Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 28 de septiembre de 2026, el Convenio entre la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, el Servicio Extremeño de Salud y la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz para la atención religiosa católica en centros hospitalarios dependientes del Sistema Sanitario Público de la Junta de Extremadura. RCN202600270, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 30 de septiembre de 2026.

En Mérida, a 28 de septiembre de 2026.

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Sara García Espada, Consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, cargo para la que ha sido nombrada por Decreto de la Presidenta 17/2026, de 29 de abril, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De otra parte, la Sra. Dña. Encarnación Solís Pérez en nombre y representación del Servicio Extremeño de Salud, en calidad de Directora Gerente de dicho Organismo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 61/2026, de 5 de mayo (DOE n.º 85, de 6 de mayo de 2026), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 4.d) del Anexo I del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, modificado por el Decreto 109/2026, de 26 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y se modifican el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud y el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Y, de otra parte, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rodríguez Carballo, Arzobispo de Mérida-Badajoz y Metropolitano de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, quien interviene en nombre y representación de esta última, en el ejercicio de las facultades que le atribuyen las normas de la Iglesia Católica y, en particular, el canon 435 del Código de Derecho Canónico, hallándose expresamente facultado para la suscripción del presente convenio

Las partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente intervienen, la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Convenio y, en su virtud,

La Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Asimismo, señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos deberán tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, manteniendo las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones.

El Convenio entre el Instituto Nacional de la Salud y la Conferencia Episcopal Española de 23 de abril de 1986 garantizó la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes de aquel.

Mediante Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Extremadura, las funciones y servicios que venía realizando el Instituto Nacional de la Salud en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y los correspondientes bienes, derechos y obligaciones, personal y créditos presupuestarios, lo que dio lugar a la suscripción de sucesivos Convenios por la Comunidad Autónoma de Extremadura para garantizar el derecho a la asistencia religiosa.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, creado por la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, con el fin de ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma conforme a los objetivos y principios de la referida Ley, adscrito a la Consejería competente en materia sanitaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, disponiendo de tesorería propia y facultades de gestión del patrimonio afecto.

La Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz tiene personalidad jurídica, conforme dispone el canon 432.2 del Código de Derecho Canónico y está integrada por la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, la Diócesis de Coria-Cáceres y Diócesis de Plasencia, a las que compete la asistencia religiosa católica y atención pastoral en el territorio comprendido en la Comunidad Autónoma de Extremadura excepto la localidad de Talarrubias que pertenece a la Archidiócesis de Toledo y con la que se firmó un Convenio con fecha 19 de septiembre de 2025.

La colaboración que se propone establecer entre las partes ha de entenderse en el contexto de cultivar una relación de cooperación y coordinación institucional con carácter complementario a la atención que realiza el SES, integrándose la asistencia religiosa prevista en este Convenio en el modelo de atención integral y humanizada promovido por el Sistema Sanitario Público de Extremadura, con el objetivo de contribuir al bienestar y la calidad de vida de las personas hospitalizadas que libremente lo soliciten y de sus acompañantes.

Es intención del SES reconocer, proteger y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la atención religiosa de las personas hospitalizadas en centros del SES, que lo deseen.

En virtud de sus respectivas atribuciones y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera de interés el establecimiento de una colaboración entre la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, el SES y la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz para la atención religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del SES, lo que se acuerda ejecutar las obligaciones derivadas de este Convenio, autorizado por Consejo de Gobierno en fecha 9 de septiembre de 2026 desde el principio de buena fe y con arreglo a las siguientes

El objeto del Convenio entre la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, el Servicio Extremeño de Salud y la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz es establecer un marco de colaboración para posibilitar la atención religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del SES, a aquellas personas hospitalizadas y a los acompañantes que lo soliciten.

Están incluidos en el ámbito de este Convenio los centros hospitalarios con especificación del número de camas y número de capellanes tanto a tiempo completo como parcial que se especifican a continuación:

La determinación del número de capellanes se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en el Anexo I de la Orden de 20 de diciembre de 1985. No obstante, la asignación efectiva por cada centro se ajustará a su realidad operativa, características técnicas y configuración estructural, garantizando siempre la continuidad del servicio.

Se entenderá por capellán a tiempo completo aquel que preste asistencia religiosa de forma ordinaria durante toda la jornada laboral habitual establecida para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, garantizando la cobertura asistencial continuada del centro hospitalario.

Se entenderá por capellán a tiempo parcial aquel que preste asistencia religiosa de forma ordinaria con una dedicación equivalente al cincuenta y cinco por ciento de la jornada anteriormente indicada.

El SARC de cada centro hospitalario podrá incorporar un voluntariado católico colaborador.

A efectos de este Convenio se considera que forman el voluntariado católico aquellas personas físicas mayores de edad que realizan una prestación voluntaria, responsable y no remunerada bajo la dependencia, dirección y supervisión del SARC.

La actividad de los voluntarios católicos se ejercerá en todo caso con el debido respeto a la libertad religiosa y de conciencia de las personas.

Será de aplicación a los voluntarios católicos lo dispuesto en la Ley 12/2019, de 11 de octubre, del voluntariado de Extremadura y normativa concordante.

La prestación de la asistencia religiosa prevista en este Convenio se llevará a cabo de forma compatible con el normal funcionamiento de los centros hospitalarios. A estos efectos, podrá adaptarse, condicionarse o limitarse temporalmente cuando razones asistenciales, organizativas, epidemiológicas, de seguridad o de salud pública así lo exijan, de conformidad con los protocolos y directrices establecidos por el SES.

Las autorizaciones de acceso de los capellanes o personas idóneas acreditadas serán personales e intransferibles.

Para su consecución se cumplirá el siguiente procedimiento:

1. El Ordinario del lugar notificará documentalmente a la Dirección Gerencia del Área de Salud correspondiente los datos de identificación, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y los datos de contacto de los capellanes o personas idóneas designadas.

2. La Dirección Gerencia del Área de Salud correspondiente procederá a comunicar al Ordinario del lugar la correspondiente autorización, y hará entrega de una tarjeta de identificación personalizada que los capellanes o personas idóneas designadas deberán llevar a la vista durante su estancia en el centro.

El Convenio se financiará con cargo a los presupuestos del SES que será el responsable de su gestión económica. Se aportará la cantidad de 19.440 euros anuales por cada Capellán que preste asistencia religiosa a tiempo pleno y el 55% de dicho importe, para aquellos que desempeñe su labor a tiempo parcial.

La cantidad total, teniendo en cuenta que el convenio tiene una vigencia de cuatro años, es de 1.862.352,00 € (un millón ochocientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos euros). Dicho importe se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 3901.212C.22604 y será transferido por el SES al Arzobispado de Mérida-Badajoz (CIF: R0600001B) mediante dieciséis pagos trimestrales de 116.397,00 € (ciento dieciséis mil trescientos noventa y siete euros), por trimestres vencidos, previa presentación de la documentación justificativa de los servicios prestados y la conformidad de la Dirección Asistencial del Área de Salud correspondiente.

La cuantía correspondiente a cada ejercicio presupuestario se establece en 465.588,00 € (cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho euros). El importe correspondiente al último trimestre de cada año, comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, será abonado en enero del año siguiente con cargo a los créditos presupuestarios de dicho ejercicio.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Dicha Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en la citada ley.

Estará integrada por parte del Arzobispado, por el Delegado Episcopal de Pastoral de la Salud y el Ecónomo, o las personas que designen, y, por parte de la Consejería y SES, por dos representantes de la Subdirección competente en materia de humanización.

La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y resolverá, en su caso, las cuestiones de interpretación y las posibles discrepancias que pudieran presentarse en la ejecución y desarrollo del Convenio. Asimismo, se reunirá siempre que lo solicite una de las partes.

En particular le corresponden las siguientes funciones:

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Será obligación de las partes, así como del personal que interviene en nombre del mismo, tomar aquellas medidas destinadas a garantizar el respeto y la confidencialidad de los datos e información recibida y conocida a la que se tenga acceso, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantías de los derechos digitales, a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como por cualquier norma legal o reglamentaria que incida en este ámbito.

Esta obligación subsistirá incluso una vez finalizado el Convenio objeto.

Todos los datos facilitados por las partes se considerarán información confidencial. En consecuencia, las partes se obligan a guardar secreto profesional respecto de dichos datos, proce­diendo a la devolución de la citada documentación una vez finalizada la relación entre ambas.

El Convenio no implica el tratamiento de datos personales, especialmente los de las personas atendidas en los centros hospitalarios, por lo que, en caso de que accidental o incidentalmente, durante la realización de las actividades o proyectos comunes, cualquiera de las partes tenga conocimiento de algún dato personal, éstas se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamien­to posterior (reproducción, uso, conservación, y demás actuaciones de procesamiento de gestión de datos), independientemente de la forma en la que hayan sido conocidos.

Cualquier imagen tomada dentro de las actividades o proyectos comunes sólo podrá ser publicada previa obtención de los consentimientos a los que obliga la legislación vigente; en todo caso, se evitará el uso de imágenes que puedan comprometer el derecho a la intimidad, honor y propia imagen de los interesados.

Las partes se obligan a mantener un estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley y por las normativas internas de funcionamiento del SES.

Las partes se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamiento (reproducción, uso, conser­vación, y demás actuaciones de procesamiento de gestión de datos) de los datos personales suministrados directamente, o mediante documentos físicos o soportes magnéticos, durante la realización de las actividades o proyectos comunes.

Los datos mencionados en el apartado anterior no podrán ser objeto de cesión a terceros, sin haberse obtenido la debida autorización, y, en su caso, mantendrán un estricto cumplimiento de estos de conformidad con lo prevenido en la legalidad vigente.

Dentro de las obligaciones de confidencialidad descritas, no quedan comprendidas las siguientes: la información que, por motivos de transparencia, deba ser pública y la que sea requerida por una autoridad judicial o administrativa competente en el ejercicio de sus competencias legales.

De acuerdo con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, será requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades, deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales regulado mediante Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, antes del inicio de la actividad las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz deberán aportar una declaración responsable en la que se indique que solicitan y disponen de todos los certificados de delitos de naturaleza sexual del personal que trate con pacientes menores de edad, poniendo a disposición del SES la información correspondiente.

Los datos establecidos en estos deberán ser tratados por las diócesis de acuerdo con la normativa especificada en la cláusula décima sobre protección de datos de carácter personal.

Cualquier modificación de los términos del Convenio requerirá acuerdo unánime de las partes y deberá realizarse por escrito mediante la suscripción de una adenda. A tal efecto, la apertura, incorporación o cierre de centros hospitalarios del SES, conllevará el establecimiento o supresión del SARC correspondiente, de resultar necesario, debiendo documentarse dicho cambio conforme al procedimiento de modificación aquí establecido.

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y tendrá una duración de cuatro años, contados desde dicha fecha.

Antes de la finalización de su vigencia, el Convenio podrá ser prorrogado de forma expresa, por acuerdo unánime de las partes firmantes, por un período máximo adicional de cuatro años, mediante la correspondiente adenda, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público y el Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sin perjuicio de los estipulado en la cláusula anterior, serán causas de resolución del Convenio las siguientes:

En caso de resolución anticipada y con objeto de finalizar las actuaciones en curso y demás efectos derivados de la resolución del Convenio, se estará a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente Convenio tiene carácter administrativo y la regulación aplicable está establecida en el capítulo sexto del título preliminar, artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, y el acuerdo de 24 de julio de 1985, contenido en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de diciembre de 1985, por la que se dispone la publicación del Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en centros hospitalarios públicos, además del Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la legislación sanitaria que le sea de aplicación, quedando excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicha norma, siéndole de aplicación en defecto de normas específicas, los principios del citado texto legal, para resolver las dudas o lagunas que pudieran producirse.

Este Convenio no genera relación contractual, laboral, estatutaria ni funcionarial alguna entre las partes firmantes.

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse sobre la interpretación y aplicación del presente Convenio se resolverán en primer término por las partes de común acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula novena de este Convenio. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En defecto de acuerdo entre las partes, las controversias serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad con la Ley 29/1988, de 13 de julio, ante los juzgados y tribunales competentes con sede en Extremadura.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad con todo lo establecido en el Convenio, las partes lo firman electrónicamente.