Junta de Extremadura

Habiéndose firmado el día 12 de diciembre de 2025, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y Cruz Roja Española para el desarrollo del proyecto Transporte especializado a personas con deterioro cognitivo a centros de día especializados del SEPAD , de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 21 de enero de 2026.

12 de diciembre de 2025.

De una parte, Dña. Sara García Espada, Consejera de Salud y Servicios Sociales, cargo que ostenta en virtud de nombramiento efectuado por Decreto de la Presidenta 21/2023, de 20 de julio (DOE n.º 140, de 21 de julio), en virtud de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos 2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y Dña. Estrella Ángeles Martínez Lavado que interviene en nombre y representación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), en su calidad de Directora Gerente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Autorizada su suscripción por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión de fecha 2 de diciembre de 2025.

Y de otra parte, D. Fernando Solís Fernández, en nombre y representación de Cruz Roja Española en Extremadura, en calidad de Delegado especial en el Comité Autonómico, en virtud de la delegación efectuada el 27 de noviembre de 2024, por D.ª María del Mar Pageo Giménez, presidenta de Cruz Roja Española con NIF Q-2866001-G, publicado su nombramiento en el BOE de 5 de abril de 2023 y domiciliada en Extremadura en C/ Museo, n.º 5 06003 Badajoz.

Las partes intervienen en el ejercicio de las competencias y facultades que les confieren los cargos que respectivamente desempeñan, reconociéndose mutua y recíprocamente su capacidad jurídica y legitimación para obligarse y convenir, y a tal efecto,

I. Que la Constitución Española, en su artículo 9.2, establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social; facultando en el artículo 148.1.20 que las Comunidades Autónomas asuman las competencias en materia de asistencia social.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, respecto a los principios rectores de los poderes públicos regionales precisa en su artículo 7.14 que velarán por la especial protección de aquellos sectores de población con especiales necesidades de cualquier tipo, así como que la igualdad efectiva de los extremeños pasa inexcusablemente por la adopción de políticas específicas para la infancia, los mayores y cualquier otro sector social con necesidades específicas.

En su artículo 9.1.27 indica como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otras materias, la acción social, en particular, la promoción y protección de los mayores y la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social.

Que la Consejería de Salud y Servicios Sociales (en adelante Consejería), de acuerdo con lo recogido en el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercerá las competencias en materia de sanidad, dependencia y accesibilidad universal, así como las de infancia y familia, servicios sociales, migraciones, prestaciones sociales y las de consumo.

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SEPAD), es un Ente Público sometido al derecho administrativo, creado mediante la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas, de la Junta de Extremadura con presupuesto limitativo, adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la disposición adicional primera del Decreto 235/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud.

El SEPAD tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.

Los artículos 2.2.e) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, establece que corresponderá a la Consejería competente en materia de dependencia el establecimiento de las políticas en materia de calidad, de gestión de los procesos de atención, así como su evaluación, en el ámbito de la atención a la dependencia y discapacidad.

II. Cruz Roja Española (en adelante Cruz Roja) es una entidad privada sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo general la difusión y aplicación de los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media luna Roja, mediante el desarrollo de acciones orientadas a la consecución de los fines específicos de la Institución, basados en la atención a personas y colectivos vulnerables.

III. En virtud de las competencias que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura atribuye a nuestra región, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con las Administraciones Públicas de Extremadura o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por ellas para la prestación de servicios sociales.

IV. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece como uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados la promoción de la autonomía personal a favor de todas aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren de apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, a alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

V. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural que contempla entre sus objetivos garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con discapacidad y las personas mayores.

Concretamente, en su artículo 32, con el objeto de mejorar la protección social de los ciudadanos que residen en el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan como objeto hacer efectivo el acceso a las prestaciones y servicios sociales en condiciones de equidad, en particular a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo con las condiciones particulares del medio rural.

VI. Extremadura envejece y alcanza máximos históricos. Así se deduce de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una situación terrorífica: el envejecimiento de la población extremeña se coloca en el 158,13% de mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Estas cifras sitúan a la región por encima de la media nacional, cuyo porcentaje es el 137,3%.

VII. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 47.2.c) establece, entre los tipos de convenios a celebrar:

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales a través del SEPAD, y Cruz Roja Española en Extremadura, para ejecutar el proyecto de transporte especializado de personas con deterioro cognitivo y dependencia funcional, a Centros y Servicios del SEPAD, que previamente han sido autorizadas por las Unidades Gestoras correspondientes, conforme al Anexo adjunto a este Convenio, con las condiciones particulares de cada centro, con el fin de favorecer unas condiciones de vida dignas para las personas destinatarias del proyecto, facilitando la continuidad en su medio habitual de convivencia y el logro de un mayor nivel de autonomía, así como ofreciendo a las familias apoyo social y asistencial.

El ámbito de actuación del programa abarca las Provincias de Cáceres y Badajoz, cubriendo la demanda de usuarios adscritos a los siguientes centros públicos:

Los objetivos generales y específicos que persigue la ejecución de este programa son:

Con carácter general:

Con carácter específico:

Por su parte como objetivos operativos se destacan los siguientes:

Los contratos que Cruz Roja celebre con terceros para la ejecución de las actuaciones previstas en este convenio serán de su exclusiva responsabilidad, asumiendo íntegramente los riesgos derivados de dicha contratación.

Asimismo, este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral, profesional ni administrativa entre la Junta de Extremadura y el personal contratado por Cruz Roja para el desarrollo de las actividades contempladas en el mismo.

El convenio tendrá un importe total de quinientos cuarenta mil euros (540.000,00 €).

Los compromisos que asumen cada una de las partes son los siguientes:

1. La Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del SEPAD, aportará a la financiación del proyecto la cantidad de quinientos cuarenta mil euros (540.000,00 €) correspondiente al 100% del coste total del convenio, con cargo al órgano gestor 11006, la aplicación presupuestaria G/232A/48000, programa 20110129 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2024 prorrogados al 2025.

El desarrollo del programa se realizará durante la anualidad, 2025, iniciándose las actuaciones el día 1 de enero de 2025 y finalizando el día 31 de diciembre de 2025.

2. La entidad Cruz Roja aportará medios materiales propios, consistentes en diez vehículos que la entidad dispone en propiedad y que se compromete a adscribir para la correcta ejecución del proyecto de acuerdo al compromiso aportado por la entidad.

1. Forma de pago.

Los pagos para la financiación del convenio, se realizarán a Cruz Roja conforme a lo siguiente:

La entidad beneficiaria deberá presentar la justificación de los gastos y pagos realizados entre el día 1 y 31 de diciembre de 2025, correspondientes al importe anticipado y la justificación habrá de presentarse antes del 1 de marzo de 2026.

2. Justificación.

Los gastos y pagos relacionados con las actuaciones objeto del convenio y realizados por Cruz Roja, se justificarán mediante la presentación de la siguiente documentación ante la Unidad de Atención a las Personas Mayores del SEPAD. Esta justificación se aportará con fecha límite 1 de marzo de 2026:

— Cumplimiento de la adopción de las medidas de publicidad y la aportación de fotografía del cartel identificativo que acredite la financiación recibida en la sede donde se desarrolle la actividad.

— Memoria justificativa y explicativa de la realización de las actividades financiadas debidamente firmada por la persona que ostente la representación de la Entidad, en la que se recogerá el grado de consecución de los objetivos propuestos en el proyecto.

— Relación anual de personas usuarias, con indicación del nombre y apellidos, grado de dependencia reconocido, así como las fechas de alta y baja, por meses y centro, con el visto bueno de la persona que ejerza la dirección del Centro que corresponda.

La Asociación Cruz Roja Española de Extremadura conservará los originales de las nóminas, facturas y documentos justificativos del proyecto financiado, que estarán a disposición de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, de la Intervención General de la Junta de Extremadura y de cuantos órganos fiscalizadores y de control, nacionales o comunitarios, pudieran requerirlos.

3. La Unidad de Atención a las Personas Mayores del SEPAD comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización de las aportaciones objeto del presente convenio que correspondan a otros órganos del Estado (Intervención General del Estado o Intervención Delegada correspondiente y el Tribunal de Cuentas), por lo que en cualquier momento se podrá exigir la documentación que conforme a la normativa aplicable justifique la inversión realizada.

1. El SEPAD asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes obligaciones:

2. Cruz Roja, asume las siguientes obligaciones:

1. Para el seguimiento, vigilancia y control del presente convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará integrada por seis miembros:

Esta Comisión podrá contar con el asesoramiento de las personas que se estime oportuno.

2. Se reunirán con carácter ordinario al menos una vez al año para evaluar el grado de cumplimiento del convenio, resolver incidencias y proponer mejoras, así como con carácter extraordinario a propuesta de cualquiera de las partes.

3. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

Los acuerdos adoptados se recogerán en el acta correspondiente.

En lo no previsto en esta cláusula, se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes firmantes, mediante la formalización de la correspondiente adenda, que deberá suscribirse antes de la finalización de su vigencia.

No obstante, dado que la firma del presente Convenio se produce en el último trimestre del ejercicio 2025, las modificaciones que pudieran plantearse durante su vigencia se limitarán, en su caso, a ajustes menores de carácter técnico o de ejecución, que no alteren su objeto esencial ni los compromisos económicos asumidos.

Cualquier cuestión de interpretación o necesidad de ajuste operativo que no implique modificación formal del Convenio será tratada y resuelta por la Comisión de Seguimiento.

El presente convenio tiene vigencia y produce efectos desde el momento de su firma hasta el 1 de marzo de 2026 en que se debe presentar la documentación justificativa del programa, sin perjuicio de poder imputar gastos comprendidos desde el 1 de enero de 2025 por las actuaciones llevadas a cabo y que forman parte de la finalidad del programa objeto del presente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este convenio no será objeto de prórroga.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.e) de la citada Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, de 1 de octubre, en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos, por parte de alguno de los firmantes del convenio, la parte que entienda que se ha producido el incumplimiento requerirá a la parte incumplidora para que cumpla, poniendo en conocimiento de la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución.

La posible resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización por los perjuicios causados.

1. El presente convenio se extinguirá con el cumplimiento del programa que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, de 1 de octubre, concretamente por:

2. No obstante, lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.

La entidad beneficiaria está obligada a adoptar las medidas de difusión. Para ello deberá instalar, en sitio visible al público, un cartel anunciador, de dimensión mínima del formato de un A3, donde se detalle en la parte superior del mismo, sobre fondo verde, como entidad financiadora la Junta de Extremadura, seguida de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y, en la parte inferior, sobre fondo blanco, el objeto del convenio, el importe y el período de tiempo de ejecución, indicación de la Entidad beneficiaria y su correspondiente logo así como el logo del SEPAD. Estas medidas deberán mantenerse durante todo el periodo de ejecución del proyecto y al menos hasta que finalice el periodo de justificación final.

Igualmente dará la adecuada publicidad del carácter público de la financiación en sus actuaciones, en la edición del material impreso y actividades de divulgación o formación que se ejecuten a través del presente convenio.

Deberá atenderse a lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada por Decreto 44/2016, de 12 de abril.

Ambas partes se comprometen a tratar los datos personales necesarios para la ejecución del presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE de 4 de mayo) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro se puedan promulgar sobre esta materia.

Los datos de carácter personal facilitados por una de las partes a la otra serán tratados por aquella que los reciba como responsable de los mismos, con la finalidad de gestionar el presente acuerdo y la formación práctica correspondiente, por ser necesarios para la ejecución de ambas finalidades, datos que serán conservados durante el plazo de duración del presente acuerdo y más allá durante los plazos legalmente establecidos. A estos efectos, las entidades firmantes del convenio asumen la posición de responsables de los tratamientos que cada una realice en el marco de la ejecución del presente convenio.

Las partes se obligan a guardar secreto profesional respecto de los datos, tanto de carácter personal como profesional, a los que tuvieran acceso y vinculados a la participación en las actividades propuestas en el marco del presente convenio y recogidos en el anexo, obligación que subsistirá aún después de finalizar la vigencia del presente convenio, durante los plazos legalmente establecidos.

Al término de la vigencia del convenio, Cruz Roja entregará al SEPAD toda la información y documentación recabada como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del presente convenio que obre en su poder. No obstante, el cumplimiento de lo previsto en cuanto a la confidencialidad y la protección de datos subsistirá aun cuando haya concluido el proyecto sujeto a convenio.

Las entidades firmantes del convenio asumen la posición de responsables de los tratamientos que cada una realice en el marco de la ejecución del presente convenio, y se exoneran mutuamente de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por el incumplimiento por una de ellas de las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos personales.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 6; así mismo está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 3.a) de la misma.

De conformidad con la naturaleza del convenio, el mismo estará sujeto a lo previsto en el Capítulo VI, Título Preliminar, de la LRJSP.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo, una vez agotada la vía administrativa, sin perjuicio de las facultades de la comisión de seguimiento, vigilancia y control, para resolver los problemas de interpretación, funcionamiento y cumplimiento del presente convenio que le otorga esta ley.

Y, en prueba de conformidad con el contenido del convenio, ambas partes lo firman electrónicamente, tomándose como fecha de formalización la fecha del último firmante.