Junta de Extremadura

Visto el expediente que antecede relativo a la declaración del monte protector Baldío , ubicado en el término municipal de Barrado (Cáceres), iniciado a instancia de la Presidenta de la Junta Gestora del Monte de Socios Baldío de Barrado, y en ejercicio de las facultades que le atribuye la legislación vigente, la Consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, dicta la presente resolución en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos:

Con el propósito de dar aún una mayor difusión al procedimiento acordado, se solicitó al Ayuntamiento de Barrado que publicase el anuncio citado en su tablón de edictos, certificándose posteriormente la entidad local que el mismo permaneció expuesto al público desde el día 11 de agosto hasta el día 15 de septiembre de 2026. Además, no se han presentado alegaciones durante ese periodo, según la diligencia expedida por el Ayuntamiento.

A los antecedentes expuestos les son de aplicación los siguientes

De igual modo, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 de la Ley de Montes, 244 de la Ley Agraria de Extremadura y artículo 6 del Decreto 78/2022, de 22 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico aplicable a los montes protectores declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el procedimiento de declaración, han sido oídos los propietarios y titulares de derechos reales sobre los terrenos que pudieran verse afectados por la declaración planteada, así como el Ayuntamiento de Barrado, en cuyo término municipal se ubican esos terrenos e igualmente, se acordó un periodo de información pública al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 78/2022, dentro del cual, tal y como se refiere en la relación de hechos, se publicó el correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, así como su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento donde radica el monte por un plazo mínimo de un mes. Durante estos trámites, se recibió una alegación que, registrada en tiempo y forma, fue aceptada.

Una vez cumplido con los trámites anteriores, el Director General de Gestión Sostenible y Política Forestal, como titular del órgano forestal autonómico, ha propuesto la declaración del monte protector Baldío , al estimar que, a la vista de todo lo actuado, en este caso se dan plenamente las premisas forestales, medioambientales y jurídicas que justifican la declaración de los montes protectores.

Considerando los antecedentes expuestos, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto 107/2026, de 26 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio (DOE núm. 105, de 3 de junio de 2026), modificado por el Decreto 162/2026 -, por el artículo 231 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y por el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a propuesta del Director General de Gestión Sostenible y Gestión Forestal,

Igualmente, deberán inscribirse en ese Registro las posteriores modificaciones y, en su caso, la desclasificación del Monte.

No obstante lo anterior, la Junta Gestora propietaria del monte protector Baldío podrá optar por celebrar con el órgano forestal autonómico un contrato para su gestión, de acuerdo con lo regulado en el artículo 288 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes del Decreto 78/2022, de 22 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico aplicable a los montes protectores declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la gestión y del Registro de los montes protectores de Extremadura.

En todo caso, el monte protector Baldío deberá gestionarse con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, aplicando métodos selvícolas que persigan lograr la protección del suelo frente a los procesos de erosión, y contribuir a la regulación del régimen hidrológico de la zona, además de conservar la diversidad biológica de la zona.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; potestativamente, se podrá interponer recurso de reposición ante la Consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este acto, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello debe entenderse sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 1 de octubre de 2026.