RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2026, de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, por la que se formula informe ambiental estratégico en la forma prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara. Expte.: IA26/0062.
TEXTO ORIGINAL
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El citado artículo 49 específica aquellos planes y programas que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII de dicha ley.
La modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara, se encuentra encuadrada en el artículo 49, letra f), apartado 2.º de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. Objeto y descripción de la modificación.
La presente modificación pretende adaptar las determinaciones del suelo rústico del Plan General Municipal a lo regulado por la LOTUS. Los parámetros de implantación del PGM vienen dados de una regulación anterior a la LOTUS y por tanto no tienen cabida las nuevas condiciones reguladas en la ley, las cuales vienen siendo más permisivas para aquellos usos terciarios y productivos que quieran o necesiten implantarse en el suelo rústico del municipio.
Por otro lado también resulta necesario adaptar las exigencias para cualquier otro uso que pretenda implantarse en suelo rústico a las determinaciones de la LOTUS y los nuevos conceptos tales como tejido urbano y sus formas de interpretación. Por ello se llevará a cabo una revisión de cada categoría de suelo no urbanizable de las normas urbanísticas para adaptarlos a los usos del suelo rústico de la LOTUS. Para ello será necesario modificar los artículos 3.2.1.1.; 3.2.1.3.; 3.2.1.4.; 3.2.1.5.; 3.2.2.1.; 3.2.2.2.; 3.2.2.3.; 3.2.2.4.; 3.2.3.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.3.; 3.2.4.5.; 3.2.4.6.; 3.2.4.7.; 3.2.4.8.; 3.2.5.1.; 3.2.5.5. y 3.2.5.6. además de la creación del artículo 3.2.3.2 de las normas urbanísticas del PGM.
Resultan afectados por la presente modificación todos aquellos terrenos incluidos en las categorías de Suelo rústico de San Vicente de Alcántara.
Se modifican los artículos el título 3. Ordenación de carácter estructural, capítulo 3.2. Condiciones Edificatorias En Suelo No Urbanizable, concretamente los artículos 3.2.1.1.; 3.2.1.3.; 3.2.1.4.; 3.2.1.5.; 3.2.2.1.; 3.2.2.2.; 3.2.2.3.; 3.2.2.4.; 3.2.3.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.3.; 3.2.4.5.; 3.2.4.6.; 3.2.4.7.; 3.2.4.8.; 3.2.5.1.; 3.2.5.5. y 3.2.5.6. Y se crea el artículo 3.2.3.2 de las normas urbanísticas del PGM.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.1 Planeamiento en Suelo No Urbanizable, se han modificado los artículos 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.1.4 y el 3.2.1.5, para adaptarlos a LOTUS, en el artículo 3.2.1.4. se ha introducido la definición de nuevo tejido urbano, y en el artículo 3.2.1.5. se han tenido en cuenta las instalaciones o edificaciones destinadas uso productivo industrial, muy ocurrentes en el municipio.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.2 Usos Permitidos En el SNU sin necesidad de obtener calificación rústica, se han modificado los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3 y 3.2.2.4, para sustituir las definiciones y condiciones de la anterior legislación LSOTEX por la actual LOTUS, en el artículo 3.2.2.3 Instalaciones desmontables para mejoras de cultivos se ha limitado la altura de las mismas a 1,00 m y su superficie.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.3 Usos permitidos En el SNU con necesidad de obtener calificación rústica, se han modificado el artículo 3.2.3.1. se ha adaptado a LOTUS, y se ha creado el artículo 3.2.2.3. sobre usos prohibidos
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.4. Condiciones específicas de la edificación vinculada a cada tipo de uso, se han modificado los artículos 3.2.4.2.; 3.2.4.3.; 3.2.4.5.; 3.2.4.6.; 3.2.4.7. y 3.2.4.8, referentes a las distancias de separación a carreteras, a ejes de caminos y a linderos, siendo las nuevas las indicadas en LOTUS, y en el artículo 3.2.4.6. se ha modificado la distancia al límite del suelo urbano o urbanizable para el uso industrial.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.5. Condiciones particulares, se han modificado los artículos 3.2.5.1.; 3.2.5.5. y 3.2.5.6, se introducen los parámetros de edificabilidad máxima y parcela mínima.
2. Consultas.
El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador de la modificación, debiendo las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas pronunciarse en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. Con fecha 2 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, presenta ante la extinta Dirección General de Sostenibilidad la documentación completa para el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara.
Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 24 de abril de 2026, se realizaron consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su competencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación propuesta.
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LISTADO DE CONSULTADOS
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RESPUESTAS
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Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas
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Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios
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Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana
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Confederación Hidrográfica del Guadiana
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Confederación Hidrográfica del Tajo
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Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural
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Dirección General de Infraestructuras Rurales
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Dirección General de Salud Pública
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Dirección General de Infraestructuras Viarias
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Diputación de Badajoz
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ADIF
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Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
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ADENEX
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Sociedad Española de Ornitología
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Ecologistas en Acción
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Ecologistas Extremadura
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Fundación Naturaleza y Hombre
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AMUS
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Greenpeace
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A continuación, se resume el contenido principal de los informes y alegaciones recibidos:
1. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas indica que el objeto de la modificación es adaptar el planeamiento urbanístico a la Ley LOTUS, cuya redacción es más actual y se adecúa mejor con el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente. En relación con los terrenos comprendidos en las áreas protegidas referidas en el apartado anterior, la presente modificación asegura su preservación ambiental, quedando el régimen urbanístico subordinado a los correspondientes instrumentos de gestión. La propia normativa del plan determina que no se establecerán restricciones urbanísticas que excedan o contravengan lo dispuesto por la legislación sectorial o ambiental de aplicación. De forma específica,
En la ZEPA-ZEC Sierra de San Pedro la normativa reconoce expresamente que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de esta área protegida posee un carácter vinculante tanto para las Administraciones públicas como para los particulares, estableciendo que dicho instrumento ambiental prevalecerá en todo caso sobre el planeamiento urbanístico municipal.
Para el resto de lugares de la Red Natura 2000, la norma obliga a tener en cuenta y aplicar directamente las determinaciones de conservación recogidas tanto en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura como en sus respectivos planes de gestión.
Además, el impacto sobre estas áreas se minimiza mediante el establecimiento de parámetros urbanísticos restrictivos. Aunque la modificación, por regla general, reduce la parcela mínima edificable a 1,5 hectáreas para flexibilizar la implantación de usos vinculados y terciarios, introduce una salvaguarda ambiental estricta para las zonas más críticas: en las áreas catalogadas como Zona de Interés Prioritario (ZIP) y Zona de Alto Interés (ZAI) de la ZEC Río Gévora Alto y la ZEPA Nacimiento del Río Gévora , la exigencia para construir viviendas se mantiene en 8 hectáreas (o parcela registral preexistente superior a 4 hectáreas).
Por último, para garantizar que no existan afecciones negativas sobre los hábitats naturales y las especies protegidas indicadas anteriormente, la norma estipula varias exigencias preventivas como la necesidad de informe de afección a Red Natura 2000 vinculante para la realización de cualquier proyecto, actividad o nueva construcción en SNU-PN o la adecuación del calendario de obras fuera de la época de cría en zonas de protección del cernícalo primilla, entre otras. Por todo lo anterior se informa favorablemente la actuación solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ni se prevén afecciones significativas sobre espacios, especies o hábitats protegidos, siempre que se cumplan las medidas indicadas. Estas medidas son las siguientes:
El PGM deberá ajustarse a lo dispuesto en el Plan director de la Red Natura 2000 en Extremadura y en el Plan de Gestión de los Lugares Red Natura 2000 incluidos total o parcialmente en su término municipal (recogidos en el apartado 2.1. de presente informe), permitiendo y/o autorizando sólo aquellos usos y aprovechamientos que resulten compatibles con la conservación de sus valores naturales, y excluyendo aquellos recogidos como incompatibles en el Plan Director.
Las condiciones de intervención definidas para el Suelo Rústico Protegido por inclusión en la Red Natura 2000 han de recoger que:
Todas las actividades permitidas deberán ser compatibles con la conservación de los valores naturales existentes (áreas protegidas, hábitats y especies protegidas), no suponiendo su alteración, degradación o deterioro de los mismos.
Los usos y actuaciones deberán ser compatibles igualmente con los planes de recuperación, conservación del hábitat y manejo de las especies presentes. Se tendrán en cuenta:
a. El Plan de Recuperación del águila imperial ibérica en Extremadura (Orden de 25 de mayo de 2015, modificada por Orden de 13 de abril de 2016).
b. El Plan de conservación del hábitat del águila perdicera en Extremadura Orden de 25 de mayo de 2015, modificada por Orden de 13 de abril de 2016).
c. El Plan de conservación del hábitat del buitre negro en Extremadura Orden de 25 de mayo de 2015, modificada por Orden de 13 de abril de 2016).
d. El Plan de recuperación de la cigüeña negra en Extremadura (en tramitación; consulta en
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/filescms/web/uploaded_files/021/0701/Proyecto_Orden_Plan_Recuperacion_Ciguena_Negra.pdf) .
e. El Plan de recuperación del Jarabugo en Extremadura (en tramitación; consulta en
http://extremambiente.juntaex.es/files/Informacion%20Publica/2021/PLAN%20DE%20RECUPERACIO%CC%81N%20DEL%20JARABUGO_EXTREMADURA.pdf
La materialización de los usos permitidos y sus características deberán someterse, en su caso, a los procedimientos de evaluación ambiental o a informe de afección a Red Natura 2000 (artículo 56 quater de la Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de espacios naturales de Extremadura) dentro del procedimiento de licencia municipal; además, en su caso, de a otros procedimientos como el de calificación urbanística. En este sentido, se recuerda que el informe de afección debe solicitarse con antelación a la concesión de la licencia municipal, debido al carácter preventivo y vinculante del mismo.
Las condiciones de intervención definidas para la totalidad del Suelo Rústico han de tener en cuenta la siguiente normativa en materia ambiental:
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión o del Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura.
Sobre los principios de sostenibilidad, el PGM buscará, tratándose de un medio rural, una ordenación basada en la persecución de los objetivos ambientales y en la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos urbanísticos. Así, se buscará:
Un planeamiento urbanístico que evite generar más suelo urbano/urbanizable del imprescindible y que promueva la recuperación y dinamización del centro histórico y la concentración de población, infraestructuras y servicios.
La compatibilización de las actividades humanas con la conservación de los valores naturales presentes el término municipal. En particular.
a. Se valorarán los efectos de las actuaciones urbanísticas sobre los lugares de nidificación de especies protegidas (quirópteros, cernícalos, vencejos, golondrinas, cigüeñas, lechuzas, etc.).
Las actuaciones de obra y reformas sobre construcciones (públicas o privadas) que puedan afectar a la reproducción o territorios de reproducción de estas especies deberán realizarse fuera del periodo de cría y la eliminación de nidos y el empleo de elementos disuasorios de estas especies deberá hacerse contando con autorización de la Dirección General de Sostenibilidad.
2. La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales informa sobre la normativa aplicable en materia de incendios forestales. Tras el análisis realizado se concluye que el ámbito territorial de la modificación objeto de consulta sí está incluido en la base de datos geográfica del Registro de Áreas Incendiadas.
Una vez estudiado el plan o programa sometido a EAE, en relación con el Catálogo de Infraestructuras del Plan Infoex, se comprueba que la modificación del instrumento de ordenación urbanística no afecta a ninguno de los centros de trabajo de dicho Catálogo.
Una vez consultada la información obrante en esta unidad administrativa, se comprueba que la Entidad Local cuenta con PPPI vigente y que la modificación no afecta al PPPI vigente. Una vez estudiada la modificación se comprueba que no implica la creación de lugares susceptibles o vulnerables a incendios forestales. Una vez estudiada la modificación se comprueba que ésta implica el desarrollo de proyectos cuya ejecución material puede implicar la realización de actividades de riesgo sometidas a intervención administrativa, en la Orden que regule la Época de Peligro vigente en el momento que éstas se lleven a cabo. Por lo tanto, en el momento de la ejecución, deberán observarse las prescripciones de dicha orden, en lo relativo a usos o actividades prohibidas, sometidas a autorización, declaración responsable o precauciones específicas.
3. El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana ha indicado que respecto las figuras de ordenación territorial aplicables, no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación definitiva conforme a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, y sus modificaciones posteriores (derogada por Ley 11/2018, de 21 de diciembre).
Del mismo modo, no se detecta afección sobre ningún instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), de ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, Plan Especial de Ordenación del Territorio) ni de intervención directa (Proyecto de Interés Regional) de los previstos en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en vigor desde el 27 de junio de 2019. Sin embargo, se encuentra en fase de redacción el Plan Territorial de Sierra de San Pedro mediante Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para la formulación del Plan Territorial de Sierra de San Pedro (DOE n.º 60, de 27 de marzo de 2019), cuyo ámbito territorial incluye el término municipal de San Vicente de Alcántara, que establecerá una nueva regulación cuando se apruebe definitivamente. Por lo anteriormente expuesto, en relación con la consulta de referencia, actualmente no existe afección sobre el planeamiento territorial vigente. No obstante, la modificación propuesta del Plan General Municipal deberá adaptarse a los instrumentos de ordenación territorial que entraran en vigor, si es el caso, antes de su aprobación definitiva. Lo que se informa a los efectos oportunos.
4. Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana indica que en relación con la consulta de referencia se emiten las siguientes consideraciones: en el término municipal de San Vicente de Alcántara se encuentra actualmente vigentes el Plan General Municipal aprobado definitivamente por Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, publicada en el DOE n.º 65, de 8 de abril de 2021. Para la fiscalización y aprobación por esta dirección general de las modificaciones puntuales del planeamiento vigente, existe un procedimiento específico regulado en los artículos 49 y 50 de la Ley 11/2018, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura y en el artículo 60 de su Reglamento General aprobado por Decreto 142/2021, de 21 de diciembre, en el que se encuentra integrada la evaluación ambiental estratégica. Las consideraciones que esta Dirección General estime oportuno realizar se deben materializar en el marco de dicho procedimiento.
5. La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que el término municipal de San Vicente de Alcántara se ubica en las cuencas hidrográficas del Tajo (al norte) y del Guadiana (al sur), encontrándose el núcleo principal de San Vicente de Alcántara en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se considera que la modificación puntual en sí misma, no supondría nuevas afecciones al medio hídrico, ni comportaría nuevas demandas de recursos hídricos, ahora bien, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la misma, sí podrían ser susceptibles de causar impactos sobre el agua, y/o de generar nuevas demandas hídricas, por lo que se deberán tener en cuenta las siguientes limitaciones y prescripciones en el ámbito de las competencias de este organismo de cuenca.
Por el término municipal de San Vicente de Alcántara discurren, entre otros cauces, la Rivera de Albarragena, la Rivera del Fraile y la Rivera de Alcorneo. Para estos y para el resto de los cauces, en la totalidad del término municipal, que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se deberá tener en cuenta: Conforme al artículo 72 del Reglamento del DPH, la utilización o el aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa autorización administrativa, todo ello, sin perjuicio de los casos en los que sea de aplicación la tramitación de una correspondiente declaración responsable. La tramitación de expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54 con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.
En ningún caso, se autorizará dentro de DPH la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de DPH.
Los resultados de los estudios hidrológico-hidráulicos obrantes en este organismo de cuenca sobre zonas inundables y estimaciones de Zona de Flujo Preferente se pueden consultar en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. No obstante, se informa que en el término municipal de San Vicente de Alcántara no se dispone de estudios al respecto. Para todos los cauces presentes en la totalidad del término municipal de San Vicente de Alcántara, además de lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Limitaciones a los usos en suelo rural: en zona de flujo preferente, con el objeto de garantizar la seguridad de la personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, el artículo 9 bis del Reglamento del DPH establece las limitaciones a los usos del suelo en ZFP.
En el suelo rural, las nuevas actividades, edificaciones y usos asociados se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables.
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:
Las instalaciones y edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando tras el correspondiente estudio, se certifique por las administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado a) del artículo 14 bis y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
Tanto en ZFP como en zona inundable, independientemente de la clasificación del suelo, para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable sobre el riesgo de inundación existente en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. Para las nuevas edificaciones, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá disponer, además, del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en ZFP o en zona inundable.
En el término municipal de San Vicente de Alcántara existe una captación de agua subterránea destinada al consumo humano, cuyo perímetro de protección está incluido en el apéndice 2 del anejo 8 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (BOE n.º 35, de 10/02/2023). Los perímetros de protección se limitan a proteger el área de llamada asociada a la captación de agua (con límites hidrogeológicos y zonas de recarga lateral). Dentro de los perímetros de protección y conforme al artículo 97del TRLA, queda prohibida con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de la citada Ley, el ejercicio de actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación del DPH. Asimismo, los planes hidrológicos podrán además imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas, autorizaciones de vertido u otras autorizaciones o concesiones de su competencia con objeto de reforzar la protección de la aguas superficiales y subterráneas en estos perímetros. Los perímetros de protección podrán imponer condicionamientos a otras actividades o instalaciones que puedan afectar a la calidad y cantidad de las aguas, de forma directa o indirecta, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos establecidos en la normativa sobre calidad de las aguas de consumo humano.
Con fecha 17/12/2015, se publicó en el BOE la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se declaran determinadas reservas naturales fluviales, entre la que se incluye la siguiente: Rivera de Albarragena, del Fraile, del Alcorneo hasta el río Gévora . Con fecha 30/12/2022 se publicó en el BOE la Resolución de 15 de diciembre, de 2022, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2022, por el que se declaran determinadas reservas naturales fluviales, entre las que se incluye la siguiente: Río Gévora . La finalidad de la declaración es preservar sin alteraciones aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana.
Con respecto a las actuaciones en suelo rústico que no cuenten con conexión a la red municipal y pretendan abastecerse a partir de una captación de aguas superficiales o subterráneas, se recuerda que el artículo 93.1 del Reglamento del DPH establece que todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 del TRLA requiere concesión administrativa. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 del TRLA.
Con respecto a las aguas residuales que pudieran generarse fuera del núcleo de población, en suelo que no disponga con conexión a la red municipal de saneamiento, se indica lo siguiente:
1. Si la parcela se ubica en una zona distante del núcleo urbano que cuenta con un número significativo de edificaciones y/o instalaciones susceptibles de generar aguas residuales urbanas o asimilables, será necesario dotar a la zona en cuestión de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales conjunto. Con carácter general, la autorización de múltiples vertidos en una misma zona geográfica dificulta el control y seguimiento de los vertidos, aumentando el riesgo de contaminación de las aguas continentales.
2. Si la parcela se ubica en una zona distante del núcleo urbano, en la que no concurre la circunstancia referida anteriormente, se podrán depurar las aguas residuales de forma individualizada y verterlas directa o indirectamente al DPH. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 100 del TRLA, el promotor deberá solicitar la pertinente autorización de vertido, como se expone a continuación:
Autorización de vertido: La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico y químico de las aguas superficiales y buen estado químico de las aguas subterráneas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas en el Reglamento del DPH y en el resto de la normativa en materia de aguas. Especificará las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente.
Competencia para emitir la autorización de vertido: Cuando el vertido se realice en el ámbito de gestión de esta Confederación Hidrográfica, corresponde a este organismo de cuenca emitir la citada autorización. Se deberá presentar solicitud y declaración de vertido, según modelo aprobado que se encuentra a disposición de los interesados en cualquiera de las sedes de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) y en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica (www.miteco.gob.es) o de esta Confederación (www.chguadiana.es), incluyendo la documentación que en ella se indica.
Cuando el sistema de depuración se complemente con una infiltración en el terreno, se deberá presentar estudio hidrogeológico que justifique el poder depurador del suelo y subsuelo, así como la inocuidad del vertido, de forma que el efluente no altere la calidad de las aguas subterráneas de la zona.
Sistemas de control de los vertidos de agua residual: Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al mismo, de aplicación a todas las captaciones y vertidos, cualquiera que sea el título jurídico habilitante del mismo, sus características, su tamaño y finalidad, se informa que los titulares de vertidos autorizados al DPH quedan obligados a instalar y mantener a su costa un dispositivo en lámina libre para realizar un control de los volúmenes evacuados.
No obstante lo anterior, cuando la parcela se sitúa junto a embalses, zonas declaradas de baño, piscinas naturales, etc., las aguas residuales deberán ser gestionadas mediante el almacenamiento estanco (depósito), para su posterior retirada por gestor autorizado con la frecuencia adecuada. En principio, se entiende que no se producirá vertido al dominio público hidráulico, y que por tanto no se requiere la correspondiente autorización de vertido, a que hace referencia el Artículo 100 del TRLA. Sin embargo, al objeto de garantizar la no afección a las aguas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
El depósito para almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a más de 40 metros de pozos y de 25 metros de cauces o lechos del DPH.
Se debe garantizar la completa estanqueidad del referido depósito. Para ello, el titular de la construcción debe tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspondiente certificado suscrito por técnico competente.
El depósito deberá ser completamente estanco, de forma que no tenga salida al exterior y sólo exista una entrada del efluente y una boca superior por la que el gestor autorizado retire periódicamente las aguas residuales almacenadas en su interior. En la parte superior del depósito se debe instalar una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, debe tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
Se considera que la modificación puntual, en sí misma, no comportaría nuevas demandas de recursos hídricos, y no procede, por tanto, informar en este sentido.
No obstante, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la modificación puntual, y que fueran susceptibles de causar impactos sobre el agua, y/o de generar nuevas demandas hídricas, deberán ser informadas, preceptivamente, por este organismo de cuenca. Se informa favorablemente la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente.
6. Confederación Hidrográfica del Tajo indica que el ámbito de aplicación de la modificación afecta a aquellos terrenos clasificados en las categorías de Suelo Rústico del municipio.
La modificación del Plan General Municipal, de carácter normativo, no provoca afecciones directas a los cauces públicos presentes en el término municipal pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Tajo, ni a sus zonas de protección. Se puede añadir a este respecto que la modificación propuesta no altera la redacción del artículo 3.2.5.3 Suelo de Protección Ambiental a Arroyos (SNU-PAA).
Además, se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose que no existen estudios en la zona afectada. Asimismo, en el citado visor se comprueba que el ámbito del término municipal ubicado en la cuenca hidrográfica del río Tajo, no asienta sobre ninguna masa de agua subterránea. Revisadas las bases de datos disponibles, no consta que el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara disponga de derechos sobre el uso de las aguas para abastecimiento a la población. En la documentación aportada no se realiza mención alguna a las necesidades de abastecimiento para las actuaciones que pudieran surgir de la implantación de la modificación objeto de informe. En cualquier caso, se considera que la modificación planteada no supone una modificación sustancial en la demanda de recursos hídricos para abastecimiento a la población. Consultado el Censo de Vertidos Autorizados publicado por este Organismo, el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara es el titular del vertido procedente de la EDAR municipal con destino al arroyo Fuente Herrada con un volumen anual autorizado de 680.000 m3/año. En cualquier caso, se considera que el desarrollo de las actuaciones urbanísticas que pudieran surgir de la modificación del Plan General objeto de informe no supone unas necesidades de saneamiento significativamente distintas a las amparadas por la autorización AV-0162/2007. La modificación del Plan General Municipal es de carácter normativo, sin afecciones directas a las competencias de esta Confederación, teniendo en cuenta las consideraciones arriba señaladas. Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI),
http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose la inexistencia de reservas hidrológicas en la zona de actuación. En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo 2023 2027 (en adelante PHT), el ámbito del término municipal ubicado en la cuenca hidrográfica del río Tajo, se encuentra en zonas de conservación de la biodiversidad de la Red Natura 2000, correspondientes a la ZEPA ES030_ZEPAES0000424 - Colonias de cernícalo primilla de San Vicente de Alcántara .
Una vez señalado lo anterior, se significa que, en la puesta en práctica de cualquier actuación que surja como consecuencia de la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara (Badajoz) en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Tajo, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones para evitar cualquier afección negativa, directa o indirecta, sobre el dominio público hidráulico:
La actuación objeto de estudio tendrá como finalidad el desarrollo de actuaciones en cuyas fases de construcción y de explotación pueden provocarse alteraciones en el dominio público hidráulico.
En la redacción de las actuaciones que surjan como consecuencia de la modificación puntual, se tendrá en cuenta, en todo momento, la necesidad de adecuar la actuación urbanística a la naturalidad de los cauces y, en general, del dominio público hidráulico, y, en ningún caso, se intentará que sea el cauce el que se someta a las exigencias del proyecto.
Para el caso de las nuevas actuaciones, si las mismas se desarrollan en zona de policía de cauces, en la redacción del proyecto y previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados. La delimitación del dominio público hidráulico consistirá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante RDPH), y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, en un documento en el que se recojan las referencias tanto del estado actual como del proyectado.
Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento. Por lo que respecta a las captaciones de agua tanto superficial como subterránea directamente del dominio público hidráulico, caso de existir, éstas deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación y están supeditadas a la disponibilidad del recurso.
Se informa que la red de colectores, en cumplimiento de lo que específica el Plan Hidrológico, deberá ser separativa, por lo cual se deberá confirmar este extremo al pedir la autorización de vertidos. Si el vertido se realizará a la red de colectores municipales, será el Ayuntamiento el competente para autorizar dicho vertido a su sistema de saneamiento y finalmente dicho Ayuntamiento deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para efectuar el vertido de las aguas depuradas al dominio público hidráulico.
Si, por el contrario, se pretendiera verter directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha autorización y, en su caso, imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes.
Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o urbanización. Se deberá por tanto prever la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido.
Para los vertidos de aguas pluviales, debe ser solicitada previamente en esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización de vertidos, regulada en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante TRLA) y el artículo 245 y siguientes del RDPH.
Se informa que, en los puntos de vertido de aguas pluviales, se deberán adoptar medidas para la no afección a los cauces existentes, tanto en cuanto a la calidad de las aguas como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar, así como en cuanto a la protección de las márgenes del cauce frente a erosiones localizadas.
En este sentido, para el vertido de pluviales al cauce, debe ser solicitada previamente en esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización de vertidos, regulada en el artículo 100 del TRLA y el artículo 245 y siguientes del RDPH.
Además de lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este organismo.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del TRLA.
En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del RDPH.
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía, definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la correspondiente autorización previa o declaración responsable tramitada en este organismo de cuenca, conforme a lo establecido en los artículos 9, 78 y siguientes del RDPH.
Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas.
En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante las obras y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitarlo. Teniendo en cuenta esto, se considera que, durante la ejecución de las obras, se debería reducir al mínimo posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con el fin de afectar solamente al terreno estrictamente necesario.
Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos como líquidos. Para ello se puede habilitar un punto verde en el que recoger los residuos urbanos no convencionales.
7. Dirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales, emite informe favorable en cumplimiento de la legislación vigente en materia de vías pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo, Ley 6/2015, de 24 de marzo, Decreto 49/2000, de 8 de marzo y Decreto 65/2022, de 8 de junio).
8. La Dirección General de Salud Pública indica que no se formulan alegaciones ni sugerencias al Documento Ambiental Estratégico ni a la modificación puntual n.º 4 del PGM, al no apreciarse, en esta fase de planeamiento, afecciones concretas que permitan realizar observaciones desde el ámbito competencial de este servicio. En relación con los aspectos previstos en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, no se observa en la documentación remitida ninguna modificación específica relativa al cementerio municipal, ni determinaciones concretas referidas a su ampliación, reducción o alteración de su régimen actual, por lo que no se realizan observaciones al respecto. No obstante, debe hacerse constar expresamente que la ausencia de alegaciones en la presente fase de evaluación ambiental estratégica no excluye que futuras actuaciones, obras, instalaciones o actividades que puedan desarrollarse al amparo de la normativa urbanística modificada deban someterse, en cada caso, a los procedimientos de evaluación ambiental, autorizaciones sectoriales e informes preceptivos que resulten legalmente exigibles, valorándose entonces los posibles impactos ambientales, sanitarios o sobre infraestructuras y servicios existentes.
9. La Dirección General de Infraestructuras Viarias, informa favorablemente la modificación puntual n.º 4 del PGM de San Vicente de Alcántara, en cuanto a las competencias que este organismo tiene establecidas.
10. La Dirección General del Sector Ferroviario, no se pronuncia sobre la documentación recibida por considerar que no tiene competencias.
3. Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los efectos de determinar si la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si resulta necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria regulado en la subsección 1ª, de la sección 1ª del capítulo VII del título I de dicha ley.
3.1. Características de la modificación puntual.
La presente modificación pretende adaptar las determinaciones del suelo rústico del Plan General Municipal a lo regulado por la LOTUS. Los parámetros de implantación actuales del Plan General Municipal vienen dados de una regulación anterior a la LOTUS y por tanto no tienen cabida las nuevas condiciones reguladas en la ley y las cuales vienen siendo más permisivas para aquellos usos terciarios y productivos que quieran o necesiten implantarse en el suelo rústico del municipio.
La modificación tiene por objeto, por tanto: Unificar criterios normativos en cuanto a distancias mínimas a linderos y vías públicas, alturas, superficie máxima construida, ocupación y volumen; Incorporar o eliminar las limitaciones específicas en función de las categorías de suelo rústico (protegido, no protegido, de especial protección) conforme a la clasificación establecida en el artículo 22 de la LOTUS; Adaptar el régimen de condiciones estéticas, constructivas y de integración paisajística, con base en lo previsto en los artículos 26 y 27 de la LOTUS y en los artículos 86 a 96 del Reglamento General.
Resultan afectados por la presente modificación todos aquellos terrenos incluidos en las categorías de Suelo rústico de San Vicente de Alcántara.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.1 Planeamiento en Suelo No Urbanizable, se han modificado los artículos 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.1.4 y el 3.2.1.5, para adaptarlos a LOTUS, en el artículo 3.2.1.4. se ha introducido la definición de nuevo tejido urbano, y en el artículo 3.2.1.5. se han tenido en cuenta las instalaciones o edificaciones destinadas uso productivo industrial, muy ocurrentes en el municipio.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.2 Usos permitidos en el Suelo No Urbanizable Común, sin necesidad de obtener calificación rústica, se han modificado los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3 y 3.2.2.4, para sustituir las definiciones y condiciones de la anterior legislación LSOTEX por la actual LOTUS, en el artículo 3.2.2.3 Instalaciones desmontables para mejoras de cultivos se ha limitado la altura de las mismas a 1,00 m y su superficie.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.3 Usos permitidos en el Suelo No Urbanizable con necesidad de obtener calificación rústica, se han modificado el artículo 3.2.3.1. se ha adaptado a LOTUS, y se ha creado el artículo 3.2.2.3. sobre usos prohibidos.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.4. Condiciones específicas de la edificación vinculada a cada tipo de uso, se han modificado los artículos 3.2.4.2.; 3.2.4.3.; 3.2.4.5.; 3.2.4.6.; 3.2.4.7. y 3.2.4.8, referentes a las distancias de separación a carreteras, a ejes de caminos y a linderos, siendo las nuevas las indicadas en LOTUS, y en el artículo 3.2.4.6. se ha modificado la distancia al límite del suelo urbano o urbanizable para el uso industrial.
En cuanto al título 3, capítulo 3.2. Subcapítulo 3.2.5 Condiciones particulares, se han modificado los artículos 3.2.5.1.; 3.2.5.5. y 3.2.5.6, se introducen los parámetros de edificabilidad máxima y parcela mínima.
Dadas las características de la modificación, la misma modificará el marco para el establecimiento proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, de modo que se modifican las condiciones de implantación de actividades sujetas o no a calificación rústica. En el suelo no urbanizable protegido el principal parámetro objeto de modificación es el de parcela mínima, si bien la parcela propuesta en la modificación ya estaba contemplada en la anterior normativa siempre y cuando fuera la registral existente. Por otra parte el parámetro de parcela mínima no se modifica en las zonas catalogadas en el Plan de Gestión de la ZEC Río Gévora Alto y en la ZEPA Nacimiento del Río Gévora con zonas de interés prioritario y como zonas de alto interés que mantendrán la superficie mínima de 8 hectáreas o la registral existente, superior a 4 hectáreas.
Por otra parte el Servicio de Ordenación del Territorio ha indicado que la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara no presenta afección sobre el planeamiento territorial.
3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
La presente modificación pretende adaptar las determinaciones del suelo rústico del PGM a lo regulado por la LOTUS afectando a la totalidad del suelo rústico del término municipal de San Vicente de Alcántara.
El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas ha indicado que en relación con los terrenos comprendidos en las áreas protegidas referidas en el apartado anterior, la presente modificación asegura su preservación ambiental, quedando el régimen urbanístico subordinado a los correspondientes instrumentos de gestión. La propia normativa del plan determina que no se establecerán restricciones urbanísticas que excedan o contravengan lo dispuesto por la legislación sectorial o ambiental de aplicación. De forma específica:
En la ZEPA-ZEC Sierra de San Pedro la normativa reconoce expresamente que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de esta área protegida posee un carácter vinculante tanto para las Administraciones públicas como para los particulares, estableciendo que dicho instrumento ambiental prevalecerá en todo caso sobre el planeamiento urbanístico municipal.
Para el resto de lugares de la Red Natura 2000, la norma obliga a tener en cuenta y aplicar directamente las determinaciones de conservación recogidas tanto en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura como en sus respectivos Planes de Gestión.
Además, el impacto sobre estas áreas se minimiza mediante el establecimiento de parámetros urbanísticos restrictivos. Aunque la modificación, por regla general, reduce la parcela mínima edificable a 1,5 hectáreas para flexibilizar la implantación de usos vinculados y terciarios, introduce una salvaguarda ambiental estricta para las zonas más críticas: en las áreas catalogadas como Zona de Interés Prioritario (ZIP) y Zona de Alto Interés (ZAI) de la ZEC Río Gévora Alto y la ZEPA Nacimiento del Río Gévora , la exigencia para construir viviendas se mantiene en 8 hectáreas (o parcela registral preexistente superior a 4 hectáreas).
Por último, para garantizar que no existan afecciones negativas sobre los hábitats naturales y las especies protegidas indicadas anteriormente, la norma estipula varias exigencias preventivas como la necesidad de informe de afección a Red Natura 2000 vinculante para la realización de cualquier proyecto, actividad o nueva construcción en SNU-PN o la adecuación del calendario de obras fuera de la época de cría en zonas de protección del cernícalo primilla, entre otras. Por todo ello informa favorablemente la modificación puntual.
Tal y como indica la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe la modificación puntual en sí misma, no supondría nuevas afecciones al medio hídrico, ni comportaría nuevas demandas de recursos hídricos. Ahora bien, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la misma sí podrían ser susceptibles de causar impactos sobre el agua, y/o de generar nuevas demandas hídricas, por lo que se deberán tener en cuenta las siguientes limitaciones y prescripciones, en el ámbito de las competencias de este organismo de cuenca. Este organismo ha informado favorablemente la modificación puntual.
Del mismo modo la Confederación Hidrográfica del Tajo ha indicado que la modificación del Plan General Municipal, de carácter normativo, no provoca afecciones directas a los cauces públicos presentes en el término municipal pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Tajo, ni a sus zonas de protección. Se puede añadir a este respecto que la modificación propuesta no altera la redacción del artículo 3.2.5.3 Suelo de Protección Ambiental a Arroyos (SNU-PAA).
Según el informe emitido por el Servicio de Infraestructuras rurales la modificación puntual resulta favorable en cumplimiento de la legislación vigente en materia de vías pecuarias.
La aprobación de la modificación puntual no contraviene el desarrollo sostenible de la zona afectada, en cuanto a que las necesidades actuales no obstaculizan ni comprometen la capacidad de las futuras generaciones relacionadas con los aspectos ambientales.
La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada conservación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siempre que se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este informe.
4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.
Cualquier proyecto de actividad o edificación que se pretenda realizar en los suelos afectados por la presente modificación puntual, deberá contar con los instrumentos de intervención ambiental pertinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes. Del mismo modo deberá solicitarse el preceptivo informe de afección para aquellos proyectos incluidos en la Red Natura 2000.
Deberán tenerse en cuenta todas las consideraciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Tajo en sus correspondientes informes, para la puesta en práctica de cualquier actuación que surja como consecuencia de la modificación planteada, de modo que se evite que dichas actuaciones puedan afectar de forma directa o indirecta al dominio público hidráulico de forma negativa.
Las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la modificación puntual, y que fueran susceptibles de causar impactos sobre el agua, y/o de generar nuevas demandas hídricas, deberán ser informadas, preceptivamente, por el organismo de cuenca que corresponda en cada caso.
5. Conclusiones.
En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, considera que no es previsible que la modificación puntual n.º 4 del Plan General Municipal de San Vicente de Alcántara, vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web http://extremambiente.juntaex.es, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El presente informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la aprobación de la modificación puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro años. en este caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual.
De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.
El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.
Mérida, 9 de noviembre de 2026.
El Director General de Gestión Sostenible y Política Forestal,
JUAN ELOY RODRÍGUEZ UCEDO