Junta de Extremadura

En el Diario Oficial de Extremadura n.º 208, de 24 de octubre, se publicó el Decreto 127/2024, de 8 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar del alumnado escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria para el curso escolar 2024/2025.

A través de estas ayudas se ha pretendido hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades en Educación, al poner en marcha una medida de carácter compensador para que la diferencia y desventaja social o cultural de la que parte determinado alumnado no acabe convirtiéndose en desigualdad educativa. Se trata pues de crear condiciones de equidad para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades, prestándoles los apoyos necesarios para lograr el éxito. Dado el carácter rural y diseminado de la población extremeña, existe alumnado que, por diversas circunstancias, no puede hacer uso de estos servicios, contrata­dos de forma globalizada por la Comunidad Autónoma, por lo que tienen que recibir ayuda individualizada para sufragar los gastos derivados de su disfrute.

La experiencia adquirida en la gestión de la ayuda durante el tiempo transcurrido desde su aprobación ha puesto de manifiesto una serie de necesidades para mejorar la calidad y eficacia de la misma. Se modifica la redacción del requisito relativo a la escolarización de las personas beneficiarias en la modalidad de comedor escolar con el fin de adecuarlo a la realidad del sistema educativo y al ámbito de aplicación de estas ayudas.

Por una parte, se suprime la referencia al programa experimental Aula Dos, al haber dejado de responder a la organización actual de las enseñanzas, sustituyéndose por la referencia a las aulas de 1-2 años, conforme a la implantación de estas en los centros educativos.

Por otra parte, se eliminan las referencias a la Enseñanza Obligatoria para las ayudas de comedor escolar, al no formar parte del colectivo destinatario de estas ayudas.

Igualmente se concretan aspectos relativos a la adscripción de centros en relación con las zonas de escolarización. La experiencia acumulada en la aplicación de la normativa vigente ha puesto de manifiesto la conveniencia de sustituir la referencia al centro de adscripción como elemento determinante para el acceso a las ayudas por la consideración de la zona de escolarización como ámbito territorial de referencia. Esta modificación responde a la necesidad de adaptar la regulación a la organización actual de la oferta educativa y a los principios que rigen los procedimientos de admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos.

En efecto, si bien la adscripción entre centros constituye un instrumento dirigido a garantizar la continuidad de las enseñanzas entre las distintas etapas educativas, su configuración responde a una finalidad específica que no siempre coincide con la planificación territorial de la escolarización. Por el contrario, la zona de escolarización constituye el ámbito territorial sobre el que se ordena la oferta educativa, se distribuyen los recursos disponibles y se articula el ejercicio del derecho de las familias a elegir centro docente dentro del marco establecido por la normativa aplicable.

La vinculación de los centros sostenidos con fondos públicos a sus respectivas zonas de escolarización permite disponer de un criterio objetivo, homogéneo y coherente con la planificación educativa, favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos públicos y una adecuada distribución del alumnado entre los distintos centros docentes. Asimismo, dicha vinculación proporciona una mayor seguridad jurídica en la determinación de las situaciones protegidas por esta norma, al sustentarse en delimitaciones territoriales previamente definidas y conocidas por la ciudadanía.

Todo ello se articula respetando el derecho de las familias a la posibilidad de libre elección de centro, el cual se ejerce de manera efectiva mediante la opción de solicitar cualquier centro de los ubicados en su zona de escolarización. Si bien, para las ayudas de transporte escolar la zona de escolarización se mantiene la limitación al domicilio familiar.

La exigencia del certificado colectivo de empadronamiento responde a la necesidad de disponer de un medio acreditativo objetivo y actualizado de la composición de la unidad familiar o de convivencia, así como de la residencia efectiva de sus miembros en un mismo domicilio. Dicha información resulta esencial para la adecuada gestión, tramitación y control de las ayudas reguladas en estas bases.

Por último, en relación con las ayudas de comedor, partiendo de la regla general que establece el domicilio familiar o el domicilio laboral como criterios determinantes para la admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, la presente norma introduce la necesidad de que cuando las personas interesadas opten por acogerse al domicilio laboral, deberán acreditar de forma fehaciente dicha circunstancia.

En la elaboración de este decreto se han tenido en cuenta las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, que en el capítulo III de su título II incide en la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la educación, asegurando una educación en igualdad de derechos y oportunidades a través de las acciones o medidas positivas que resulten necesarias.

Con el presente decreto se da cumplimiento a los principios de buena administración a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, la norma es respetuosa con los principios de proporcionalidad, necesidad y seguridad jurídica, transparencia, y eficacia y eficiencia.

En cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con adecuación a las normas que le sirven de marco.

En virtud del principio de seguridad jurídica, esta norma es coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación y promoviéndose la participación de las personas potencialmente interesadas mediante la publicación en el Portal de Transparencia y demás informes requeridos por la normativa autonómica.

Finalmente, en aplicación del principio de eficacia y eficiencia, el acceso a la ayuda queda supeditado al cumplimiento previo de los requisitos establecidos por la norma, al tiempo en que se procura que la norma genere las menores cargas administrativas y se persigue una correcta utilización de los recursos públicos.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 36.d) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Formación Profesional y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 29 de septiembre de 2026,

Uno. Se modifica el artículo 4.2.a) 1º, que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. Se modifica el artículo 4.2. apartado c) 1º, que queda redactado en los siguientes términos:

Tres. Se modifican los apartados 6, 8 y 10 del artículo 7 y se introduce un nuevo apartado 8.bis, que quedan redactados en los siguientes términos:

Cuatro. Se actualiza el enlace al Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura contenido en el artículo 11 apartado 3º, que queda redactado en los siguientes términos:

Cinco. Se modifica el artículo 15.4, que queda redactado en los siguientes términos:

Seis. Se modifica el artículo 16.1, que queda redactado en los siguientes términos:

Las modificaciones contenidas en el presente decreto sólo serán aplicables a los procedimientos de concesión de ayudas que se inicien después de su entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es ).

Mérida, 29 de septiembre de 2026.