Junta de Extremadura

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, Comisiones Obreras, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); el Sindicato de Comisiones de Base, el Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT), la organización sindical Confederación Intersindical y la Organización Sindical de Acción Directa (OSAD) han comunicado convocatorias de huelga general de ámbito estatal para el día 11 de noviembre de 2026.

Las convocatorias comprenden actividades del sector público y privado y alcanzan al personal de las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, afectando a todas las actividades desempeñadas en todo el territorio del Estado español por los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de empresas privadas y por los empleados y empleadas del sector público, con vínculo funcionarial, estatutario o laboral.

La huelga convocada tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2026, comenzando a las 00:00 horas y acabando a las 24:00 horas. En las empresas, administraciones y organismos que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará al iniciarse el primer turno que hubiere de concluir entrado ya el propio día 11 de noviembre, aunque comience antes de las 00:00 horas de dicho día, y su finalización tendrá lugar una vez acabado el último turno que hubiere comenzado dentro del propio día 11 de noviembre, aunque se prolongue después de las 24:00 horas de dicho día. Asimismo, en aquellas empresas, administraciones y organismos que tengan un único turno de trabajo que comience antes de las 00:00 horas del día 11 de noviembre, el paro se iniciará a la hora de inicio de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya el turno.

A su vez, durante la jornada del día previo a la convocatoria de huelga (día 10), cesarán en su actividad laboral y funcionarial las personas cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos, bienes, servicios y aprovisionamientos que deban tener efectos inmediatos durante el día 11 de noviembre.

Las reivindicaciones de las organizaciones convocantes se refieren, con carácter general, a que se facilite al acceso a una vivienda digna y a promover el incremento del poder adquisitivo de los salarios. Además de ello, en algunas convocatorias se enuncian otros fines, como la defensa de los servicios públicos, la solicitud del incremento de las pensiones o la reducción de la jornada laboral.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de huelga y exige garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Su ejercicio ha de armonizarse, en este supuesto, con los derechos a la vida y a la integridad física y a la protección de la salud, reconocidos en los artículos 15 y 43.

La asistencia sanitaria constituye un servicio esencial por los bienes y derechos que satisface. Su preservación no exige mantener la actividad ordinaria, sino únicamente las prestaciones cuya interrupción o demora durante el periodo afectado pueda comprometer la salud o la seguridad de los pacientes. La limitación del derecho de huelga debe quedar circunscrita al personal indispensable, con una justificación concreta de la cobertura establecida.

En este sentido, la Administración sanitaria debe velar por el funcionamiento del servicio público sanitario que se presta en los centros e Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, determinando los servicios mínimos como medio indispensable para salvaguardar el mantenimiento en la prestación de la asistencia sanitaria, garantizando, con ello, la satisfacción del derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, un servicio no es esencial tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega como por el resultado que con dicha actividad se pretende. Más concretamente, por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige. La atención sanitaria en todos sus niveles asistenciales constituye una prestación esencial del Sistema Nacional de Salud indisolublemente asociada con el derecho a la protección a la salud que el artículo 43 de la Constitución Española garantiza, resultando notorio y jurisprudencialmente admitido que la asistencia sanitaria constituye uno de los servicios esenciales cuya cobertura mínima los poderes públicos están obligados a garantizar.

Por tanto, dado el carácter de servicio público esencial que se atribuye a la asistencia sanitaria, se hace necesario determinar el personal que debe atenderlo, en régimen de servicios mínimos, teniendo en cuenta que en el establecimiento de los mismos debe existir una razonable proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, según la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2003.

En tal sentido, como se desprende de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC 1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53), en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales ha de ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute.

En lo referente al contenido de esta orden, el párrafo 2 del artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece que la posibilidad de que la Administración establezca las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad.

En este sentido, diversas empresas ligadas a la prestación de los servicios sanitarios han instado a la Administración Sanitaria el establecimiento de servicios mínimos, con el fin de preservar el desempeño de la prestación del servicio sanitario público.

Se han recibido solicitudes de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL); de la Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social; de Fresenius Medical Care Services Extremadura, SA.; de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN); de CLECE FS, SA, de AYESA IBERMÁTICA, SAU, de AVINCIS AVIATION, de AIR LIQUIDE HEALTHCARE España, y de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI) referidas, respectivamente, a limpieza, alimentación, hemodiálisis, tecnología sanitaria, mantenimiento, Comunicaciones y redes; al servicio de transporte aéreo sanitario mediante helicóptero para la asistencia a urgencias y emergencias sanitarias; al servicio público de Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRD) y al mantenimiento integral y servicios energéticos referidos a centros sanitarios.

Diversas empresas que forman parte de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) son adjudicatarias de contratos de limpieza, desinfección y/o gestión de residuos en los hospitales y centros de salud de Extremadura.

La Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social es la patronal nacional que representa a las empresas de restauración colectiva. El Servicio Extremeño de Salud tiene externalizado el servicio de cocina o suministro de comidas en parte de sus complejos sanitarios a través de licitaciones con empresas afiliadas a esta Federación.

Fresenius Medical Care Extremadura, SA, gestiona centros y presta servicios de hemodiálisis ambulatoria subcontratados por el SES en áreas específicas de la comunidad.

Con respecto a Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), numerosas empresas asociadas a FENIN prestan servicios que forman parte inseparable de la asistencia sanitaria, tanto en los centros de los servicios públicos de salud como en el domicilio de los pacientes. Su interrupción podría afectar al funcionamiento normal de los hospitales (ej: mantenimiento correctivo de respiradores o equipos de anestesia) e incluso a la atención sanitaria de los pacientes (ej: pacientes con ELA tratados con ventilación mecánica en su domicilio por empresas del sector o pacientes en diálisis domiciliaria).

La empresa CLECE FS, SA, es contratista de la ejecución de Servicios de mantenimiento de instalaciones, eficiencia energética y reparaciones o suministros técnicos en determinados centros dependientes del SES.

La empresa AYESA IBERMÁTICA, SAU, ha sido adjudicataria de diversos contratos públicos de suministro y servicios tecnológicos para el Servicio Extremeño de Salud (SES).

La empresa AVINCIS AVIATION es adjudicataria del contrato de transporte sanitario aéreo mediante helicópteros para el periodo 2026-2030, correspondiéndole la realización de funciones de traslado urgente de pacientes.

La empresa AIR LIQUIDE HEALTHCARE España se ocupa de la prestación del servicio de Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRD).

La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI) engloba a un conjunto de empresas dedicadas al mantenimiento integral y servicios energéticos referidos a centros sanitarios.

El carácter esencial de las prestaciones no depende de que sean ejecutadas por personal propio o por empresas externas. La continuidad de la asistencia sanitaria requiere preservar los servicios externos de hemodiálisis y los apoyos de limpieza, alimentación, mantenimiento y tecnología sin los cuales no podrían realizarse las prestaciones no demorables en condiciones de seguridad. Al mismo tiempo, la actividad asistencial se halla relacionada con el correcto funcionamiento de las aplicaciones y entornos informáticos necesarios y con la disponibilidad del transporte urgente por medio de helicóptero para supuestos de urgencias y emergencias sanitarias, además de la prestación de las terapias respiratorias domiciliarias y el mantenimiento integral y servicios energéticos referidos a centros sanitarios.

Esta orden limita su alcance a los servicios externos identificados en sus anexos y no extiende automáticamente los mínimos a toda la actividad de las empresas solicitantes.

La limpieza se justifica por la prevención de infecciones en las zonas asistenciales activas; la alimentación, por las necesidades de los pacientes ingresados y sus dietas prescritas; la hemodiálisis, por la continuidad de tratamientos cuya omisión puede comprometer la vida y la salud; la tecnología sanitaria, por el soporte a terapias, equipos y suministros críticos no sustituibles durante la huelga; y el mantenimiento, por la respuesta ante averías que afecten a las instalaciones necesarias para la asistencia que debe mantenerse. Así mismo, queda anteriormente manifestada la relevancia de la disponibilidad del correcto funcionamiento de aplicaciones tan esenciales para el SES como JARA y el entorno SAP, además de la imprescindibilidad del transporte urgente por medio de helicóptero para supuestos de urgencias y emergencias sanitarias, y también de lo referido a las Terapias Respiratorias Domiciliarias y al mantenimiento de los equipos energéticos de los centros sanitarios.

La protección íntegra de una prestación indispensable no implica necesariamente mantener el cien por cien de la plantilla ordinaria. La dotación debe fijarse por centro, categoría, turno y actividad efectivamente protegida. La mera remisión a lo que cada empresa considere necesario no sustituye la decisión de la autoridad gubernativa, conforme a la doctrina recogida en la STC 62/2026, de 22 de septiembre, fundamentos jurídicos 3 y 4.

El 4 de noviembre de 2026 la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud ha emitido informe en el que valora la proporcionalidad de las propuestas presentadas por las empresas citadas, proponiendo para cada una de ellas los mínimos que considera necesarios para garantizar la prestación de los Servicios esenciales durante la huelga convocada.

En virtud de lo expuesto, en aplicación del artículo 10, párrafo segundo, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y del artículo 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de las competencias sanitarias atribuidas por el Decreto de la Presidenta 11/2026, de 29 de abril, y la estructura orgánica establecida por el Decreto 109/2026, de 26 de mayo,

Esta orden determina los servicios mínimos de las personas trabajadoras de las empresas que prestan las actividades externas identificadas en los anexos y vinculadas a la asistencia sanitaria del SES, incluida la atención domiciliaria contratada o concertada cuando corresponda. La fijación de los mínimos del personal que presta servicios directamente en el SES queda fuera del ámbito de esta orden.

Su ámbito externo se limita a las empresas, centros, contratos y prestaciones que queden expresamente identificados en los anexos. No se incluyen por la sola condición de asociadas las restantes actividades de las entidades solicitantes, ni se extiende esta orden a residencias, centros del SEPAD, establecimientos privados o centros ajenos al SES no identificados en ella.

Los servicios mínimos se aplicarán durante el día 11 de noviembre de 2026, desde las 00:00 horas hasta la finalización de dicha jornada, con las particularidades de cada convocatoria.

En los centros organizados por turnos se cubrirán también los turnos afectados que comiencen antes de las 00:00 horas del día 11 y los iniciados dentro de ese día que concluyan el día 12, conforme al preaviso aplicable. En los supuestos de turno único se atenderá igualmente a las reglas específicas de la convocatoria correspondiente.

Cuando el preaviso comprenda actividades del día 10 de noviembre destinadas a producir efectos inmediatos el día 11, los mínimos solo alcanzarán a las prestaciones identificadas como indispensables para garantizar la asistencia sanitaria no demorable. La aplicación de estas reglas se ajustará al alcance temporal y funcional de cada convocatoria, sin ampliarlo.

Evaluadas las propuestas remitidas por las distintas empresas y asociaciones, se establecen los servicios mínimos detallados en los anexos I a IX.

Los servicios se limitarán a las prestaciones protegidas y a los periodos afectados por las convocatorias.

A cada empresa empleadora le corresponderá designar a las personas trabajadoras que deban atender los servicios dentro de los límites aprobados en esta orden. Las empresas no podrán fijar nuevos servicios, ampliar dotaciones ni extender horarios al margen de lo establecido.

Las designaciones se notificarán individualmente antes del inicio de la prestación e indicarán centro, función, categoría, turno y horario. A tales empresas les corresponderá, igualmente, en su caso, la comunicación con los comités de huelga o representantes acreditados.

La presente orden entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura, extendiendo sus efectos durante el tiempo establecido en la convocatoria de huelga, extinguiéndose con la desconvocatoria. Se mantendrán los mismos servicios mínimos establecidos también en las siguientes jornadas de paro que pudieran comunicarse posteriormente, con idéntico objeto, motivos y convocante.

Además de ello, se comunicará a las asociaciones y empresas solicitantes y a las empresas empleadoras identificadas en los anexos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente conforme a los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses. Los plazos se computarán desde el día siguiente al de su publicación o, cuando proceda, notificación.

Si se interpone recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta su resolución expresa o desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, con los plazos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, y de cualquier otro recurso procedente.

Mérida, 6 de noviembre de 2026.