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DECRETO-LEY 7/2026, de 17 de noviembre, de ayudas extraordinarias y urgentes a municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la ejecución de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios.
DOE Número: 222
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: miércoles, 18 de noviembre de 2026
Apartado: I DISPOSICIONES GENERALES
Organismo: PRESIDENCIA DE LA JUNTA
Rango: DECRETO-LEY
Descriptores: Medidas urgentes.
Página Inicio: 49087
Página Fin: 49117
Enlace ELI: https://doe.juntaex.es/eli/es-ex/dl/2026/11/17/7
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TEXTO ORIGINAL
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
El Consejo de Gobierno ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía, promulgo el siguiente Decreto-ley.
I
La protección de las personas, de los bienes y del patrimonio natural frente a los incendios forestales constituye uno de los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la Comunidad Autónoma de Extremadura. La evolución experimentada durante las últimas décadas por el régimen de incendios forestales, caracterizada por una creciente complejidad de las emergencias, una mayor capacidad de propagación de los incendios y una afectación cada vez más frecuente de zonas habitadas, exige reforzar los instrumentos de prevención como elemento esencial de las políticas públicas de seguridad y protección civil.
Este fenómeno se encuentra estrechamente relacionado con las profundas transformaciones socioeconómicas experimentadas por el medio rural extremeño. La progresiva reducción de la actividad agrícola y ganadera tradicional, el envejecimiento demográfico y el abandono de numerosos terrenos situados en las inmediaciones de los núcleos de población han favorecido la acumulación de biomasa vegetal y la consolidación de extensas superficies continuas de combustible. Como consecuencia de ello, espacios que históricamente constituían áreas de transición entre el monte y el casco urbano han ido perdiendo dicha función protectora, aumentando significativamente la vulnerabilidad de los municipios frente a los incendios forestales.
La problemática adquiere una especial relevancia en la denominada interfaz urbano-forestal, entendida como aquel ámbito territorial en el que los terrenos forestales o susceptibles de arder se encuentran en contacto directo o en proximidad inmediata con viviendas, instalaciones e infraestructuras. En estos entornos, el incendio forestal deja de constituir exclusivamente una emergencia ambiental para transformarse en un riesgo directo para la seguridad de las personas y los bienes, integrando plenamente el ámbito de actuación de la protección civil.
Los grandes incendios forestales registrados en Extremadura durante los últimos años han puesto de manifiesto esta realidad. La amenaza directa sobre poblaciones, la necesidad de adoptar medidas de confinamiento, alejamiento o evacuación de vecinos y la dificultad añadida que supone para los operativos de extinción actuar en escenarios de interfaz urbano-forestal evidencian la necesidad de consolidar una estrategia preventiva sólida y permanente.
Consciente de esta realidad, la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura, configuró los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (en adelante PPPI) como el principal instrumento de planificación preventiva destinado a incrementar la seguridad de la población frente al riesgo de incendio en los entornos rurales y periurbanos.
Se trata de uno de los instrumentos específicamente concebidos para la prevención de incendios en la interfaz urbanoforestal, cuyo ámbito territorial se materializa en la denominada franja periurbana. Esta franja se define como una envolvente teórica circundante a los núcleos urbanos, con una anchura promedio de 400 metros en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) y 200 metros en el resto de los casos.
En este contexto, los PPPI tienen por objeto planificar las infraestructuras y actuaciones preventivas necesarias para crear espacios de defensa alrededor de los núcleos urbanos, dificultar la llegada del fuego a las viviendas e infraestructuras, mejorar las condiciones de intervención de los servicios de emergencia y favorecer la protección de las personas, animales, bienes e infraestructuras esenciales. Entre dichas actuaciones se encuentran las bandas de protección del núcleo urbano, la mejora y acondicionamiento de accesos para los medios de extinción, la dotación de puntos de agua y las medidas específicas destinadas a la protección de lugares vulnerables.
De este modo, los PPPI constituyen una herramienta esencial de autoprotección territorial, orientada a reducir la vulnerabilidad de los municipios frente a cualquier incendio de campo susceptible de alcanzar el núcleo urbano y comprometer la seguridad de la población.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, los PPPI serán elaborados por las respectivas entidades locales y aprobados por la Consejería competente en materia de incendios forestales, lo que implica, de acuerdo con el artículo 21 de la ley citada, la declaración de utilidad pública de las actuaciones preventivas planificadas, trasladando a las personas titulares de los terrenos afectados la obligación de ejecutar las medidas contempladas en los mismos. Esta obligación legal responde a una evidente finalidad de interés general, consistente en reducir el riesgo de incendio y aumentar la seguridad colectiva de los núcleos de población.
No obstante, la experiencia acumulada desde la implantación de estos instrumentos ha puesto de manifiesto la existencia de importantes dificultades para lograr su completa ejecución material. La elevada fragmentación de la propiedad, la existencia de parcelas abandonadas, las dificultades para identificar a determinados titulares y la limitada capacidad económica de numerosas entidades locales han provocado que una parte significativa de las actuaciones previstas permanezcan pendientes de ejecución.
II
Frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico articula distintos mecanismos destinados a garantizar la efectividad de las medidas preventivas planificadas.
Por un lado, el artículo 38.2 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, habilita al Consejo de Gobierno para declarar de interés general los trabajos incluidos en los instrumentos de prevención y determinar la ejecución subsidiaria de los mismos por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma. Este mecanismo ha demostrado su utilidad para atender situaciones de especial complejidad o trascendencia pública y ha permitido impulsar la ejecución de diversos planes periurbanos durante los últimos años.
Sin embargo, la propia configuración legal de esta figura pone de manifiesto su carácter excepcional. La declaración de interés general exige un procedimiento administrativo específico con una valoración singularizada de las circunstancias concurrentes y la adopción de un acuerdo expreso por parte del Consejo de Gobierno. Se trata, por tanto, de un instrumento concebido para proporcionar una respuesta extraordinaria cuando concurran circunstancias que justifiquen la intervención directa de la Administración autonómica.
Además, la experiencia acumulada evidencia que la capacidad de ejecución directa de la Administración autonómica resulta necesariamente limitada ante la magnitud de las necesidades existentes en el conjunto del territorio. La extensión de las superficies afectadas, el elevado número de municipios con PPPI aprobados y el volumen de actuaciones preventivas pendientes de ejecución hacen materialmente inviable que la actuación subsidiaria autonómica pueda configurarse como una herramienta de aplicación generalizada y recurrente para la implantación efectiva de estos instrumentos de planificación. Por su propia naturaleza, la ejecución subsidiaria prevista en el artículo citado constituye un mecanismo de intervención singular destinado a atender supuestos específicos en los que concurran circunstancias que justifiquen una actuación directa de la Administración autonómica.
Por otro lado, la ejecución de los PPPI por parte de las entidades locales encuentra su fundamentación jurídica en una doble circunstancia. De una parte, los ayuntamientos son los responsables de la elaboración, impulso y presentación de estos instrumentos de planificación preventiva, asumiendo su titularidad y constituyendo la administración directamente concernida por su efectiva implantación. De otra, las actuaciones previstas en dichos planes se incardinan en las competencias propias municipales en materia de protección civil, protección de las personas y los bienes y, de forma singular, en materia de prevención y extinción de incendios, reconocidas expresamente por el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, la legislación sectorial autonómica desarrolla y concreta dichas competencias en el ámbito específico de los PPPI. En este sentido, el artículo 22 del Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé expresamente que, cuando las actuaciones preventivas no sean ejecutadas por los titulares de los terrenos afectados, los ayuntamientos podrán proceder a su ejecución subsidiaria.
Los ayuntamientos son, además, las administraciones públicas más próximas a la realidad física de la interfaz urbano-agroforestal, disponiendo de un conocimiento directo de la configuración del territorio, de las áreas de mayor vulnerabilidad, de los elementos expuestos al riesgo y de las circunstancias que condicionan la propagación de los incendios en su término municipal.
Desde esta perspectiva, la Junta de Extremadura considera que la forma más eficiente de acelerar la ejecución de los PPPI consiste en reforzar la capacidad de actuación de las entidades locales, facilitando los recursos económicos necesarios para el ejercicio efectivo de las actuaciones preventivas contempladas en sus respectivos PPPI.
Esta solución resulta plenamente coherente con los principios de autonomía local, proximidad administrativa, eficacia y descentralización que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Los ayuntamientos son las administraciones que disponen de un conocimiento más inmediato de la realidad territorial, de la estructura parcelaria de sus términos municipales, de la situación de los terrenos afectados y de las circunstancias particulares que condicionan la ejecución de los trabajos preventivos. Esta proximidad permite actuaciones más ágiles, una mejor coordinación con la ciudadanía y una mayor capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada municipio.
III
De acuerdo con lo expuesto, mediante el presente Decreto-ley se pretende establecer un instrumento extraordinario de financiación destinado a facilitar a las entidades locales la ejecución material de las actuaciones de prevención de incendios forestales contempladas en sus respectivos PPPI, contribuyendo a reducir el riesgo de propagación de incendios forestales hacia los núcleos de población, edificaciones, infraestructuras y demás bienes susceptibles de resultar afectados.
La singularidad del objeto perseguido, la necesidad de actuar con carácter inmediato y la existencia de una finalidad pública claramente identificable justifican el recurso al procedimiento de concesión directa. La prevención de incendios forestales constituye una actuación estratégica de interés general que exige intervenir de manera simultánea sobre un elevado número de municipios, evitando retrasos incompatibles con la protección efectiva de la población y de los bienes amenazados por el fuego.
En este contexto, como se ha señalado, las entidades locales desempeñan un papel fundamental, al corresponderles impulsar y ejecutar las actuaciones que les competen en sus respectivos ámbitos territoriales. No obstante, la capacidad económica de los municipios, especialmente de aquellos de menor dimensión demográfica y presupuestaria, puede limitar la ejecución efectiva de las medidas preventivas previstas.
A esta circunstancia se añade la necesidad de reforzar las actuaciones preventivas en aquellos municipios que presentan una especial exposición al riesgo de incendios forestales, tanto por su localización en Zonas de Alto Riesgo como por haber resultado afectados por Grandes Incendios Forestales en los últimos años.
Por ello, se considera necesario establecer una línea extraordinaria de financiación pública que permita incrementar la capacidad de ejecución de los PPPI, facilitando a los municipios los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actuaciones preventivas identificadas.
La concesión de estas subvenciones permitirá:
— Incrementar la ejecución material de las actuaciones previstas en los PPPI.
— Reducir la acumulación de combustible vegetal en los entornos de los núcleos de población.
— Mejorar las condiciones de seguridad de las zonas de interfaz urbano-forestal.
— Disminuir la exposición de la población, las viviendas, las infraestructuras y los bienes públicos y privados al riesgo de incendios forestales.
— Mejorar las condiciones de intervención de los medios de extinción en caso de incendio.
— Reforzar la capacidad de prevención de las entidades locales mediante la financiación de actuaciones que, de otro modo, podrían verse condicionadas por sus disponibilidades presupuestarias.
En consecuencia, el gasto previsto responde a una finalidad de interés público y constituye una inversión preventiva orientada a reducir los daños personales, ambientales, sociales y económicos que pueden derivarse de los incendios forestales.
La medida contempla una dotación económica global de 15.000.000 €, destinada a financiar actuaciones en un total de 166 municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con el fin de asegurar una distribución objetiva y proporcional de los recursos públicos, los municipios beneficiarios han sido clasificados en distintos grupos que responden a criterios técnicos directamente relacionados con el nivel de riesgo, el grado de desarrollo de la planificación preventiva y la experiencia acumulada frente a grandes incendios forestales.
El primer grupo está constituido por las entidades locales situadas en Zonas de Alto Riesgo que cuentan con un PPPI vigente y plenamente operativo. Estas entidades disponen ya del instrumento técnico aprobado y pueden acometer de forma inmediata las actuaciones previstas en el mismo.
El segundo grupo integra aquellos municipios ubicados igualmente en Zonas de Alto Riesgo cuyos planes se encuentran inmersos en procedimientos de revisión. La inclusión de estas entidades garantiza la continuidad de las actuaciones preventivas durante el proceso de actualización de los instrumentos de planificación.
El tercer grupo comprende municipios situados en Zonas de Alto Riesgo cuyos planes periurbanos, aun manteniendo su vigencia, se encuentran en actuaciones previas al inicio inminente de los procedimientos de revisión, bajo un mecanismo de cooperación interinstitucional a cuatro bandas: Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, Entidades Locales y Junta de Extremadura. La financiación prevista permite avanzar simultáneamente en la ejecución de las actuaciones preventivas y en la actualización de los instrumentos técnicos que las sustentan.
Finalmente, se incorpora un cuarto grupo integrado por municipios que han sufrido la afección de grandes incendios forestales durante el último decenio. La inclusión de estas entidades responde a la necesidad de reforzar su resiliencia frente a futuras emergencias y de reducir las vulnerabilidades detectadas durante la gestión de episodios reales de gran magnitud.
Respecto de la cuantía de la subvención a percibir por cada una de las entidades be­neficiarias, la dotación económica se distribuye entre los municipios beneficiarios mediante una combinación de asignación fija y asignación variable, garantizando una financiación mínima común y adaptando el importe restante a las necesidades de intervención preventiva de cada municipio. La asignación variable se distribuye proporcionalmente a la superficie de actuaciones preventivas que resulte necesario ejecutar en cada municipio, de acuerdo con las previsiones de sus respectivos PPPI.
IV
Este Decreto-ley se dicta al amparo de diferentes competencias que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, atribuye a la Comunidad Autónoma.
En primer lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.3.a) del Estatuto de Autonomía y en el artículo 13.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es atribución de la Presidenta de la Junta de Extremadura establecer las directrices generales de la acción de gobierno, de acuerdo con su programa político, así como coordinar y dirigir la acción de este. Asimismo, el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a la Junta de Extremadura, reunida en Consejo de Gobierno, la función de establecer la política general de la Comunidad Autónoma en relación con las competencias asumidas, así como la de dirigir la Administración regional.
En cuanto al marco competencial el artículo 9.1.3 y 9.1.42 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local y protección civil y emergencias.
Asimismo, estas ayudas se regulan al amparo de las competencias de desarrollo normativo y ejecución que corresponden a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de medio ambiente, montes y aprovechamientos forestales, en virtud del artículo 10.1.2 del Estatuto de Autonomía.
En este sentido, el Decreto de la Presidenta 11/2026, de 29 de abril, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crean las Vicepresidencias, atribuye a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, la competencia en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Por otro lado, el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía establece que, en todas las materias de su com­petencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las actividades de policía, de servicio público y de fomento, pudiendo regular la concesión y otorgar y controlar subvencio­nes con cargo a fondos propios y, en su caso, a los provenientes de otras instancias públicas.
V
Este Decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en 15 artículos. Se completa con una disposición adicional dedicada a la fiscalización y tramitación contable de las ayudas, así como, con dos disposiciones finales dedicadas, respectivamente a la habilitación de desarrollo normativo y a la entrada en vigor.
VI
En nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 33 del Estatuto de Autonomía faculta a la Junta de Extremadura, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. En el contexto pormenorizado ut supra, sin perjuicio de las limitaciones materiales impuestas, concurre el presupuesto habilitante para el dictado de este tipo de norma, la extraordinaria y urgente necesidad, hallándose justificado por tanto el recurso a esta figura normativa.
En efecto, en el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente legítimo que permite una actuación de urgencia es el Decreto-ley, figura a la que se recurre por concurrir circunstancias justificadas de extraordinaria y urgente necesidad, que exigen la aprobación y entrada en vigor de norma legal con la mayor celeridad posible que no sería viable de recurrir a los procedimientos ordinarios previstos, ni siquiera por la tramitación de urgencia.
En efecto, concurre el presupuesto habilitante para la adopción de forma extraordinaria y urgente de las disposiciones contenidas en este Decreto-ley, al estar presentes los dos elementos que la doctrina constitucional viene exigiendo en el control de la concurrencia de este presupuesto habilitante: los motivos que, habiendo sido tenidos en cuenta por el Consejo de Gobierno en su aprobación, hayan sido explicitados de una forma razonada, y la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma (STC 126/2016, de 7 de julio, FJ 2).
De esta manera, se cumplen los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6,y 100/2012, de 8 de mayo, en lo relativo a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes ).
La extraordinaria y urgente necesidad se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019).
La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación del presente Decreto-ley deriva de la concurrencia de circunstancias objetivas e inaplazables que hacen imprescindible anticipar la financiación y ejecución de las actuaciones preventivas contempladas en los PPPI, de manera que puedan encontrarse materialmente ejecutadas o en una fase suficientemente avanzada antes del inicio de la próxima época de peligro alto de incendios forestales de 2027.
Los grandes incendios forestales registrados en los últimos años han evidenciado las graves consecuencias que estos episodios pueden ocasionar sobre la vida y la integridad física de las personas, las viviendas, las infraestructuras estratégicas, las actividades económicas y los servicios esenciales, obligando en numerosos casos a adoptar medidas de protección civil de gran impacto social, incluyendo confinamientos preventivos, evacuaciones de población y movilización extraordinaria de medios de emergencia. Esta realidad exige intensificar y acelerar la adopción de medidas preventivas eficaces orientadas a reducir la vulnerabilidad de los núcleos de población expuestos y a mejorar las condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para los servicios de prevención y extinción de incendios forestales.
En este contexto, resulta especialmente relevante la dimensión territorial de la intervención que se pretende desarrollar mediante este Decreto-ley, que alcanza a un total de 166 municipios de Extremadura. Se trata, por tanto, de una actuación de alcance regional dirigida a acelerar la ejecución de trabajos preventivos en un elevado número de municipios que presentan necesidades específicas de protección, ya sea por disponer de PPPI que identifican actuaciones prioritarias pendientes de ejecución o por haber resultado afectados por grandes incendios forestales en los últimos años.
Debe destacarse, además, que las actuaciones objeto de financiación no constituyen medidas genéricas o indeterminadas cuya necesidad deba ser evaluada con posterioridad, sino actuaciones preventivas previamente identificadas y definidas en los correspondientes instrumentos de planificación. La urgencia, por tanto, no deriva de una necesidad sobrevenida de planificación, sino de la necesidad de ejecutar sin demora medidas cuya conveniencia, oportunidad y necesidad ya han sido determinadas a través de los mecanismos de planificación y evaluación técnica previstos en la normativa aplicable. La existencia de estas actuaciones previamente identificadas refuerza la necesidad de articular de forma inmediata los mecanismos financieros que permitan su materialización efectiva sobre el territorio.
La amplitud de esta intervención y la necesidad de que las actuaciones puedan desarrollarse de forma coordinada y simultánea en un número tan elevado de municipios hacen imprescindible anticipar la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para su ejecución. La eficacia de la medida depende directamente de que las entidades locales puedan iniciar de manera inmediata los procedimientos administrativos, técnicos y contractuales precisos para materializar las actuaciones preventivas dentro de los plazos temporalmente disponibles.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la ejecución material de las actuaciones previstas requiere una fase previa de preparación y tramitación administrativa que no puede obviarse. Las entidades locales deben disponer de financiación suficiente para acometer, entre otras actuaciones, la contratación de asistencias técnicas para la redacción de proyectos y memorias técnicas cuando resulten necesarias, la obtención de autorizaciones sectoriales, ambientales o patrimoniales, la preparación y tramitación de los procedimientos de contratación pública y la posterior formalización de los contratos de obras o servicios. La realización sucesiva de todas estas actuaciones exige unos plazos materiales significativos que, considerados conjuntamente para 166 entidades locales beneficiarias, hacen imprescindible que la financiación esté disponible con la máxima antelación posible.
Asimismo, debe considerarse que el objetivo perseguido por esta norma no se limita a que las actuaciones se encuentren contratadas antes de la campaña de incendios forestales de 2027, sino que puedan desplegar una eficacia preventiva real y efectiva sobre el territorio. Para ello resulta necesario que una parte sustancial de los trabajos se encuentre ejecutada antes del inicio de la época de peligro alto, permitiendo reducir la carga y continuidad del combustible vegetal existente en los entornos de los núcleos de población y mejorar las condiciones de defensa frente a posibles incendios forestales. Cualquier retraso en la puesta a disposición de la financiación comprometería directamente la consecución de este objetivo.
Si bien la extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta la aprobación de esta norma exige que las actuaciones se impulsen de forma inmediata y que, en la medida de lo posible, se encuentren ejecutadas antes del inicio de la Época de Peligro Alto de 2027, la experiencia acumulada en la ejecución de trabajos preventivos en el medio natural aconseja prever un plazo de ejecución más amplio. La materialización de las actuaciones previstas puede verse condicionada por factores técnicos, administrativos, ambientales y de coordinación institucional.
En particular, las situaciones de riesgo elevado de incendio forestal pueden obligar a paralizar temporalmente determinados trabajos. Del mismo modo, condicionantes meteorológicos adversos, restricciones ambientales, o incidencias en la tramitación administrativa pueden afectar al ritmo de ejecución de las actuaciones. Por ello, aun cuando el objetivo es que las medidas produzcan efectos antes del comienzo de la Época de Peligro Alto de 2027, resulta necesario establecer un plazo máximo de ejecución de veinticuatro meses, garantizando así su viabilidad material y la consecución efectiva de los fines de interés general perseguidos por la norma.
Cualquier retraso en la aprobación y puesta a disposición de estas ayudas puede comprometer la ejecución de los trabajos dentro de los plazos necesarios, prolongando durante una nueva campaña de incendios las situaciones de vulnerabilidad que precisamente se pretenden corregir.
En estas circunstancias, la utilización de los procedimientos ordinarios de concesión de subvenciones mediante convocatoria pública comportaría necesariamente una dilación adicional derivada de la aprobación de bases reguladoras, la convocatoria, los trámites de presentación de solicitudes, instrucción, evaluación, resolución y aceptación, retrasando la efectiva disponibilidad de los recursos económicos y reduciendo considerablemente el tiempo útil para la ejecución de las actuaciones. Esta demora adquiere especial relevancia al tratarse de un elevado número de entidades locales, cada una de las cuales debe desarrollar posteriormente sus propios procedimientos administrativos y de contratación para llevar a cabo las actuaciones previstas.
Debe subrayarse que las actuaciones financiadas mediante este Decreto-ley no responden a una finalidad ordinaria de mejora o acondicionamiento de infraestructuras municipales, sino que constituyen medidas de prevención de incendios forestales directamente relacionadas con la protección civil, la seguridad colectiva y la salvaguarda de bienes jurídicos de primer orden, como son la vida y la integridad física de las personas, la protección de las viviendas, infraestructuras y servicios esenciales y la preservación del medio natural.
La presente medida no responde a objetivos de oportunidad política ni a razones de mera agilización administrativa o presupuestaria, sino a la necesidad de proteger de forma inmediata intereses generales de extraordinaria relevancia vinculados a la seguridad de las personas, la protección civil, la preservación del patrimonio natural y la prevención de emergencias colectivas derivadas de incendios forestales.
La urgencia de la intervención se ve reforzada, asimismo, por la necesidad de evitar que actuaciones preventivas ya planificadas, definidas técnicamente y consideradas necesarias por los instrumentos de planificación continúen pendientes de ejecución por insuficiencia o falta de disponibilidad inmediata de financiación. La aprobación de este Decreto-ley permite transformar de forma inmediata esas previsiones de planificación en actuaciones efectivas sobre el territorio, para que las entidades locales puedan iniciar sin demora los procedimientos administrativos y contractuales necesarios y aprovechar íntegramente el periodo disponible para su ejecución.
Existe, además, una conexión directa e inmediata entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita y las medidas concretas adoptadas por este Decreto-ley. La concesión directa de las ayudas y la inmediata disponibilidad de los recursos económicos constituyen las únicas herramientas capaces de garantizar que las entidades locales dispongan de tiempo suficiente para tramitar las actuaciones y ejecutar materialmente los trabajos preventivos antes del inicio de la próxima campaña de incendios forestales. La finalidad perseguida no podría alcanzarse con igual eficacia mediante los instrumentos normativos o administrativos ordinarios, cuya utilización haría perder una oportunidad temporal decisiva para reducir el riesgo existente y reforzar la protección de la población, las infraestructuras y el patrimonio natural de Extremadura.
La dilación inherente a la tramitación de una ley por el procedimiento legislativo ordinario o bien mediante el procedimiento de lectura única, habida cuenta de los plazos inherentes a su sustanciación y de la consi­guiente tramitación necesariamente más dilatada, impediría que dichas medidas alcanzaran una efectividad real antes del inicio de la época de peligro alto de incendios forestales de 2027, lo que justifica su adopción mediante el presente Decreto-ley.
La aprobación inmediata de este Decreto-ley constituye, por tanto, el único instrumento capaz de garantizar que las entidades locales dispongan de los recursos necesarios en un momento temporal útil para desarrollar los procedimientos de contratación e iniciar la ejecución efectiva de las actuaciones preventivas. De no adoptarse la medida con la inmediatez requerida, una parte sustancial de los trabajos previstos no podría desplegar sus efectos protectores durante la próxima campaña de incendios forestales, manteniéndose durante un nuevo periodo de peligro alto situaciones de vulnerabilidad previamente identificadas que afectan directamente a la seguridad de las personas, los bienes y las infraestructuras esenciales, frustrándose así la finalidad preventiva y protectora perseguida por la presente norma.
Por todo ello, concurren de forma manifiesta los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad exigidos por el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Extremadura para la aprobación de un Decreto-ley.
VII
Este Decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Su necesidad y eficacia se fundamentan en su carácter de mecanismo necesario para la ejecución material de las actuaciones de prevención de incendios forestales contempladas en los PPPI, contribuyendo a reducir el riesgo de propagación de incendios forestales hacia los núcleos de población, edificaciones, infraestructuras y demás bienes susceptibles de resultar afectados.
El principio de proporcionalidad queda patente al restringir la intervención a aquellas actuaciones estrictamente necesarias orientadas de forma unívoca a la ejecución de las medidas preventivas destinadas a incrementar la seguridad de la población frente al riesgo de incendio en los entornos rurales y periurbanos.
El principio de seguridad jurídica queda plenamente salvaguardado a través de la inserción armónica de las presentes previsiones en el bloque de la legalidad vigente -integrado por los ordenamientos autonómico, estatal y de la Unión Europea-, dotando de certidumbre y predictibilidad tanto a la posición jurídica de las personas beneficiarias como al iter procedimental de los órganos gestores.
Respecto a la exigencia de transparencia, la preterición de los trámites de consulta pública y de audiencia e información pública se halla plenamente legitimada por la naturaleza perentoria de la norma, cuya urgencia impide la materialización de dichos procedimientos ordinarios. Ello se entiende sin perjuicio de la posterior evacuación de los trámites procedimentales pertinentes con anterioridad a la remisión del texto a la Asamblea de Extremadura. No obstante, la transparencia queda asegurada con la publicación de la norma en el Diario Oficial de Extremadura, su sometimiento a convalidación parlamentaria y la difusión de las ayudas concedidas en el Portal de Transparencia y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Por último, la consecución del principio de eficiencia se materializa precisamente a través del empleo de esta técnica normativa de carácter urgente, cuyo diseño instrumental optimiza la asignación de los recursos públicos y dota al procedimiento de la agilidad indispensable para garantizar la ejecución material de las actuaciones de prevención de incendios forestales, contribuyendo a reducir el riesgo de propagación de incendios forestales hacia los núcleos de población, edificaciones, infraestructuras y demás bienes susceptibles de resultar afectados.
Por otra parte, el Decreto-ley incorpora la perspectiva de igualdad de género, en coherencia con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y con la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, asegurando que todas las medidas reguladas se apliquen en condiciones de igualdad a mujeres y hombres en todos los ámbitos, lo que se consigue con la determinación como beneficiarios de las ayudas a los ayuntamientos de los municipios señalados.
En virtud de lo expuesto, en ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, a iniciativa de la Presidenta, a propuesta de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de fecha 17 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto-ley tiene por objeto otorgar una subvención mediante concesión directa, con carácter extraordinario y urgente, a los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, detallados en los anexos que se acompañan, para financiar la ejecución de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios que establezcan medidas específicas para la prevención de los incendios forestales en las zonas periurbanas.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Estas ayudas tienen carácter extraordinario, urgente y de concesión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, su otorgamiento y cuantía se establecen en este Decreto-ley y se regirán por lo dispuesto en el mismo, siendo de aplicación supletoria la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como la restante normativa que resulte de aplicación.
Artículo 3. Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Serán beneficiarios de estas ayudas los municipios detallados en el anexo que se acompaña por cumplir los siguientes requisitos:
a) Contar con un Plan Periurbano de Prevención de Incendios en vigor, en revisión o en actuaciones previas a la iniciación del procedimiento de revisión.
b) Estar incluido su núcleo urbano en las Zonas de Alto Riesgo de la Comunidad Autónoma de Extremadura o bien haber sido afectados por grandes incendios forestales en el decenio 2017-2026.
Quedan excluidos de la condición de beneficiarios, aun cuando reúnan los requisitos señalados anteriormente, aquellos municipios respecto de los que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura haya declarado de interés general, o iniciado el procedimiento para su declaración, los trabajos incluidos en el correspondiente Plan Periurbano de Prevención de Incendios y determinando la ejecución subsidiaria por la Administración autonómica, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura.
2. No podrán ser beneficiarios los municipios que incurran en alguna de las causas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, excepto la prevista en el apartado e) del apartado 2 del artículo 12 referido, de cuyo cumplimiento se exonera.
Artículo 4. Financiación y cuantía de la subvención.
1. El importe total de las subvenciones a conceder es de quince millones de euros (15.000.000 €), con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2026, imputándose a la aplicación presupuestaria 220100000 354B 76000, proyecto de gasto 20260773 AYUDAS EXTRAORDINARIAS EJECUCIÓN PLANES PERIURBANOS, fondo CAG0000001.
2. La cuantía de la subvención que corresponde a cada una de las entidades beneficiarias es la que se detalla en los anexos del presente Decreto-ley.
Artículo 5. Procedimiento de concesión de la subvención.
1. Las subvenciones tienen carácter extraordinario y se conceden de forma directa, de conformidad con el presente Decreto-ley.
2. El procedimiento se inicia de oficio, sin necesidad de que las entidades interesadas presenten solicitud de ayuda, y se acuerda de forma singular mediante la aprobación y publicación del presente Decreto-ley por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
3. En el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto-ley en el Diario Oficial de Extremadura, los municipios interesados podrán renunciar a la ayuda, mediante la presentación del modelo normalizado que se incorpora como anexo V del presente Decreto-ley.
En caso de no presentar renuncia dentro del plazo establecido, se entenderá que el municipio interesado acepta la ayuda concedida y presta su conformidad para que continúe la tramitación del procedimiento.
4. El anexo V se presentará de forma electrónica a través del punto de acceso general electrónico dentro de la ficha del correspondiente trámite https://www.juntaex.es/w/0742826 desde donde se habilitará el acceso a la sede electrónica asociada, o bien en cualquiera de los registros electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La gestión y operativa de tramitación electrónica se ajustará en todo caso a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016.
Artículo 6. Actuaciones subvencionables.
1. Serán subvencionables las medidas preventivas previstas en el artículo 17 de la Orden de 24 de octubre de 2016, Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (PREIFEX), recogidas en los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios de cada municipio:
a) Actuaciones obligatorias para todos los núcleos de población:
1.ª Puntos o tomas de agua.
2.ª Vías de comunicación principales: Accesos y volvederos.
3.ª Banda de protección.
4.ª Actuaciones en lugares vulnerables y/o susceptibles.
b) Otras actuaciones a planificar en función de la peligrosidad de la vegetación existente en la Franja Periurbana:
1.ª Actuaciones preventivas por rodales.
2.ª Redes de Defensa.
3.ª Sistemas Lineales Preventivos de Defensa.
2. También serán subvencionables las asistencias técnicas para la redacción de proyectos y dirección de obras necesarias para la ejecución de los trabajos.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actuación, sean estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
2. El impuesto sobre el valor añadido solo será subvencionable cuando no sea susceptible de recuperación o compensación por el beneficiario.
Artículo 8. Subcontratación.
1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta su totalidad las actividades subvencionadas. Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en la normativa de contratos del sector público que resulte vigente en cada momento. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria de la ayuda, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la entidad beneficiaria de la ayuda será responsable de que en la ejecución de la actuación subcontratada objeto de subvención se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
Artículo 9. Pago de la subvención.
El pago de la subvención concedida se realizará tras la publicación de este Decreto-ley en el Diario Oficial de Extremadura, una vez transcurrido el plazo establecido sin que se haya comunicado la renuncia, en un único abono y tendrá el carácter de pago anticipado, estando la entidad beneficiaria exenta de prestar garantías para la percepción anticipada de la subvención.
Artículo 10. Plazo de ejecución.
El plazo máximo de ejecución será de veinticuatro meses desde la publicación de este Decreto-ley en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 11. Justificación de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán justificar el cumplimiento total de la actividad para la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos percibidos me­diante la presentación de una memoria justificativa y explicativa de la realización de las ac­tividades financiadas que, al menos, incluirá:
a) Declaración de las actuaciones que han sido financiadas por la subvención, indicando las parcelas afectadas por la actuación.
b) Datos sobre el tipo de actuación de acuerdo con lo definido en el artículo 6 del presente Decreto-ley y la fecha de ejecución.
c) Fotografías geolocalizadas de cada actuación, de la situación previa y posterior a la ejecución de la misma.
2. Dicha memoria se acompañará de la siguiente documentación:
a) Certificado suscrito por la persona que os­tente la Intervención o Secretaría-Intervención de la entidad local que acredite gastos y pagos y aplicación de los fondos a la finalidad para la que fue concedida la subvención.
b) Acreditación por la entidad beneficiaria del cumplimiento de la adopción de las medidas de publicidad exigidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
3. Cuando se hayan de aportar fondos propios o se hayan percibido otras subvenciones o recursos, se deberá acreditar el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
4. Sin perjuicio de las competencias atribuidas expresamente a la Intervención General de la Junta de Extremadura, el órgano directivo con competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales podrá realizar en cualquier momento las actuaciones de comprobación, inspección y control que estime necesarias para verificar la efectiva realización de la actuación subven­cionada, la correcta aplicación de los fondos públicos y el cumplimiento de las condiciones y de la finalidad que fundamentaron la concesión de la ayuda, de conformidad con lo dis­puesto en los artículos 13, 35 y 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar cuanta información y documentación les sea requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.
5. La justificación se realizará en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución.
Cuando la entidad beneficiaria no hubiese presentado en el plazo de justificación estable­cido la documentación justificativa de la subvención concedida conforme a lo regulado en este artículo, se le requerirá dicha documentación para que lo haga en el plazo improrroga­ble de diez días hábiles, comunicándole que la falta de presentación de la justificación en dicho plazo llevará consigo la exigencia de reintegro según lo previsto en el artículo 15 de este Decreto-ley, y demás responsabilidades establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 12. Obligaciones de las entidades locales beneficiarias.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en concreto las siguientes:
a) Realizar la actuación para la que se concede subvención, cumpliendo las condiciones que se establecen en el presente Decreto-ley.
b) Ejecutar las actuaciones observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos, para su correcta ejecución.
c) Justificar ante el órgano directivo con competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano directivo con competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida al respecto.
e) Comunicar al órgano directivo con competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Cumplir las medidas de identificación, publicidad e información públicas previstas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y del Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta de Extremadura.
g) En caso de subcontratación de las actividades el procedimiento se ajustará a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Esta documentación deberá obrar en poder del beneficiario durante al menos cuatro años contados a partir del momento en que haya finalizado el plazo máximo para justi­ficar la subvención concedida.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artí­culo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
j) Y demás obligaciones establecidas en el presente Decreto-ley.
Artículo 13. Medidas de información y publicidad.
1. La subvención concedida se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Igualmente, será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a tenor de lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio­nes y en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura, según se establece en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas.
1. La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re­cursos para la misma finalidad, en consonancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el de la actividad subvencionada.
Artículo 15. Revocación y reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 43 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El incumplimiento por parte del beneficiario del plazo de ejecución, del destino o finalidad para la que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revocación total de la misma. La justificación de la realización de gastos subvencionables por importe inferior a la subvención concedida dará lugar a la revocación parcial de la misma en la cuantía no justificada. Una ejecución menor al 30% del importe de la subvención concedida, dará lugar a la revocación total.
Disposición adicional única. Fiscalización y tramitación contable de las ayudas.
Las subvenciones concedidas en base a este Decreto-ley vendrán sujetas a control financiero posterior, efectuándose la fiscalización en el Sistema Integrado de Gestión y Tratamiento Económico-financiera Alcántara, una vez acordados los gastos u obligaciones al tiempo de su contabilización, sin perjuicio de la previa comprobación de los datos y contenido necesarios para su comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).
En todo caso, se verificará que existe crédito adecuado y suficiente, la competencia del órgano de ejecución del gasto y que consta en el expediente certificado del servicio gestor acreditativo del cumplimiento por las personas o entidades beneficiarias de los requisitos establecidos en el Decreto-ley para su concesión y pago.
Las fases de ejecución del gasto podrán acumularse de acuerdo con las instrucciones que se dicten por la Intervención General de la Junta de Extremadura.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
Mérida, 17 de noviembre de 2026.
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia,
Coordinación de la Acción de Gobierno,
Interior y Emergencias,
ABEL BAUTISTA MORÁN
La Presidenta de
la Junta de Extremadura,
MARÍA GUARDIOLA MARTÍN
Nota: Este documento carece de valor jurídico y puede contener anexos. Para consultar la versión oficial y auténtica acceda al fichero PDF del DOE.

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