:

El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, en su apartado 1, califica como funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación.

De conformidad con el apartado cuarto del citado artículo 92.bis, el Gobierno mediante real decreto regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que atribuye a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, la competencia para clasificar los puestos reservados a esta clase de funcionarios, conforme a los criterios establecidos en su capítulo II, así como la anotación referente a la clasificación de los mismos en el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.

En consecuencia, el puesto de Adjunto a la Secretaría General es un puesto de colaboración de la Diputación de Badajoz, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, subescala secretaria, y que, conforme al artículo 26.2 del Reglamento Orgánico de dicha entidad local, tiene la consideración de órgano directivo:

Conforme al artículo 27 del Reglamento Orgánico tendría las siguientes funciones directivas profesionales de carácter ejecutivo:

Además de las anteriores, y conforme a la certificación expedida por el Secretario General de la Corporación de fecha 9 de diciembre de 2025, el puesto tiene atribuidas otra serie de funciones, a ejercer bajo la supervisión y dirección del titular de la Secretaría General, que acreditan indubitablemente su carácter directivo y de especial responsabilidad.

La denominación y características del puesto ha quedado reflejada en la relación de puestos de trabajo y en la plantilla de personal en virtud de las modificaciones puntuales tramitadas a estos efectos, dando cumplimiento al artículo 6.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación con el 45.2 del mismo cuerpo legal.

La propuesta formulada por la Diputación no contradice y respeta los criterios reseñados anteriormente para este tipo de puesto.

Respecto de la libre designación el artículo 45 del citado real decreto señala que en el expediente se acreditará la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la adopción de este sistema de provisión, en relación con el contenido del puesto de trabajo correspondiente, el carácter directivo del mismo, con arreglo a la legislación estatal del régimen local y su especial responsabilidad.

En este supuesto y, como ya se ha indicado, el Reglamento Orgánico de la Diputación viene a calificar el mismo como personal directivo en su artículo 26.2, con funciones que entrañan especial responsabilidad y cuyo contenido justifican el sistema excepcional de la libre designación.

Además de lo anterior, la elección de la libre designación viene motivada por la Diputación en su potestad de autoorganización, en base al contenido funcional del puesto, y fundamentado en lo dispuesto en su vigente Reglamento Orgánico que reconoce expresamente la condición de órganos directivos de la Diputación a los puestos de colaboración con la Secretaría General .

Por tanto, resuelta la creación del puesto por la entidad local y dictada resolución de clasificación por el órgano autonómico competente, y publicada en el diario oficial, se procederá a efectuar la anotación correspondiente.

Vista la propuesta de resolución favorable del Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 90/2026, de 12 de mayo, esta Dirección General Administración Local

Los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo correspondiente, en los términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la citada ley. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado a partir del días siguiente a su publicación, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Mérida, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previsto en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello de conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas.

Mérida, 18 de junio de 2026.